CAPÍTULO 17 LA COMISARIA #2

—Ahí es donde encaja el cinismo absoluto de Kepa Arostegui.

Arostegui no es un mártir foral ni un patriota incomprendido: es un operador mercantilista que descubrió que podía enriquecerse cobrando comisiones millonarias del fondo de Viktor Sorokin a través de las cuentas fiduciarias de Sylvain Deschamps en Ginebra y Luxemburgo.

Pero cuando los inspectores de la Hacienda Foral, encabezados por Iñigo Barandiarán y respaldados por las auditorías de Miren Uriarte, comenzaron a cerrar el cerco sobre las sesenta y cuatro sociedades instrumentales de tenencia de valores extranjeros y las deducciones infladas al setenta por ciento en falsos proyectos de software, Arostegui supo que sus días en el Ensanche estaban contados.

—Entonces pactó con Hagen —susurró Ainara, viendo encajar las últimas piezas del tablero—.

Arostegui se reunió con Deschamps en Biarritz y suministró voluntariamente a la Comisaria las auditorías manipuladas del modelo doscientos de Bizkaia.

Alteró los libros de contabilidad para que las irregularidades de su propio despacho parecieran una política tributaria institucional amparada por la Diputación Foral.

Hizo pasar su propio expolio criminal por una ayuda de Estado ilegal sistemática y continuada.

—Fue una jugada de ajedrez maquiavélica —subrayó Mathieu, deslizando hacia abajo el texto del correo fechado la víspera del crimen del Euskalduna—.

Arostegui sabía que una denuncia formal de la Dirección General de Competencia obligaría a Madrid y a Vitoria a abrir una negociación política de urgencia.

En ese escenario de crisis constitucional, Arostegui esperaba negociar una amnistía fiscal tácita o un archivo administrativo a cambio de retirar denuncias y facilitar una salida pactada, mientras sus comisiones en el extranjero quedaban a salvo.

Y Hagen obtenía la prueba de cargo para forzar la intervención de las haciendas forales desde Bruselas.

Ainara apoyó la frente en las palmas de sus manos durante unos segundos. En el silencio de la estancia, el peso de la culpa y la sospecha que habían atenazado su espíritu parecieron quebrarse de golpe.

Durante días, el temor la había atormentado: el miedo de que el Concierto Económico, la columna vertebral del autogobierno vasco, adoleciera de un defecto estructural que favorecía la impunidad de los poderosos.

Ahora, ante la frialdad de los registros informáticos y los correos de los servicios alemanes, la verdad resplandecía con la pureza de una roca lavada por la marea: el Concierto Económico, regulado por la Ley 12/2002, era un régimen tributario limpio, legítimo y plenamente homologable en el derecho comparado.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo había blindado de manera solemne en su histórica sentencia de 11 de septiembre de 2008, en los asuntos acumulados de la Unión General de Trabajadores, reconociendo que las haciendas forales de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava gozan de la triple autonomía institucional, procedimental y económica exigida por los tratados: asumen la totalidad del riesgo financiero de su recaudación y no dependen de transferencias compensatorias del Estado español para sostener sus servicios públicos.

El régimen foral no había fallado. Había sido asaltado desde dentro por un cártel privado de abogados y especuladores transnacionales, y utilizado desde fuera por una burócrata doctrinaria que pretendía imponer la uniformidad europea sobre las cenizas de la soberanía fiscal regional.

—Barandiarán murió porque descubrió el falseamiento de los datos del censo de sociedades antes de que el dossier saliera hacia Bruselas —dijo Ainara, levantando el rostro con los ojos relampagueantes de determinación—.

No fue un infarto por la tensión del cierre del Cupo; fue una ejecución preventiva con digoxina para evitar que un funcionario honesto de la Hacienda de Bizkaia denunciara que los balances enviados a la Comisión eran una burda fabricación contable.

