CAPÍTULO 10 — El silencio del Consejo #4

—No están gestionando una tensión de liquidez, señor Elorza —replicó Ainara mirándolo directamente a los ojos con un desprecio desprovisto de artificio—.

Están convalidando una quiebra fraudulenta inducida desde el extranjero y tapando un homicidio con alevosía.

Hace menos de cuatro horas, un equipo táctico de sicarios extranjeros asaltó el Santuario de Arantzazu disparando con subfusiles con silenciador para asesinar a Amets Ibarra, la portavoz del Consejo Social de Fagor Ederlan, y destruir las unidades de memoria que custodiaba.

El sicario que la Ertzaintza ha detenido en la explanada de Oteiza es el mismo que cortó los frenos de su coche en Eskoriatza, y su teléfono satelital demuestra que recibía órdenes directas de la villa de Sylvain Deschamps en Biarritz y de los intermediarios de Viktor Sorokin en Ginebra.

Un murmullo de estupor y horror recorrió a los consejeros más jóvenes de la mesa. Dos vocales de la división de componentes se miraron con los ojos desorbitados, como si acabaran de despertar de una pesadilla.

—Nosotros no tenemos nada que ver con ninguna violencia, fiscal... —balbuceó uno de los vocales veteranos, encogiéndose en su sillón—. Las cuestiones de orden público son competencia de la policía...

—¡Tienen todo que ver con la violencia porque ustedes la financiaron con su cobardía!

—estalló Ainara, dando un paso adelante y apoyando los nudillos sobre la mesa con tanta fuerza que las maderas crujieron—.

Xabier Beloki murió en el crisol de Eskoriatza a mil cuatrocientos cincuenta grados porque descubrió que Fagor Ederlan estaba recibiendo miles de toneladas de chatarra adulterada con concentraciones masivas de fósforo y azufre, comprada a través de sociedades fantasma de Amberes con sobrecostes de cuatro millones de euros al mes.

Y ese dinero robado a los socios trabajadores no se evaporó en el aire: fue transferido a las cuentas de Alpen Treuhand Anstalt, una fiduciaria de Vaduz, en Liechtenstein.

Ainara tomó con dos dedos la copia de la escritura notarial de Vaduz y la levantó en el aire para que todos los presentes pudieran ver los sellos consulares:

—Y aquí están las actas de renuncia a los derechos estatutarios de adquisición preferente de la corporación sobre la deuda del MARF.

Para que el fondo buitre de Deschamps pudiera comprar trescientos veinte millones de euros de pagarés de nuestros doce talleres auxiliares de mecanizado con un descuento del sesenta y cinco por ciento, dos miembros de este Consejo Rector firmaron la renuncia en un hotel de Zúrich a espaldas de la asamblea de socios.

Vendieron la soberanía de las fábricas de Bergara, Elgeta y Aretxabaleta a cambio de pólizas fiduciarias opacas en Schaan.

Y hoy se han reunido ustedes aquí, en esta sesión extraordinaria convocada a traición, para votar la convalidación de esa venta, declarar los créditos incobrables y entregar las patentes de wolframio y grafeno a los fondos alemanes antes del lunes.

El silencio que cayó sobre la sala magna fue absoluto, denso y asfixiante. Ninguno de los consejeros veteranos se atrevía a mirar a Ainara; varios clavaban los ojos en sus blocs de notas, con los rostros encendidos por una vergüenza culpable.

El Presidente Mikel Ugalde se enderezó despacio en su sillón.

La cólera inicial de sus facciones se había transformado en una máscara de cinismo amargo y pragmatismo despiadado.

Con un movimiento deliberadamente pausado, abrió una carpeta de piel azul marino que reposaba junto a su atril y extrajo un documento con membrete oficial del Gobierno Vasco, sellado con registro de entrada de esa misma madrugada:

—¿Ha terminado ya con su discurso moral, fiscal Zubiaga?

—preguntó Ugalde con una voz ronca, fría y desprovista de cualquier empatía—.

Porque mientras usted juega a ser la heroína incorruptible de los valles, en el mundo real, donde se pagan las nóminas de ochenta mil familias y se sostienen las escuelas y los hospitales de este país, las cosas funcionan de otra manera.

Ugalde deslizó el documento sobre la mesa hacia Ainara:

—Esta comunicación oficial ha sido remitida a las cuatro de esta madrugada desde Lakua, en Vitoria-Gasteiz, firmada personalmente por Iñaki Mendieta, Viceconsejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco.

¿Sabe lo que dice este oficio, fiscal? El Gobierno Vasco nos notifica formalmente que, si el precinto penal sobre los almacenes de chatarra en Eskoriatza no se levanta antes de las doce del mediodía y si la fiscalía no desiste de sus medidas cautelares sobre los pagarés del MARF, la agencia Moody's rebajará la calificación crediticia de todo el grupo Mondragón a bono basura antes del cierre de los corros de Fráncfort.

Ainara leyó de un vistazo los párrafos mecanografiados con la firma digital de Mendieta. El texto era una orden política encubierta bajo la apariencia de un análisis de riesgo macroeconómico.

—Y una rebaja a bono basura —continuó Ugalde alzando la voz con una vehemencia sombría— significa que los inversores institucionales retirarán de golpe sus líneas de liquidez.

Pero lo peor no es eso: el pánico saltará de forma inmediata e incontrolable al balance de Laboral Kutxa.

Laboral Kutxa custodia los ahorros de toda la vida de cientos de miles de ciudadanos vascos.

Si permitimos que usted siente en el banquillo a los consejeros de la corporación en un juicio mediático por blanqueo internacional, el lunes a las nueve de la mañana habrá decenas de miles de personas agolpadas en las puertas de las sucursales bancarias de Bilbao, Donostia y Vitoria-Gasteiz para sacar su dinero.

¡Eso supondría la quiebra técnica del sistema financiero vasco y la intervención forzosa del Banco Central Europeo!

—Laboral Kutxa tiene provisiones de liquidez y solvencia más que suficientes para resistir cualquier tensión temporal si la corporación actúa con transparencia y depura a los traidores —rebatió Ainara con firmeza inquebrantable—.

Lo que ustedes llaman proteger el banco no es más que la excusa cobarde para tapar la corrupción interna y eludir sus responsabilidades penales.

—¡Nosotros no hemos robado un solo céntimo, Ainara!

—estalló Javier Elorza, golpeando la mesa con el puño cerrado—.

¡Esos pagarés se compraron para mantener abiertas las líneas de suministro de automoción cuando la crisis de los fletes marítimos amenazaba con parar las plantas!

Si ahora los fondos alemanes exigen ejecutar las garantías, la única manera de salvar a Fagor Ederlan de la liquidación total es aceptar un acuerdo transaccional de refinanciación sindicada.

Lakua nos apoya, el Gobierno Vasco aportará avales a través del Instituto Vasco de Finanzas y la fiscalía general en Madrid ya ha recibido la solicitud formal para avocar el sumario a la Audiencia Nacional y apartar la causa de los juzgados locales.

¡No vamos a permitir que la obsesión justiciera de una fiscal de pueblo destruya setenta años de trabajo colectivo!

Ainara recorrió con la mirada uno a uno los rostros de los doce miembros del Consejo Rector.

Encontró miradas de miedo, de cinismo tecnocrático y de una resignación cobarde que le desgarró el alma.

Aquellos hombres y mujeres eran los herederos de los pioneros que habían levantado un imperio industrial desde la nada con el sudor de sus frentes; y allí estaban, arrodillados ante el dinero negro de un oligarca y las amenazas burocráticas de Lakua, dispuestos a vender a sus propios compañeros de taller para no perder sus sillones.

—Arizmendiarrieta decía que el cooperativismo no era un negocio de hombres sabios, sino una empresa de hombres honrados —dijo Ainara con una voz tan serena, baja y profunda que resonó como una sentencia bíblica en el silencio de la sala—.

Decía que cuando el capital manda sobre el trabajo, la sociedad se corrompe hasta la médula.

Vosotros habéis traicionado la memoria de Xabier Beloki, habéis pactado con los asesinos que le prendieron fuego en su propia fábrica y habéis vendido las patentes de este valle por la comodidad de no dar explicaciones a vuestra gente.

Pero os advierto una cosa: el Consejo Rector no es la cooperativa.

La cooperativa son los mil doscientos socios de Fagor Ederlan que el domingo acudirán a la asamblea en este mismo pueblo. Y ellos sabrán la verdad.

Mikel Ugalde apretó los dientes, lívido de ira, y se volvió hacia el secretario general con un gesto tajante de la mano:

—Señor secretario... Tome acta formal del acuerdo que someto a votación nominal de urgencia conforme a las facultades extraordinarias del artículo cuarenta de nuestros estatutos.

Propuesta de resolución: Primero. Declarar el archivo y sobreseimiento de cualquier investigación o auditoría interna sobre la gestión de compras y suministros de la división industrial.

Segundo. Declarar formalmente clasificadas bajo el régimen de secreto corporativo y confidencialidad mercantil todas las actas, minutas y documentos deliberados en esta sesión.

Tercero. Rechazar formalmente cualquier personación o colaboración voluntaria de los servicios jurídicos corporativos con la Fiscalía Provincial de Gipuzkoa en la causa incoada en Bergara.

Cuarto. Solicitar a la Presidencia del Gobierno Vasco en Lakua y a la Fiscalía General del Estado en Madrid la reasignación inmediata del sumario a la Audiencia Nacional por afectar a la estabilidad económica del país.

Y Quinto. Ordenar a la seguridad privada de la corporación que prohíba de forma terminante el acceso de la fiscal Ainara Zubiaga y de cualquier funcionario policial no provisto de orden judicial de entrada a todas las instalaciones fabriles y administrativas del grupo.

Ugalde levantó la mano derecha en el aire, mirando fijamente a los consejeros sentados a la mesa: