BLOQUE 2

La segunda carpeta mostraba una modificación en los conceptos de facturación.

Las primeras consultas se habían pagado bajo denominaciones precisas. Después empezaron a aparecer expresiones más amplias, como “Gestiones externas”, “Verificación de campo” y “Apoyo de localización”.

Ninguna de ellas bastaba, aislada, para establecer una actividad ilícita.

Una investigación patrimonial podía requerir intermediarios que localizaran custodios particulares o coordinaran visitas. Lo que Elena necesitaba comprobar era qué servicios habían acompañado a cada transferencia y quién había recibido instrucciones para realizarlos.

Martín siguió las cuentas beneficiarias.

Varias pertenecían a sociedades utilizadas por Roberto Navas para prestar servicios de coordinación externa.

Navas no había intervenido como historiador ni como conservador. Su función documentada consistía en gestionar contactos y organizar actuaciones relacionadas con el proyecto.

Una factura, sin embargo, contenía una descripción que llamó la atención de Adrián:

“Localización de consultores y verificación de movimientos vinculados al proyecto Valderrama.”

Elena abrió el correo que acompañaba aquel pago.

Roberto Navas había escrito al despacho de Julián Velasco:

“Se mantiene control sobre las personas que están llegando por vía académica. Informaré si alguno accede a documentación sensible.”

Clara observó que el contenido ya no se refería exclusivamente a buscar fondos históricos.

—Está hablando de personas.

—Sí —respondió Elena—. Tenemos que averiguar cómo obtenía esa información.

La expresión control podía tener distintos alcances. Podía referirse a un seguimiento de publicaciones o a contactos profesionales. Pero el correo situaba la actividad de investigadores ajenos al proyecto dentro de los informes remitidos al despacho.

Martín preguntó si existía una respuesta.

Elena mostró el mensaje:

“Mantener seguimiento discreto. No intervenir salvo cambio relevante.”

Adrián permaneció mirando la pantalla.

Era una instrucción operativa distinta de las primeras órdenes de búsqueda histórica.

Aun así, su formulación no especificaba medios de vigilancia ni autorizaba expresamente una agresión, una sustracción o una amenaza.

—Necesitamos saber qué entendían por intervenir —dijo Elena—. Y qué hizo Navas cuando consideró que había un cambio relevante.

Martín comparó la fecha con las primeras entradas de Álvaro Requena en la matriz de seguimiento.

Los períodos eran próximos.

Requena figuraba allí como investigador cuya actividad podía afectar la ventaja documental del proyecto. Esa clasificación mostraba cómo era considerado dentro de la coordinación privada, pero no demostraba qué actuaciones se habían realizado sobre él.

Adrián preguntó por Pablo Mena.

Elena buscó un intercambio posterior.

Navas había escrito:

“Mena avanza sobre la sepultura. Puede cruzar con Santillana antes de lo previsto.”

La respuesta enviada desde el despacho era breve:

“Averiguar qué tiene.”

Clara volvió a leerla.

La instrucción demostraba interés por la información reunida por Pablo. No decía que hubiera que entrar en su despacho ni apropiarse de su trabajo.

Elena pidió que quedara registrada en su contexto.

La coincidencia con los documentos sustraídos resultaba relevante, pero la cadena entre aquel mensaje y la desaparición del material todavía necesitaba acreditarse.

Martín pasó al registro de transferencias.

Tres días después del correo figuraba un pago a una sociedad de Navas bajo el concepto:

“Obtención y verificación documental.”

La fecha era anterior al homicidio de Mena.

Adrián preguntó cuánto tiempo separaba ambos hechos. Elena le mostró el asiento completo, aunque no quiso formular una conclusión a partir de la proximidad.

Podía tratarse de una gestión autorizada.

También podía estar relacionado con la búsqueda de información sobre Pablo.

El concepto contable no identificaba el documento obtenido ni el procedimiento utilizado.

—No vamos a convertir ese pago en financiación del crimen sin demostrar qué se hizo con él —dijo Elena.

La necesidad de comprobarlo era mayor porque, después de la muerte, una matriz actualizada desde el usuario asignado a Navas incluía la anotación “Material recuperado incompleto”.

Aquella frase seguía sin identificar el material.

La investigación debía establecer si se refería a documentos obtenidos legalmente, a copias procedentes de archivos o a información extraída del despacho de Mena.

Solo entonces podrían relacionar las transferencias con un hecho concreto.

Martín observó que la cronología revelaba una intensificación del interés por Pablo a medida que avanzaba sobre la sepultura.

Elena estuvo de acuerdo.

También mostraba que el proyecto privado recibía información sobre investigadores ajenos y que el despacho había solicitado conocer qué había encontrado Mena.

Pero cada paso debía conservar su propio valor probatorio.

Adrián recordó la carpeta física desaparecida y los archivos eliminados del ordenador de Pablo. La coincidencia temática con las órdenes de búsqueda era difícil de ignorar.

No bastaba, sin embargo, para atribuir la sustracción a Velasco ni para afirmar que Navas la hubiera encargado.

Elena pasó a la tercera carpeta.

Allí podían comprobar si la actividad financiera había terminado después de la muerte de Mena o si el proyecto había seguido financiando actuaciones relacionadas con las personas que avanzaban sobre el Memorial.