LAS ELECCIONES REPUBLICANAS 1931, 1933 y 1936 #4

Las elecciones del 16 de febrero de 1936 se celebraron bajo un clima de extrema tensión, donde la retórica de la Guerra Civil ya estaba presente en los mítines de la izquierda.

El 20 de enero de 1936, a falta de menos de un mes de las elecciones, el líder del PSOE, Francisco Largo Caballero, escribía las siguientes palabras en el diario El Liberal: «Quiero decirles a las derechas que, si triunfamos, colaboraremos con nuestros aliados. Pero, si triunfan las derechas,

nuestra labor habrá de ser doble, colaborar con nuestros aliados dentro de la legalidad, pero tendremos que ir a la Guerra Civil declarada. Que no digan que nosotros decimos las cosas por decirlas, que nosotros lo realizamos»22.

Por aquel entonces, Largo Caballero dio también un mitin en Linares en el cual no titubeó lo más mínimo a la hora de mostrar sus verdaderas intenciones: «La clase obrera debe adueñarse del poder político, convencida de que la democracia es incompatible con el socialismo y,

como el que tiene el poder no ha de entregarlo voluntariamente, por eso hay que ir a la Revolución»23.

Ambas frases se entienden aún mejor si se combinan con esa otra proclama que anunció el «Lenin español» dos días antes de las elecciones: «Si los socialistas son derrotados en las urnas, irán a la violencia, pues antes que el fascismo preferimos la anarquía y el caos»24.

El resultado electoral de 1936 se ha presentado tradicionalmente como una victoria clara y heroica del Frente Popular.

Nada más lejos de la realidad; esta supuesta legitimidad de las elecciones de 1936 ha sido profundamente desmentido por los historiadores Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García en su monumental obra 1936.

Fraude y violencia25. Según estos autores, que han realizado un análisis exhaustivo de las actas de todas las provincias españolas, el Frente Popular no obtuvo la mayoría absoluta en las urnas que luego exhibió en las Cortes,

sino que su victoria fue fabricada a través de un proceso de dos fases que combinó la violencia física en las calles con la manipulación administrativa en las Juntas del Censo.

La primera irregularidad grave ocurrió en la tarde-noche del mismo 16 de febrero.

Sobre las ocho de la tarde se anunció la victoria de las derechas y el centro.

Ante estos primeros resultados, las turbas izquierdistas tomaron las calles de las grandes ciudades, asaltando colegios electorales y centros de recuento.

Todavía faltaba por conocer el resultado general, que se daría el 20 de febrero.

Hasta entonces, faltaba una segunda vuelta en ciertas provincias, así como la reunión del Comité de Actas para garantizar la transparencia del resultado.

Sin embargo, esperar cuatro días era demasiado tiempo.

La presión de los milicianos revolucionarios en las calles, sumada a la dimisión de Félix Escalas, presidente de la Generalidad, provocó el 19 de febrero la dimisión precipitada del Gobierno de Portela Valladares, presidente del Consejo de Ministros, antes de que terminara el escrutinio.

Ante esta situación, Alcalá-Zamora pidió a Azaña la constitución de un nuevo Gobierno.

Como no podía ser de otra forma, Azaña aceptó la propuesta, y así fue cómo el Frente Popular formó parte de un Gobierno que no fue elegido en las urnas.

Lo primero que hizo este ilegítimo Gobierno, pocas horas después de alcanzar el poder, fue incrementar su representación parlamentaria en aproximadamente 50 actas sin ofrecer una justificación técnica válida,

con la única finalidad de alcanzar un total de 263 escaños que le darían la mayoría absoluta.

Así fue como el Frente Popular se erigió vencedor de unas elecciones tras un recuento final de escaños de los cuales hay 50 que nunca nadie ha sabido justificar de dónde salieron.

Este proceso de alteración se desarrolló de forma paralela al recuento oficial de los votos; específicamente, durante la madrugada que transcurrió del 19 al 20 de febrero,

diversos grupos de activistas de izquierdas intervinieron en provincias y localidades donde la victoria había correspondido originalmente a las candidaturas de derechas, tales como Valencia, Cáceres, Lugo, La Coruña u Orense,

procediendo a la apertura de sobres y a la sustitución sistemática de las papeletas.

Esta manipulación no se limitó a las mesas electorales, sino que se extendió a las instituciones encargadas de supervisar y ratificar los resultados, las cuales habían quedado bajo el control efectivo de las fuerzas izquierdistas tras la precipitada entrega del poder.

No se trata esto de conspirar sin fundamento.

Tan flagrante tuvo que ser aquel pucherazo, que el propio Niceto Alcalá-Zamora ―ya expresidente de la República― corroboró el carácter fraudulento de estos comicios al admitir en un artículo difundido por el periódico suizo Journal de Genève, casi un año después de los hechos,

que el Frente Popular designó una comisión de actas que actuó de forma totalmente discrecional.

Según las palabras del entonces mandatario, se invalidaron resultados en provincias donde la oposición se había impuesto, se otorgó el acta de diputado a candidatos afines que habían sido derrotados en las urnas, y se procedió a la expulsión de varios representantes de las minorías parlamentarias.

Alcalá-Zamora explicó que estas acciones no obedecían únicamente a un sectarismo apasionado, sino al objetivo estratégico de convertir la Cámara en una suerte de convención para anular a los opositores y someter a las facciones menos radicales dentro de la propia coalición del Frente Popular.

Merece la pena que dediquemos un instante a leer este artículo deliberadamente olvidado del expresidente de la Segunda República.

Las primeras siete semanas del Frente Popular, con el gobierno de Azaña, del 19 de febrero al 7 de abril de 1936, fueron las últimas de mi presidencia.

Durante este período uno de los poderes del Estado, el que yo ejercía, escapaba aún del Frente Popular.

En los cien días que siguieron y que precedieron a la Guerra Civil, el lenguaje de la anarquía no encontró ningún obstáculo.

La táctica del Frente Popular se reveló doble. En las Cortes se atrevió a todo, en el gobierno se encontraba débil, pero provocador.

El Frente Popular se elevó al poder el 16 de febrero, gracias a un procedimiento electoral tan absurdo como injusto, que concede a la mayoría relativa, aunque sea una minoría absoluta, un beneficio extraordinario.

Y es así, porque en cierta circunscripción, el Frente Popular, con 30.000 sufragios menos que la oposición, pudo, no obstante, conseguir diez de trece mandatos, sin sobrepasar en ninguna parte más del dos por ciento al adversario más cercano.

Esta situación paradójica fue bastante frecuente.

Se oyó al principio que el Frente Popular estaba vencido, pero cinco horas después de llegar los primeros resultados se comprendió que las masas anarquistas, tan numerosas y que hasta ahora se habían mantenido al margen de las votaciones, habían votado en bloque.

Querían demostrar su poder, reclamar el precio de su ayuda: la paz y quizá, ¡por desgracia!

, la existencia misma de la patria. A pesar de los esfuerzos sindicalistas, el Frente Popular obtuvo legalmente solo un poco más, muy poco, de 200 escaños, en un parlamento de 473 diputados.

Alcanzó la minoría más importante, pero se le escapó la mayoría absoluta.

A pesar de todo, la consiguieron, quemando dos etapas a gran velocidad, con la violación de todos los escrúpulos de legalidad o de conciencia.