CAPÍTULO 19 EL PESO #3
—Mi querida fiscal... Comprendo que para alguien cuya carrera se ha desarrollado entre autos judiciales y nóminas públicas pagadas puntualmente por la Diputación resulte complejo entender cómo funciona la economía global de este siglo.
Arostegui nuestro trabajo consistió en blindar la competitividad fiscal de nuestras empresas frente a la voracidad de las multinacionales holandesas, luxemburguesas e irlandesas.
El régimen especial de las ETVE y la deducción por I+D son herramientas legales aprobadas por las Juntas Generales de Bizkaia.
Si las empresas de este país querían evitar que el capital huyera hacia Fráncfort o Londres, necesitaban estructuras que permitieran retener la liquidez dentro de nuestro territorio.
—Retener la liquidez —repitió Ainara, dando un paso al frente y tomando de su carpeta tres documentos bancarios impresos en papel timbrado—.
Muy ilustrativo, don Kepa. Pero los balances de las mercantiles interpuestas demuestran que el noventa y dos por ciento de esos ciento veinte millones de euros deducidos nunca se reinvirtió en ningún laboratorio de Zamudio ni en ninguna fundición de Mondragón.
Ese capital fue transferido en tramos fraccionados de novecientos mil euros hacia cuentas instrumentales en el Bank of Cyprus en Nicosia y en la Banque Cantonale de Genève, regresando posteriormente a cuentas fiduciarias controladas por la mercantil luxemburguesa Atalante Capital Partners mediante contratos ficticios de cesión de patentes.
Licencias de software algorítmico cuyo código fuente, analizado por los peritos de la Policía Científica, era una vulgar copia de manuales informáticos de código abierto sin desarrollo técnico alguno.
¿Sabía usted que el beneficiario último de esas cuentas en Nicosia es una sociedad offshore registrada en las Islas Vírgenes Británicas cuyo titular real es el ciudadano Viktor Sorokin?
Arostegui entrecerró los ojos. La mención del nombre del magnate ruso provocó una ligera sacudida en sus mandíbulas, pero mantuvo la compostura:
—Un bufete internacional de asesoramiento tributario no ejerce de policía aduanera de sus clientes, doña Ainara.
Nosotros diseñamos estructuras contractuales plenamente conformes con la literalidad de la Norma Foral.
Si los inversores extranjeros canalizan sus dividendos a través de intermediarios financieros en Suiza o en el Mediterráneo, son ellos quienes deben responder ante sus respectivas jurisdicciones.
Yo fui Diputado General de este territorio; yo levanté el tejido financiero de Bizkaia cuando la reconversión industrial de los ochenta convirtió las márgenes de esta ría en un cementerio de herrumbre y paro tras los despidos masivos en los astilleros Euskalduna y en Altos Hornos.
¿Es culpa del herrero que forja la reja si otro hombre usa el hierro para ensartar a su vecino en una taberna?
El símil cayó sobre los estrados con una resonancia teatral ensayada. Jaime Echevarría asintió con una leve inclinación de cabeza, creyendo que su cliente había ganado el asalto dialéctico.
Ainara no pestañeó. Se acercó al atril judicial con tres legajos complementarios unidos al sumario, cuyas carátulas lucían el sello digital de la Unidad Central de Inteligencia Financiera:
—El herrero no cobra un peaje del doce por ciento en cuentas opacas de Chipre por cada reja que desangra a su pueblo, señor Arostegui.
La réplica de Ainara cayó con el peso de una losa de granito. Arostegui desvió la mirada hacia la mesa de su abogado, apretando los labios con una rigidez repentina.
—La memoria digital clonada de sus servidores privados —continuó la fiscal con implacable serenidad— acredita que por cada operación de deducción ficticia aprobada ante la Hacienda Foral mediante certificados mercantiles falsos, el bufete Arostegui su rostro blanco como la cera no halló ninguna respuesta ingeniosa en su repertorio patricio.
Ainara abrió entonces la carpeta roja que descansaba sobre su atril, extrayendo un dictamen pericial grapado con precinto de seguridad del Instituto Vasco de Medicina Legal:
—Dejemos a un lado los balances contables por un momento, señor Arostegui. Hablemos ahora de los catorce nanogramos de digoxina por mililitro hallados en el ventrículo izquierdo de Iñigo Barandiarán, y de lo que ocurrió en la casa de Getxo la noche en que asesinaron a Miren Uriarte.
