CAPÍTULO 12 — El pacto de la sidrería #3

—Me refiero a algo mucho más ambicioso y definitivo, Amets —respondió la fiscal mirando a los seis representantes de los talleres con una intensidad luminosa—.

Me refiero a activar la soberanía asamblearia que la ley foral os reconoce desde hace más de cuarenta años.

En este libro está la herramienta jurídica que Deschamps y Sorokin no previeron en sus modelos matemáticos de liquidación.

Gorka Atxaga apoyó los codos sobre la mesa de roble, mirando las tablas de la emisión del CLO que Mathieu había desplegado junto a los balances de Fagor Ederlan:

—Para que todos entendamos el mecanismo criminal, Mathieu: ¿cómo pretendían ejecutar la subasta de las naves el martes sin pasar por un juicio ordinario con peritajes y alegaciones de las partes?

—Mediante la cláusula de sumisión expresa a la jurisdicción mercantil rápida y el pacto de liquidación extrajudicial de garantías pignoraticias —explicó Mathieu con precisión quirúrgica—.

En los contratos marco que Zubizarreta firmó en nombre de compras logísticas, se incluyó una renuncia expresa al fuero territorial ordinario y se pactó que cualquier discrepancia sobre los pagarés se resolvería mediante un procedimiento de ejecución sumaria de títulos no judiciales conforme al artículo quinientos diecisiete de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Si la deuda no se abona en la cuenta de compensación antes del mediodía del lunes, los apoderados de Atalante Capital no tienen que demostrar si la chatarra estaba contaminada o si el acero era defectuoso; les basta presentar la copia del pagaré impagado ante el juez de lo mercantil para obtener un mandamiento judicial de embargo sobre los bienes hipotecados.

En cuarenta y ocho horas, la policía judicial tendría la orden de precintar las prensas de estampación y los hornos de fundición.

Joseba Arregi miró a Ainara con la indignación temblándole en la voz:

—¿Y ningún juez de este país puede parar semejante atropello sabiendo que Beloki fue asesinado por denunciar esa misma chatarra?

—El juez instructor penal de Bergara, Fernando Irazábal, ya ha dictado un auto de mantenimiento de jurisdicción y medidas cautelares penales —respondió Ainara con solemnidad—.

Pero la jurisdicción penal y la jurisdicción mercantil operan en tiempos y con principios distintos.

Si los bancos de Fráncfort presentan la demanda el lunes a las doce en el juzgado de Donostia, los magistrados mercantiles están obligados por ley a despachar ejecución a menos que acreditemos formalmente una prejudicialidad penal previa con suspensión de pagos decretada por el órgano de gobierno de la propia cooperativa.

Y ahí es donde entra la asamblea del domingo.

No podemos limitarnos a ser víctimas pasivas que lloran en los pasillos de los juzgados; tenemos que presentarnos ante el tribunal el lunes por la mañana habiendo recomprado nosotros mismos los títulos de deuda en el mercado abierto.

♦ ♦ ♦

Ainara colocó el texto legal en el centro de la mesa de roble, bajo la luz directa de la bombilla desnuda. Señaló con el índice el encabezamiento de la norma: Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Cooperativas de Euskadi.

—El artículo sesenta y cuatro de la ley foral regula las Aportaciones Financieras Subordinadas de las cooperativas —explicó Ainara con la precisión quirúrgica de una jurista que ha dedicado las últimas setenta y dos horas a desentrañar cada recoveco del ordenamiento societario vasco—.

Las Aportaciones Financieras Subordinadas son instrumentos de capital de suscripción preferente que la Asamblea General de una cooperativa tiene la potestad soberana de emitir para reforzar sus fondos propios o financiar proyectos de reestructuración estratégica.

No son deuda exigible a corto plazo; tienen la consideración legal de capital social a efectos de solvencia mercantil y su amortización solo puede realizarse transcurrido un plazo mínimo de cinco años, quedando supeditada a la existencia de beneficios cooperativos netos.

Maite Odriozola, como responsable financiera, parpadeó con rapidez, calculando mentalmente las implicaciones del precepto:

—Pero para emitir Aportaciones Subordinadas por un importe de ciento ochenta millones de euros necesitamos que alguien suscriba y desembolse los títulos de inmediato en efectivo.

Y los socios de los doce talleres auxiliares no tenemos esa liquidez en nuestras cuentas personales; nuestros ahorros familiares están invertidos en las aportaciones obligatorias de capital que ya tenemos suscritas en la cooperativa.

—Los socios individuales no tienen que poner ese dinero de sus bolsillos particulares, Maite —intervino Mathieu tomando el relevo en la explicación y señalando los balances consolidados del Grupo Mondragón—.

