II LA SEGUNDA REPÚBLICA,

¿DEMOCRACIA O TIRANÍA?

14 de abril, memoria, democracia, justicia social, futuro, República.

Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno

14 de abril de 2020

El mayor error cometido en la forma en que se ha contado la historia del siglo XX español es, sin lugar a dudas, la falsa asociación de la Segunda República con la democracia.

El fundamentalismo democrático nos ha llevado a considerar que la democracia ha de ser entendida como el mejor y más avanzado estadio creado jamás por el hombre.

No existe nada más perfecto que la democracia; no existe nada más allá de la democracia; no somos nada si no somos democracia.

Esta sacralización ha calado en el imaginario colectivo de tal forma que ha logrado que pensemos que, si todo lo bueno es siempre y solo lo democrático, todo aquello que se aleje de la idea de democracia debe caer en el ostracismo.

De esta forma, el silogismo que se realiza para con la Segunda República es tan simple como eficaz: si la democracia es el bien y la Segunda República es democrática, la Segunda República será entonces «el bien».

Así se consigue que la crítica que emprendieron los intelectuales, políticos, filósofos y escritores de la España de los años treinta deje de ser un cuestionamiento a la Segunda República para convertirse en una peligrosísima oposición a la Sacrosanta Democracia.

Esta idea tiene una profundidad mayor de la que pudiera aparentar.

Siguiendo esta lógica, si nos preguntáramos, por ejemplo, por qué debe ser condenado el alzamiento de julio de 1936, contestaremos que lo será porque acabó con la Segunda República y, en consecuencia, con la democracia.

Si la pregunta fuera por qué debía haber perdurado la Segunda República, la respuesta será que así debió ser porque fue una democracia.

Como ve, la estrategia consiste en la constante instrumentalización de la Segunda República como vía para legitimar el sistema democrático con la mentira como precio a pagar.

La democracia se ha convertido en una cuestión incuestionable y la Segunda República ha visto su imagen edulcorada hasta hacerse pasar por el mismísimo paraíso en la tierra.

El primer paso para negar la veracidad de tal afirmación será definir el concepto de democracia.

No es posible deshacer tal vínculo si no nos preguntamos antes de qué hablamos cuando hablamos de democracia.

Esta encomienda presenta una doble dificultad.

Es complejo porque, en primer lugar, la propia palabra democracia ha perdido por completo el significado que poseía en sus orígenes griegos.

La democracia se fraguó en Atenas durante los siglos VI y V a.

C. No surgió de forma espontánea, sino tras un proceso de reformas impulsado por figuras clave como Solón, que sentó las bases al abolir la esclavitud por deudas; Clístenes,

considerado el padre de la democracia por reorganizar a los ciudadanos en unidades territoriales ―demos― para romper los lazos de sangre aristocráticos; y finalmente Pericles,

quien consolidó el sistema permitiendo que incluso los ciudadanos más pobres pudieran acceder a cargos públicos mediante una compensación económica.

A diferencia de las democracias representativas actuales, el modelo ateniense se configuraba como una democracia directa.

Para participar en la toma de decisiones públicas había que acreditar la condición de «ciudadano» superando un complejo examen de conocimientos cívicos llamado paideía.

Una vez superada tal barrera de entrada, los ciudadanos varones ―quedaban excluidas mujeres, esclavos y extranjeros― se reunían físicamente en la Ekklesía o Asamblea, situada en la colina de la Pnyx, para votar a mano alzada sobre leyes, guerras y presupuestos.

El principio rector era la isonomía ―igualdad ante la ley― y la isegoría o igualdad de palabra.

Además, muchos de los cargos administrativos y judiciales no se elegían por votación, sino por sorteo bajo la premisa de que cualquier ciudadano capacitado debía ser capaz de servir a la polis de manera rotativa.

Como puede comprobar, la democracia ateniense se parece en poco o nada al concepto de democracia que manejamos hoy.

En segundo lugar, no es tarea sencilla, puesto que «democracia» no es una categoría homogénea ni definida.

Probablemente, si alguien se encargara de realizar una encuesta preguntando a una muestra aleatoria de ciudadanos por la definición de «coche», aun sin utilizar las mismas palabras, todos se aproximarían al menos en lo esencial: físicamente tiene cuatro ruedas, la carrocería y un volante;

teleológicamente, posee la finalidad de facilitar el transporte entre dos puntos.

Con la democracia no sucede lo mismo. Todos creemos saber a qué nos referimos cuando hablamos de democracia hasta que profundizamos en su definición.

Tanto es así que, incluso manejando un concepto similar, podríamos diferir en los elementos que la conforman.

Algún lector podría pensar, con buen criterio, que la «libertad» es uno de esos valores indiscutibles que deben estar presentes en toda democracia.

No obstante, incluso aunque esta afirmación fuera aceptada por consenso generalizado, desde luego, la palabra libertad no adquiriría el mismo significado para todo el mundo.

Si tanto Noruega como la República Popular Democrática de Corea del Norte se autodefinen ambas como democracias, a la vista está que algo falla con el término «democracia».

Pese a tales dificultades, podemos atrevernos a decir que la democracia es, frente a todo, una forma más de organizar el poder dentro de un grupo social.

Juega en la misma categoría que otros sistemas alternativos ―anarquía, oligarquía, epistocracia, autocracia, plutocracia, etc.― cuyo objetivo es el mismo: perfilar el funcionamiento de las instituciones que tienen encomendadas la labor de ejercer el poder.

Ahora bien, no todo sistema democrático propone una misma forma de repartir el poder.

No existe un único modelo democrático. Sin embargo, el que ha logrado imponerse en el mundo occidental del siglo XXI de entre todos ellos es la democracia liberal.

Este sistema se inició con la Carta Magna inglesa de 1215, se desarrolló en profundidad de la mano de autores como Locke, Rosseau o Montesquieu, y se terminó de asentar a través de las tres grandes revoluciones liberales: la Revolución Gloriosa de Inglaterra (1688),

la Revolución francesa (1789) y la Revolución americana o Revolución de las Trece Colonias (1775-1783).

Vaya por delante que el objetivo de este capítulo no es idealizar, ni mucho menos ensalzar, la democracia liberal, sino indagar en la cuestión de si la Segunda República llegó alguna vez a serlo.

Dicho lo anterior, es importante señalar que la democracia liberal no se define por un único elemento.

Es frecuente caer en la tentación de pensar que todo sistema político que se renueve mediante sufragio universal ha de ser, necesariamente, un sistema democrático-liberal.

Si esto fuera así, tendríamos que aceptar que países como Venezuela o Corea del Norte son auténticas democracias liberales, pues ambas cuentan con elecciones periódicas por sufragio universal.

Desde luego, solo se explica que alguien pudiera sostener tal premisa si olvida que la democracia liberal no está definida por un único elemento, sino por la suma de varios.

El sufragio universal es una condición necesaria pero no suficiente para constituir un sistema democrático-liberal.

El sufragio universal es tan importante como la separación de poderes, el Estado de Derecho, la libertad de expresión, la libertad de creencia religiosa o la tutela judicial efectiva, entre tantos otros derechos fundamentales y libertades públicas.

A la suma de estos ―y otros― componentes es a lo que llamamos democracia liberal.

A la suma de estos elementos es a lo que muchos intentan asimilar la Segunda República.

Pues bien, ¿y si le dijera que, en realidad, la Segunda República no fue nunca una democracia?