¿QUIÉN ESCRIBE LA HISTORIA? #2

Términos como «dictadura», «represión» o «libertad» han sido vaciados de su complejidad histórica para convertirse en etiquetas de control.

Se omite, por ejemplo, que la censura existió en ambos bandos y períodos, pero se magnifica solo una mientras se justifica la otra como «defensa de la República».

Esta es la paradoja: la censura solo es válida si es censura democrática.

Este sesgo no es casual; es el sustento necesario para un poder que necesita crear enemigos del pasado para justificar su inoperancia en el presente.

Por ello, volver a contar la historia tal como fue, con sus luces cegadoras y sus sombras profundas, es hoy el acto más revolucionario y necesario para salvar la unidad de una nación que no puede permitirse seguir viviendo en el espejo roto de sus propias mentiras.

Por ello, solo podremos profundizar en la anatomía de esta batalla por el relato si logramos desentrañar los mecanismos de omisión selectiva que operan en la historiografía oficial contemporánea.

La historia no solo se manipula mediante la mentira flagrante, sino, de forma más sutil y eficaz, a través del silencio impuesto sobre contextos que harían tambalear las conclusiones prefijadas por el legislador.

En este sentido, la Ley de Memoria Democrática actúa como un filtro óptico que solo permite el paso de ciertas frecuencias cromáticas del pasado, dejando en la absoluta oscuridad aquellas que dotarían de tridimensionalidad a la realidad.

Se nos presenta, por ejemplo, el estallido de 1936 como un rayo en un cielo sereno, un acto de barbarie gratuita y espontáneo contra un orden legal impecable, silenciando el proceso de deslegitimación institucional que sufrió la Segunda República desde su misma génesis.

Pareciera, de algún modo, que la historia del siglo XX español empezó súbitamente en julio de 1936, sin importar la infinidad de crímenes e irregularidades cometidos durante los años anteriores bajo el marco republicano.

Así, tras años de esfuerzo, los esbirros del 78 han conseguido que dejemos de hacernos preguntas tan necesarias como esclarecedoras: si la República fue un paraíso de libertades y el alzamiento un tiránico golpe de Estado, ¿por qué lo apoyaron 29 capitales de provincia?

¿Cómo puede entenderse el 18 de julio sin analizar el octubre de 1934?

¿Por qué para uno se emplea el imperativo absoluto de «golpe de Estado» mientras se endulza al otro bajo el eufemismo de «huelga revolucionaria»?

¿Cómo se puede explicar la reacción de media España sin mencionar que el propio presidente de las Cortes, Julián Besteiro, reconoció que la República había sido asaltada por las corrientes bolcheviques que buscaban la dictadura del proletariado y no la democracia liberal?

La manipulación reside en que la ley actual prohíbe, de facto, establecer estas relaciones de causalidad.

Al elevar la República a la categoría de dogma de fe democrático, deja de resultar conveniente hacer cualquier análisis sobre sus derivas totalitarias, sus fraudes electorales o el asesinato del líder de la oposición, José Calvo Sotelo.

Sin embargo, la historia no justifica, la historia explica.

Y lo que se intenta evitar a toda costa es que el español de hoy comprenda que el conflicto fue el resultado de un fracaso republicano donde la legalidad fue pisoteada mucho antes de que sonara el primer disparo en los cuarteles.

Esta labor de zapa sobre la verdad histórica alcanza su cota de mayor cinismo en el tratamiento de la posguerra.

Se ha construido un relato de «cuarenta años de desierto», una suerte de paréntesis de tinieblas donde nada constructivo sucedió.

Esta visión choca frontalmente con la realidad de los datos macroeconómicos y sociales que transformaron a una nación agraria y hambrienta en la novena potencia industrial del mundo.

Se silencia deliberadamente que fue durante ese período oscuro cuando se forjó la clase media española.

Se omite que el sistema de seguridad social, las vacaciones pagadas, las pagas extraordinarias y el acceso masivo a la vivienda en propiedad no fueron conquistas de la democracia, sino realidades consolidadas de un régimen que, en su pragmatismo social,

implementó políticas de bienestar que hoy la socialdemocracia apenas alcanza a gestionar.

Al ocultar estos hitos, la ingeniería social pretende que el ciudadano actual crea que todo lo bueno nació en 1978 y que, antes de eso, solo existía el hambre y el terror, despojando a millones de españoles del orgullo por el esfuerzo de sus padres y abuelos que levantaron la nación de sus cenizas.

La persecución del matiz ha llegado incluso al ámbito de la nomenclatura académica.

Se impone el uso de términos como «golpe de Estado» de forma unívoca, mientras se tacha de «sedición» o «rebelión» cualquier intento de resistencia, olvidando que en 1936 el Estado ya no garantizaba la vida ni la propiedad de la mitad de sus ciudadanos.

¿Es legítimo un Estado que permite la quema de bibliotecas, el asesinato de sacerdotes y el asalto a periódicos de la oposición?

Esta es la pregunta prohibida. El revisionismo crítico no busca blanquear la violencia ―que existió en ambos bandos―, sino devolver la dignidad al contexto.

La historia contada de forma sesgada produce una sociedad infantiloide, incapaz de comprender las tragedias de sus antepasados sin caer en el juicio moralista y superior de los que promueven odio desde la comodidad del sofá de su casa.

Al final, lo que está en juego en este campo de batalla no es solo el pasado, sino nuestra capacidad como nación para madurar.

Nuestra nación es el resultado de un proceso histórico y no el vago recuerdo de la sesgada memoria del BOE.