CAPÍTULO 17 LA COMISARIA #3

Se produjo una pausa de tres segundos. Al otro lado de la línea se escuchó el crujido de un sillón de piel basculando hacia atrás y el roce de unos folios al ser apartados bruscamente sobre un escritorio de caoba:

—Etcheverry... —dijo Marchand, y en su voz la sorpresa inicial dio paso inmediato a una dureza glacial, desprovista de cualquier atisbo de cordialidad—.

Tiene usted exactamente sesenta segundos para justificar por qué no está bajo custodia disciplinaria en la delegación de Madrid o camino de la sede central de Bruselas.

Ayer a las dieciocho horas expiró el plazo improrrogable que le ordenaba suspender cualquier diligencia en territorio español, entregar sus credenciales diplomáticas y presentarse ante la comisión de deontología del edificio Berlaymont.

En este momento, su expediente está calificado como falta muy grave por insubordinación y abandono de servicio.

He firmado personalmente la propuesta de cese fulminante y la revocación de su inmunidad funcional.

La policía judicial española tiene orden de retenerlo si intenta aproximarse a cualquier sede institucional.

—Sé perfectamente qué papeles descansan sobre su mesa, Bernard —replicó Mathieu con una frialdad tranquila que desarmó el exabrupto burocrático de su superior—.

Y usted sabe que si estuviera escondiéndome para eludir un expediente disciplinario, lo último que haría sería activar el transpondedor del canal rojo de la Dirección General.

No le llamo para negociar mi reincorporación al escalafón administrativo ni para suplicar la indulgencia del comité de ética.

Le llamo porque acabamos de reventar el servidor de comunicaciones fiduciarias de Sylvain Deschamps en Donibane Garazi y tengo en mi pantalla el volcado íntegro de la operación encubierta que el Bundesnachrichtendienst está ejecutando a través de la Dirección General de Competencia.

La respiración de Marchand se congeló en el auricular. El sonido de fondo en el despacho de Bruselas —el rumor lejano del tráfico matinal en el barrio europeo y el murmullo de los acondicionadores de aire— pareció desvanecerse:

—Mida sus palabras con extraordinaria prudencia, Etcheverry —advirtió Marchand con un tono sordo, donde la agresividad jerárquica comenzaba a resquebrajarse bajo una alarma genuina—.

Involucrar a los servicios de inteligencia exterior de un Estado miembro de la Unión Europea sin pruebas documentales fehacientes constituye una calumnia que traspasa el ámbito administrativo y entra de lleno en el código penal militar.

—En este instante acabo de inyectar en el búfer de entrada de su terminal privado el primer paquete de comprobación forense —continuó Mathieu, pulsando la tecla de retorno en el teclado del portátil—.

Verifique el hash criptográfico SHA-256 que aparece en su pantalla.

Coincide exactamente con el registro que obra en el servidor seguro de la OLAF.

Lo que tiene ante sus ojos son veintidós memorandos clasificados intercambiados durante las últimas setenta y dos horas entre el buzón corporativo de Sylvain Deschamps, director de Atalante Capital Partners en Luxemburgo, y la doctora Patricia Hagen, jefa de la división de geoeconomía del BND destacada como asesora especial de cumplimiento normativo ante la DG COMP.

Ainara dio un paso hacia el balcón, observando cómo la barra de transferencia telemática completaba el envío al cien por cien. El aire helado del amanecer le agitaba los mechones oscuros sobre la frente, pero su postura permanecía inmutable, anclada a la madera como una estatua de vigía.

Al otro lado del satélite, el silencio se prolongó durante casi cuarenta segundos. Solo se percibía el tecleo pausado y pesado de Marchand contrastando las firmas criptográficas en su pantalla de alta seguridad:

—Son certificados de clave pública del Gobierno Federal de Berlín... —murmuró Marchand, y por primera vez en siete años Mathieu percibió una fractura real en la coraza del Director General—. Las claves PGP corresponden a la delegación de enlace de seguridad en Bruselas.

—Son auténticos hasta el último bit, Bernard —remachó Mathieu, y su voz adquirió la densidad pétrea de las verdades que no admiten réplica—.

Y el contenido de esos archivos explica con precisión milimétrica por qué el Ministerio de Hacienda en Madrid y la Fiscalía General recibieron presiones inmediatas para cesar a la fiscal delegada Ainara Zubiaga y por qué a mí se me ordenó repatriación forzosa.

La denuncia por supuestas ayudas de Estado ilegales contra el Concierto Económico vasco que la Comisión Europea planea anunciar hoy a las doce del mediodía es un montaje coordinado entre Kepa Arostegui y Patricia Hagen.

Arostegui suministró balances deliberadamente falsificados de sesenta y cuatro sociedades de tenencia de valores para hacer creer a Bruselas que la Hacienda Foral de Bizkaia amparaba un esquema masivo de fraude tributario.

Su plan era provocar una crisis de Estado para forzar una amnistía política que tapara su propio desfalco millonario.

Y Hagen utilizó esos datos adulterados para construir el caso piloto con el que Berlín pretende derogar la jurisprudencia comunitaria de 2008 e imponer la armonización forzosa del Impuesto de Sociedades en toda la Unión.

—Mon Dieu... —se le escapó a Marchand en un susurro involuntario que delataba el abismo que acababa de abrirse bajo sus pies de burócrata—.

Si la Comisión hace pública esa apertura de expediente con informes manipulados procedentes de un cártel financiero bajo investigación penal, el escándalo destruirá la credibilidad jurídica de la Dirección General de Competencia para la próxima década.

—El escándalo destruirá a la Comisión, Bernard, pero el coste humano ya se ha pagado en sangre —dijo Mathieu, y en su tono afloró una aspereza punzante que hizo que el propio Marchand guardara un silencio reverencial—.

Hace cuatro días asesinaron con digoxina al inspector foral Iñigo Barandiarán en el Palacio Euskalduna de Bilbao porque se negó a validar esos balances trucados.

Y anoche ejecutaron a la inspectora Miren Uriarte en un piso franco de Getxo, inyectándole una sobredosis letal de fármacos para simular un suicidio y enterrar el rastro del dinero que fluía hacia las cuentas fiduciarias de Deschamps en el Banque Internationale à Luxembourg.

El silencio volvió a adueñarse de la línea. Era un silencio denso, opresivo, que pesaba más que las miles de leguas de cable y éter que separaban los pastos de Labort de los rascacielos de cristal de la Rue Joseph II.

Mathieu apoyó la mano libre en la barandilla de roble y cerró los ojos un instante. En la penumbra de su memoria surgió con una nitidez dolorosa el recuerdo que llevaba dos años sepultado bajo el cinismo de los informes oficiales:

—Usted y yo sabemos muy bien cómo termina esto cuando la Dirección General decide mirar hacia otro lado para no incomodar a las cancillerías, Bernard —dijo Mathieu, bajando la voz hasta convertirla en un susurro cortante como el filo de una navaja—.

Hace dos años, en el puerto de Zeebrugge, mis inspectores tenían cercada la red de buques cisterna y terminales logísticas que Viktor Sorokin utilizaba para blanquear crudo y pagarés fiduciarios a través de sociedades pantalla de Amberes y Róterdam.

Yo le pedí por escrito autorización para solicitar mandamientos judiciales de entrada y registro a la fiscalía belga.

Usted me denegó la orden alegando que el Ministerio de Asuntos Exteriores en Berlín consideraba inoportuno perturbar las relaciones diplomáticas mientras se negociaban las cuotas del gas licuado en el Báltico.

Se archivó la pieza separada. Dos meses después, Isabelle subió a su coche en un callejón de Amberes y saltó por los aires al girar la llave del contacto.

Su muerte fue despachada como un ajuste de cuentas fortuito entre contrabandistas de tabaco.

A usted lo promovieron a Director General de la OLAF.

Y a mí me enviaron a Madrid con una medalla al mérito en el pecho y una cicatriz que no me deja dormir.

Al otro lado del satélite, Marchand no intentó interrumpirlo ni esgrimió excusa alguna. El funcionario septuagenario conocía el peso exacto de aquella deuda:

—No voy a permitir que vuelva a repetirse, Bernard —añadió Mathieu con una determinación que no dejaba resquicio a la duda—.

Si usted se acobarda ahora, si permite que Patricia Hagen y Sylvain Deschamps utilicen a la Comisión Europea como sicario institucional para liquidar a una fiscalía anticorrupción territorial y destruir un marco foral legítimo, esta misma mañana no me limitaré a presentar una queja administrativa ante el Defensor del Pueblo Europeo.

Antes de las diez de la mañana, el volcado íntegro de Donibane Garazi, con los hashes de Hagen, los extractos de Sorokin y la autopsia toxicológica de Barandiarán, estará en las redacciones del Financial Times, de Le Monde y en el despacho de la Fiscal General Europea en Luxemburgo.

Y el nombre de Bernard Marchand encabezará la lista de altos cargos comunitarios acusados de encubrimiento continuado por la Fiscalía Europea.

El viento sopló con más fuerza en la balconada, levantando un remolino de hojas secas en el camino de grava del caserío. Mathieu mantuvo el auricular pegado a la oreja sin parpadear, sintiendo a su espalda la presencia firme y protectora de Ainara.

Pasaron quince segundos que parecieron eternos. Finalmente, la voz de Bernard Marchand emergió del receptor despojada de toda soberbia burocrática, transmutada en la voz de un hombre que comprende que el único camino para salvar su propio honor coincide con el estricto cumplimiento de la ley: