BLOQUE 3

Los pagos continuaron después del homicidio.

La documentación mostraba nuevas consultas sobre los archivos revisados por Álvaro Requena y gastos vinculados con la localización de referencias de Santillana. Más adelante aparecían encargos sobre antiguos patronatos y otras vías de transmisión documental.

La continuidad de los estudios históricos no constituía una irregularidad por sí sola.

Pero las facturas relacionadas con Navas debían examinarse junto con las anotaciones sobre personas y los contactos que Elena había incorporado a la cronología policial.

Martín abrió la hoja de cotejo que ella había preparado.

Cada asiento tenía una fecha y un beneficiario identificados. Junto a ellos figuraba el concepto del pago y, cuando existía un respaldo suficiente, el documento o la gestión con la que podía relacionarse.

Elena había evitado completar las casillas a partir de simples suposiciones.

Una transferencia cercana a una consulta de Requena no demostraba que se hubiera utilizado para seguirlo. Si el correo asociado mencionaba expresamente su actividad, en cambio, podían establecer una relación documental que merecía investigación.

Adrián examinó los períodos.

El proyecto había seguido destinando fondos a la búsqueda archivística mientras aumentaban las referencias a otros investigadores.

Después aparecía Martín.

Una factura emitida por una sociedad de Navas llevaba el concepto:

“Verificación de contacto técnico.”

Su fecha era anterior al atropello que lo había dejado herido.

Clara miró a Martín.

Él permaneció en silencio, atento a la pantalla.

Elena señaló la referencia interna asociada con aquel servicio. Su nombre figuraba en la documentación de seguimiento del proyecto antes de que ocurriera el ataque.

Aquello acreditaba que había sido incorporado a la actividad de coordinación externa.

La factura, por sí sola, no demostraba que el dinero hubiera financiado el atropello.

Pero ofrecía una nueva vía para comprobar quién había solicitado información sobre él y qué gestiones se habían realizado.

Martín preguntó quién había autorizado el gasto.

El documento incluía una aprobación electrónica asociada con un usuario profesional del despacho de Velasco.

No era una firma manuscrita.

Elena explicó que estaban verificando los accesos, dispositivos y horarios vinculados con aquella autorización.

La intervención de una cuenta profesional permitía situar el gasto dentro del circuito administrativo del despacho. Atribuir personalmente cada operación exigía comprobar quién había utilizado las credenciales.

Adrián recordó la respuesta “Mantener seguimiento discreto”.

La nueva factura mostraba que la actividad sobre terceros había continuado, pero no especificaba los métodos utilizados.

Elena pasó a un informe de consolidación financiera.

Una de sus líneas decía:

“Proyecto Valderrama: gastos aprobados por J. Velasco según instrucciones de búsqueda, control de terceros y recuperación de documentación.”

Martín pidió examinar el encabezado.

La fórmula reunía bajo una misma referencia contable trabajos de naturaleza diferente. Algunos respondían a investigaciones históricas y consultas autorizadas. Otros correspondían a gestiones sobre personas o a la obtención de material cuya procedencia no estaba completamente identificada.

Elena abrió el anexo.

Figuraban referencias a documentación de Mena y a notas de Requena, además de copias obtenidas en archivos.

En ciertos casos se conservaban justificantes de consulta o pago por reproducción.

En otros, el asiento no incluía respaldo suficiente para determinar cómo había llegado el material al proyecto.

—No podemos tratar toda recuperación documental como si hubiera sido ilícita —dijo Adrián.

—Ni suponer que toda la documentación llegó por una vía autorizada —respondió Elena—. Cada entrega tiene que poder explicarse.

La diferencia importaba porque la investigación privada había comenzado mediante actividades legítimas.

La presencia posterior de encargos sobre terceros no convertía automáticamente en criminales las consultas anteriores. Debían establecer cuándo se había cruzado algún límite concreto y quién había participado en esa decisión.

Martín encontró una anotación de coordinación:

“Fase 3: impedir pérdida de ventaja documental.”

El registro la atribuía al usuario asignado a Navas.

