LAS «LIBERTADES» DE LA SEGUNDA REPÚBLICA #5
El oficial de la Guardia de Asalto que dirigió aquella represión fue el teniente José del Castillo, un militar profundamente vinculado a las milicias socialistas y que ya tenía un historial de implicación en la muerte de opositores,
como se documenta en las investigaciones que lo señalan como responsable directo de disparos contra manifestantes derechistas en incidentes previos.
Castillo no era un agente neutral del orden, sino un instructor militar de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) y un activista armado dentro de la propia estructura policial del Estado.
Por eso mismo, el 12 de julio de 1936 fue ajusticiado por un pelotón de pistoleros falangistas, como respuesta a la vinculación que tuvo su figura en el asesinato de Andrés Sáenz de Heredia.
Bien es cierto que no existe consenso entre los historiadores sobre si realmente fue el propio Castillo la persona que apretó el gatillo frente al familiar de Primo de Rivera.
En lo que sí que existe consenso es en que el teniente tenía ya un expediente manchado por su participación en otros episodios similares.
Llegó a decirse de él que su militancia en las Juventudes Socialistas en el contexto de una de las épocas más convulsas de nuestro pasado le hizo «perder los nervios».
La figura de José del Castillo está envuelta de un misterio que aún no ha sido descifrado.
No sabemos si le movió el odio, la locura, la sed de venganza o la lucha por lo que consideró una causa justa.
Tampoco sabemos si fue el autor material del asesinato de Sáenz de Heredia.
Lo que sí que sabemos es que su militancia política está probada, tanto como su vinculación a varias trifulcas que acabaron siempre del mismo modo: agentes y fuerzas del orden republicano asesinando a disidentes.
Pese a ello, el asesinato del teniente José del Castillo ha sido utilizado tradicionalmente por cierto sector de la historiografía para justificar o equilibrar el posterior asesinato de José Calvo Sotelo.
No obstante, sobre este ventajista argumento es necesario realizar alguna matización.
En primer lugar, José del Castillo, a pesar de su cargo, era un combatiente activo en la lucha de facciones, y su muerte fue un episodio más de la guerra entre pistoleros que desangraba Madrid.
En cambio, José Calvo Sotelo era el líder de la oposición parlamentaria, el jefe de Renovación Española y la voz más potente contra la deriva revolucionaria del Frente Popular.
Su asesinato no fue una respuesta «espontánea» de compañeros de Castillo, sino una operación ejecutada por una unidad oficial de la Guardia de Asalto ―la sección de especialistas de la camioneta número 17― integrada por militantes del PSOE y dirigida por el capitán de la Guardia Civil,
Fernando Condés, vinculado estrechamente al ministro socialista Indalecio Prieto.
La línea roja que se cruzó con la ejecución de Calvo Sotelo fue cualitativamente distinta a cualquier otro acto de violencia previa.
Por primera vez en la historia de la República, el aparato de seguridad del Estado se utilizó para secuestrar en su propio domicilio y asesinar de un tiro en la nuca a un diputado protegido por la inmunidad parlamentaria.
Eso fue lo que pasó la noche en que los agentes de la Guardia de Asalto llamaron a la puerta de José Calvo Sotelo.
El 13 de julio de 1936 todavía no había visto el amanecer; eran aproximadamente las tres de la madrugada cuando se personó en el número 89 de la calle Velázquez, en Madrid, un grupo de agentes y milicianos que detuvieron al exministro en las puertas de su domicilio.
Según relata el historiador Hugh Thomas, Calvo Sotelo no parecía mostrar el más mínimo ápice de preocupación pues, en el umbral de la puerta de su casa, se dirigió a su mujer mientras bromeaba: «Te llamaré, a no ser que estos señores me lleven para darme cuatro tiros».
Por desgracia, sus palabras se convirtieron en una macabra premonición.
Quizá pensó que la camioneta a la que le hicieron subirse tenía como destino final la comisaría.
Se equivocaba; a tan solo doscientos metros de su casa, los secuestradores le hicieron bajarse para terminar propiciándole un disparo en la nuca que pondría fin a su vida a la temprana edad de cuarenta y tres años.
La autoría de aquel magnicidio no ha quedado exenta de polémica.
Existen dudas sobre si el asesinato estuvo orquestado con anterioridad a la muerte de José del Castillo o si, por el contrario, se trató de una consecuencia directa del mismo.
Lo cierto es que durante mucho tiempo se barajó esta última opción.
Sin embargo, defender tal cosa planteaba una cuestión con difícil respuesta: si el asesinato de José del Castillo se produjo el 12 de julio y el de Calvo Sotelo tuvo lugar durante la madrugada del día después, ¿era tan fácil coordinar, localizar,
secuestrar y asesinar a un líder político de su envergadura en cuestión de horas?
Esta pregunta llevó a muchos historiadores a profundizar sobre la cuestión.
