CAPÍTULO 19 EL PESO

A las dos en punto de la tarde, la luz cenicienta del invierno bilbaíno resbalaba sobre los aleros de piedra de la calle Henao, filtrándose a través de las vidrieras emplomadas del portal señorial que albergaba la sede de la Fiscalía Provincial de Bizkaia.

No había furgones de la Policía Nacional apostados frente a la entrada ni agentes de la comisión inspectora de Madrid custodiando las escaleras de mármol.

Los precintos adhesivos de color escarlata con el escudo del Ministerio de Justicia que apenas cuarenta y ocho horas antes clausuraban la puerta del despacho número doce habían sido retirados con pulcritud; sobre la madera de roble barnizada únicamente quedaba una leve marca blanquecina de adhesivo raspado con espátula, testimonio mudo de una orden jerárquica fulminada por la legalidad comunitaria.

Ainara Zubiaga cruzó el zaguán con paso regular y firme.

Llevaba su gabardina gris marengo desabotonada, un traje sastre de lana oscura y el maletín de cuero gastado colgado del hombro izquierdo.

No se detuvo en el control de seguridad de la planta baja; los dos funcionarios de guardia se cuadraron a su paso con un asentimiento silencioso que combinaba el alivio corporativo y una sombra de vergüenza institucional.

Al empujar la puerta de su despacho, la atmósfera conservaba el olor característico a papel prensado, café frío y legajos antiguos de la instrucción criminal.

Junto a la ventana que daba al patio interior de manzanas, contemplando la caída rítmica de un sirimiri menudo que humedecía los cristales, aguardaba el Fiscal Superior del País Vasco.

Gonzalo Arana no vestía la toga ni sostenía carpetas rojas de Madrid; mantenía las manos hundidas en los bolsillos de un abrigo de paño azul marino y sus hombros caídos revelaban el agotamiento de un magistrado que había asistido al rescate forzoso de su propia jurisdicción desde las oficinas de Eurojust en La Haya.

Sobre la mesa de trabajo de Ainara reposaban dos elementos alineados con precisión geométrica: el juego de llaves de latón que abría los archivadores blindados de caudales y su credencial oficial con la placa judicial de la Fiscalía Provincial.

Arana se volvió despacio al escuchar el crujido de la tarima.

—La resolución del Miembro Nacional español en Eurojust llegó a la Fiscalía General a las diez y cuarto de esta mañana, Ainara —dijo el Fiscal Superior con un timbre quebrado, desprovisto de la solemnidad jerárquica con la que dos días atrás le notificaba su avocación—.

El acuerdo de constitución del Equipo Conjunto de Investigación bajo la Decisión Marco comunitaria suspende de pleno derecho cualquier remoción gubernativa o expediente disciplinario interno.

El Fiscal General no tuvo más alternativa que archivar la avocación por falta sobrevenida de objeto y ordenar la restitución inmediata de tus competencias procesales para sostener la acusación pública conforme al artículo ciento veinticuatro de la Constitución.

Ainara avanzó hasta el borde del escritorio sin prisa. Dejó el maletín en el suelo y tomó la placa judicial entre sus dedos. El metal dorado, frío bajo las yemas, pesaba con la gravedad de diez años de servicio ininterrumpido en la persecución de delitos económicos.

—Las órdenes de avocación no se revocan por cortesía burocrática, Gonzalo —respondió ella con voz seca y calmada—.

Se revocan cuando Bruselas amenaza con abrir un procedimiento de infracción contra el Reino de España por obstrucción a la justicia comunitaria y cuando la Police Judiciaire francesa detiene en Biarritz al gestor del dinero que Madrid pretendía proteger.

El Fiscal Superior bajó los ojos hacia el suelo de parqué.

—El pánico nubló el juicio de muchos despachos, Ainara.

La amenaza de la Dirección General de Competencia sobre la liquidación del Concierto Económico no era un fantasma retórico; era un misil dirigido a la línea de flotación de nuestras finanzas públicas.

Cuando el Fiscal General vio los borradores filtrados desde Alemania, creyó que sacrificar una instrucción local salvaría el pacto político global.

—Las instituciones no se salvan escondiendo los crímenes de los poderosos bajo la alfombra del miedo —replicó Ainara con una frialdad cortante—.

Se salvan demostrando a la ciudadanía que nadie, por mucho que se envuelva en la bandera del autogobierno o en los balances de un gran bufete de la Alameda Mazarredo, está por encima de las leyes penales.

Si hubiéramos entregado los discos clonados a la comisión de Madrid, hoy Kepa Arostegui estaría brindando en Zúrich con el dinero expoliado a las arcas vascas.

La puerta del despacho se abrió en ese instante sin que mediara llamada previa.

