CAPÍTULO 15

El precio de desaparecer

La indemnización se había ingresado cuarenta y tres días después del incendio. Nuria colocó el justificante sobre mi mesa, junto a una copia de la póliza y tres movimientos bancarios que había señalado con rotulador.

—Noventa y seis mil euros —dijo—. La beneficiaria era la sociedad de Andrés Mena.

Habíamos recibido aquella mañana la documentación solicitada a la aseguradora, después de comprobar que entre los gastos posteriores al fallecimiento figuraban varias referencias a una cobertura empresarial.

—¿Un seguro de vida?

—Una póliza vinculada a la continuidad del negocio. Cubría las consecuencias económicas del fallecimiento de uno de sus responsables. La empresa pagaba las primas y, si se producía el siniestro, recibía la indemnización.

Examiné las condiciones. Andrés figuraba como persona asegurada desde varios años antes del incendio. La póliza se había renovado regularmente y las primas aparecían cargadas en la cuenta de la sociedad.

—¿Quién solicitó el pago?

Nuria señaló la última página.

—Verónica Sanz. Presentó la documentación en calidad de administradora solidaria, con las facultades que tenía entonces.

Su firma aparecía junto a la fecha de solicitud. El expediente incluía la certificación de fallecimiento, varios documentos mercantiles y una declaración sobre las consecuencias que había tenido la muerte de Andrés para la actividad empresarial.

—¿La aseguradora comprobó la identidad del cadáver?

—Se apoyó en la documentación oficial. No realizó una identificación independiente de los restos.

Molina, que hasta entonces había permanecido examinando los movimientos de la cuenta, señaló una transferencia.

—Aquí empieza a complicarse.

La mayor parte de la indemnización se había destinado a pagos identificables: salarios pendientes, alquileres, impuestos y obligaciones con proveedores y entidades financieras. Los importes coincidían, al menos inicialmente, con deudas que aparecían en los libros de la empresa.

Entre los movimientos figuraba también una transferencia destinada a reducir una línea de crédito. En aquel momento desconocíamos quién había firmado las garantías de esa operación y qué consecuencias podía haber tenido para las personas vinculadas a la sociedad.

Pero había un pago de veinticuatro mil ochocientos euros a una sociedad llamada Nexo Servicios Documentales.

El concepto decía: «Recuperación, clasificación y custodia extraordinaria de archivos».

—¿Quiénes eran? —pregunté.

—Una empresa contratada durante el cierre —respondió Nuria—. Tenemos la factura. Lo que todavía no hemos conseguido es acreditar qué documentación recuperaron ni dónde la depositaron.

Cogí la copia.

La factura estaba fechada varios días antes de la transferencia y recogía una prestación bastante genérica, sin especificar el número de cajas, las instalaciones utilizadas o las personas responsables de la custodia.

—¿Verónica autorizó también este pago?

—Según la documentación bancaria, sí.

Molina apartó la póliza.

—Si Andrés estaba vivo, la aseguradora pagó por una muerte que nunca ocurrió.

—Pagó por un fallecimiento oficialmente acreditado —respondí—. Ahora tenemos que determinar quién sabía que aquella identificación era falsa.

Volví a mirar la firma de Verónica.

Había explicado que mantuvo abiertas las cuentas para atender gastos pendientes. La mayoría de los pagos encajaban con esa versión. El de Nexo, en cambio, necesitaba una justificación que todavía no habíamos encontrado.

—¿Quién llevaba la contabilidad en 2017?

Nuria consultó sus notas.

—Una administrativa llamada Inés Robledo. Trabajaba con ellos antes del incendio y permaneció unos meses durante el cierre. La hemos localizado.

Le pedí que concertara una entrevista.

Inés Robledo nos recibió en una pequeña asesoría próxima a la glorieta de Embajadores. Nos había reservado una sala al fondo del local, aunque antes de conducirnos hasta allí terminó de atender a una mujer que discutía por una notificación tributaria.

Tendría unos cincuenta años. Llevaba el pelo recogido y unas gafas sujetas mediante una cadena fina. Cuando cerró la puerta de la sala, colocó su teléfono boca abajo sobre la mesa.

—Nuria me ha dicho que están revisando la antigua empresa de Andrés.

—Entre otras cuestiones —respondí—. Necesitamos aclarar unos pagos efectuados después del incendio.

Inés me observó durante unos segundos.

—Aquella empresa se cerró hace nueve años. Yo dejé todos los libros preparados.

—Queremos preguntarle por una factura de Nexo Servicios Documentales.

Le mostré la copia.

La leyó sin tocarla. Después se quitó las gafas.

—Me acuerdo de esa.

—¿Qué trabajo realizaron?

—Eso deberían preguntárselo a ellos.

—Le pregunto qué puede confirmar usted.

Inés volvió a ponerse las gafas y examinó el importe.

—Yo preparé la relación de pagos. Esta factura llegó cuando estábamos terminando de liquidar las obligaciones pendientes. Me pidieron que la incorporara a la contabilidad.

—¿Quién se lo pidió?

—Verónica.

—¿Comprobó que se hubiera prestado el servicio?

—No me correspondía supervisar los trabajos externos.

Molina señaló el concepto.

—Hablan de recuperación y custodia de archivos. ¿Recuerda que retiraran documentación de las oficinas?

Inés dejó la factura sobre la mesa.

—Recuerdo que había muchas cajas. Algunas procedían del despacho de Andrés y otras del almacén. Después del incendio tuvieron que trasladarlas porque parte del edificio estaba inutilizable.

—¿Las recogió Nexo?

—No lo vi.

—¿Sabe dónde terminaron?

—Una parte se llevó a otro local de la empresa. El resto no sabría decirle.

Su respuesta permitía varias interpretaciones. La factura podía corresponder a un servicio efectuado fuera de su presencia, pero también cabía que su descripción no reflejara exactamente el trabajo realizado.

Inés parecía dispuesta a mantener la conversación dentro de esos límites.

—¿Recuerda quién era el responsable de Nexo? —pregunté.

—Había un hombre que venía algunas veces. Creo que se llamaba Ricardo. Nunca traté directamente con él.

Le pregunté si conservaba alguna relación profesional con aquella sociedad.

—Ninguna. Y tampoco con Verónica.

Se levantó para buscar una carpeta que había dejado sobre un armario. Antes de abrirla, se volvió hacia nosotros.

—¿Me están investigando a mí?

—Estamos reconstruyendo operaciones de una empresa en la que trabajó.

—Mi nombre aparece en muchos documentos de aquella época. Quiero saber si piensan atribuirme decisiones que tomaban otras personas.

—Por eso necesitamos distinguir quién preparaba los pagos de quién los autorizaba.

Regresó a su silla sin abrir la carpeta.

—Yo introducía las facturas en el sistema y preparaba las remesas. Cuando recibía la autorización correspondiente, se tramitaban. Nunca tuve facultades para disponer por mi cuenta del dinero de la empresa.

Le mostré el registro bancario.

—Aquí consta la autorización de Verónica.

—Entonces ya tienen esa parte aclarada.

—Nos falta saber quién justificó el servicio.

Inés examinó nuevamente la factura.

—Hubo una discusión por este pago —dijo finalmente.

Esperé.

—Pregunté por qué había que abonar casi veinticinco mil euros cuando estábamos intentando liquidar deudas mucho más pequeñas. Teníamos proveedores esperando desde hacía meses.

—¿Qué le respondieron?

—Que se trataba de un servicio imprescindible para recuperar documentación que necesitaban algunos clientes.

—¿Quién se lo explicó?

—Verónica.

Molina consultó su libreta.

—¿Y usted aceptó la explicación?

—No tenía motivos para pensar que fuera falsa. Pero pedí que conservaran el contrato y la relación del material retirado.

—¿Se los entregaron?

—El contrato llegó. La relación de material, no la recuerdo.

Inés miró hacia la puerta. Desde el otro lado se oía una impresora funcionando.

—Cuando me marché, quedaron varias cuestiones pendientes. Después recibí llamadas de proveedores que seguían reclamando cantidades. Yo ya no trabajaba allí.

—¿Conserva el contrato? —pregunté.

—Tengo algunas copias de documentos de aquella liquidación, porque años después tuve que justificar qué funciones había desempeñado. Prefiero revisarlas antes de entregarles nada.

Le propuse que comprobara sus archivos y, si encontraba documentación relevante, acordáramos su aportación formal. También podía solicitar asesoramiento antes de declarar sobre cualquier cuestión que pudiera afectarla.

Inés recogió la factura y volvió a dejarla frente a mí.

—Hay algo que deberían saber. Algunos clientes de Andrés pagaban por trabajos que apenas se describían en las facturas.

—¿Qué clase de trabajos?

—Preparación de documentos, intermediación, archivos privados... Se utilizaban referencias internas. A veces el cliente pedía que su nombre no apareciera en la descripción.

—¿Era habitual?

—No con todos. Pero había algunos que querían bastante discreción.

—¿Verónica conocía esos encargos?

—Los que pasaban por la sociedad, desde luego. Otra cosa es lo que Andrés pudiera gestionar por su cuenta.

Le pregunté si recordaba algún conflicto relacionado con aquellos clientes.

—Hubo reclamaciones. También personas que querían recuperar documentos originales y se enfadaban cuando les decíamos que debíamos comprobar quién tenía autorización para recogerlos.

Inés cerró la carpeta que había mantenido sobre sus rodillas.

—Andrés era cuidadoso con esas cosas. A veces demasiado. Verónica prefería resolver los problemas antes de que los clientes empezaran a amenazar con abogados.

—¿Y quién terminaba tomando las decisiones?

—Dependía del cliente. Por eso discutían.

Salimos de la asesoría con una explicación parcial del pago y varios extremos concretos que podíamos comprobar. Inés no había demostrado que la factura fuera falsa, pero sí recordaba haber solicitado una relación del material recuperado que, según decía, nunca llegó a sus manos.

Molina esperó a que termináramos de cruzar la calle.

