LAS «LIBERTADES» DE LA SEGUNDA REPÚBLICA #4
se saldó con una cifra que oscila entre las 1500 y las 2000 víctimas mortales por causas políticas entre abril de 1931 y julio de 1936.
La pluralidad ideológica es un edificio frágil que requiere, por encima de todo, el compromiso ético de quienes dirigen los designios de un país; si los líderes políticos deciden que la existencia del otro es un error histórico que debe ser corregido,
la democracia se convierte en una simple antesala de la tiranía.
Durante la Segunda República, este fenómeno fue especialmente visible en la retórica de los líderes de la izquierda, quienes a menudo verbalizaron una visión del Estado excluyente y represiva.
Francisco Largo Caballero, ese carismático líder del PSOE, fue uno de los máximos exponentes de esta deriva.
En sus discursos, especialmente a partir de 1933, la defensa de la legalidad republicana quedó supeditada a la toma del poder para la implantación de la dictadura del proletariado.
Sus palabras en el cine Pardiñas en noviembre de 1933 no dejaban lugar a dudas: «Tenemos que luchar como sea hasta que en las torres oficiales ondee la bandera roja de la revolución. Si no nos permiten conquistar el poder por medios legales, lo conquistaremos por la fuerza».
Esta declaración no era un exabrupto aislado, sino una hoja de ruta que negaba la legitimidad de cualquier alternativa política que no fuera la socialista, considerando la democracia como un mero instrumento táctico que podía desecharse si los resultados electorales no eran los deseados.
Esta mentalidad de anulación del adversario se extendía a otros sectores de la izquierda.
El Partido Comunista de España (PCE), a través de líderes como José Díaz, mantenía una retórica de eliminación directa del enemigo político.
Díaz, en el mitin del Monumental Cinema en 1935, fue explícito: «No podemos esperar a que el enemigo se organice. Hay que aplastarlo allí donde esté».
Incluso figuras del ala más moderada del PSOE, como Indalecio Prieto, terminaron participando en la logística de la insurrección de 1934, lo que demuestra que la voluntad de destruir la pluralidad ideológica mediante la fuerza armada era un sentimiento transversal en la izquierda de la época,
que veía en el triunfo de la CEDA en las urnas una afrenta que justificaba el fin de la legalidad constitucional.
Todo este afán censor se institucionalizó cuando pasó del mitin a la ley a través de la famosa Ley de Vagos y Maleantes de 1933, aprobada bajo el Gobierno de Azaña.
Aunque sobre el papel se presentaba como una medida de control social para «sujetos peligrosos», en la práctica se convirtió en un cajón de sastre jurídico que permitía la reclusión arbitraria de personas que no encajaban en el modelo ciudadano que el Gobierno deseaba imponer.
Para dar cumplimiento a esta ley, la Segunda República creó infraestructuras de confinamiento que historiadores y cronistas han identificado como los primeros campos de concentración modernos en España34.
Siguiendo las investigaciones recogidas por cronistas oficiales sobre el año 1934, el Gobierno republicano estableció cuatro centros de reclusión específicos, uno en Alcalá de Henares, otro en Burgos, el tercero en El Puerto de Santa María y el cuarto en la isla de Annobón,
diseñados para albergar a los presos bajo esta ley.
Sin embargo, el auténtico cénit de esta violencia institucionalizada y paraestatal se alcanzó con el fenómeno de las «checas»: centros de detención y tortura que funcionaron principalmente bajo el control de partidos y sindicatos de izquierdas.
Aunque su proliferación masiva ocurrió tras el golpe de 1936, las estructuras de poder que las sustentaban y la impunidad con la que operaban se gestaron durante los años de la República.
Las checas, cuyo nombre y metodología se inspiraban directamente en la policía secreta soviética35, fueron instrumentos de terror diseñados para la eliminación física del disidente político.
En Madrid, se estima que funcionaron más de 200 de estos centros, controlados por organizaciones como el PSOE ―especialmente la checa de la calle Fomento o la del Comité Revolucionario de la Casa del Pueblo―, el PCE y la CNT.
En estos lugares, la tortura era sistemática y refinada, empleando métodos que buscaban no solo la confesión, sino la degradación total de la más mínima dignidad humana.
Para hacernos una idea del grado de sadismo condensado en estas salas de torturas, existe una anécdota tremendamente ilustrativa que narra Julius Ruiz en su libro La Guerra Sucia36.
Cuenta el historiador británico que Heinrich Himmler, que había sido líder de las SS, viajó a España en 1940 y conoció la checa que los republicanos fijaron en Vallmajor.
Al verla, escandalizado, el mismísimo Himmler, uno de los hombres más poderosos del Tercer Reich, no pudo reaccionar de otra forma que afirmando que «no concebía imaginación alguna la criminalidad de los rojos españoles».
Historiadores de diversas tendencias han intentado cuantificar este horror: mientras algunos hablan de miles de víctimas directas en las checas madrileñas entre 1931 y 1936, otros centran el grueso de las muertes en el período inmediatamente posterior a julio del 36.
En lo que todos parecen coincidir es en que la infraestructura represiva de las checas no apareció de la noche del 18 al 19 de julio de 1936 como por arte de magia, sino que ya estaba latente.
Uno de los trabajos más recientes fue la investigación concluida en 2012 por el historiador Alfonso Bullón de Mendoza37.
En este estudio se afirma que solo en Madrid, solo entre julio y noviembre de 1936, existieron 1000 chequistas ―verdugos― afines a partidos de izquierdas, que acabaron con la vida de cerca de 3000 civiles.
Todos estos instrumentos de violencia política promovidos por el Estado tenían como único objetivo llevar a cabo una depuración consistente en eliminar de la sociedad a aquellos a los que los defensores del régimen consideraban fascistas.
Esto explica que políticos como Antonio Goicoechea o el propio José María Gil-Robles vivieran bajo una amenaza latente que se intensificó tras la Revolución de Octubre de 1934.
Sin embargo, la llegada del Frente Popular al poder en febrero de 1936 marcó un punto de no retorno en la utilización del Estado como herramienta de exclusión.
Bajo el mandato de Santiago Casares Quiroga en el Ministerio de la Gobernación, las detenciones arbitrarias de falangistas y derechistas se contaron por miles,
mientras las milicias de la UGT y el PCE patrullaban los barrios obreros imponiendo un terror ideológico que impedía cualquier expresión de conservadurismo o religiosidad.
Pese a esta violencia insostenible que asaltó las calles durante el mandato frentepopulista, lo cierto es que existió un intento de apaciguar las aguas.
En mayo de 1936 se produjo una fuerte división interna entre dos facciones del PSOE: de un lado, se encontraba el sector más opuesto a la inevitable bolchevización a la que se dirigía el partido encabezado por Indalecio Prieto; del otro lado,
el revolucionarismo más feroz se cristalizó en la figura de Largo Caballero, con postulados cada vez más cercanos a la CNT.
En el seno de tales debates internos, se produjo un acontecimiento que pudo haber sido determinante para la historia de España.
En mayo de 1936 Gil Robles, líder de la CEDA, llamó a Indalecio Prieto para decirle que, si formaba Gobierno, tal y como le había ofrecido el presidente Azaña, le apoyaría en el Parlamento con los votos de su partido.
Prieto llegó a comentar la propuesta en una reunión del grupo parlamentario socialista pero, para sorpresa de nadie, fue rápidamente rechazada por Largo Caballero quien, imbuido por la mística revolucionaria, prefirió la guerra antes que el diálogo.
Esta es la historia de cómo, por sorprendente que parezca, el PSOE pudo haber evitado el inminente estallido de la Guerra Civil.
El PSOE tuvo una ocasión de oro para ejercer el ejemplarizante acto de la concordia, pero sus vínculos con la URSS, sumados al ideal bolchevique y criminal de cierto sector del partido, lo tiraron todo por la borda.
Desde luego, en vistas de este acontecimiento, cambia por completo el relato que nos ha trasladado al presente la historiografía moderna sobre el estallido de la Guerra Civil.
Por lo menos, nos obliga a preguntarnos quiénes fueron los que más ganas tenían de llevar las disputas políticas al terreno del barro y las trincheras.
El escritor antifranquista coruñés Salvador de Madariaga, exiliado en Reino Unido tras el inicio de la Guerra Civil, contestó a esta pregunta afirmando, nada menos, que «la circunstancia que hizo inevitable la Guerra Civil en España fue la guerra civil dentro del partido socialista»38.
Ese fue el PSOE durante la España de los años treinta; un partido que no contento con haber instigado un golpe de Estado contra la propia Segunda República en octubre de 1934 por negarse a aceptar un resultado electoral,
desperdició la última y más esperanzadora oportunidad de haber evitado la Guerra Civil.
En este contexto, la primavera de 1936 se convirtió en el preludio del colapso final.
Durante estos meses, la censura previa, de la que ya hemos hablado, se utilizó específicamente para silenciar los asesinatos de opositores.
El 14 de abril de 1936, durante el desfile del quinto aniversario de la República, se produjo un incidente que ilustra perfectamente la participación de agentes estatales en la violencia política: el asesinato del alférez de la Guardia Civil, Anastasio de los Reyes,
a manos de militantes de izquierda.
El entierro de este oficial se convirtió en una manifestación de protesta de la derecha que fue reprimida con extrema dureza por la Guardia de Asalto, un cuerpo policial sumiso a los intereses del Gobierno republicano.
Este entierro terminó con varios muertos, entre ellos Andrés Sáenz de Heredia, primo materno de José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia.