CAPÍTULO 15 — La incautación de Donostia

A las once y veinticinco de la mañana del domingo, una llovizna salina barría las aguas mansas de la bahía de la Concha, empañando las barandillas modernistas de piedra y fundición blanca que bordeaban el Paseo de Miraconcha en Donostia.

El Cantábrico, de una tonalidad verdosa y plomiza bajo las nubes bajas que bajaban del monte Igeldo, rompía con un rumor sordo contra las rocas del Pico del Loro, proyectando una neblina de agua pulverizada que se mezclaba con el olor a salitre, a asfalto empapado y a los jardines de hortensias hibernadas de las grandes villas señoriales de la Belle Époque.

Frente al número veintiocho del paseo, resguardado tras una cancela monumental de hierro forjado y un muro de contención de arenisca de dos metros y medio de altura coronado por hiedra oscura, se alzaba el palacete que albergaba la delegación operativa de Atalante Capital Partners en el norte de España.

La mansión, construida a principios del siglo veinte como residencia estival de una acaudalada familia naviera vizcaína y reformada recientemente con carpintería exterior de aluminio anodizado y cristales blindados de seguridad con filtro reflectante de espejo, permanecía en un silencio impenetrable.

Ningún letrero corporativo delataba la actividad que se desarrollaba tras los muros de sillería; solo una pequeña placa de latón bruñido junto al interfono electrónico consignaba en tipografía helvética minúscula la denominación fiduciaria de una sociedad instrumental de gestión patrimonial: Miraconcha Gestión de Activos S.L.

En el interior de una furgoneta isotérmica camuflada perteneciente a una empresa de suministros hosteleros, estacionada a escasos cuarenta metros de la cancela en una curva cerrada del paseo, Mathieu Etcheverry verificaba los parámetros de sincronización del dispositivo judicial.

Vestía una chaqueta técnica de asalto impermeable de color azul noche, chaleco táctico ligero con la leyenda reflectante de Eurojust y guantes de neopreno reforzados con kevlar en las palmas.

A su lado, el subinspector de la Policía Judicial de la Ertzaintza Iñaki Larrea, un veterano de la unidad de delitos económicos de cuarenta y cuatro años curtido en registros de sedes fiduciarias en la costa vasca, sostenía en la mano derecha el mandamiento judicial expedido por el Juzgado de Instrucción número uno de Bergara.

Mathieu apretó las mandíbulas, sintiendo el tirón muscular en el hombro izquierdo todavía vendado, pero su mente estaba fría y concentrada como un bloque de hielo:

—Deschamps no viene a coordinar una defensa legal, Iñaki.

Sabe que la providencia penal de Bergara ha inutilizado los pagarés mercantiles y que el auto judicial lo sitúa como presunto autor de un delito de estafa procesal y homicidio corporativo.

Viene a destruir las evidencias antes de cruzar la frontera hacia Biarritz o tomar un vuelo privado desde el aeropuerto de Hondarribia.

Los servidores centrales de Atalante en este palacete contienen los contratos fiduciarios suscritos con Viktor Sorokin en Dubái, los justificantes de pago a los sicarios de Arantzazu y los registros telemáticos de los sobornos a Imanol Zubizarreta.

Si permitimos que borren esos discos duros, la instrucción penal se quedará sin el esqueleto probatorio digital. Tenemos que entrar ya.

Larrea ajustó el espejo retrovisor de la furgoneta para vigilar el tramo de curva que desembocaba en el túnel del Antiguo:

—Los palacetes de Miraconcha han visto pasar muchas fortunas turbias a lo largo del último siglo, Mathieu —comentó el veterano policía foral mientras revisaba los precintos de las esposas metálicas en su cinturón táctico—.

En los años veinte eran navieros que se enriquecieron con el flete del carbón durante la Gran Guerra; en los setenta, intermediarios que cobraban comisiones por deslocalizar la siderurgia vasca hacia el Mediterráneo; y ahora son estos fondos fiduciarios con filiales en Luxemburgo y las Islas Caimán que operan con un despacho fantasma de tres empleados y un servidor en el sótano para esquivar el pago del impuesto de sociedades en las haciendas forales.

Se creen intocables porque contratan a los letrados más caros de la Castellana y amenazan con querellas por prevaricación a cualquier inspector de la Agencia Tributaria que ose pedirles el libro diario de operaciones.

Mathieu asintió con una mirada sombría mientras ajustaba el velcro de la muñequera que protegía su articulación dolorida:

—Se creen intocables porque los Estados han construido un laberinto normativo donde el dinero digital viaja a la velocidad de la luz mientras la cooperación judicial se mueve al ritmo de los exhortos en papel sellado.

Cuando la Fiscalía de París o la OLAF en Bruselas quieren bloquear una cuenta sospechosa en Ginebra o en Nicosia, los testaferros ya han transferido los fondos a un fideicomiso en Singapur o a una sociedad opaca en Delaware.

Por eso este registro es vital, Iñaki. Si intervenimos los discos duros originales antes de que los formateen o los desmagneticen, no necesitaremos rogar comisiones rogatorias internacionales durante tres años.

Tendremos la firma criptográfica de cada transferencia en nuestras manos.

El auto del juez Fernando Irazábal está amparado no solo en el artículo quinientos cuarenta y cinco de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sino en el Reglamento comunitario dos mil dieciocho barra mil ochocientos cinco sobre el reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y decomiso en la Unión Europea.

La orden tiene fuerza ejecutiva directa en toda la red bancaria del Eurosistema.

Larrea asintió con gravedad y pulsó el conmutador del intercomunicador táctico que lo conectaba con los tres furgones de intervención rápida de la Ertzaintza apostados en la calle paralela:

—Atención a todas las unidades operativas: código rojo activado.

Mandamiento de entrada y registro judicial inmediato bajo el artículo quinientos cuarenta y cinco de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Unidad de ariete al portalón principal; equipo de escalo perimetral a los jardines traseros. Vamos adentro.

Las puertas correderas de la furgoneta se abrieron de golpe.

Mathieu y Larrea descendieron sobre el asfalto mojado mientras doce agentes uniformados de la Ertzaintza con cascos de asalto, chalecos antibalas de nivel cuatro y defensas reglamentarias cortaban el tráfico en ambos sentidos del Paseo de Miraconcha con señales luminosas de emergencia.

Dos agentes de la brigada de intervención rápida alcanzaron la verja de hierro forjado y accionaron la cizalla hidráulica portátil sobre la cadena acerada del cerrojo.

El eslabón saltó con un chasquido metálico ensordecedor.

Los policías empujaron las hojas de la verja y cruzaron el jardín de grava a paso de carrera, cubriendo los ángulos ciegos entre los laureles ornamentales y la fuente de mármol apagada hasta plantarse ante el porche principal de sillería.

Larrea pulsó el timbre de la puerta blindada y alzó la credencial oficial ante la cámara del videoportero:

—¡Ertzaintza! ¡Policía Judicial! ¡Abran la puerta en cumplimiento de una orden judicial de entrada y registro!

Dentro de la vivienda no hubo respuesta humana; solo el zumbido distante de un compresor industrial que operaba en los sótanos y el parpadeo de una luz roja sobre el marco superior de la entrada, indicativo de que el sistema de seguridad telemática acababa de detectar la intrusión y activaba los protocolos de bloqueo perimetral.

—Se niegan a abrir voluntariamente —sentenció Larrea haciendo una seña al equipo de asalto táctico—. Ariete pesado. Abatid la hoja.

Dos agentes corpulentos avanzaron con un ariete de acero templado de treinta y cinco kilos.

Al compás del grito de conteo del cabo primero, balancearon la maza y golpearon con toda la fuerza cinética de sus cuerpos contra la cerradura multipunto de la puerta acorazada.

El impacto retumbó en la fachada como un cañonazo.

Al segundo golpe, el marco de madera maciza se astilló con un crujido desgarrador y los tres cerrojos de acero al manganeso cedieron hacia dentro, abriendo una brecha humeante hacia el vestíbulo señorial del palacete.

El vestíbulo principal del palacete de Miraconcha estaba revestido de mármol de Carrara blanco veteado en gris y molduras de escayola de estilo neoclásico.

Sobre una consola de caoba descansaban folletos promocionales de fondos de titulización inmobiliaria y una maqueta arquitectónica de una torre de oficinas en Ginebra.

El aire de la estancia olía a ambientador de madera de cedro, a cuero caro y a una corriente de ozono frío que ascendía desde la escalera de caracol de servicio que comunicaba con el nivel subterráneo.

En la planta principal, tres administrativos y una secretaria de recepción permanecían paralizados con las manos alzadas ante la irrupción de los agentes de la policía foral, que aseguraban el perímetro apuntando con sus armas reglamentarias hacia los accesos laterales:

—¡Al suelo todo el mundo! ¡Manos a la vista! ¡Nadie toque un solo teclado ni descuelgue un teléfono! —bramó el sargento al mando de la unidad mientras dos agentes procedían a engrilletar preventivamente a los empleados fiduciarios con bridas plásticas numeradas.