CAPÍTULO 19 EL PESO #4
Por los altavoces integrados en las paredes de madera noble comenzó a reproducirse un archivo de audio limpio, desprovisto de ruidos parásitos. La voz de Miren Uriarte, serena, nítida y pausada, llenó la sala como una presencia póstuma que congeló el aliento de los presentes:
«...dejo constancia ante el señor secretario judicial de que el diputado Kepa Arostegui me citó personalmente en el reservado del restaurante Víctor Montes el doce de septiembre.
Me ofreció doscientos cincuenta mil euros a través de una cuenta fiduciaria en el Credit Suisse si emitía un informe de conformidad sobre las deducciones por patentes de Atalante Capital.
Cuando le advertí de que elevaría el expediente a la Fiscalía Especial, me dijo que ningún inspector de tercer nivel iba a desbaratar un negocio de cien millones de euros apadrinado por los dueños de medio Bilbao.
Si algo me ocurre, hago constar que los únicos que tenían acceso a la matriz de las transferencias de Nicosia eran don Kepa Arostegui y el señor Sylvain Deschamps... »
El chasquido del final de la grabación dejó a la sala sumida en un silencio de tumba.
Arostegui tenía los ojos vidriosos, fijos en la madera del suelo. Una lágrima solitaria descendió por el surco de su mejilla izquierda, desprovista de arrepentimiento, nacida únicamente de la certidumbre de su completa y definitiva ruina.
—Sorokin... Sorokin y Deschamps no aceptaban dilaciones —susurró el detenido con un hilo de voz áspera, que apenas llegó al micrófono del atril—.
Barandiarán había contactado con la oficina de la OLAF en Bruselas a espaldas de la Consejería.
Iba a entregar las liquidaciones cruzadas la misma mañana de la firma del Cupo.
Si la OLAF intervenía el Palacio Euskalduna con la prensa internacional presente, los fondos fiduciarios de Atalante habrían sido intervenidos en Luxemburgo en veinticuatro horas.
Deschamps me dijo que la única manera de frenar el escándalo era que pareciera una parada cardíaca por estrés...
Yo no apreté la jeringuilla, Ainara. Yo solo facilité el acceso al aparcamiento subterráneo.
—Usted facilitó el veneno, la impunidad y el señalamiento del objetivo, señor Arostegui —concluyó Ainara con una serenidad implacable—. En derecho penal eso tiene un nombre exacto y tipificado: cooperación necesaria en un delito de asesinato con alevosía y precio.
El Juez Fernando Irazábal firmó la providencia que reposaba ante él y miró al letrado de la Administración de Justicia.
—Visto el estado de las actuaciones —dictó el magistrado con un timbre grave y solemne—, y concurriendo los requisitos establecidos en los artículos quinientos tres y quinientos cinco de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ante la gravedad extrema de los hechos imputados, castigados con penas que superan holgadamente los dos años de prisión, el evidente riesgo de fuga acreditado por la detención del investigado en la muga pirenaica y el riesgo de reiteración delictiva y destrucción de pruebas, este Juzgado de Instrucción número cuatro acuerda la prisión provisional comunicada y sin fianza para el investigado don Kepa Arostegui por los delitos de asesinato en grado de cooperación necesaria, cohecho continuado, pertenencia a organización criminal y fraude fiscal continuado, ordenándose su inmediato traslado e ingreso en el Centro Penitenciario de Basauri.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reforma en el plazo de tres días y subsidiario de apelación ante la Audiencia Provincial de Bizkaia, sin efecto suspensivo alguno.
Líbrense los mandamientos de conducción oportunos y procédase a su custodia inmediata.
Dos ertzainas avanzaron con paso marcial hacia el banco de los acusados.
Uno de ellos extrajo los grilletes de acero inoxidable y los cerró sobre las muñecas de Kepa Arostegui con un doble chasquido metálico que selló su destino penal.
El letrado Jaime Echevarría recogió sus manuales con manos temblorosas, firmando la notificación judicial de pie sin atreverse a mirar a su cliente.
Arostegui se puso en pie con lentitud. Al pasar junto al atril de la fiscal, se detuvo un instante. Sus ojos, enrojecidos pero cargados de un rencor inextinguible, se clavaron en los de Ainara con una sonrisa sibilina:
—Usted cree que ha ganado una gran batalla moral porque me encierra a mí en una celda de Basauri, Ainara.
Cree que su toga limpia el fango de este país.
Pero el dinero es como el agua: si cierras la compuerta de la ría en Bilbao, el caudal busca el valle.