El artículo sesenta y ocho de la misma ley foral regula los Fondos de Reserva Obligatorios y los Fondos de Solidaridad Intercooperativa.

A lo largo de los últimos cincuenta años de actividad industrial ininterrumpida, las noventa cooperativas integradas en la corporación han destinado por mandato estatutario un mínimo del veinte por ciento de sus excedentes netos anuales a dotar un fondo de reserva mancomunado, irrepartible e inembargable, custodiado en cuentas de depósito de Laboral Kutxa.

Ese fondo de solidaridad acumula en este momento una liquidez estructural disponible de más de doscientos diez millones de euros.

Los cooperativistas contuvieron el aliento en la penumbra de la bodega. El maestro fundidor Joseba Arregi miró a Ainara con una mezcla de asombro y reverencia:

—¿El Fondo de Solidaridad del grupo? Pero ese fondo solo se utiliza para reconversiones tecnológicas o para recolocar a socios de cooperativas que entran en crisis... Nunca se ha utilizado para intervenir directamente en el mercado secundario de deuda.

—Nunca se ha utilizado porque nunca antes habíamos sufrido un ataque de piratería financiera de esta envergadura, Joseba —rebatió Ainara con firmeza inquebrantable—.

El artículo sesenta y cuatro, en su apartado tercero, autoriza expresamente a la Asamblea General de Fagor Ederlan a acordar una emisión extraordinaria de Aportaciones Financieras Subordinadas dirigida a las demás cooperativas de la corporación.

Si las noventa cooperativas del grupo suscriben mancomunadamente esa emisión utilizando sus reservas de solidaridad, Fagor Ederlan dispondrá de ciento ochenta millones de euros de liquidez limpia en su tesorería el próximo lunes a las ocho de la mañana.

—Y con esa liquidez limpia —añadió Mathieu con una sonrisa feroz que le tensó las facciones demacradas—, Fagor Ederlan no irá a pagar los pagarés al cien por cien de su valor nominal a los buitres de Fráncfort.

Fagor Ederlan acudirá a la plataforma de negociación del MARF el lunes a primera hora y lanzará una orden pública de recompra preferente sobre sus propios títulos con el mismo descuento del sesenta y cinco por ciento que Atalante Capital está ofreciendo en el mercado secundario.

En lugar de pagar ciento ochenta millones, la cooperativa recomprará toda la serie de pagarés por apenas sesenta y tres millones de euros, amortizándolos en el acto y cancelando la deuda de los talleres auxiliares de un plumazo.

—¿Y los otros ciento diecisiete millones de euros del fondo buitre? —preguntó el tornero de Bergara con los ojos desorbitados.

—Los otros ciento diecisiete millones de euros serán la pérdida neta que Sorokin, Deschamps y los inversores del CLO en Fráncfort tendrán que anotarse en sus balances patrimoniales al mediodía del lunes —sentenció Mathieu dando un golpe seco sobre la mesa con su mano sana—.

Les pagaremos con su propia medicina especulativa.

Utilizaremos el descuento que ellos inventaron para quebraros como el martillo con el que les pulverizaremos el negocio.

Maite Odriozola se puso en pie, recorriendo la mesa de roble con la mirada encendida por una emoción desbordante que comenzaba a disipar las sombras de la derrota:

—Desde el punto de vista del Derecho mercantil y de la supervisión bancaria, la operación es absolutamente impecable.

La recompra de deuda propia con descuento está expresamente amparada por la Ley del Mercado de Valores y por el Reglamento europeo sobre abusos de mercado.

Y al realizarse mediante fondos propios cooperativos procedentes de reservas estatutarias irrepartibles, no existe intervención alguna de dinero público de los presupuestos forales: la Dirección General de Competencia de Patricia Hagen no tiene la más mínima base legal para incoar un expediente por ayuda de Estado ilegal bajo el artículo ciento siete del TFUE.

Es una operación estrictamente societaria e intercooperativa amparada por la legislación vasca.

—Pero esa operación exige una condición indispensable, compañeros —advirtió Ainara con un tono de gravedad solemne que devolvió el silencio a la sala—.

El artículo sesenta y cuatro exige que la emisión de Aportaciones Financieras Subordinadas y la afectación del Fondo de Reserva Obligatorio sean aprobadas por una mayoría cualificada de dos tercios de los votos emitidos en una Asamblea General Extraordinaria de socios trabajadores convocada con carácter de urgencia.

Y esa asamblea tiene que celebrarse antes de que abran los corros bursátiles el lunes por la mañana.

Joseba Arregi se acarició la barba canosa, contemplando las kupelas gigantescas de roble que se alineaban en la penumbra como centinelas mudos de la historia obrera del país: