LO QUE NO NOS CONTARON DE LA GUERRA CIVIL #2
Pues bien, si en el anterior ejemplo llama PSOE a ese partido, cambia el Congreso de los Diputados por Asturias y añade casi dos millares de muertos, tiene un buen croquis de lo que sucedió en la Revolución de Octubre de 1934.
Por tanto, si esto sucedió en tiempos de democracia ―según la narrativa oficial― la pregunta es: ¿puede una democracia seguir siéndolo si consiente que se produzca una huelga general en la que se asesina entre 1300 y 2000 ciudadanos?
¿Mantiene su legitimidad democrática un Gobierno que indulta a los culpables de esta tragedia?
Estas son las latentes incógnitas que todavía no se han conseguido despejar.
Además, es importante subrayar que no todo golpe de Estado da lugar a una guerra civil, del mismo modo en que no toda guerra civil se origina necesariamente a raíz de un golpe de Estado.
Cuando una población se encuentra unida, toda insurrección militar se termina convirtiendo en un experimento fallido.
Así, el factor determinante para dirimir la existencia o inexistencia de un conflicto bélico dentro de las fronteras de la nación es el grado de división social.
Con una población polarizada hasta la extenuación, donde las diferencias ideológicas se transforman en luchas de vida o muerte, la guerra no es más que un inevitable destino del que difícilmente se podrá escapar.
La Segunda República nunca contó con una población unida.
Mucho menos lo consiguió a partir del golpe de octubre de 1934.
Por tanto, si una población dividida es el preludio de la guerra y la muerte de civiles su síntoma más inmediato, ¿cómo se le puede llamar a lo sucedido en octubre del 34 si no es golpe de Estado?
¿Cómo puede defenderse que no fue este el primer auténtico detonante de una sociedad irreconciliable?
En ese caso, ¿cómo podría argumentarse que no fue el golpe de octubre de 1934 el verdadero estallido de la Guerra Civil española?
Pues bien, incluso si se terminase por considerar que el auténtico inicio de la contienda fue el alzamiento de julio de 1936, existe un acontecimiento que, casualmente, suele obviarse a la hora de hablar de la sublevación.
España se asomaba al abismo fracturada por la inoperancia de un Gobierno del Frente Popular que había permitido que el orden público se disolviera en una espiral de violencia sectaria y persecución religiosa.
Tras el asesinato de José Calvo Sotelo a manos de fuerzas de orden público, la chispa del alzamiento se expandió por todo el territorio nacional.
Lo que se nos pretende ocultar es que los primeros en bombardear territorio enemigo fueron los republicanos.
Sucedió aquel 18 de julio de 1936, mientras el Protectorado Español en Marruecos se estremecía bajo el eco de la rebelión militar.
Ese mismo día el cielo de Tetuán escupió un fuego inesperado que marcaría el bautismo de sangre de la contienda.
Alrededor del mediodía, varios aeródromos leales a la República despacharon una escuadrilla de pesados bimotores con la orden drástica de asfixiar el alzamiento en su propia cuna; fue así como se ejecutó el primer bombardeo aéreo sobre una población civil en la historia de la Guerra Civil española,
un hito sombrío que rasgó la cotidianidad de la capital colonial.
Las bombas, lanzadas con una precisión errática sobre la zona del barrio de la Luna y las inmediaciones de la Mezquita del Pachá, no distinguieron entre insurgentes y familias,
acabando con la vida de aproximadamente quince personas ―la mayoría de ellas civiles humildes― y dejando tras de sí un reguero de decenas de heridos entre los escombros humeantes.
Este ataque, lejos de amedrentar a las guarniciones sublevadas, encendió una hoguera de indignación popular que los oficiales rebeldes supieron capitalizar,
convirtiendo el llanto de los barrios bombardeados en el combustible necesario para consolidar el control absoluto del Ejército de África sobre el territorio marroquí en aquellas primeras y decisivas horas de incertidumbre.
El levantamiento también desplegó sus efectos en ciertas zonas del territorio peninsular.
Al día siguiente del bombardeo de Tetuán, el general Joaquín Fanjul, un militar afín al bando sublevado, se personó en el Cuartel de la Montaña, en Madrid, con el objetivo de encabezar la sublevación en la capital.
Allí, junto a un grupo de oficiales y un contingente de falangistas que acudieron a la llamada, se dispuso a resistir a la espera de los refuerzos que debían llegar desde las columnas del Norte.
Sin embargo, el cuartel se convirtió pronto en una isla asediada por una marea humana compuesta por milicianos socialistas, armados por el Gobierno de José Giral.
El Cuartel de la Montaña fue un lugar de extrema relevancia por albergar 45.000 cerrojos de los fusiles Mauser.
Sin estas piezas, gran parte del armamento almacenado en otros parques de la capital quedaba completamente inoperativo.
De ahí el interés de Fanjul en tomar el lugar y liderar desde allí la sublevación en Madrid.
Sin embargo, las tropas gubernamentales no tardaron en responder.
La mayoría de la aviación operativa en julio de 1936 ―alrededor de 241 aparatos― quedó del lado del Gobierno.
Por ello, para doblegar la resistencia del cuartel, la aviación republicana desempeñó un papel psicológico y militar crucial empleando principalmente unidades procedentes de las bases de Getafe y Cuatro Vientos.
En la mañana del 20 de julio, se utilizaron aproximadamente entre cinco y siete aeronaves de los que destacaron los modelos Breguet XIX, aviones de reconocimiento y bombardeo ligero que realizaron varias pasadas sobre el edificio arrojando bombas de fragmentación para facilitar el asalto final de
las masas populares y las fuerzas de orden público leales al Gobierno.
Consiguieron su objetivo: la artillería y la aviación de las fuerzas leales a la República hicieron trizas los muros del viejo caserón.
No obstante, el acto de mayor miserabilidad perpetrado por los frentepopulistas llegó después de que la ofensiva aérea dejara el patio sembrado de escombros y sangre.
Tras el bombardeo, los soldados sublevados, superados por la presión del ataque, asomaron banderas blancas.
Los de Fanjul ya se habían rendido; nada les quedaba por lograr.
Sin embargo, cuando las tropas gubernamentales entraron en lo que quedaba en pie del recinto que acababan de reducir a escombros, lejos de respetar las leyes de la guerra y el código del honor, desataron una carnicería indescriptible.
Los oficiales nacionales, entre ellos el propio general Fanjul y el coronel Serra, fueron capturados para ser juzgados sumariamente y fusilados poco después, pero la peor suerte la corrieron los cadetes y soldados que no pudieron escapar de la inmediata sed de sangre de los milicianos rojos.
El número de fallecidos ha sido objeto de un incesante debate.
La estimación más baja sitúa el número total de víctimas en torno a 150 fallecidos, mientras que el número máximo que se ha llegado a proporcionar es de 900 personas asesinadas tras haber depuesto las armas.
En los patios del cuartel, decenas de defensores fueron alineados y ametrallados en el acto, o lanzados desde los terraplenes en un dantesco espectáculo de barbarie que prefiguraba el terror que la zona republicana impondría durante los siguientes meses.
El Terror Rojo no se quedó en la capital.
En medio de esta violencia que se extendía por el mapa nacional, la ciudad de Lérida fue testigo en agosto de 1936 de uno de los episodios más luctuosos de la retaguardia catalana en las inmediaciones de su cementerio.
La matanza del cementerio de Lérida, ejecutada principalmente durante la noche del 5 de agosto, respondió a una dinámica de purga ideológica y religiosa dirigida por comités locales que actuaban con autonomía del Gobierno central.
En este lugar fueron ejecutadas alrededor de 250 personas, entre las que se encontraban numerosos religiosos, militantes de partidos de derecha y civiles considerados desafectos a la causa revolucionaria.
Los registros parroquiales y los estudios locales detallan cómo las víctimas eran extraídas de la cárcel de la ciudad para ser conducidas al muro del cementerio, donde se realizaban los fusilamientos sin mediar juicio previo.
Este acto se encuadró en el contexto del terror revolucionario que barrió Cataluña en los primeros meses de la contienda, donde la tiranía de los comités de milicias estaba a la orden del día.
Para que se haga una idea de la magnitud del horror sufrido en la retaguardia catalana durante este período, en cuestión de tres meses ―entre julio y septiembre de 1936― los anarquistas mataron a más de 4600 personas solo en Cataluña81.
El episodio del cementerio de Lérida fue uno de los tantos que conformaron esta auténtica masacre.
Las facciones anarquistas y revolucionarias, de entre las cuales destacó la famosa «Brigada de la Muerte»82, habían protagonizado un levantamiento en Cataluña que las entidades locales no supieron frenar.
Los anarquistas se habían hecho con el control de las calles; las consecuencias las padecieron todos los demás.
En estos meses, el clima de impunidad que sentían los comités anarquistas facilitó que cualquier individuo sospechoso de desafección al nuevo orden revolucionario fuera objeto de detenciones arbitrarias y ejecuciones sumarias,
estableciendo un régimen de terror que desbordó por completo la capacidad de contención de la Generalidad, en manos del bando gubernamental.
La represión se cebó con especial saña en colectivos específicos que representaban los pilares de la sociedad tradicional, siendo la Iglesia católica uno de los sectores más trágicamente golpeados por esta ola de odio ideológico.
Los asesinatos de clérigos, religiosos y laicos vinculados a instituciones eclesiásticas no fueron hechos aislados, sino que formaron parte de una estrategia de aniquilación cultural y espiritual.
Junto a ellos, propietarios de tierras, empresarios y militantes de partidos de derechas fueron conducidos a las fatídicas «sacas» o directamente asesinados en las cunetas.