Y la caldera de los que doblan el hierro con las manos en el Deba ya está silbando.
Atalante compró la deuda de los hornos, y la leña está ardiendo bajo las piedras de Mondragón.
Las cooperativas de la Ley 11/2019 creen que el principio de una persona un voto las hace invulnerables, pero la deuda comercial no vota en asambleas; la deuda ejecuta y ahoga.
Cuando esa caldera estalle, su código penal no va a bastar para apagar el fuego.
—Llévenselo —ordenó el Juez Irazábal con un gesto perentorio.
Los agentes de la Ertzaintza sujetaron a Arostegui por los brazos y lo condujeron a través de la puerta lateral que comunicaba con los calabozos subterráneos del palacio judicial.
Ainara permaneció inmóvil en estrados. El eco de las palabras del patriarca sobre el fuego en las fundiciones del Deba resonó en su mente con la frialdad de una amenaza latente; la causa del Cupo quedaba resuelta en los tribunales de Bilbao, pero una sombra industrial oscura comenzaba a perfilarse en el horizonte de Gipuzkoa.
♦ ♦ ♦
A las seis de la tarde, el Salón del Trono del Palacio de la Diputación Foral de Bizkaia, en el número veinticinco de la Gran Vía Diego López de Haro, resplandecía bajo la iluminación dorada de tres monumentales arañas de cristal de La Granja.
Los altos zócalos de mármol de Carrara, las molduras doradas al fuego y las vidrieras polícromas que representaban los fueros tradicionales y el árbol de Gernika enmarcaban un escenario desbordado por más de ochenta periodistas, cámaras de televisión de toda Europa y corresponsales de los principales diarios económicos del continente.
El aire de la sala estaba cargado por el murmullo incesante de las crónicas en directo que se transmitían simultáneamente hacia Madrid, Bruselas, Fráncfort y París.
Mathieu Etcheverry permanecía de pie en el lateral de la mesa presidencial.
Llevaba un traje sastre azul marino de corte impecable, una camisa blanca nítida y corbata de seda oscura.
Había descansado apenas tres horas en un hotel cercano tras el regreso del convoy de Izpegi, pero en sus facciones afiladas no quedaba rastro del agotamiento de los montes; sus ojos claros escrutaban la sala con la calma sobria de quien ha cumplido su misión hasta las últimas consecuencias.
En el centro de la mesa, flanqueado por las banderas de Euskadi, España y la Unión Europea, tomaba asiento Bernard Marchand.
El Director General de la OLAF había aterrizado en el aeropuerto de Loiu a primera hora de la tarde en un reactor oficial de la Comisión Europea.
A su lado se encontraban la Diputada Foral de Hacienda y Finanzas de Bizkaia, el Secretario de Estado de Hacienda del Gobierno central y, dos sillas más allá, Iñaki Mendieta, cuya presencia pálida y silenciosa servía de mudo testimonio de la capitulación burocrática de Lakua.
Marchand ajustó el micrófono de cuello de cisne y desplegó una carpeta azul con el sello dorado de la Comisión Europea.
La sala enmudeció en cuestión de segundos. Solo se escuchaba el clic continuo de los obturadores de los reporteros gráficos en la primera fila.
—Señoras y señores —comenzó Bernard Marchand en un castellano pausado y riguroso, con un acento belga que otorgaba una gravedad añadida a cada término—.
Comparezco esta tarde en Bilbao en nombre de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y en representación de las instituciones de la Unión Europea para hacer públicas las conclusiones definitivas del Equipo Conjunto de Investigación constituido bajo el amparo de Eurojust.
Marchand hizo una pausa deliberada, alzando la vista hacia la batería de cámaras:
—La exhaustiva investigación penal y forense desarrollada durante las últimas semanas por la Fiscalía del País Vasco, la Ertzaintza y los inspectores de la OLAF ha acreditado de manera incontrovertible que las irregularidades financieras y los desvíos tributarios detectados en el territorio de Bizkaia no obedecen a ninguna deficiencia intrínseca, vicio o ilegalidad del régimen del Concierto Económico vasco amparado por la Ley 12/2002.
Por el contrario, ha quedado plenamente demostrado que el sistema foral de autonomía fiscal fue objeto de un parasitismo delictivo perpetrado por un cártel privado internacional integrado por mercantiles fiduciarias y personas físicas concretas que falsificaron balances y simularon proyectos tecnológicos para defraudar fondos públicos y evadir tributos.
Un rumor de asentimiento y sorpresa contenida recorrió la bancada de los periodistas económicos. Marchand prosiguió con firmeza: