CAPÍTULO 26 #2

—Quiero los originales certificados —dije—. Y que se compruebe quién preparó materialmente la solicitud.

Nuria recogió el formulario.

—Hay otro dato en los movimientos económicos —anunció Nuria.

Había conseguido contrastar los pagos efectuados con el dinero de la indemnización y recuperar parte de la documentación bancaria de la antigua sociedad.

—Veintisiete mil euros se destinaron a amortizar una línea de crédito —explicó—. Esa financiación contaba con garantías personales y Verónica figuraba entre quienes las habían firmado.

Molina examinó el contrato.

—Entonces parte del seguro sirvió para pagar una deuda por la que también podía responder ella.

—Exactamente —respondió Nuria—. No recibió esos veintisiete mil euros en su cuenta, pero la amortización redujo la cantidad que el banco podía llegar a reclamarle como garante.

—¿Y qué ocurriría si la aseguradora exigiera ahora devolver los noventa y seis mil euros? —pregunté.

—La reclamación afectaría, en principio, a la sociedad que recibió la indemnización. La deuda bancaria ya pagada no volvería a existir por ese motivo.

Molina dejó el contrato sobre la mesa.

—Pero Verónica fue quien solicitó el seguro.

—Y firmó parte de la documentación utilizada para justificar el pago —añadió Nuria—.

Si se demostrara que intervino deliberadamente en una reclamación basada en información falsa, podrían investigarse también sus responsabilidades personales.

Eso tendría que determinarse por otra vía; no sería una consecuencia automática de haber firmado un aval.

Volví a examinar la solicitud de indemnización.

La aseguradora había pagado noventa y seis mil euros por una muerte que nunca ocurrió. Una parte de aquel dinero había permitido liquidar obligaciones de la sociedad, incluida una deuda que comprometía potencialmente a Verónica.

Si Andrés reconocía ahora que llevaba nueve años vivo, la aseguradora tendría motivos para revisar el pago y reclamar su devolución. Además, las personas que habían preparado y firmado los documentos utilizados para obtenerlo podían verse obligadas a explicar qué sabían realmente en 2017.

Aquella era una amenaza económica y personal mucho más concreta que la simple posibilidad de que una deuda bancaria ya amortizada volviera a aparecer.

Pilar se incorporó a la reunión cuando empezamos a contrastar las nuevas pruebas con el expediente del incendio.

Traía las conclusiones de la revisión médico-forense sobre los restos de Saúl.

—El informe definitivo de identificación todavía está pendiente de una última comprobación —nos recordó—. Pero hemos podido revisar también los estudios toxicológicos realizados en 2017.

Nos explicó que los análisis originales y las observaciones de la autopsia eran compatibles con que la víctima hubiera respirado humo durante el incendio.

—¿Podemos determinar que murió accidentalmente? —pregunté.

—El conjunto de las pruebas apunta a una muerte relacionada con el incendio. No hay lesiones documentadas que nos permitan sostener una agresión previa ni elementos que indiquen una intervención criminal. Pero el mecanismo exacto debe expresarse con los límites que permiten los restos examinados.

Molina señaló el informe sobre el origen eléctrico.

—Ambas revisiones resultan compatibles.

—Sí —respondió Pilar—. Otra cuestión distinta es cómo se identificó después el cadáver.

Le mostramos la documentación de la aseguradora y la declaración de Inés.

Pilar comparó las referencias de los objetos.

—Aquí consta algo que ya conocíamos —explicó Pilar—. Los efectos entregados tres días después no procedían del levantamiento del cuerpo. Lo nuevo es que la sociedad presentó posteriormente una certificación que los situaba entre los objetos recuperados durante aquella actuación.

—Y esa certificación lleva la firma de Verónica —añadió Molina.

—Eso tendrá que valorarse junto con los documentos originales y con las explicaciones de quienes intervinieron.

Me quedé observando las fotografías de las dependencias quemadas.

La documentación permitía distinguir dos momentos diferentes. Antes del incendio, Andrés había comenzado a retirar archivos y a preparar su salida de la empresa. Inés recordaba que hablaba de apartarse durante una temporada, aunque desconocía qué pretendía hacer después.

El incendio había ocurrido cuando aquella reorganización todavía estaba en marcha. Saúl desapareció esa noche y sus restos fueron atribuidos equivocadamente a Andrés.

En el borrador recuperado de su ordenador, Andrés afirmaba que decidió aprovechar la situación cuando supo que lo habían identificado como fallecido. Según su propio relato, no había preparado aquella muerte, pero sí permitió que continuaran los trámites cuando comprendió que podía desaparecer.

Molina examinó la orden de retirada de archivos.

—Entonces estaba preparando marcharse, pero el incendio le dio una oportunidad que no esperaba.

—Eso es lo que dejó escrito en uno de sus borradores. Los documentos anteriores respaldan que estaba reorganizando su salida de la empresa. No demuestran que hubiera previsto el incendio.

—¿Y Saúl?

—Tenemos una explicación posible para su regreso al almacén y pruebas de que murió durante el incendio. No hemos encontrado indicios de que Andrés provocara su muerte ni de que supiera entonces quién era el fallecido.

Molina dejó la orden junto al informe de identificación.

—Pero sabía que aquel cadáver no era suyo.

—Eso sí. Y decidió mantener el engaño.

Aquella era la responsabilidad que los documentos permitían atribuirle con mayor claridad. Lo que Verónica conoció entonces, y su participación consciente en las actuaciones posteriores, seguía siendo una cuestión diferente.

—Hay una diferencia entre reconocer unas pertenencias recuperadas después del incendio y certificar que se encontraron durante el levantamiento del cadáver —dije.

Pilar señaló los dos documentos.

—Y ahora podéis demostrar que esas procedencias no coinciden. El justificante original indica cuándo y de dónde llegaron los objetos. La certificación posterior sitúa su recuperación en una actuación diferente.