—Veinticuatro mil ochocientos euros por guardar cajas.

—Puede incluir traslados, clasificación y custodia. Necesitamos conocer el contrato completo.

—Y averiguar si hicieron algo de eso.

—Exactamente.

Caminamos hasta el coche. Antes de abrirlo, Molina me preguntó qué pensaba de Verónica.

—Tenía facultades para actuar y autorizó los pagos. Eso está documentado.

—¿Y sabía que Andrés seguía vivo?

—Aún no tenemos una prueba que lo demuestre.

—Si lo sabía, tenía un problema bastante serio.

—También lo tenía cualquier persona que hubiera participado deliberadamente en la identificación falsa.

Molina guardó las copias en una carpeta.

—Y si Andrés pensaba confesarlo, la aseguradora querría recuperar su dinero.

—Probablemente revisaría las circunstancias del pago y las responsabilidades de quienes intervinieron. Pero primero tendríamos que demostrar el engaño.

Arrancamos.

Había otra cuestión que me preocupaba: si Andrés había decidido reconocer su verdadera identidad, sabía que tendría que explicar qué ocurrió con aquella indemnización.

Y los documentos que preparaba antes de morir podían contener precisamente esa explicación.

A media tarde, Nuria consiguió identificar a los administradores de Nexo Servicios Documentales. La sociedad había realizado trabajos de archivo y conservación para varias pequeñas empresas durante 2017 y 2018.

Su actividad estaba documentada, aunque todavía faltaba comprobar la prestación concreta facturada a la empresa de Andrés.

—He localizado también el contrato al que se refería Inés —explicó—. Figura entre los documentos aportados durante la liquidación.

Le pedí que nos enseñara la copia.

El contrato identificaba un servicio de recuperación de archivos dañados, clasificación y conservación durante seis meses. Lo había firmado Verónica en representación de la empresa contratante y un administrador de Nexo.

La documentación incluía el precio y las condiciones generales, pero carecía de un inventario anexo del material recibido.

—Aquí dice que debía incorporarse una relación de cajas —señaló Nuria.

Examiné la cláusula.

—Entonces tenemos que localizar esa relación.

—En los archivos recibidos hasta ahora no aparece.

Molina se acercó a la pantalla.

—¿Y si nunca se hizo?

—Habrá que preguntárselo a quienes prestaron el servicio —respondió Nuria.

Le pedí que preparara la documentación necesaria para solicitar a Nexo sus registros de recepción, ubicación de los archivos y justificantes de devolución o destrucción.

Después examiné otra hoja que Nuria había separado.

Era una relación de pagos anteriores al incendio, efectuados por clientes cuyos expedientes estaban identificados únicamente mediante códigos internos.

Algunas referencias coincidían con las que habíamos visto en la agenda de Rubén Otero.

—¿Podemos identificar a los clientes? —pregunté.

—A varios. Otros utilizaron intermediarios. Estamos contrastando las facturas con los encargos que conservaba Andrés.

Le indiqué que diferenciara las operaciones relacionadas con la indemnización de los trabajos anteriores a 2017. Podían acabar conectados, pero no quería que una coincidencia contable nos hiciera atribuir el mismo motivo a personas distintas.

Antes de terminar la jornada, pedí a Molina que viniera a mi despacho.

Extendí sobre la mesa tres documentos: la solicitud de indemnización, la transferencia a Nexo y el contrato de recuperación de archivos.

—Quiero que prioricemos este servicio.

Molina examinó las hojas.

—¿Por encima de Alicante?

—Dentro de la investigación económica de 2017. Necesitamos saber qué documentación desapareció del antiguo negocio de Andrés y quién tuvo acceso a ella.

—Podría ser la misma que conservaba ahora como Rubén.

—O una parte. Tenemos que comprobarlo.

Molina recogió el contrato.

—Me ocuparé de localizar al responsable de Nexo y averiguar dónde guardaron los archivos.

—Y quiero que Inés pueda declarar formalmente sobre lo que recuerda. Sin atribuirle decisiones que no tomó.

—De acuerdo.

Después revisamos la solicitud de indemnización. La documentación permitía acreditar que la empresa había recibido dinero por la supuesta muerte de Andrés, pero todavía no demostraba quién conocía la falsedad de aquella identificación.

Tampoco podíamos establecer que el pago a Nexo fuera irregular solo porque careciéramos del inventario.

Molina señaló la firma de Verónica.

—Habrá que volver a preguntarle por todo esto.

—Sí. Pero quiero conocer primero qué pasó con los archivos.

Guardamos las copias y dejamos preparado el trabajo que correspondía a cada uno.

La investigación del incendio había comenzado preguntando quién fue enterrado bajo el nombre de Andrés Mena. Ahora también teníamos que determinar qué se hizo con el dinero cobrado por su muerte y dónde habían terminado los documentos de la empresa.

Sobre la mesa permaneció el contrato de Nexo, abierto por la cláusula que exigía un inventario de los archivos recibidos.

Lo volví a leer antes de cerrar la carpeta.