LA IGNORANCIA PROGRAMADA

El auge de la industria tecnológica ha traído consigo un fenómeno que cada vez posee mayor protagonismo.

Hablamos de «obsolescencia programada» cuando un producto industrial o tecnológico es diseñado con una vida útil limitada.

Desde el momento en el que se produce, su tiempo de uso está sujeto a una fecha de caducidad con el objetivo de que los usuarios se vean obligados a acudir al mercado con mayor asiduidad para adquirir el último modelo de aquel artículo que ya poseían y que, sin embargo, ha dejado de funcionar.

En la forma de contar la historia sucede algo parecido: la obsolescencia programada del mercado de las tecnologías comparte dos aspectos clave con la ignorancia programada en la difusión del conocimiento.

Ambas buscan repercusión sobre el amplio espectro poblacional al que se dirigen y, para ello, ambas requieren de un programador.

¿Quién ha programado la ignorancia artificial sobre la forma en que se cuenta la historia en España?

¿Con qué finalidad? Esas son las preguntas que debemos responder.

El pasado 2025 se conmemoró el quincuagésimo aniversario de la muerte de Francisco Franco Bahamonde.

Como no podía ser de otra forma, nuestro Gobierno ―cuya estrategia política consiste en difundir el terror sobre la figura de un señor que murió hace más de cincuenta años― aprobó el Real Decreto 1/2025, de 7 de enero,

por el que se crea el Comisionado para la celebración de los 50 años de España en Libertad.

Conviene revisar el preámbulo de la norma para comprender mejor la finalidad del decreto. Dice así:

Con 50 años de España en Libertad se pretende celebrar la conquista de las libertades y la democracia que se inició con la Transición y la Constitución de 1978 y los grandes avances y transformaciones políticas y sociales experimentadas a lo largo de esas décadas que han convertido a nuestro país

en uno de los más avanzados del mundo.

Esta fecha simbólica refleja el gran cambio que supuso dejar atrás un país sin libertades ni derechos, de atraso, de represión física, moral y cultural, para comenzar a proyectar una España con libertades políticas plenas.

Formalmente, este Comisionado no supone más que un chiringuito político dependiente del ministerio de Ángel Víctor Torres al que se le destinó nada menos que 20 millones de euros para poner en marcha su agenda.

Materialmente, encierra un trasfondo más preocupante.

Piense en la imagen que pretende ser transmitida: si hace cincuenta años se abandonó la supresión de derechos, libertades, atraso y represión es porque, necesariamente, el régimen anterior a esos cincuenta años hacía gala de todas estas características.

En consecuencia, si el régimen anterior supuso un atraso, es porque el punto de partida del régimen previo fue superior.

Por definición, solo puede atrasarse aquello que previamente avanzó.

Por tanto, si el régimen que provocó tales atrasos fue el régimen de Franco, entonces no cabe duda de que la España prefranquista fue mucho más avanzada que la España que Franco quiso y pudo construir.

Este es el epicentro de todos estos proyectos de la desmemoria democrática.

Es el mantra que ha conseguido calar en la España del siglo XXI. ¿Quiere saber cómo?

Si ha prestado atención, notará que la respuesta ya nos la proporcionaba Gramsci al comienzo de este libro: educación y medios de comunicación.

En esta ocasión, la estrategia se traslada directamente al ámbito educativo mediante la presentación de una serie de programas dirigidos a estudiantes de Educación Secundaria y Bachillerato.

Bajo el título «Memoria y democracia en las aulas», esta iniciativa se integra en un calendario de actividades más amplio denominado «España en libertad».

El 7 de marzo de 2025, durante el acto de presentación, los ministros Ángel Víctor Torres y Sira Rego enfatizaron ante el alumnado la fortuna de vivir en una democracia,

aunque subrayaron que dicha situación requiere un conocimiento profundo de lo que calificaron como errores pretéritos para evitar su repetición.

El Gobierno aprovechó la plataforma para lanzar nuevos materiales didácticos, denominados «situaciones de aprendizaje», que pretenden profundizar en conceptos de derechos y libertades en la historia contemporánea de España para jóvenes de entre 15 y 18 años.

Estas herramientas, elaboradas por académicos universitarios, buscan contrarrestar versiones del pasado que, según el ejecutivo, circulan por las redes sociales con el fin de alterar el relato histórico.

Además de los materiales teóricos, el plan gubernamental incluye actividades de carácter más dinámico y participativo, como un concurso de podcast y la creación de diversas rutas históricas, entre las que destaca la denominada «Ruta del exilio».

Estas propuestas tienen como objetivo involucrar directamente a la juventud en la visión oficial de su memoria democrática.

Recuerde, solo aquellos que logren conquistar los medios de comunicación y la educación tendrán las herramientas para controlar el relato sobre el presente y, con él, forjar los cimientos del futuro.

Sin embargo, estas actividades no han sido las únicas que se han desarrollado con esta finalidad.

No solo se han introducido en las aulas, también lo han hecho en los medios de comunicación.

Héctor de Miguel ―más conocido como Quequé― y Marina Lobo, ambos trabajadores de Cadena SER, percibieron 18.148,79 euros por conducir un evento titulado «Conquistas del pasado, derechos del presente» que se celebró el 26 de abril de 2025.

Se organizó también un ciclo de mesas redondas para abordar la cuestión de la libertad de expresión de una forma tan peculiar como contradictoria.

Paradójicamente, los eventos que pretendían reivindicar la libertad de expresión invitaron únicamente a periodistas ―como Máximo Pradera, Miguel Ángel Aguilar o Juan Cruz― que compartían una misma visión de la historia y la política.

Las voces opuestas no tuvieron su correspondiente representación.

Esa es su libertad de expresión, la libertad para elegir entre pensar como yo, o quedar relegado al ostracismo.

Ahora bien, esto no es todo. La izquierda ha asumido ―tarde, pero lo ha hecho― que la batalla cultural del siglo XXI no solo se disputa a través de la toma de los medios generalistas.

Quizá por eso el 19 de mayo de 2025 conocíamos la noticia de que Moncloa había pagado 3146 euros al creador de contenido Alan Barroso para que publicara dos vídeos de un minuto y medio dándole continuidad a la propaganda antifranquista, esta vez en redes sociales.

Alan Barroso no es el único divulgador digital que ha recibido dinero para realizar esta labor.

El diario de Ignacio Escolar ―elDiario.es― , que sabemos que en 2023 recibió 548.000 euros de dinero público, inició en sus redes sociales a finales de 2025 una serie de vídeos titulados Faktos Franquistas en los que participan, entre otros,

personas como Mikel Herrán ―más conocido en redes sociales por el pseudónimo «Puto Mikel»― quien, casualmente, ejerce también como colaborador en El Intermedio.

Menor fue el caché de Josefina Mesa, otra creadora digital que recibió, en este caso, 1650 euros para presentar un acto con la rúbrica de «Educación, memoria y democracia en las aulas».

En el precio iba incluida la labor de publicar un objetivo e imparcial vídeo en sus redes sociales ―nóteseme la ironía― sobre el sistema educativo durante el franquismo.

Algo más generoso ―aunque sin llegar al tope máximo que marcó Alan Barroso― fue el dinero abonado a la activista por la causa feminista Carla Galeote.

La creadora de contenido estrella de Instagram y TikTok recibió 2400 euros para grabar un vídeo en el que nos intentaba convencer de que todavía no hemos superado plenamente como sociedad los roles de género que marcó el franquismo.

Sin embargo, de entre todos los artistas invitados a la gira del «Año de Franco», la persona que cobra el minuto más caro es la cantante Zahara, quien recibió nada menos que 16.940 euros por una actuación musical de cuatro minutos de duración12.

Todos estos eventos formaban parte de una agenda pensada, en principio, para tener un límite temporal.

Tal y como anunciaba el artículo 5 del real decreto, «tanto el Comisionado como la Oficina del Comisionado para la celebración de los 50 años de España en Libertad,

existirán con carácter temporal hasta que terminen las actuaciones relacionadas con los actos conmemorativos del 20 de noviembre de 2025».

En ese tiempo, se programaron 480 actividades financiadas con una partida presupuestaria inicial de 20 millones de euros.

Sin embargo, parece que nuestro Gobierno no se ha dado por satisfecho.

Toda propaganda es poca si todavía queda un 20 % de los jóvenes que hace una valoración positiva del régimen de Franco.

Por eso, el pasado 11 de marzo de 2026 ―casi cuatro meses después de la supuesta finalización del Comisionado― el Gobierno anunció que se destinarían 6 millones de euros más este año con el [des]propósito de que «la población joven aumente su conocimiento de la Guerra Civil,

la dictadura franquista y la promoción de la democracia».

¿Qué podemos concluir a partir de toda esta información?

Pues bien, siendo precavidos y absteniéndonos de emitir el más mínimo juicio de valor, podríamos afirmar que el que dice ser el «Gobierno más progresista de la historia», el Gobierno de Sánchez, ha sido de lejos el que más tiempo y dinero le ha dedicado a la figura de Franco.

No obstante, resulta un error quedarse en el titular sin abordar el trasfondo.

Igual o mayor importancia posee responder a las preguntas de cómo y para qué han iniciado este proyecto político.

Sobre la primera, hemos hablado largo y tendido: el cumplimiento a rajatabla de la tesis gramsciana.

Con respecto a la segunda, queda algo por añadir.

Es evidente que el afán de insuflar ingentes cantidades de dinero público obedece al fin de controlar el relato sobre el pasado para dominar el presente bajo la promesa de un futuro esperanzador.

Sin embargo, ¿lo han conseguido? Pues bien, temo decirle que la respuesta es que sí.