LAS ELECCIONES REPUBLICANAS 1931, 1933 y 1936 #3

El mapa de partidos había mutado significativamente respecto a 1931.

En el espectro de la derecha, emergió con fuerza la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), liderada por José María Gil-Robles, una coalición que aglutinaba a sectores católicos y conservadores bajo el lema de la revisión de la Constitución y la defensa de la religión y la propiedad.

Por su parte, el centro estaba representado por el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, que se presentaba como una opción moderada frente al radicalismo de Azaña.

La izquierda, por el contrario, acudió a las urnas profundamente fracturada: el PSOE, bajo la influencia creciente de la facción bolchevizada de Francisco Largo Caballero, había abandonado la colaboración con los republicanos de izquierda, apostando por una retórica revolucionaria.

Los resultados de noviembre de 1933 supusieron un vuelco electoral incontestable que la izquierda fue incapaz de asimilar en términos democráticos.

La CEDA se convirtió en la primera fuerza parlamentaria con 115 escaños, seguida por los Radicales de Lerroux con 102, mientras que el PSOE sufrió un desplome severo, quedando reducido a 59 actas.

Manuel Azaña, cuya formación, Acción Republicana, apenas obtuvo 5 escaños, calificó el resultado de «catástrofe».

Frente a tal situación, el bloque izquierdista tenía dos posibilidades: asumir la derrota en pro del respeto a las garantías propias de una verdadera democracia liberal…

O negar el resultado electoral y organizar un golpe de Estado. ¿Por cuál de las dos cree que optó?

La profundidad de la crisis democrática se manifestó en la negativa de los partidos perdedores a permitir que la fuerza más votada, la CEDA, formara parte del Gobierno.

Ante la presión de la izquierda y las dudas del presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora ―quien compartía el recelo hacia el accidentalismo de Gil-Robles―, se optó por una solución de compromiso: un Gobierno del Partido Radical apoyado parlamentariamente por la CEDA,

pero sin ministros de esta última.

Sin embargo, para el PSOE y la Esquerra Republicana de Catalunya, la simple posibilidad de que los católicos conservadores entraran en el gabinete era considerada un auténtico casus belli.

Desde finales de 1933 el Partido Socialista comenzó a preparar un movimiento insurreccional; un auténtico golpe de Estado.

El líder del PSOE, Francisco Largo Caballero ― ese al que llamaban «Lenin español»― proclamó abiertamente que, si la derecha accedía al poder ejecutivo, la clase obrera respondería con la revolución armada.

Parece que, para el principal partido de la oposición, la legalidad republicana no era más que un instrumento; un medio para alcanzar el socialismo que perdía su validez en el momento en que las urnas daban la victoria al adversario ideológico.

El detonante definitivo de la quiebra del orden constitucional se produjo el 4 de octubre de 1934, cuando se anunció la formación de un nuevo Gobierno de Alejandro Lerroux que concedía tres ministerios a la CEDA: Justicia, Agricultura y Trabajo.

A pesar de que esta inclusión era un acto parlamentario impecable y una exigencia lógica de la aritmética electoral, la izquierda lo entendió como una «entrega de la República al fascismo».

El historiador Santos Juliá narra a la perfección la actitud del PSOE ante esta situación: «Los socialistas no pretendían con sus anuncios de revolución defender la legalidad republicana contra un ataque de la CEDA, sino responder a una supuesta provocación con objeto de avanzar hacia el socialismo.

En parte por ese motivo y en parte porque nunca creyeron que el presidente de la República y el propio Partido Radical permitieran el acceso de la CEDA al Gobierno, se comprometieron solemnemente, desde las Cortes y desde la prensa, a que en el caso de que éste se produjera,

desencadenarían una revolución»21.

En efecto, la réplica no tardó en llegar.

El 5 de octubre de 1934, tan solo un día después de la entrada al Gobierno de los tres ministros cedistas, la respuesta de la UGT y el PSOE consistió en organizar un golpe de Estado contra la Segunda República en forma de huelga general revolucionaria por negarse a aceptar un resultado electoral.

La insurrección no fue una protesta espontánea, sino un plan premeditado que incluía el acopio de armas y la formación de milicias.

El epicentro de la tragedia fue Asturias, donde los mineros, organizados bajo la consigna de la UHP (Unión de Hermanos Proletarios), tomaron por las armas fábricas, cuarteles y edificios públicos,

instaurando un régimen de terror revolucionario que se saldó con la quema de conventos y la destrucción de la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, que fue testigo del asesinato de seis seminaristas ―beatificados en 2021― bajo el grito de «¡Matadlos, que son curas!»

proclamado por milicianos socialistas. Junto a estos seis seminaristas, el golpe de octubre de 1934 se cobró la vida de otros tantos sacerdotes, religiosos y guardias civiles.

