LAS ELECCIONES REPUBLICANAS 1931, 1933 y 1936 #5

Primera etapa: desde el 17 de febrero, incluso desde la tarde del 16, el Frente Popular, sin esperar al fin del escrutinio y la proclamación de resultados del censo, el jueves día 20, desencadenó en la calle la ofensiva del desorden, reclamó el poder por el camino de la violencia.

Crisis: muchos gobernadores dimitieron. Con la instigación de los cabecillas irresponsables, la masa se apoderó de los documentos electorales.

En muchos lugares los documentos pudieron falsificarse.

Segunda etapa: conquistada así la mayoría, fue fácil hacerla aplastante.

Reforzado por una rara alianza con los reaccionarios vascos, el Frente Popular eligió la comisión de validación de los parlamentarios electos, la cual se comportó arbitrariamente.

Anuló todos los elegidos de algunas provincias donde había vencido la oposición y proclamó diputados a candidatos amigos que habían sido vencidos.

Expulsó de las Cortes a muchos parlamentarios de las minorías.

Esta no era solo una ciega pasión de sectarios, sino la ejecución de un plan deliberado y de gran envergadura.

Perseguía dos objetivos: hacer de la Cámara una Convención, aplastar a la oposición y someter al grupo menos exaltado del Frente Popular.

Desde el momento en que la mayoría de izquierdas lo consiguiera, este grupo no sería más que el juguete de sus peores locuras.

De este modo, las Cortes prepararon dos golpes de Estado parlamentarios.

Mediante el primero, ellas mismas se declararon indisolubles mientras durara mi mandato presidencial; con el segundo, me destituyeron.

El último obstáculo se extendió por el camino de la anarquía y de todas las violencias de la Guerra Civil. 26

Esta operativa de fraude postelectoral se fundamentó en el reemplazo de las actas de representantes conservadores electos por nombres pertenecientes a las filas izquierdistas, una maniobra ejecutada tanto a nivel provincial como en el seno de las Cortes.

Gracias a este incremento injustificado de medio centenar de asientos, el Gobierno alcanzó la cifra de 263 escaños.

No fue hasta el año 2008 cuando, mediante el hallazgo de numerosa documentación original que incluía actas y registros estadísticos, se pudo acreditar fehacientemente aquello que bien sospechaba Alcalá-Zamora décadas antes: el Ejecutivo surgido en 1936 carecía de una base democrática real.

La investigación más exhaustiva realizada hasta la fecha por los historiadores Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García concluye que, de no haberse producido estos amaños, el Frente Popular habría obtenido una horquilla de entre 226 y 230 escaños,

mientras que las fuerzas de derecha habrían logrado entre 223 y 227, sobre un total de 473 diputados que componían el Congreso en aquel período.

Pues bien, una vez tomado el poder sin esperar a los resultados definitivos, la primera medida de calado del Gobierno del Frente Popular fue la promulgación de un decreto de amnistía que puso en la calle a los instigadores y autores materiales de la sangrienta Revolución de Octubre de 1934.

Esta medida no fue un acto de generosidad democrática, sino un pago político que liquidaba la justicia penal y borraba los crímenes cometidos contra la República dos años antes,

permitiendo que líderes como Lluís Companys o los cabecillas de la insurrección asturiana recuperaran sus cargos y su influencia política sin haber cumplido sus condenas.

Al amnistiar a quienes habían intentado destruir el sistema mediante las armas en 1934, el Frente Popular lanzó un mensaje claro: la violencia política era legítima siempre que fuera ejercida por la izquierda.

El principio de igualdad ante la ley valía lo mismo que la vida de un opositor al régimen; absolutamente nada.

Las consecuencias de este amaño electoral fueron catastróficas para la convivencia democrática ya que, al anular la representación de la mitad de España, el Frente Popular convirtió las Cortes en un organismo excluyente y sectario.

Un sistema donde el ganador se dedica a liquidar la representación del perdedor mediante la fuerza y la trampa administrativa se parece más a una dictadura camuflada en instituciones parlamentarias que a la utópica democracia liberal que nunca fue.

La legitimidad de origen de la legislatura de 1936 queda, por tanto, seriamente comprometida por estos hallazgos documentales que demuestran que el Frente Popular no ganó por el apoyo mayoritario del pueblo español, sino por una combinación de coacción callejera y manipulación institucional.

Este ambiente de ilegalidad y violencia política, donde los diputados de la oposición eran amenazados de muerte en el propio hemiciclo, como ocurrió con José Calvo Sotelo, creó el caldo de cultivo necesario para el colapso definitivo del régimen en julio de ese mismo año.

Estas fueron las democratísimas elecciones de la Segunda República: las elecciones municipales de abril de 1931 ―a las que le siguieron las elecciones generales de junio de 1931―, las de noviembre de 1933 y, por último, las de febrero de 1936.

Cada una con un resultado distinto, pero todas ellas con un mismo patrón: el de la violencia, el amaño, los pucherazos y el caciquismo.