La copia conservaba constancia de su remisión al despacho de Velasco.

La respuesta decía:

“Actuar dentro de lo necesario. Evitar exposición.”

Clara observó que aquella formulación resultaba inquietante al leerla junto con los hechos posteriores.

Elena no lo negó.

Pero la expresión podía referirse a medidas profesionales destinadas a proteger información confidencial o a evitar que se conociera una negociación. No describía una acción ilícita determinada.

Necesitaban encontrar la instrucción concreta, si había existido, y comprobar cómo se había ejecutado.

—El problema no se resuelve atribuyendo a cada frase el peor significado posible —dijo Elena—. Tenemos que saber qué hizo cada persona después de recibirla.

Adrián examinó la secuencia completa.

El despacho había orientado desde años atrás la búsqueda histórica.

Existían aprobaciones de gastos a sociedades de Navas y correos relativos al seguimiento de investigadores ajenos al proyecto.

Pablo y Álvaro aparecían en sus registros, mientras el nombre de Martín había sido incorporado antes del atropello.

Aquellos hechos ya no dependían únicamente de coincidencias temáticas.

Estaban respaldados por facturas y comunicaciones.

Pero la autoría de las actuaciones violentas y las instrucciones que pudieron precederlas seguían requiriendo pruebas propias.

Martín preguntó si podían afirmar al menos que Julián Velasco había financiado la investigación.

Elena distinguió las fuentes.

Los documentos acreditaban autorizaciones del despacho y una intervención en la orientación de los trabajos. También existían gastos aprobados mediante referencias y usuarios profesionales vinculados con su entorno.

La atribución personal de determinadas operaciones electrónicas seguía bajo examen, aunque la documentación ya permitía establecer una participación del despacho mucho mayor que la simple recepción de informes.

—Y hay mensajes dirigidos desde ese entorno a Navas sobre lo que buscaban Mena y Requena —añadió Adrián.

—Sí. Eso también está documentado —respondió Elena.

La pregunta pendiente era qué instrucciones habían salido de aquellas comunicaciones y qué personas las habían ejecutado.

Elena regresó a la factura anterior al atropello de Martín.

Si Navas había recibido dinero para verificar sus movimientos, necesitaban saber a quién había encargado el trabajo y qué información había obtenido.

Lo mismo ocurría con Requena.

La matriz había dejado de describirlo únicamente como investigador vinculado con archivos y comenzaba a incluirlo entre las personas cuyo avance preocupaba al proyecto privado.

El siguiente paso consistiría en seguir las comunicaciones que acompañaron ese cambio.

No bastaba con encontrar pagos.

Debían identificar las actuaciones correspondientes.

Clara recogió las reproducciones de las facturas que habían terminado de comparar.

El Memorial seguía bajo custodia en el archivo. Había permitido reconstruir por qué una familia medieval adoptó una memoria pública más breve que su documentación sucesoria.

Sobre la mesa, los registros financieros ofrecían otra clase de reconstrucción.

La búsqueda contemporánea había sido sostenida por encargos profesionales y una red de intermediarios. A medida que otros investigadores se acercaron a la misma fuente, aparecieron pagos por gestiones relacionadas con sus actividades y comunicaciones destinadas a conocer sus avances.

Elena cerró la última carpeta.

La documentación no demostraba todavía que Julián Velasco hubiera ordenado un homicidio ni el atropello de Martín.

Pero ya permitía formular preguntas que antes carecían de una base concreta: quién autorizó cada gasto, qué servicio realizó Navas, qué materiales llegaron a sus manos y quién recibió después sus informes.

Martín miró la cronología.

Durante años habían intentado reconstruir la historia de un documento que había cambiado de custodia y de nombre sin perder su identidad.

Ahora debían hacer algo semejante con el dinero.

Seguir cada transferencia hasta el trabajo que la justificaba.

Y cada trabajo hasta la persona que lo había realizado.

Solo así podrían establecer si una investigación privada había derivado en actuaciones ilícitas y, en ese caso, quién había tomado la decisión de cruzar aquel límite.