♦ ♦ ♦
El eco de la palabra asesinato reverberó contra los artesonados de la Sala número cuatro con la fuerza de un aldabonazo fúnebre.
Kepa Arostegui levantó bruscamente la cabeza, con un destello de ira descontrolada asomando por primera vez tras la máscara señorial:
—¡Eso es una calumnia intolerable, señoría!
—exclamó con la voz enronquecida, alzando un índice trémulo hacia Ainara—.
¡No voy a consentir que el Ministerio Fiscal insinúe que tengo las manos manchadas de sangre!
¡Soy abogado en ejercicio y he servido a las instituciones forales con honor durante cuatro décadas!
El Juez Fernando Irazábal descargó la mano abierta sobre el estrado con un golpe seco que zanjó la protesta:
—Modere el tono y guarde el orden debido al tribunal, señor investigado.
La señora Fiscal está formulando preguntas con base en diligencias y pericias unidas al procedimiento.
Conteste a las cuestiones que se le plantean o acójase a su derecho constitucional a guardar silencio. Prosiga, señora Zubiaga.
Ainara no elevó la voz ni un solo decibelio. Deslizó el informe pericial hacia el atril del letrado de la Administración de Justicia:
—Consta acreditado en el informe toxicológico definitivo emitido por la Sección de Química Forense del Instituto Vasco de Medicina Legal mediante cromatografía de gases y espectrometría de masas en tándem que el inspector Iñigo Barandiarán no sufrió una cardiopatía isquémica natural en el Palacio Euskalduna.
El rango terapéutico de los glucósidos digitálicos en plasma oscila entre cero coma ocho y dos nanogramos por mililitro; la concentración hallada en la sangre venosa de Barandiarán alcanzaba catorce nanogramos por mililitro, una dosis masiva e incompatible con la vida que provocó un colapso auriculoventricular letal en asistolia en menos de cuarenta segundos.
Asimismo, su historial clínico en Osakidetza no registraba ninguna prescripción farmacológica para arritmias cardíacas ni patología coronaria previa.
Y lo más determinante: el registro telemático de las cámaras del túnel de acceso al palacio de congresos demuestra que a las ocho y media de la noche del quince de noviembre su chófer personal recogió en el Hotel Carlton a un individuo con pasaporte fiduciario de los Emiratos Árabes Unidos, identificado por Europol como un ejecutor operativo de la red de Viktor Sorokin.
Arostegui tragó saliva ruidosamente; la nuez de su garganta subió y bajó con un movimiento convulsivo.
—Eso... eso no prueba nada —balbuceó con la mirada fija en los legajos—. Mi chófer realiza decenas de traslados protocolarios cada semana por cuenta de los clientes corporativos del bufete. Yo no conocía la identidad de ese individuo ni la naturaleza de sus actividades.
Ainara no se detuvo:
—El registro de llamadas del teléfono satelital que usted portaba en el momento de su detención en el puerto de Izpegi registra tres comunicaciones cifradas en la madrugada del quince de noviembre con un abonado de Biarritz a nombre de Sylvain Deschamps.
En la última de esas llamadas, grabada en los servidores del telepuerto luxemburgués clonados por el equipo conjunto de investigación, una voz que la Policía Científica ha identificado pericialmente como la suya pronuncia exactamente las siguientes palabras: «El inspector de Lakua tiene los duplicados de las liquidaciones de 2021; si llega a la reunión de mañana con la OLAF, el suelo se abrirá bajo nuestros pies. Cerrad el asunto esta noche».
Jaime Echevarría intentó levantarse para objetar la transcripción, pero Arostegui lo detuvo apoyando una mano inerte sobre el brazo de su defensor.
El ex-Diputado General parecía haberse vaciado de toda soberbia en cuestión de segundos; sus hombros se encorvaron hacia delante y su respiración se volvió un silbido asmático y quebrado.
—Arostegui —prosiguió Ainara, mirándolo con una severidad que no dejaba resquicio al perdón—.
Miren Uriarte fue asfixiada con fármacos en una casa de seguridad cuya ubicación exacta en la calle Telletxe de Getxo solo conocían tres personas: el juez instructor, el inspector jefe Atxaga y usted, que recibió la notificación del señalamiento judicial apenas dos horas antes del asalto.
Antes de morir, Miren grabó una declaración judicial preconstituida bajo el artículo setecientos setenta y siete de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Mathieu Etcheverry pulsó un comando en la tableta conectada al sistema de megafonía de la sala.