LAS «LIBERTADES» DE LA SEGUNDA REPÚBLICA #3
Este llegó cuando, poco después de los anteriores incidentes, Emiliano González Sánchez, afiliado a la CNT, vació un cargador entero contra el altar de la Virgen que portaban a hombros los costaleros.
Por sorprendente que parezca, ni siquiera este atentado contra la libertad de culto detuvo el recorrido procesional.
Eso sí, como consecuencia por haber procesionado, la Hermandad tuvo que pagar el peaje de contemplar cómo intentaron quemar su local los días posteriores.
Todos estos actos terminaron haciendo mella de forma definitiva en 1933.
El horizonte de las elecciones que se celebrarían en noviembre de ese mismo año contribuyó a hacer que el clima de tensión política sufrida en abril de 1933 fuera insoportable.
Ello, junto a los ataques que habían sufrido los creyentes de forma continua durante los dos primeros años de la República y sumado a la aprobación de leyes que retiraron las ayudas económicas que habían permitido a las hermandades financiar sus procesiones años atrás,
hizo realidad lo que ya se veía venir: 1933 pasó a la historia por ser el primer año en el que no se celebró la Semana Santa en ningún lugar de España.
Ese año, la violencia de la izquierda borró por completo el rastro de la Pascua.
Por suerte, en los años posteriores, el Gobierno radical-cedista retomó las procesiones.
Lo que no consiguió fue apaciguar las aguas de una España que, sin saberlo, se había sentenciado de por vida.
Las cosas no mejoraron con la entrada del nuevo año.
La transición de la persecución legal a la eliminación física de los creyentes encontró su punto de inflexión en la Revolución de Octubre de 1934, donde el discurso de odio sembrado desde las instituciones se tradujo en matanzas organizadas.
En Asturias, los revolucionarios, alentados por las proclamas de líderes como Largo Caballero, asesinaron a treinta y cuatro sacerdotes, religiosos y seminaristas, entre ellos los mártires de Turón.
Estos crímenes no fueron actos de guerra, sino ejecuciones motivadas exclusivamente por el odium fidei; el odio a la fe.
La pasividad del Estado frente a la retórica incendiaria de la prensa de izquierdas, que presentaba al clero como «el enemigo del pueblo», sembró el terreno para que la vida de un creyente careciera de valor jurídico.
El historiador Gabriele Ranzato señala que la República falló en su deber más básico de proteger la vida de sus ciudadanos cuando estos eran señalados por su condición religiosa, permitiendo que el terrorismo de facción suplantara a la autoridad legítima.
Una tesis bien encaminada, pero quizá poco precisa.
Tal vez no se trató de un fallo de la República, sino de un hecho perfectamente logrado dentro de su cosmovisión homicida y anticlerical; tal vez, el asesinato de 7000 curas y monjas durante la España republicana no fue un error, sino una consecuencia de sus verdaderas intenciones.
Tras el triunfo del Frente Popular en 1936, la persecución institucional alcanzó un grado de virulencia sin precedentes, donde la ley fue sustituida por el decreto de facto de las milicias.
Durante la primavera de 1936, meses antes del Alzamiento, se registraron cientos de asaltos a templos ante la absoluta inacción de las autoridades.
Ministros como Santiago Casares Quiroga ignoraron las peticiones de auxilio de obispos y párrocos cuyas iglesias estaban siendo convertidas en cenizas.
Los asesinatos de sacerdotes empezaron a producirse de forma constante en Madrid y Barcelona, a menudo precedidos por registros ilegales en los que se buscaban listas de feligreses para su posterior represalia.
La Segunda República, lejos de ser un oasis de libertad, se configuró como un régimen opresor que utilizó el BOE y la fuerza de los grupos de choque para intentar erradicar la identidad católica de España demostrando que, para sus dirigentes,
las libertades de conciencia y creencia religiosa solo existían para aquellos que abrazaban el ateísmo de Estado o el laicismo agresivo de la coalición gobernante.
Por supuesto, todo atisbo de odio anticlerical que pudiera haber existido se vio acentuado tras el 18 de julio de 1936.
Uno de los centenares de ejemplos que pueden ser narrados es el del trágico caso de Joan Rovira i Roure, alcalde de Lérida, cuyo destino personifica la culminación de la intolerancia institucional que la Segunda República y el posterior clima revolucionario ejercieron contra las tradiciones más
arraigadas de la sociedad española.
El crimen imperdonable que cometió Rovira i Roure fue desobedecer las órdenes del Gobierno frentepopulista para celebrar en Lérida una cabalgata de los Reyes Magos en enero de 1936.
Por tales actos, Rovira i Roure fue sometido a un tribunal popular y terminó siendo ejecutado el 27 de agosto de 1936.
En un contexto donde el Gobierno del Frente Popular ya había mostrado una hostilidad manifiesta hacia cualquier expresión pública de fe, el gesto del alcalde leridano de permitir el desfile de Melchor,
Gaspar y Baltasar fue interpretado por los sectores extremistas como una provocación «monárquica y confesional» y, en consecuencia, un desafío directo a la legalidad laicista impuesta.
Esta voluntad de erradicación de lo sagrado no supuso la desaparición de las celebraciones públicas, sino su perversión absoluta mediante la sustitución de los iconos cristianos por la simbología de la tiranía soviética.
Por macabro y descabellado que resulte, eso fue lo que sucedió en la denominada «Cabalgata Roja» de enero de 1937, celebrada en Madrid y Valencia.
Mientras el culto católico era perseguido y figuras como Rovira i Roure eran eliminadas, el Frente Popular organizó desfiles en los que los Reyes Magos fueron sustituidos por efigies gigantescas de Stalin, cartelería de propaganda bélica y loas al Ejército Rojo.
Estas «cabalgatas de la victoria» pretendían instrumentalizar la infancia para la causa revolucionaria, pisoteando el sentido original de la festividad para convertirla en una exhibición de sumisión a la URSS.
Su forma de anunciarlo no tiene desperdicio: en la revista Crónica se publicó el 27 de diciembre de 1936, en primera plana, un artículo titulado «La Semana Infantil sustituye a la arcaica fiesta de los Magos», en el que se decía que:
en lugar de aquella mascarada casi carnavalesca, en la que con la mejor intención surgían cada año unos Reyes de guardarropía, barbudos y atrabiliarios, que hubieran infundido espanto en los niños, a no ser por la indemnización de los juguetes, se ha instituido la Semana Infantil.
Así fue como se produjo la transición entre la ejecución de un alcalde por permitir una cabalgata cristiana en 1936 y la imposición de una cabalgata estalinista en 1937 configurada como una suerte de celebración infantil.
Pocos ejemplos mejores existen para ilustrar el proceso de sustitución de la libertad de culto por una religión política de Estado, donde la única fe permitida era la lealtad incondicional al dogma revolucionario.
Estas fueron las garantías que los distintos líderes de la Segunda República ofrecieron a la libertad de creencia religiosa.
No fue solo una desafortunada concatenación de asesinatos sobre creyentes, sino que todo el aparato estatal fue puesto al servicio del espíritu anticlerical de sus líderes.
Si el objetivo de este análisis era dilucidar si la Segunda República profesó el respeto necesario a la libertad de culto que requeriría una democracia liberal, entonces le devuelvo la pregunta: ¿se le ocurre alguna democracia liberal en la que se produjeran quemas masivas de conventos,
la persecución y el asesinato de 7000 curas y monjas, las amenazas contra creyentes o la sustitución de una cabalgata de los Reyes Magos por una de Stalin?
Si eso ocurriera, ¿cree que podríamos seguir hablando de democracia liberal?
La respuesta se vuelve aún más clara si estudiamos la historia de la Segunda República desde la óptica de la libertad de creencia ideológica.
La democracia liberal no puede estar construida sobre otro sustento que no sea el de permitir la convivencia entre pensamientos políticos no solo distintos, sino opuestos.
Sin la posibilidad de reivindicar públicamente los ideales que nos mueven sin estar expuestos a represalias legales, civiles o incluso criminales, difícilmente puede sostenerse la tesis de que tal sistema funciona como una democracia liberal.
En este sentido, parece evidente que, pese a la tensión política o la polarización social de la padezca una nación, existen líneas rojas que, en el momento de ser traspasadas, cambiarían a esa supuesta democracia liberal por otro régimen distinto.
Por eso mismo, le pido que se sumerja conmigo en el siguiente caso hipotético: imagine que el día de mañana aparece una noticia que encabeza las portadas de todos los medios de comunicación: «Un pistolero asociado al PP asesina a un líder del PSOE».
¿Cree que podría suceder tal cosa en un régimen que dice ser democrático?
¿Cómo cree que calificaría el PSOE tal magnicidio?
La violencia política durante la Segunda República española no fue un fenómeno marginal ni accidental, sino un elemento estructural que erosionó la convivencia democrática desde su misma instauración en abril de 1931, configurando un escenario donde la discrepancia ideológica comenzó a pagarse,
con una frecuencia alarmante, con la propia vida.
Si bien es rigurosamente cierto que la violencia fue un lenguaje compartido por partidos y militantes de todas las ideologías, existe una asimetría fundamental en la responsabilidad institucional.
Mientras que la violencia de la derecha era perseguida con el aparato del Estado, la violencia ejercida por las facciones afines al Gobierno gozó, en demasiadas ocasiones,
de una impunidad o una justificación retórica que proyectaba la idea de que la República solo pertenecía a quienes comulgaban con su programa transformador.
Este clima de intolerancia ideológica se tradujo en un goteo incesante de atentados, represalias y amenazas que, según los estudios más exhaustivos de historiadores como Rafael Cruz32 o Eduardo González Calleja33,