CAPÍTULO 17 — La grieta alemana #3

—¿Dónde tienes el teléfono móvil y las tarjetas de acceso?

—En la caja fuerte empotrada de mi despacho, junto al libro de guardia. No llevo nada encima salvo las llaves del coche y mi libreta de notas personales.

—Baja por la escalera de incendios del ala norte, la que desemboca en el muelle de carga de mercancías junto al muro de contención del río Urumea. Hay una terraza exterior de mantenimiento que queda fuera del alcance de las cámaras de seguridad del perímetro. Nadie baja allí con este temporal.

—Cinco minutos —dijo ella, y colgó el auricular con un chasquido firme.

Mathieu desconectó su sesión de trabajo en la terminal de Eurojust retirando la tarjeta criptográfica con chip de seguridad.

Desenchufó el cable de red de la consola SIENA, guardó los folios del Auswärtiges Amt en el bolsillo interior de su gabardina y se colocó la bufanda de lana oscura alrededor del cuello para proteger la cicatriz de la clavícula de la humedad helada del exterior.

Cruzó el pasillo de la quinta planta con paso tranquilo y pausado, sin mirar a los secretarios judiciales y oficiales de sala que cruzaban apresurados el vestíbulo cargados con carretillas de expedientes de papel con cubiertas de cartón marrón.

En la entrada de los juzgados de guardia, en la planta baja, una decena de personas aguardaba en los bancos de madera bajo la vigilancia de dos patrullas de la Ertzaintza: abogados de oficio repasando minutas, familiares de detenidos con la mirada perdida y peritos judiciales con maletines de piel desgastada.

La justicia cotidiana continuaba su curso mecánico y desapasionado, ajena al pulso subterráneo que amenazaba con dinamitar los cimientos del régimen foral.

Mathieu abrió la pesada puerta cortafuegos de la salida de emergencia norte y comenzó a descender los tramos de escaleras de hormigón armado.

A medida que bajaba hacia el nivel del río, el calor sofocante de la calefacción central del edificio fue cediendo ante una corriente de aire gélido que silbaba a través de las rendijas de ventilación.

En el último rellano empujó la barra antipánico de la puerta de servicio.

El pestillo cedió con un chasquido sordo y el vendaval del Cantábrico lo golpeó de lleno en el pecho, impregnándole la ropa con una pulverización helada de agua salada y lluvia dulce que bajaba crecida desde los montes de Goizueta.

♦ ♦ ♦

Ainara Zubiaga ya se encontraba en el extremo de la terraza de hormigón, resguardada a medias bajo el alero de chapa galvanizada que protegía los generadores de emergencia del palacio de justicia.

Llevaba su abrigo de paño gris marengo con las solapas subidas y las manos profundamente hundidas en los bolsillos.

El cabello castaño, recogido en una coleta baja, se escapaba en mechones rebeldes que el viento azotaba contra sus mejillas pálidas.

Al escuchar el crujido de las botas de Mathieu sobre las rejillas metálicas de desagüe, Ainara no se giró de inmediato.

Mantenía la mirada fija en las aguas revueltas del Urumea, que bajaban de color chocolate debido al arrastre de tierras de las laderas pirenaicas y chocaban contra las pilastras de piedra sillar del puente de Santa Catalina antes de perderse en el oleaje embravecido del mar abierto.

—El oficio de Madrid es una orden perentoria, Mathieu —dijo en cuanto el inspector se detuvo a su lado, a menos de medio metro, interponiendo su cuerpo corpulento entre ella y la ventisca que soplaba desde la bocana de la ría—.

Nos conceden un plazo improrrogable de veinticuatro horas para formular alegaciones antes de que la Fiscalía General resuelva el conflicto positivo de competencia y decrete la remisión íntegra de la causa a la Audiencia Nacional.

El fiscal jefe de Gipuzkoa ha recibido una llamada directa del despacho del fiscal general advirtiéndole de que si intentamos dilatar el trámite o planteamos una cuestión de competencia negativa ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la Inspección Fiscal abrirá de oficio un expediente sancionador contra mí por infracción muy grave de los deberes de obediencia jerárquica.

Mathieu extrajo del bolsillo interior de su gabardina el documento sellado de la embajada alemana, protegiéndolo con el cuerpo para evitar que las gotas de agua emborronaran la tinta negra de los párrafos periciales.

—Léelo tú misma, Ainara. Esto no es una simple instrucción disciplinaria del Ministerio de Justicia. Es una operación de política exterior coordinada entre Berlín y la Comisión Europea.

Ainara tomó los folios con dedos enguantados en piel negra.

Sus ojos oscuros, habituados a diseccionar balances societarios y entramados de ingeniería fiscal transfronteriza, recorrieron las líneas mecanografiadas con una rapidez implacable.

Su respiración, visible como un vaho blanco en el aire gélido de la mañana, se fue acompasando al ritmo de su indignación jurídica.

