CAPÍTULO 18

La reunión que no se celebró

La abogada había reservado cuarenta y cinco minutos para atender a Andrés Mena el martes de su asesinato. La cita figuraba a las doce y media, en un despacho de la calle de Génova, y estaba confirmada mediante un correo enviado tres días antes.

La encontramos sentada detrás de una mesa despejada, con una agenda abierta y varios expedientes colocados en una estantería baja. Se llamaba Patricia Olmedo y llevaba dieciocho años dedicada al derecho civil y mercantil.

—No llegué a conocerlo —nos explicó—. Solicitó la consulta por correo electrónico y acordamos una primera reunión. Cuando no apareció, mi secretaria intentó localizarlo.

—¿Qué respuesta obtuvo? —pregunté.

—Ninguna. Después supimos lo que había ocurrido.

Molina consultó la copia de la cita que habíamos recuperado del calendario privado de Rubén Otero.

—¿Reservó utilizando el nombre de Andrés Mena?

—Sí. Eso fue precisamente lo que nos llamó la atención.

Patricia giró la pantalla de su ordenador para mostrarnos la referencia de la reserva, sin abrir la correspondencia.

—Nos indicó que necesitaba asesoramiento sobre una situación registral antigua. Cuando empezamos a comprobar sus datos, encontramos la inscripción de defunción. Le pedimos que trajera documentación para explicar aquella circunstancia.

—¿Y aceptó?

—Confirmó la cita. No sé qué pretendía contarnos.

La abogada cerró la agenda.

—Comprenderán que tampoco puedo entregarles libremente comunicaciones relacionadas con una solicitud de asesoramiento jurídico. Tendrán que utilizar los procedimientos que correspondan.

Le expliqué que ya disponíamos de determinados correos recuperados de los dispositivos de Andrés y que únicamente queríamos contrastar la existencia de la cita y las circunstancias administrativas de su cancelación.

Patricia examinó las fechas.

—Por lo que veo, el correo salió de la misma dirección que utilizó para reservar. Puedo confirmarles la cita y que nunca llegó a celebrarse.

—¿Les manifestó que quisiera denunciar algún delito?

—No recibí una declaración de ese tipo. Quería hablar conmigo personalmente antes de explicar los detalles.

Molina cerró su libreta.

—¿Es habitual que alguien reserve una consulta sobre su propia defunción?

Patricia dejó escapar una sonrisa breve.

—No especialmente. Pero las personas acuden a un abogado porque tienen problemas que no saben resolver. Si yo empezara a juzgarlas por la primera frase de un correo, habría cerrado el despacho hace años.

Antes de despedirnos, le pregunté si habría podido regularizarse una situación como aquella sin investigar lo sucedido en 2017.

—Habría que conocer cómo se produjo la inscripción, qué documentos se utilizaron y quién intervino. También las posibles consecuencias civiles y penales. Una persona no puede limitarse a presentarse y pedir que borren nueve años de documentación.

—Andrés parecía dispuesto a hacerlo.

—Puede ser. Pero todavía no había dado el primer paso conmigo.

Nos acompañó hasta la puerta y regresó a su despacho.

Al salir, Molina comprobó la hora de la cita.

—Si hubiera seguido vivo, a las doce y media habría tenido que empezar a explicar por qué llevaba nueve años oficialmente muerto.

—Y probablemente no habría podido hacerlo sin mencionar a las personas que participaron en aquella identificación.

—Entre ellas, Verónica.

—Es una posibilidad. Tendremos que demostrar cuál fue su intervención.

Bajamos por las escaleras porque el ascensor estaba ocupado. Cuando llegamos a la calle, Molina guardó la agenda de trabajo.

—Al menos sabemos que no estaba improvisando lo de recuperar su nombre.

La cita con Patricia se sumaba a la que Andrés había solicitado conmigo y al encuentro que había acordado con Aitana. Eran tres decisiones tomadas durante sus últimos días, cada una con una finalidad diferente.

Nuria había conseguido terminar la revisión de los archivos personales recuperados del ordenador que Andrés utilizaba en su domicilio como Rubén Otero. Entre las carpetas de trabajo aparecían varios borradores recientes, almacenados junto a documentos antiguos de la empresa.

Cuando llegamos a comisaría nos enseñó una relación con los archivos seleccionados.

—Estaban guardados en una carpeta personal. No parecen documentos preparados para clientes.

Había tres versiones de un texto titulado «Declaración sobre los hechos de 2017».

La primera apenas contenía unas líneas. En la segunda Andrés había incorporado referencias al incendio, a su posterior cambio de identidad y a determinadas operaciones económicas.

La tercera era más extensa, aunque tampoco estaba terminada.

Leí uno de los párrafos.

«Antes del incendio había decidido apartarme de la empresa. Empecé a retirar mis documentos y a preparar una salida que todavía no sabía cómo explicar. No había previsto que encontraran un cadáver ni que lo identificaran como mío».

Continué leyendo.