Simultáneamente, en Barcelona, el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, se sumó a la asonada proclamando el «Estado Catalán dentro de la República Federal Española» el 6 de octubre.

Parece que el mes de octubre siempre le ha gustado al separatismo catalán para subvertir la legalidad vigente.

Esta rebelión en Cataluña fue sofocada con rapidez por el general Batet, pero el levantamiento en Asturias requirió una intervención militar a gran escala liderada por el general Francisco Franco, servido de la colaboración de tropas de la Legión y de los Regulares.

Quizá haga falta repetirlo para interiorizar este suceso como es debido: Franco luchó por defender el orden republicano al frenar un golpe de Estado organizado por líderes del PSOE contra la Segunda República en octubre de 1934.

Pese a ello, las consecuencias humanas de la mal llamada Revolución de Octubre ―que, en realidad, por sus características se parece más a un golpe de Estado― fueron devastadoras.

El balance oficial de víctimas oscila entre las 1300 y 2000 muertes, la mayoría en suelo asturiano, además de miles de heridos y una destrucción material sin precedentes.

No obstante, la consecuencia más profunda fue la destrucción de la convivencia política.

Al optar por la vía del golpe de Estado para revertir un resultado electoral desfavorable, la izquierda republicana y socialista terminó por retratarse como aquello que siempre fue: una auténtica panda de bolchevizados criminales y asesinos con tiránicas ansias de poder.

Esta Revolución de Octubre no fue una mera sublevación armada, pues supone toda una encrucijada para la historiografía moderna.

Si asumimos como cierta la premisa de que la Segunda República, excluidos los años de la Guerra Civil, fue una democracia liberal, tendríamos que asumir entonces tanto lo ocurrido en octubre de 1934 como los años posteriores hasta el 18 de julio de 1936 fueron parte de una etapa puramente

democrática.

Pues bien, le animo a hacerse la siguiente pregunta y le reto a encontrar una respuesta: ¿en qué otro régimen democrático en tiempos de paz, durante toda la historia de la humanidad,

han muerto entre 1300 y 2000 personas en cuestión de días como consecuencia de un golpe de Estado que inician unos líderes políticos por negarse a aceptar un resultado electoral?

¿Qué cree que hubiera pasado si la Revolución de Octubre la hubiera iniciado Franco y se hubieran opuesto a ella Indalecio Prieto y Largo Caballero?

Muy probablemente, se nos diría que la Guerra Civil española empezó entonces el 5 de octubre de 1934.

Piense por qué hoy no se nos dice lo mismo.

Desde luego, es difícil creer que pueda existir la más mínima convivencia democrática entre dos sectores políticos cuando uno de ellos ha incentivado el asesinato de los otros.

Podría argumentarse, sin embargo, que tal deterioro del presunto orden democrático-republicano podría verse restaurado con la condena de los artífices de esta revolución.

De alguna manera, la República como institución no puede ser capaz de prever la actuación de todos y cada uno de sus defensores.

Lo que sí que puede ―y debe― hacer si quiere parecerse, aunque de refilón fuera, a una democracia liberal, es condenar a asesinos, golpistas y criminales.

¿Cree que fue esto lo que sucedió? Para entenderlo, toca ahondar en las últimas elecciones celebradas en tiempos de república: las elecciones de febrero de 1936.

El análisis de los comicios de febrero de 1936 representa el capítulo definitivo en el cuestionamiento de la legitimidad democrática de la Segunda República pues, lejos de ser un proceso limpio y ejemplar,

las investigaciones historiográficas más recientes apuntan a un fraude sistémico que alteró el curso de la historia de España.

Para comprender la gravedad de lo sucedido en aquellas jornadas, es imprescindible situar el foco en el convulso contexto sociopolítico del invierno de 1936.

Tras el fracaso de la Revolución de Octubre de 1934, el Gobierno de centro-derecha liderado por Alejandro Lerroux y apoyado por la CEDA de Gil-Robles se vio envuelto en una crisis terminal, no tanto por falta de apoyo parlamentario,

sino por la desintegración del Partido Radical tras los escándalos del estraperlo y la negativa sistemática del presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, a permitir que la derecha mayoritaria gobernara con plenitud de funciones.

Esta parálisis institucional forzó la disolución de las Cortes y la convocatoria de unos comicios que se plantearon, desde su génesis, como una lucha a vida o muerte entre dos bloques irreconciliables: el Frente Popular,

una coalición que agrupaba desde el republicanismo de izquierdas de Manuel Azaña hasta el socialismo revolucionario de Largo Caballero y el Partido Comunista, y el Frente Nacional,

una alianza defensiva de las derechas que buscaba preservar el orden social y la unidad nacional frente a la amenaza colectivista.