Un reciente hallazgo de suma importancia tuvo lugar cuando en 2018 el embajador español Francisco José Vázquez Vázquez publicó un documento judicial, seriado y numerado, que recogía el testimonio brindado ante un juez por el chófer Blas Estebarán Llorente39.
De acuerdo con este relato, fue él quien se encargó del transporte de los restos mortales de Calvo Sotelo hasta el cementerio del Este.
Asimismo, en su testimonio ante sede judicial admitió que, con una antelación de tres meses respecto al asesinato, Jesús Hernández ―líder comunista y titular de las carteras de Instrucción Pública,
Bellas Artes y Sanidad en el transcurso de la Guerra Civil― le indicó a un tal Antonio López «que contaban con él para llevar a cabo un servicio con su camioneta-ambulancia».
Tal declaración abre las puertas a la hipótesis de una conspiración perfectamente estructurada y orquestada con considerable antelación por parte de las cúpulas de las formaciones de izquierda.
Si tal teoría llegara a probarse, habríamos descubierto entonces que el asesinato del teniente José del Castillo se utilizó como una justificación a posteriori para legitimar un atentado que llevaba mucho más tiempo cocinándose.
No obstante, no toda la controversia sobre el asesinato del exministro queda ahí.
La versión más extendida es la que ubica a Luis Cuenca, escolta de Indalecio Prieto, como la persona que disparó la bala que acabaría con la vida de Calvo Sotelo.
No todos los historiadores concuerdan en estos hechos; en lo que sí parece existir consenso es en que, en el grupo de secuestradores del líder de Renovación Española, participaron dos personas con estrictos vínculos al PSOE: Luis Cuenca,
presunto autor material de los hechos y escolta del ministro socialista Indalecio Prieto; Fernando Condés, oficial de la Guardia Civil, instructor de milicias socialistas y condenado en sede judicial por su pasado criminal como uno de los asesinos y responsables de la Revolución de Octubre de 1934.
En cualquier caso, con independencia de quién fuera la concreta persona que apretara el gatillo, la mera concurrencia de estos dos perfiles en el asesinato de Calvo Sotelo nos da pie a una reflexión tan desesperanzadora como determinante para nuestro análisis.
Si el Estado no solo era incapaz de proteger al líder de la oposición, sino que fueron sus propios agentes uniformados quienes lo ejecutaban, la democracia había dejado de existir de facto.
El presunto disparo de Luis Cuenca sobre Calvo Sotelo no fue solo el final de un hombre, sino el fin de la posibilidad de una salida al inevitable conflicto que se avecinaba.
El análisis del impacto que tuvo el asesinato de José Calvo Sotelo en la prensa internacional revela el momento exacto en que la Segunda República perdió su vitrina de respetabilidad democrática ante las democracias occidentales.
Hasta julio de 1936, gran parte de la opinión pública europea, especialmente en Francia y el Reino Unido, contemplaba el experimento republicano español con una mezcla de simpatía liberal y cautela diplomática.
Sin embargo, la ejecución del líder de la oposición a manos de fuerzas de seguridad del Estado transformó esa percepción en una alarma generalizada sobre el colapso del derecho.
Diarios de la relevancia de The Times de Londres o el Journal de Genève en Suiza no solo informaron sobre el magnicidio, sino que subrayaron la implicación directa de agentes gubernamentales,
lo que invalidaba la narrativa oficial del Frente Popular que intentaba presentar el crimen como un exceso individual o una «represalia incontrolada».
El rigor de estas crónicas internacionales, que citaban fuentes diplomáticas presentes en Madrid, señalaba que un régimen capaz de asesinar al líder de la oposición en su propio domicilio había dejado de ser una democracia para convertirse en un territorio bajo el imperio de la arbitrariedad
revolucionaria.
En el Reino Unido, la cobertura de diarios como el Daily Telegraph fue especialmente incisiva al documentar cómo la censura previa de Casares Quiroga intentó, infructuosamente, amordazar a los corresponsales extranjeros.
Las crónicas enviadas desde Madrid describían un escenario de «anarquía legalizada» donde la vida de los representantes de la derecha no contaba con la protección mínima del Estado.
Esta percepción internacional fue determinante para que, apenas unos días después, tras el pronunciamiento del 18 de julio, importantes sectores del Foreign Office británico y de la opinión francesa vieran en el alzamiento militar no un golpe contra la libertad,
sino una reacción inevitable ante un Gobierno que había consentido o instigado el asesinato de sus oponentes políticos.
La concreción de estos datos se refleja en los despachos de embajadores como el británico Sir Henry Chilton, quien informó a Londres que el asesinato de Calvo Sotelo era la prueba definitiva de que el Frente Popular no controlaba ―o no deseaba controlar― a sus propios elementos armados,
lo que convertía a la República en un ente ilegítimo, incluso desde el punto de vista del orden internacional.