«Cuando supe que habían atribuido aquella muerte a mi nombre, comprendí que podía desaparecer sin tener que dar explicaciones. Dejé que continuaran los trámites. Permití que se mantuviera una identificación que sabía equivocada. Durante años no hice nada para corregirla,

aunque comprendía que podía existir otra familia buscando a la persona fallecida».

Dejé de leer y miré la fecha de modificación.

Aquel texto ofrecía una explicación sobre cuándo Andrés había decidido desaparecer. Sin embargo, seguía siendo un borrador escrito años después de los acontecimientos. Necesitábamos contrastarlo con los documentos anteriores al incendio y con las actuaciones realizadas después.

—¿Podemos acreditar cuándo escribió esto?

—Tenemos las marcas temporales del sistema y estamos contrastándolas con otros registros. Por ahora sabemos que los archivos estaban en el equipo intervenido y que las últimas modificaciones son recientes.

Molina se acercó.

—¿Habla expresamente de Saúl?

Nuria buscó una página.

Andrés había escrito su nombre en un apartado separado, seguido de varias preguntas sobre su desaparición. Reconocía que existían motivos para sospechar que los restos enterrados bajo su identidad podían pertenecerle, pero no afirmaba disponer de una identificación definitiva.

—Entonces conocía la posibilidad —comentó Molina.

—Y aun así siguió sin corregirla mientras estaba vivo —respondí.

Nuria señaló otras anotaciones.

Había una relación de personas con las que Andrés quería hablar. Aparecían Aitana, su antigua familia, Lucas Ibáñez y algunas personas vinculadas al cierre de la sociedad.

No todas estaban acompañadas de una dirección o un teléfono. En ciertos casos solo había escrito una frase explicando qué debía aclarar.

Junto al nombre de Lucas figuraba una anotación breve: «Explicarle lo que sé. No pedirle más tiempo».

Molina la leyó dos veces.

—El viernes Lucas le dijo que no estaba dispuesto a seguir esperando.

—Eso es lo que declaró. Esta nota puede corresponder a una reacción posterior, aunque necesitamos comprobar cuándo la escribió.

Continuamos examinando los archivos.

Andrés había preparado otra relación de las cantidades cobradas y pagadas por su antigua empresa. Figuraba la indemnización de noventa y seis mil euros, con varias observaciones sobre obligaciones pendientes y la necesidad de determinar qué importes debían reintegrarse.

También mencionaba a Nexo Servicios Documentales.

—No parece tener claro dónde terminó todo el archivo —dijo Nuria.

—Es lo mismo que intentamos averiguar nosotros.

Entre las anotaciones había una referencia a determinados contratos de Alicante. Estaba separada de los documentos del incendio y encabezada con una fecha de septiembre de 2014.

Debajo aparecía una frase:

«Lo que firmé no era lo que me dijeron».

Molina se quedó mirando la pantalla.

—¿Se refiere al acta de entrega?

—Está archivado junto a esas referencias, pero no explica qué documento considera distinto ni quién le proporcionó aquella información.

—Si alguien lo engañó, pudo querer denunciarlo.

—O pudo descubrir después que había entendido mal el encargo.

Nuria abrió las propiedades del archivo.

No había una declaración firmada ni una versión terminada que pudiéramos atribuir a una fecha de redacción completamente acreditada. Conservábamos una anotación que exigía más comprobaciones, especialmente porque se refería a acontecimientos anteriores al incendio.

Le pedí que mantuviera la documentación de Alicante separada de los borradores sobre 2017.

La existencia de ambos asuntos en un mismo ordenador no demostraba que tuvieran una causa común.

Poco después del mediodía, Molina regresó a mi despacho con información sobre las amenazas de Lucas.

Habían comprobado que los mensajes aportados durante su declaración correspondían a una cuenta de correo utilizada desde hacía años para los trabajos del taller. También habían solicitado contrastarlos con los datos conservados por el servicio de correo de Andrés.

—La dirección no apareció en la primera relación de contactos del móvil —explicó—. Los mensajes estaban dirigidos al buzón profesional que utilizaba desde el ordenador de casa. Ahora hemos conseguido asociarlos al expediente.

—¿Y la grabación de la furgoneta?

—Estaba entre las imágenes recuperadas de los comercios próximos. La identificaron después de contrastar las matrículas con los vehículos de las personas relacionadas con la investigación.

Aquello aclaraba por qué no habíamos situado antes a Lucas en Santa Engracia.

Molina extendió un plano.

—Estamos reconstruyendo sus movimientos a pie. La furgoneta permaneció aparcada, pero eso no significa que Lucas estuviera junto a ella.

Había señalado dos calles donde podían existir registros de establecimientos abiertos durante aquella mañana.

—Quiero comprobarlas, aunque Lucas no nos diga adónde fue —añadió—. Si estuvo lejos del edificio, tendremos que encontrar una forma independiente de acreditarlo.

Le pedí que continuara con esa reconstrucción antes de intentar una nueva declaración.

—Y que no se pierda la línea de la tarjeta antigua —añadí—. Seguimos sin relacionarla con nadie.

Molina recogió el plano.