—Es una aberración dogmática —dijo, señalando con la uña del pulgar el párrafo sobre la libre circulación de capitales—.

Utilizan el artículo sesenta y tres del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea como patente de corso para sustraer a una sociedad instrumental luxemburguesa de la persecución penal por homicidio y sabotaje industrial.

Pero lo más perverso es la argumentación del folio quinto.

Mira esto, Mathieu: sostienen que la existencia de normas fiscales forales diferenciadas en los Territorios Históricos del País Vasco constituye una «asimetría regulatoria intolerable» que distorsiona la competencia leal y perjudica a los acreedores corporativos extranjeros.

Mathieu asintió lentamente, con la mirada fija en el horizonte borrascoso donde los cubos de Moneo del Kursaal recortaban sus siluetas de vidrio sobre la espuma blanca de la Zurriola.

—Esa es la grieta alemana, Ainara. Durante las últimas catorce horas he estado analizando las notas técnicas de Patricia Hagen recuperadas de los servidores de Eurojust. Llevaba meses sin comprender por qué Viktor Sorokin, un oligarca pragmático que ha construido su fortuna en el comercio opaco de metales estratégicos desde Dubái, se arriesgaba a una investigación penal en España comprando deuda secundaria de una fundición cooperativa en el valle del Deba.

Para un fondo buitre ordinario, los cuarenta millones de euros en pagarés de Fagor Ederlan son calderilla; no justifican el despliegue de sicarios chipriotas, ni el soborno a jefes de compras en Bergara, ni mucho menos el asesinato premeditado de un ingeniero jefe de procesos en un horno de fundición.

Ainara levantó la mirada del papel y clavó sus ojos en los de Mathieu. Había en su semblante una tensión lúcida, la chispa de quien acaba de ver la figura completa detrás del rompecabezas.

—Sorokin no actuaba por el margen de beneficio de los pagarés —murmuró ella, con una voz que el rugido del viento apenas lograba apagar—. Los cuarenta millones eran el cebo.

—Exactamente —confirmó Mathieu con frialdad—.

Sorokin compró la deuda a través de Atalante Capital siguiendo instrucciones directas de la red de influencias de Hagen en Bruselas.

El plan maestro de la Dirección General de Competencia y de los sectores más recentralizadores del Ministerio de Finanzas en Berlín nunca fue cobrar esos pagarés al vencimiento.

El objetivo era provocar el colapso financiero instantáneo de Fagor Ederlan mediante la combinación del estrangulamiento de suministros con chatarra contaminada y la exigencia del pago inmediato de la deuda en los juzgados mercantiles de Luxemburgo.

—Si Ederlan caía —continuó Ainara, siguiendo la secuencia lógica con precisión matemática—, la cooperativa no se limitaba a suspender pagos.

Fagor Ederlan factura más de seiscientos millones de euros anuales y sostiene tres plantas de fundición en Eskoriatza, Arrasate y Usurbil, además de la planta de mecanizado de Borja.

Arrastraba consigo a las treinta pequeñas y medianas empresas auxiliares de matricería, mecanizado de precisión y estampación en frío del valle del Alto Deba que operan bajo el principio de intercooperación de la Ley 11/2019 de Cooperativas de Euskadi.

Dejaba en la calle a más de dos mil trabajadores socios de la noche a la mañana, en pleno mes de noviembre, y provocaba una fuga masiva de depósitos en las sucursales de Laboral Kutxa en Gipuzkoa y Bizkaia.

—Y ante una catástrofe social y económica de esa envergadura —añadió Mathieu, remarcando cada palabra con un peso abrumador—, el Gobierno Vasco de Lakua y las tres Diputaciones Forales no tenían ninguna opción política viable que no fuera la intervención urgente de salvamento.

Habrían tenido que movilizar cientos de millones de euros de los fondos de contingencia forales, articulando créditos participativos extraordinarios, subsidios directos a fondo perdido y avales públicos mancomunados para evitar el cierre definitivo de las fundiciones.

—Y en el mismo segundo en que el Consejo de Gobierno de Lakua firmase el decreto de rescate en Vitoria —sentenció Ainara, apretando los dientes con furia—, la Dirección General de Competencia de Patricia Hagen en Bruselas activaba el mecanismo sancionador de los los preceptos 107 y 108 de la normativa europea sobre ayudas de Estado.

—Lo tenían todo preparado —dijo Mathieu—.

Hagen habría declarado el rescate público vasco como una «ayuda de Estado manifiestamente ilegal e incompatible con el mercado común».

La Comisión Europea habría emitido una orden de recuperación inmediata de las cantidades aportadas bajo amenaza de sanciones coercitivas diarias de millones de euros contra el Reino de España.

Y en ese escenario de pánico regulatorio, el argumento definitivo de Berlín y de Madrid caía por su propio peso: culpar al Concierto Económico.