CAPÍTULO 23 INFORMES PAGADOS POR JULIÁN VELASCO

BLOQUE 1

La cronología financiera ocupaba cuatro carpetas.

Elena Salcedo las había organizado por fecha, aunque los documentos procedían de sociedades diferentes y no todos habían sido emitidos por el despacho de Julián Velasco.

Quería comprobar si la evolución de los pagos acompañaba realmente los avances de la búsqueda documental.

Ordenarlos por empresa o por destinatario habría permitido reconocer circuitos comerciales, pero podía ocultar cuándo había cambiado la naturaleza de los encargos.

Martín Arce se sentó frente a ella y observó las carpetas alineadas.

—¿Todo esto procede del despacho de Velasco?

—No. Hay facturas de Patrimonio del Norte Histórico, autorizaciones de sociedades asesoradas por él y transferencias destinadas a intermediarios. También tenemos correos que permiten relacionar algunos gastos con instrucciones concretas.

Adrián Valcárcel se acercó a la mesa.

—Entonces no podemos tratar a todos los pagadores como si fueran la misma persona.

—Ni suponer que quien autoriza un gasto conoce necesariamente todo lo que hace quien lo cobra —respondió Elena—. Precisamente por eso tenemos que seguir la secuencia completa.

La primera carpeta contenía documentación de varios años atrás.

Las facturas respondían a actividades reconocibles de investigación histórica. Se habían contratado consultas de archivo y revisiones de inventarios, junto con informes sobre procedencia de colecciones y fondos familiares.

La existencia de aquellos pagos no presentaba, por sí sola, ninguna irregularidad.

Una sociedad podía necesitar conocer el origen de determinados documentos antes de adquirirlos.

Un abogado podía solicitar una investigación especializada para asesorar a sus clientes.

Los fondos antiguos solían conservar denominaciones cambiantes y cadenas de custodia cuya reconstrucción exigía consultas sucesivas.

Lo significativo era que los encargos se habían concentrado gradualmente en la misma línea documental.

Martín tomó la primera factura.

“Revisión de fondos familiares vinculados a Valderrama.”

La siguiente correspondía a una búsqueda más delimitada:

“Localización de referencias a Santillana y documentación de sucesión.”

Una tercera incorporaba una nueva materia:

“Análisis de memorias funerarias y relaciones patrimoniales en Burgos.”

Adrián examinó las fechas.

Los trabajos habían comenzado con una investigación amplia sobre los Valderrama y después habían seguido una dirección muy semejante a la que ellos habían reconstruido mediante los inventarios.

La documentación sucesoria había llevado a Santillana, y aquella vía terminaba relacionándose con una memoria funeraria conservada en Burgos.

El equipo privado no había conocido desde el principio la signatura vigente del Memorial. Las primeras facturas demostraban la contratación de búsquedas, no su resultado.

Pero sí revelaban una continuidad de interés que precedía a la muerte de Pablo Mena.

—¿Quién autorizó los encargos? —preguntó Martín.

Elena colocó tres documentos sobre la mesa.

En uno aparecía el director administrativo de Patrimonio del Norte. Otro había sido emitido por una sociedad vinculada al mismo grupo. El tercero identificaba al despacho de Julián Velasco como responsable jurídico de una ampliación de la investigación.

Su autorización decía:

“Apruébase ampliación de investigación de procedencia conforme a instrucciones remitidas por este despacho.”

Adrián volvió a leer la fórmula.

Hasta entonces habían documentado que los informes circulaban por el entorno profesional de Velasco. Aquella autorización demostraba una intervención mayor en la contratación, aunque todavía era necesario distinguir el uso de una cuenta del despacho de la actuación personal de su titular.

Elena abrió el correo asociado.

El asunto era “Ampliación Valderrama” y figuraba remitido desde el despacho de Velasco a Marta Llorente.

Su contenido decía:

“Priorizar línea Fernando-Alfonso-Leonor. Verificar transmisión Santillana-Burgos y cualquier referencia a memoria funeraria anterior a la relación corriente.”

Martín observó que la instrucción ya no se limitaba a aprobar un presupuesto.

Definía los objetivos históricos de la búsqueda.

Adrián señaló la sucesión de nombres. La referencia a Leonor y a una memoria anterior mostraba que el proyecto intentaba localizar precisamente las diferencias que ellos habían podido comprobar al abrir el Memorial.

Aquella orientación tenía un posible valor profesional.

Si determinados informes de procedencia habían utilizado únicamente la relación breve de gobierno, una copia extensa podía exigir revisar sus conclusiones.

La continuidad de la línea de Fernando no modificaba automáticamente la titularidad contemporánea de una colección, pero sí podía cambiar la descripción de su trayectoria histórica.

Elena comprobó la fecha del correo.

Había sido enviado dos años antes de la muerte de Mena.

Eso acreditaba que el despacho participaba en el proyecto mucho antes de que la investigación contemporánea quedara atravesada por el homicidio.

La atribución personal de cada intervención electrónica requeriría verificar los registros de acceso, pero las instrucciones ya no podían describirse como una simple recepción pasiva de información.

Clara Montalvo, que había llegado mientras examinaban la correspondencia, preguntó si el interés patrimonial de Velasco estaba documentado en algún informe concreto.

Elena abrió una relación de clientes del despacho.

Algunas sociedades habían contratado estudios sobre colecciones o bienes cuya procedencia se explicaba mediante versiones históricas consolidadas de la rama de Diego. El Memorial podía obligar a revisar determinadas descripciones.

—Eso explica un motivo profesional para querer encontrarlo —dijo Adrián.

—Y también por qué había presupuesto para seguir buscándolo —añadió Elena—. Lo que todavía no demuestra es que alguien haya cometido un delito para conseguirlo.

Elena dejó el correo junto a las primeras facturas.

La documentación permitía establecer que el despacho había autorizado gastos y orientado una investigación histórica específica. La búsqueda había seguido una ruta reconocible desde años antes del primer crimen.

Ahora debían determinar cuándo aparecieron encargos que dejaron de referirse exclusivamente a los documentos.