CAPÍTULO 16 — El interrogatorio del acero

A las ocho y cuarenta y cinco de la mañana del martes, una lluvia persistente y fría azotaba las cristaleras de doble acristalamiento del Palacio de Justicia de San Sebastián, situado en la Plaza Teresa de Calcuta, en el barrio de Egia.

Al otro lado de los ventanales, el cauce terroso del río Urumea descendía crecido hacia los puentes de María Cristina y Santa Catalina, arrastrando ramas desgajadas y sedimentos de las laderas de Astigarraga bajo un cielo gris acero que parecía posarse sobre los tejados de Donostia.

Ainara Zubiaga caminaba por el pasillo enmoquetado de la segunda planta con la toga negra de letrada del Ministerio Fiscal terciada sobre el hombro izquierdo.

Vestía un traje de lana sobrio de color carbón, blusa blanca de popelín y el pelo recogido en un moño bajo impecable que acentuaba la tensión analítica de su perfil.

Bajo el brazo derecho sostenía tres carpetas clasificadoras de tafilete negro con cierres de goma reforzada: el sumario completo de las diligencias previas doscientos catorce barra veinticinco instruidas por el Juzgado de Instrucción número uno de Bergara, remitidas a Donostia para la práctica de la comparecencia de medidas cautelares personales por conexidad territorial.

En la antesala de la Sala de Vistas Blindada número tres, dos agentes uniformados de la unidad de seguridad judicial de la Ertzaintza custodiaban la puerta acorazada con las defensas reglamentarias cruzadas en el cinturón.

A pocos metros, sentado en un banco de madera con los codos apoyados en las rodillas y un café humeante en la mano, aguardaba Mathieu Etcheverry.

El agente de la OLAF vestía una camisa de franela oscura, abrigo tres cuartos de lana azul marina y una muñequera médica de neopreno que protegía la quemadura de segundo grado sufrida cuarenta y ocho horas antes en el sótano técnico de Miraconcha.

Sus ojos grises, atentos a cada movimiento del corredor, se iluminaron con una complicidad serena al ver aproximarse a la fiscal.

—Deschamps ha pasado dos noches en los calabozos de la comisaría del Antiguo —le informó Mathieu en un susurro grave, poniéndose en pie y acortando la distancia con Ainara—.

La Policía Judicial le requisó dos teléfonos satelitales Iridium, tres pasaportes diplomáticos de conveniencia emitidos por Vanuatu y Chipre y una tarjeta de embarque para un vuelo privado de NetJets con salida desde Biarritz hacia Ginebra programado para el domingo a las cuatro de la tarde.

El letrado Valenzuela y dos penalistas de su despacho en Madrid han estado turnándose para exigir su puesta en libertad inmediata, alegando vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por la entrada y registro en el palacete.

Ainara ajustó las carpetas bajo el brazo con un gesto seco y resolutivo:

—El mandamiento judicial de Bergara estaba motivado con una exhaustividad quirúrgica, Mathieu.

Los artículos quinientos cuarenta y cinco y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal amparan el aseguramiento urgente de pruebas electrónicas ante riesgo inminente de destrucción mediante artefactos pirotécnicos o pulsos electromagnéticos.

Y hoy no vamos a discutir sobre formalismos mercantiles de sociedades pantalla en Caimán.

Hoy vamos a sentar a Sylvain Deschamps frente al crisol de la verdad penal.

Las puertas batientes de la sala de vistas se abrieron con un chirrido amortiguado. El oficial de sala, un funcionario veterano de semblante solemne, asomó la cabeza:

—Comisión judicial, defensas y Ministerio Fiscal: pasen a sala para la audiencia del artículo quinientos cinco.

Al cruzar el umbral del recinto acristalado, el ambiente era gélido y austero.

La sala, equipada con pantallas de alta definición para videoconferencias forenses y micrófonos de cuello de cisne en cada estrado, estaba presidida por el magistrado juez de instrucción de guardia, don Alberto Mendiguren, un jurista de sesenta y dos años con gafas de lectura y mirada severa.

En el banquillo de los acusados, flanqueado por dos agentes forales de custodia penitenciaria, permanecía sentado Sylvain Deschamps.

El financiero francés ofrecía un aspecto radicalmente distinto al del arrogante consejero delegado que dos días antes había irrumpido en el auditorio de Mondragón.

Su traje a medida de Savile Row estaba arrugado y manchado por el roce de los bancos de cemento del calabozo; la camisa de cuello italiano carecía de corbata ni gemelos de platino, y la sombra de una barba rubia descuidada de tres días le ensombrecía las mejillas demacradas.

Sin embargo, su mirada azul conservaba todavía ese fulgor gélido y desafiante de quien confía en que los resortes del poder diplomático y económico acabarán desactivando cualquier intento de enjuiciamiento penal.

El pasillo de la Audiencia Provincial olía a linóleo encerado, a café de máquina expendedora y a ese silencio denso característico de las sedes judiciales donde se deciden las prisiones preventivas de la delincuencia económica compleja.

En los bancos corridos de madera, dos abogados del turno de oficio repasaban autos de faltas mientras una pareja de agentes de la policía judicial foral revisaba los chalecos balísticos antes de iniciar una custodia de traslado.

Ainara se detuvo un instante frente a los ventanales que dominaban la desembocadura del río Urumea.

El puente de Zurriola, con sus farolas de estilo art déco azotadas por la galerna marina, parecía resistir el embate de las olas con la misma sobriedad con la que la judicatura foral enfrentaba las interferencias de los grandes bufetes de Madrid.

Recordó las palabras que su preparador de oposiciones a la carrera fiscal le repetía en los años de estudio en Deusto: «La ley penal es un instrumento ciego; no distingue entre el ladrón que fuerza la cerradura de un comercio en el Casco Viejo y el gestor fiduciario que firma un pagaré falso en un club financiero de Zúrich.

Si el fiscal titubea ante el traje a medida o la influencia política del banquillo, el Estado de Derecho se convierte en una farsa para débiles».

Mathieu observó cómo los dedos de Ainara se cerraban sobre el lomo de cuero de las carpetas judiciales con una firmeza que no admitía dudas:

—El juez Mendiguren es un magistrado de la vieja escuela, Ainara —le recordó el inspector de la OLAF mientras cruzaban el control de seguridad interno—.

Fue de los primeros jueces de instrucción que procesó a las redes de evasión fiscal que operaban en las aduanas de Irún en los años noventa.

No se dejará intimidar por la retórica corporativa de Valenzuela ni por las amenazas veladas sobre el derecho mercantil europeo.

Pero necesitas que la prueba de espectrometría de masas entre en sala con una contundencia milimétrica.

Si la defensa logra sembrar una mínima duda sobre la cadena de custodia química de los restos de Eskoriatza, intentarán dilatar la comparecencia y solicitar la libertad provisional bajo fianza antes del mediodía.

—No habrá fisuras en la cadena de custodia, Mathieu —respondió ella con paso firme hacia la sala acristalada—.

El atestado de la Ertzaintza ha documentado cada precinto, cada toma de muestra y cada transferencia de los hisopos al Instituto Nacional de Toxicología bajo fe judicial.

No estamos aquí para negociar un acuerdo de conformidad; estamos aquí para asegurar que el asesinato de Xabier Beloki no quede impune bajo una montaña de recursos mercantiles.

Ainara se detuvo ante el arco de seguridad de la sala tres mientras el agente de la policía foral verificaba su tarjeta de identidad profesional mediante el lector de radiofrecuencia.

El Palacio de Justicia de San Sebastián, con su sobria estructura de hormigón abujardado, paneles de vidrio tintado y pilares de sillería arenisca que evocaban la tradición cantera de los montes Ulia e Igeldo, representaba el corazón procesal de la provincia de Gipuzkoa.

Por aquellos pasillos habían transitado los sumarios más oscuros de las últimas décadas: desde las tramas de contrabando de tabaco y divisas en la frontera de Irún hasta las causas complejas por corrupción urbanística en la costa cantábrica.

Pero ninguna de aquellas investigaciones había alcanzado la envergadura geopolítica y la violencia sofisticada del expediente que ahora descansaba en sus brazos.

—Valenzuela ha traído consigo a dos peritos mercantiles de un gabinete de auditoría de Fráncfort —añadió Mathieu mientras acompañaba a Ainara hacia la puerta de estrados—.

Su estrategia inicial consistirá en plantear una cuestión prejudicial de competencia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea bajo el artículo doscientos sesenta y siete del Tratado de Funcionamiento, pretendiendo que la ejecución de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija goza de primacía sobre cualquier medida cautelar penal de ámbito autonómico o provincial.

Intentarán convencer al magistrado de que la paralización de los pagarés acordada en Arrasate distorsiona el mercado interior de capitales y vulnera las directivas de crédito transfronterizo.

Ainara esbozó una media sonrisa donde no había rastro de calidez, sino la fría concentración de quien ha memorizado cada resquicio de la jurisprudencia del Tribunal Supremo: