LAS ELECCIONES REPUBLICANAS 1931, 1933 y 1936 #2
forzó una salida de Alfonso XIII hacia el exilio marcada por las palabras que dejó plasmadas en su texto de abdicación, el 15 de abril de 1931: «Las elecciones celebradas el domingo me revelan que no tengo el amor de mi pueblo. Mi conciencia me dice que ese desvío no será definitivo,
porque procuré siempre servir a España».
Se cerró así un proceso que careció de toda ratificación popular directa sobre la forma de Estado, convirtiendo a la Segunda República en un régimen nacido de la ruptura de la legalidad y de la imposición de una facción sobre la otra media España que, mayoritariamente,
había votado por la continuidad monárquica.
Vista la verdadera ilegitimidad de origen de la Segunda República, todavía alguien podría pensar que tal irregularidad sería susceptible de subsanación si se garantizara un sistema de elecciones periódicas de las cuales emanase un Gobierno prorrepublicano.
La primera parte del enunciado anterior ―las elecciones periódicas― sucedió y es precisamente ello el argumento más utilizado por los defensores hoy de la Segunda República.
Su tesis es la siguiente: la Segunda República fue democrática porque durante la Segunda República ganó incluso la derecha.
Lo que habría que responder es que, como advertíamos, la mera llamada a las urnas no es un elemento suficiente para hablar de democracia.
De nada sirve votar si después no se respeta lo votado.
Por eso, el sufragio universal debe llevar aparejado, en todo régimen que pretenda ser democrático, los mecanismos oportunos para garantizar el cumplimiento de los resultados electorales.
¿Fue esto lo que pasó durante la Segunda República?
El escándalo de las elecciones municipales de 1931 dio lugar a la proclamación de una ilegítima Segunda República cuyo primer Gobierno fue decidido mediante las elecciones ―esta vez generales― del 28 de junio de 1931.
El resultado de estos comicios dio paso al comienzo del bienio progresista (1931-1933), marcado por el Gobierno de la conjunción republicano-socialista presidido por Manuel Azaña.
Durante esta etapa, el régimen implementó una serie de reformas de ingeniería social, especialmente en los ámbitos religioso, educativo y agrario, que no nacieron de un consenso nacional, sino de una voluntad de imponer un modelo de Estado excluyente.
El primer bienio no fue una etapa de consolidación democrática, sino de un «jacobinismo» que identificaba la República únicamente con los partidos de izquierda, considerando cualquier alternativa de derecha como intrínsecamente ilegítima o directamente «fascista».
No tenían la más mínima voluntad de conformar un sistema democrático basado en la pluralidad política, ni en la alternancia.
La izquierda, desde sus inicios, ha tenido en mente un sentido patrimonial de la idea de república.
Jamás pretendieron establecer este régimen para que pudieran gobernar otros; lo hicieron para apropiárselo ellos.
El desgaste de este Gobierno, acosado por la crisis económica y la conflictividad social alentada por el anarquismo, condujo a la disolución de las Cortes y a la convocatoria de elecciones para noviembre de 1933,
unos comicios fuertemente marcados por un episodio que retrataría para siempre la verdadera cara de la izquierda: los sucesos de Casas Viejas.
En el amanecer del 11 de enero de 1933, la pequeña pedanía de Casas Viejas dejó de ser un rincón olvidado de Cádiz para convertirse en el epicentro de un desafío frontal al orden constituido.
Bajo la influencia de doctrinas anarquistas que prometían una utopía inmediata, un grupo de campesinos, armados y organizados, inició una insurrección que comenzó con el asedio al cuartel de la Guardia Civil.
Desde una perspectiva institucionalista, este acto no fue una simple protesta social, sino una ruptura violenta del pacto de convivencia, donde el asesinato de dos guardias civiles puso de manifiesto la vulnerabilidad de los agentes de la ley frente a masas radicalizadas por ideologías extremistas.
La proclamación del «comunismo libertario» y el corte de las comunicaciones telefónicas supusieron, en la práctica, un intento de secesión ideológica y territorial que evidenciaron cómo, durante la Segunda República, ni siquiera anarquistas y socialistas pudieron convivir entre ellos sin matarse.
La respuesta gubernamental derivó en una tragedia que evidenció la falta de templanza en la cadena de mando de la joven república.
Tras el fracaso de los primeros intentos de contención, llegó a la aldea una unidad de la Guardia de Asalto bajo las órdenes del capitán Rojas, con instrucciones de actuar con una contundencia ejemplarizante para sofocar el foco revolucionario.
Las órdenes procedían del Gobierno de Azaña con una frase que ha quedado para la posteridad: «Ni heridos ni prisioneros, tiros a la barriga».
Y así se hizo; el asalto a la choza de «Seisdedos», donde se habían refugiado los insurrectos, se convirtió en un episodio de violencia cruda cuando las fuerzas de seguridad incendiaron la vivienda y provocaron la muerte de quienes estaban en su interior.
Lo más grave, desde un análisis estrictamente jurídico, ocurrió a continuación: la ejecución sumaria de varios detenidos en las proximidades del incendio.
Este desbordamiento de la fuerza no solo fue una respuesta desproporcionada al desorden previo, sino que dejó al Gobierno de Manuel Azaña en una posición de fragilidad moral absoluta, demostrando que cuando el Estado pierde la serenidad en el ejercicio del monopolio de la violencia,
termina alimentando la misma inestabilidad que pretende combatir.
En este contexto se desarrollaron los comicios de 1933, unas elecciones caracterizadas por ser las primeras en la historia de nuestro país en las que se permitió el sufragio femenino.
Este hecho ha ayudado a consagrar aún más la idea de la Segunda República como aquella arcadia feliz desbordante de derechos y libertades.
Lo que no nos cuentan es que, por contraintuitivo que resulte, uno de los sectores que mayor oposición manifestó frente al sufragio femenino fue el sector progresista.
En el seno de las deliberaciones parlamentarias sobre el sufragio femenino, Hilario Ayuso, diputado del Partido Republicano Federal y uno de los artífices de la configuración del Frente Popular junto con el PSOE,
llegó a proponer una enmienda para que las mujeres solo pudieran votar a partir de los 45 años.
Esta reforma estaba basada en la idea que el propio Ayuso expresó cuando dijo que «el histerismo impide votar a la mujer hasta la menopausia».
En la misma línea se erigió la postura de Roberto Novoa, miembro de la Federación Republicana Gallega, cuando afirmó que «la mujer es histerismo y se deja llevar por la emoción y no por la reflexión crítica»19.
El motivo tras estas proclamas por parte de los mal llamados progresistas, en realidad, no fue otro que el antes mencionado: mantener el poder y el control de la República.
Tenían miedo de que el voto de las mujeres en las zonas rurales de España ― donde habían triunfado los monárquicos en las elecciones municipales de 1931― estuviera condicionado por la voluntad del marido.
La preocupación de la izquierda jamás fue la lucha por los derechos de las mujeres, sino la lucha por mantenerse en el poder.
Así de claro lo dejó Eduardo Barriobero, del Partido Republicano Democrático Federal, al pedir la denegación del sufragio femenino para impedir que pudieran votar las 33.000 monjas censadas en la España de 1933.
Lo más sorprendente de todo es la opinión que manifestaron las tres únicas diputadas que había en el Congreso en 1931.
Estas tres mujeres fueron Victoria Kent, diputada del Partido Radical Socialista, Margarita Nelken por parte del PSOE y Clara Campoamor, del Partido Republicano Radical.
De estas tres mujeres, dos se opusieron a la introducción del sufragio femenino.
¿Sabe quiénes fueron? Las dos que pertenecían a los partidos de izquierdas: Victoria Kent y Margarita Nelken.
Kent, llegó a decir el 1 de octubre de 1931 que «es necesario que las mujeres que sentimos el fervor democrático, liberal y republicano pidamos que se aplace el voto de la mujer».
Por su parte, Nelken, del PSOE, se manifestó en contra del voto femenino «por creer que la mujer necesitaba prepararse para tal responsabilidad».
De estas tres mujeres, solo aquella que perteneció a un partido de centro ―que gobernaría a partir de las elecciones de 1933 con el apoyo de la derecha de Gil Robles―se mantuvo firme en defensa del sufragio femenino.
Esta mujer fue Clara Campoamor. Frente a las opiniones de Kent o Nelken, Campoamor defendió desde el inicio su tesis: «¿No pagan las mujeres los impuestos? ¿No sufren los rigores de la ley y todas las sanciones?
¿Por qué el hombre ha de gozar el advenimiento de la República de todos los derechos y se ha de colocar el lazareto a la mujer?»
20. Hoy, más de noventa años después de aquel intenso debate que protagonizaron Kent y Campoamor, el PSOE se ha apropiado por completo de la vida y obra de Clara Campoamor.
El mismo PSOE contra el que la propia Clara Campoamor tuvo que luchar.
El mismo PSOE que se levantó a aplaudir el discurso de su diputada, Margarita Nelken, cuando dijo que «poner un voto en manos de la mujer es hoy, en España, realizar uno de los mayores anhelos del elemento reaccionario».
La izquierda que hoy alza las pancartas con recortes de Campoamor en las manifestaciones del 8M es la misma izquierda que le había acusado de traidora años atrás;
la misma izquierda que terminaría expulsando a Clara Campoamor de Izquierda Republicana (IR) en una asamblea interna celebrada en 1935 con 183 votos favorables al veto de Campoamor, frente a los escasos 68 votos que pedían su continuidad;
la misma izquierda de la que huyó Clara Campoamor en 1936 para exiliarse en París por el miedo a terminar en una de sus checas.
Esa izquierda es la que nos da hoy lecciones sobre derechos, libertades y conquistas sociales.
Pues bien, con el arduo debate sobre el sufragio femenino como precedente, se desarrollaron por fin las elecciones del 19 de noviembre de 1933.