Iñaki Mendieta se detuvo en el umbral. El Viceconsejero de Hacienda del Gobierno Vasco parecía haber envejecido una década en el transcurso de cuarenta y ocho horas.

Su habitual empaque de tecnócrata de Lakua, pulcro y distante, se había desmoronado por completo: vestía un traje oscuro arrugado, la camisa azul clara tenía el botón superior desabrochado sin corbata y sus ojos hundidos estaban surcados por una red de capilares enrojecidos.

En su mano derecha sostenía una cartera de fuelle de cuero negro reforzada con cantoneras metálicas, tan pesada que inclinaba su postura hacia un costado.

Mendieta miró a Gonzalo Arana y luego clavó la vista en Ainara. Respiraba con una fatiga honda, como si acabara de subir las escaleras a la carrera.

—Señor Mendieta —dijo Ainara sin alterar el tono—. No recuerdo haberle concedido audiencia en esta sede.

El Viceconsejero cerró la puerta a su espalda con un movimiento lento y apoyó la cartera sobre la mesa auxiliar de reuniones.

—No vengo en calidad de miembro del Ejecutivo foral a solicitar una audiencia, doña Ainara —murmuró el Viceconsejero, con la voz ronca por el tabaco y el insomnio—.

Vengo a comparecer voluntariamente ante la Fiscal Delegada de la causa para aportar las piezas documentales que nunca debieron quedar bajo llave en Vitoria.

Gonzalo Arana hizo un ademán de retirarse, pero Ainara levantó la mano izquierda:

—Quédese, Fiscal Superior. Es conveniente que la jefatura de esta Fiscalía escuche exactamente lo que el señor Viceconsejero tiene que manifestar a las diligencias previas.

Mendieta tiró de la cremallera de la cartera y extrajo cinco carpetas gruesas de cartulina beige, selladas con el membrete en tinta carmesí de la Inspección Central de Tributos de la Hacienda General del País Vasco.

Cada legajo superaba los cuatrocientos folios, cosidos con cordelillo de cáñamo y rubricados en sus márgenes por inspectores de finanzas del Gobierno Vasco.

—Estas son las cinco auditorías tributarias forales que Iñigo Barandiarán y Miren Uriarte elaboraron entre 2018 y el pasado mes de noviembre —explicó Mendieta, apoyando las palmas de las manos sobre el escritorio con los nudillos blanquecinos—.

Son los expedientes de fiscalización integral sobre las sesenta y cuatro sociedades tenedoras de valores extranjeros, las mercantiles de arrendamiento de patentes vacías y las deducciones por proyectos ficticios de investigación y desarrollo que Arostegui & Partners diseñó para desviar ciento veinte millones de euros hacia Nicosia, Ginebra y Luxemburgo.

Esas mercantiles carecían de empleados en nómina, no disponían de metros cuadrados productivos y operaban desde un simple buzón postal en un centro de negocios de la calle Lersundi, recibiendo dividendos triangulados desde Delaware e Islas Caimán para acogerse indebidamente al régimen de exención sobre rentas exteriores.

Ainara no tocó las carpetas de inmediato. Mantuvo los brazos cruzados sobre el pecho, escrutando el rostro descompuesto del Viceconsejero.

—Usted me llamó por teléfono hace tres días a altas horas de la noche para advertirme de que si no detenía la investigación sobre el bufete de Arostegui, la Fiscalía sería responsable de la quiebra del modelo foral —le recordó ella, midiendo cada sílaba—.

Aseguró que la causa era una conspiración para dinamitar el Cupo.

¿Qué ha cambiado en su criterio, señor Mendieta?

¿El miedo a terminar sentado en el banquillo junto a su amigo Kepa?

Mendieta tragó saliva con esfuerzo. Se pasó la mano temblorosa por la frente perlada de sudor frío y negó con la cabeza:

—No soy amigo de Kepa Arostegui, doña Ainara.

Nunca lo fui. Pero cuando fui nombrado Viceconsejero en Lakua, el régimen del Concierto Económico acababa de salir de la pesadilla de las sentencias europeas sobre las vacaciones fiscales de los años noventa.

Nos costó quince años de litigios en Luxemburgo y más de cincuenta millones de euros en multas comunitarias recuperar la legitimidad de nuestra autonomía tributaria tras los fallos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los asuntos acumulados de La Rioja y las sentencias de 2006 y 2014.

Cuando el señor Arostegui vino a mi despacho a advertirme de que un fondo internacional y funcionarios alemanes estaban preparando un dossier para acusar al País Vasco de competencia desleal y ayudas de Estado ilegales ante la Comisión Europea invocando el Reglamento 2015/1589, el pánico nos paralizó por completo.

—El pánico no exime de la obligación legal de perseguir el delito público, señor Mendieta —intervino Gonzalo Arana con severidad.