LAS ELECCIONES REPUBLICANAS 1931, 1933 y 1936
Para entender el origen de la Segunda República, es importante conocer cuál fue el punto de partida.
Entre 1923 y 1930 España estuvo liderada por Miguel Primo de Rivera a través de un régimen que pasó por dos etapas.
Primero fue un Directorio Militar (1923-1925) y más tarde se terminaría convirtiendo en un Directorio Civil (1925-1930).
El agotamiento del Directorio Civil de Miguel Primo de Rivera no fue el resultado de un colapso administrativo, sino de una pérdida de confianza interna en un contexto de creciente agitación ideológica.
Tras siete años de gobierno, la figura del militar quedó aislada por la concurrencia de varios factores críticos: el descontento de sectores del Ejército ante sus reformas de ascensos, la oposición frontal de los intelectuales y una salud ya muy mermada del propio Primo de Rivera por su diabetes.
El detonante final de su caída fue la pérdida del apoyo del rey Alfonso XIII y la tibia respuesta de los capitanes generales a una consulta que Primo de Rivera les realizó sobre su continuidad.
Ante este vacío de respaldo, Miguel Primo de Rivera presentó su dimisión el 28 de enero de 1930 y partió hacia el exilio en París, donde fallecería apenas unas semanas después en un modesto hotel de la capital francesa,
dejando a la Corona en una situación de extrema vulnerabilidad frente a una oposición que no buscaba la reforma, sino la ruptura total.
Este vacío de poder fue aprovechado por una amalgama de fuerzas republicanas y socialistas que, articuladas en el Pacto de San Sebastián de 1930, optaron por acabar con la monarquía para dar paso a la Segunda República.
El principal problema de este nuevo régimen que se gestaba fue el de nacer con la tara de identificarse exclusivamente con una facción de la sociedad.
Esta concepción se plasmó con dureza en la Constitución de 1931, un documento que, lejos de ser una carta de concordia, fue todo un arma de combate contra las instituciones tradicionales y el sentimiento católico de la mayoría de la nación.
La famosa frase de Manuel Azaña, «España ha dejado de ser católica»15, ilustra esa voluntad de imponer una estructura estatal que no respetaba la realidad sociológica de todo un país.
Más esclarecedoras aún resultan las palabras del propio presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, que llegó a decir sobre este proceso constituyente que «Se hizo una Constitución que invita a la guerra civil desde lo dogmático, en que impera la pasión sobre la serenidad justiciera,
a lo orgánico, en que la improvisación, el equilibrio inestable, sustituyen a la experiencia y a la construcción sólida de los Poderes»16.
El desenlace de este proceso se produjo en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931.
Estos comicios fueron convocados por el Gobierno del almirante Aznar bajo el marco estricto de la Ley Municipal de 1877, con el único objetivo administrativo de renovar los ayuntamientos tras el paréntesis del régimen de Primo de Rivera.
En ningún momento se consultó a la nación, mediante referéndum o plebiscito formal y directo, si deseaba sustituir la Monarquía por una República.
Jurídicamente, el uso de unas elecciones locales para derrocar una institución nacional constituye un fraude de ley de dimensiones colosales.
La soberanía nacional no puede expresarse de forma indirecta a través de la elección de concejales encargados de la gestión de las farolas y las alcantarillas.
Pese a ello, la conjunción republicano-socialista, tras el Pacto de San Sebastián, decidió otorgar a estos comicios un carácter plebiscitario unilateral,
una interpretación que carecía de toda base legal y que fue impuesta por la vía de los hechos consumados ante un Gobierno monárquico desmoralizado y carente de reflejos defensivos.
La verdadera naturaleza de los resultados correspondientes a los comicios municipales del 12 de abril de 1931 continúa siendo un enigma histórico casi un siglo después.
Circulan múltiples versiones contradictorias sobre la distribución final de las concejalías, y no se dispone de registros precisos sobre la cifra exacta de sufragios obtenidos por cada formación política.
Con el transcurso de las décadas, diversos análisis han dado por válidas las cifras proporcionadas en su momento por el Ejecutivo republicano o las recogidas en el Anuario Estadístico de 1932.
Lo más sorprendente de todo es que, pese a tratarse de documentos amparados por el Gobierno republicano, ambos admitían la victoria del bando monárquico, aunque con un margen de ventaja bastante más estrecho del que sostienen otros investigadores.
Por este motivo, un nutrido grupo de historiadores ha cuestionado la fiabilidad de las estadísticas de aquel período, optando por indagar en fuentes alternativas.
En un intento por reconstruir la realidad de aquellas urnas, el historiador Shlomo Ben Amí consultó los telegramas que los gobernadores civiles remitieron al Ministerio de la Gobernación con las cifras de sus respectivas provincias, documentos que se custodian en el Archivo Histórico Nacional.
Sin embargo, la celeridad con la que se proclamó el nuevo régimen ―apenas 48 horas después de las votaciones― obstaculizó la recepción de los datos de numerosas localidades en el Ministerio, mientras que otros registros enviados simplemente no llegaron a ser procesados ni contabilizados.
Por su parte, el investigador Javier Tusell17 realizó un estudio exhaustivo de dicho proceso electoral.
Sus conclusiones atribuyen 40.324 concejales a los monárquicos, 34.688 a los republicanos, 4813 a los socialistas, 1207 a un sector de independientes o no definidos y tan solo 67 a los comunistas.
Las cifras anteriores son discutibles; lo que resulta históricamente irrefutable es que, en el preciso instante en que Alfonso XIII abandonaba el Palacio Real hacia el destierro ―en torno a las ocho de la tarde del 14 de abril―,
las cifras manejadas por la Junta Central del Censo eran las siguientes: se contabilizaban 22.150 representantes monárquicos frente a 5875 republicanos.
A esta estadística era necesario sumar los 14.018 ediles monárquicos y los 1832 republicanos que habían obtenido su plaza de forma automática el 5 de abril, al no haber concurrido más de una lista en sus distritos.
Este resultado implica que el bloque revolucionario apenas alcanzó el 20 % de la representación municipal total del país.
Por eso mismo, aquello en lo que coinciden todas estas investigaciones es en que, con independencia de la discrepancia en las cifras exactas, queda claro que el volumen de representantes de tendencia monárquica superó al bloque republicano en el cómputo global del país.
Es decir, por sorprendente que parezca, la Segunda República fue proclamada sin haberle preguntado jamás a los españoles si preferían la república a la monarquía y a raíz de unas elecciones municipales donde, para colmo, la lista que más concejales obtuvo en toda España fue la de los monárquicos.
A esto es a lo que el señor Iglesias ―y otros tantos como él― llaman democracia.
Sin embargo, los simpatizantes de la república consiguieron explotar al máximo el único dato que les avalaba: habían ganado en 41 de las 50 capitales de provincia.
Esto explica que los líderes de la conjunción, que agrupaba a fuerzas tan dispares como el PSOE de Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero, la Acción Republicana de Manuel Azaña, el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux,
la Derecha Liberal Republicana de Niceto Alcalá-Zamora y la Esquerra Republicana de Catalunya de Francesc Macià, decidieran que el voto de las zonas rurales no tenía valor porque, según ellos, estaba impregnado de caciquismo.
Ya ve cómo funciona: el voto solamente es legítimo en las zonas en las que me votan a mí.
La soberanía popular no le importaba lo más mínimo a estos tiranos; su único objetivo era gobernar a toda costa.
¿Le hace pensar esto en algún paralelismo con el presente?
Por si lo anterior resultara insuficiente, esta supuesta legitimidad democrática de origen queda aún más en entredicho cuando se observa el clima de violencia, coacción y miedo que rodeó la campaña y la jornada de votación en numerosos puntos de la geografía española,
donde las agrupaciones monárquicas sufrieron un acoso sistemático por parte de grupos de agitación vinculados a la UGT y a las juventudes republicanas.
Las recientes investigaciones de Julio Ponce Alberca18 proporcionan detalles estremecedores sobre cómo actuó el Comité Revolucionario en diversas localidades de la provincia de Sevilla, como es el caso de Écija, donde se documentaron coacciones físicas directas contra los candidatos del Orden.
También sucedió en las localidades sevillanas de Marchena y Carmona, ciudades en las que la presión ambiental y las amenazas de asalto a propiedades privadas obligaron a muchos representantes monárquicos a retirar sus candidaturas antes siquiera de que se abrieran las urnas.
En la propia capital hispalense, la movilización de masas organizadas impidió el libre acceso a los colegios electorales de ciudadanos identificados con la tradición monárquica, estableciendo un terror preventivo que desvirtúa cualquier pretensión de limpieza en el proceso electoral.
Además, la proclamación del 14 de abril no esperó al escrutinio oficial ni a la resolución de las juntas del censo, sino que fue el resultado de una insurrección civil coordinada que aprovechó la debilidad del Gobierno central para tomar los ayuntamientos por la fuerza,
como sucedió en Éibar o en Barcelona, donde la República fue proclamada de forma unilateral antes de que Madrid hubiera tomado una decisión.
Esta toma del poder fue, en esencia, un golpe de Estado incruento pero efectivo, donde la verdadera voluntad del pueblo fue sustituida por la voluntad de una minoría urbana altamente politizada y dispuesta a la violencia.
Todo ello, sumado a la presión instigada por el ultimátum del Comité Revolucionario y la traición de mandos militares como el general Sanjurjo ―quien comunicó que la Guardia Civil no defendería la Corona―,