¿QUIÉN ESCRIBE LA HISTORIA?
No existe tragedia más profunda, ni cicatriz más difícil de desdibujar en el rostro de una nación que el desgarro de una guerra civil.
Es el instante agónico en que el hermano desconoce al hermano, cuando el hogar se convierte en trinchera y el suelo nutricio se anega con la sangre de quienes, bajo el mismo cielo, dejaron de hallar un verbo común.
Una contienda fratricida es el fracaso absoluto del espíritu, un abismo de sombras donde la piedad se extingue y el odio se hereda como una propiedad sombría.
España, en su largo caminar por los siglos, se asomó a ese precipicio con una crudeza que todavía hoy estremece los cimientos de nuestra memoria colectiva.
Sin embargo, la mayor afrenta que se le puede hacer a quienes sufrieron aquel horror no es solo la instrumentación política de su dolor, sino dejar su memoria relegada al olvido.
Siempre se ha dicho que los ganadores escriben la historia.
Pues bien, la realidad de nuestros tiempos lo corrobora, por contraintuitivo que resulte.
Podría parecernos que los vencedores del siglo XX fueron los herederos del alzamiento militar de julio de 1936 y que, por tanto, son ellos los encargados de escribir la historia que hoy conocemos.
Sin embargo, esta premisa esconde una trampa abismal.
La victoria del proceso histórico por el que atravesó España en el siglo XX no la alcanzaron ni Franco, ni Carrero Blanco, ni Arias Navarro.
La Ley de Memoria Histórica no la escribió Serrano Suñer.
La resignificación del Valle de los Caídos no fue el resultado del Plan de Estabilización de 1959.
Los impulsores de la propaganda woke no son los tecnócratas de los años sesenta.
Lejos de todo ello, el relato que ha conseguido convertirnos a los españoles en enemigos entre nosotros mismos es el resultado directo de la suma entre la cobardía y el odio de los dos grandes vencedores del nuevo régimen.
Los encargados de escribir la historia no son otros que los verdaderos ganadores de todo este proceso histórico: los aduladores del Régimen del 78.
Esta voluntad de convertir el pasado en un ariete de asedio se manifiesta hoy a través de un andamiaje legal que ha desplazado a la Historia ―disciplina que exige rigor, contraste de fuentes y distancia crítica― por la denominada «Memoria Democrática».
El cambio terminológico no es un mero capricho semántico; es un movimiento tectónico en la concepción de la verdad.
Mientras la historia pertenece a los investigadores y se somete al escrutinio del dato, la memoria es un territorio subjetivo, emocional y, por tanto, infinitamente moldeable por el poder político.
La actual Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, establece en su exposición de motivos una declaración de intenciones que debería alarmar a cualquier espíritu libre: el Estado se arroga la potestad de establecer una «verdad oficial» bajo el pretexto de una supuesta reparación moral.
En su artículo 1, la ley afirma taxativamente que su objeto es la preservación de una memoria que «contribuya a asentar los valores democráticos».
Sus pretensiones son claras. El popular mantra que proclama «dato mata relato» ha perdido el más mínimo sentido en la era de la posverdad.
No importa que la verdad no sea contada.
No importa que la legislación histórica haya enterrado en el olvido a quienes considera que no merecen ser recordados.
No importa la realidad de los hechos al lado del color de la camisa.
Todo ello queda desplazado en pro de la nueva misión: construir una sociedad fundada en los «sacrosantos valores democráticos», sin importar qué narices signifique.
Esto lo que implica es, por una inversión lógica demoledora, que cualquier dato histórico, documento o estadística que no sea funcional a los intereses ideológicos del legislador actual puede ser legalmente omitido, estigmatizado o incluso perseguido bajo la etiqueta de «revisionismo negacionista».
El afán manipulador se hace explícito cuando observamos cómo la ley define quiénes son las víctimas y quiénes los verdugos, estableciendo una jerarquía moral del sufrimiento que rompe un principio fundamental que nadie debería pasar por alto:
la distancia a la que nos separa la ideología no puede ser mayor que el destino sobre el que nos une la patria.
Si algo tenemos en común los españoles es tanto nuestro arraigo hacia la misma tierra como la igualdad ante nuestro inevitable destino, la muerte.
Todo aquello que pretenda establecer jerarquías en cuanto a estas categorías no será más que un elemento divisor cuyo único fin es sembrar el odio entre hermanos.
La izquierda ha introducido esas categorías en el terreno de la memoria; pareciera que lo que quieren decirnos es que las muertes de unos pesan más que las de otros y que, peor aún, para discernir cuáles merecen ocupar un lugar en nuestra memoria democrática,
solo hay que mirar el color de una bandera.
Este maniqueísmo absurdo en el que hemos caído beneficia exclusivamente a quienes pretenden que las diferencias pesen más que la indisoluble unidad de la nación, tanto física como espiritual.
Al analizar el texto legal ―que, en realidad, sería mucho más preciso si se hiciera llamar «desmemoria democrática»―, leemos que se busca el reconocimiento de quienes padecieron persecución por su «opción política, ideológica, conciencia o creencia religiosa»,
pero inmediatamente se acotan tanto el bando, como el marco temporal para reivindicar a los perseguidos.
De esta manera se logra excluir, de facto, a las decenas de miles de españoles asesinados en las checas, en los paseos nocturnos de las milicias o en las matanzas sistemáticas de religiosos fruto del anticlericalismo salvaje con el que predicó el Terror Rojo durante el período republicano.
La manipulación reside en el adjetivo: se crea una «memoria» que no es colectiva, sino facciosa.
Cuando la ley habla del «deber de memoria democrática», no se refiere al deber de conocer la verdad completa, sino al deber de aceptar un relato único donde el período de 1931 a 1936 es presentado como una arcadia de libertades y derechos interrumpida por un súbito mal absoluto.
Esta idea de la «[des]memoria democrática» no es solo peligrosa por lo que muestra, sino también por lo que calla: ¿quién decide cuál es el «deber de memoria democrática»?
Lo primero que debería ser señalado es que, tanto «democracia» como el resto de palabras con las que comparte familia léxica, son elementos que no significan nada por sí mismos si no son mínimamente desarrollados.
El concepto de «democracia» no supone un término definido ni homogéneo.
Todos creemos saber a qué nos referimos cuando hablamos de democracia, hasta que matizamos su definición.
¿Vivimos hoy, en España, en un verdadero sistema democrático?
¿Toda forma de democracia ―parlamentaria, directa, formal, orgánica, representativa, presidencialista, semipresidencialista― es igualmente válida?
Son debates que siguen abiertos. Pero, es más, incluso aunque estuviéramos de acuerdo en la enumeración de los rasgos generales que deben caracterizar a un sistema democrático, podríamos diferir en uno de sus términos.
Algún lector podrá pensar, con buen criterio, que la libertad es uno de esos valores democráticos.
Y yo podría estar de acuerdo, pero incluso estándolo, sería también posible discrepar en el significado del que cada uno dotamos al concepto de libertad.
Por tanto, si democracia no es un término homogéneo ni definido, sino heterogéneo e indefinido, la cuestión es la siguiente: ¿cuáles son esos «valores democráticos» que deben ser preservados? ¿Quién ha decidido que sea esto así?
Aquí se encuadra la peligrosa convergencia entre el poder legislativo y la industria cultural.
La historia ya no se enseña en las aulas a través del análisis de los planes de desarrollo, el crecimiento de la clase media o la evolución de los índices de alfabetización; se enseña a través de la narrativa del agravio.
Se nos ha contado el siglo XX español mediante una técnica de cancelación retrospectiva.
Se reivindica a figuras cuya trayectoria estuvo marcada por la violencia revolucionaria ―véase la exaltación de personajes vinculados al golpe de octubre de 1934― mientras se condena al ostracismo a intelectuales y científicos que, independientemente de su valía artística o técnica,
no encajan en el molde del «buen demócrata» definido por la ley de 2022.
Esta manipulación tiene un propósito claro: la creación de una identidad nacional basada en el más absurdo fundamentalismo democrático.
La consecuencia de esta visión sesgada es la amputación de la conciencia crítica.
Al joven español de hoy se le oculta que durante décadas se solidificaron los cimientos de la seguridad social que hoy utiliza, que se construyeron las casas en las que hoy vive y que se produjo un milagro económico que sacó a millones de la miseria,
simplemente porque reconocer esos logros podría llevarnos a todos a desconfiar del relato oficial que se ha impuesto sobre la historia del siglo XX.
El sistema prefiere una historia de «trinchera contra trinchera» porque el ciudadano que vive en el odio es más fácil de dirigir que aquel que predica el verbo de la unidad por encima de la división.
Nuestro objetivo no será realizar una apología ciega, sino restaurar la justicia del dato frente a la tiranía del sentimiento legislado.
Es un ejercicio de honestidad; rescatar los documentos que las comisiones de la verdad quieren quemar y dar voz a esos silencios que, aunque no encajen en los ODS o en las agendas globales, son los que realmente explican por qué somos como somos.
Si la historia se ha convertido en un campo de batalla, nuestra única arma es el rigor de los hechos frente al poder institucional del relato que nace en los despachos de los comisarios de la verdad.
Ahora bien, tampoco hemos de ser injustos con los propagandistas del Régimen del 78, pues conseguir que toda una nación crea ciegamente en los mismos dogmas no es una tarea sencilla.
Para ello, es esencial entender que el control del lenguaje es la herramienta definitiva para la manipulación.