Y a Miren Uriarte la silenciaron en Getxo con una sobredosis de betabloqueantes porque su memoria contenía los asientos bancarios exactos que conectaban los dividendos de las ETVEs con las cuentas de Sylvain Deschamps en el Banque Internationale à Luxembourg.

Mathieu abrió el calendario sincronizado de la cuenta de Hagen en el servidor de la Comisión. En la casilla correspondiente a la jornada en curso, resaltada con una marca en color escarlata, figuraba un asiento programado con la precisión milimétrica de un reloj de cuarzo:

«12:00 CET — DG COMP Plenary College: Formal adoption and public notification of the State Aid Opening Decision against the Kingdom of Spain regarding systemic tax distortions in the Basque foral territories. Press briefing scheduled for 13:00 CET» .

Ainara clavó la mirada en la marca horaria. El pulso se le aceleró bajo la piel de las muñecas:

—Faltan menos de siete horas y media —dijo Ainara—.

A las doce del mediodía, la Comisión Europea emitirá el dictamen preliminar incoando el expediente sancionador contra el Concierto.

Si ese comunicado llega a los teletipos de las agencias internacionales, el daño reputacional al tejido productivo vasco será irreversible.

Las empresas deslocalizarán sus sedes, la prima de riesgo foral se disparará y el Ministerio de Hacienda en Madrid tendrá la coartada perfecta para asumir el control de las haciendas de Bilbao, Donostia y Vitoria invocando el interés general del Estado.

—Tenemos que neutralizar el golpe antes de que ese expediente entre en la sala del Colegio de Comisarios —sentenció Mathieu, cerrando la tapa del terminal con un golpe seco que resonó en la quietud de Ustaritz—.

Y solo hay una persona en toda la estructura de la Unión Europea con la autoridad legal y la independencia funcional necesarias para ordenar la paralización cautelar de esa denuncia antes de las doce.

—El Director General de la OLAF —murmuró Ainara, reconociendo el único asidero institucional que les restaba en el abismo.

Mathieu se levantó de la mesa y recogió del maletín la antena satelital portátil y el teléfono Iridium Extreme:

—Bernard Marchand cree que sigo siendo un funcionario rebelde escondido en algún hotel de provincias esperando mi carta de despido. En veinte minutos va a descubrir que la verdad procesal no se negocia con memorandos de inteligencia.

♦ ♦ ♦

El viento del norte, el iparraldeko haizea, soplaba con una frialdad limpia y cortante a lo largo del valle del Nive, barriendo los jirones de niebla que flotaban sobre los pastos comunales de Ustaritz.

Eran las seis y cuarto de la mañana. En el horizonte oriental, por encima de las crestas oscuras del monte Mondarrain y el pico de Artzamendi, una franja de luz cenicienta comenzaba a desgarrar las nubes bajas, proyectando un reflejo acerado sobre el caudal crecido del río.

Mathieu había subido a la balconada corrida de la primera planta, apoyando la caja de transporte de fibra de vidrio sobre el pasamanos de roble macizo.

La madera conservaba la pátina rugosa de las lluvias atlánticas y el olor penetrante del liquen húmedo.

Con movimientos mecánicos y pausados, desplegó la pequeña antena parabólica direccional del terminal satelital Iridium Extreme, orientando el cono de recepción hacia el cuadrante noreste en busca de la constelación de satélites de órbita baja.

Conectó el microteléfono al módulo criptográfico de cifrado hardware y acopló el cable de datos al ordenador portátil mediante una interfaz blindada contra emanaciones electromagnéticas.

Ainara permanecía de pie en el umbral de la balconada, resguardada de la corriente por el marco de sillería de la puerta.

Llevaba una chaqueta de pana oscura que Maider había sacado del armario del recibidor y sostenía entre los dedos un lápiz con el que anotaba secuencias de números en una libreta de espiral.

Sus ojos seguían el parpadeo de los indicadores luminosos del módem con una serenidad tensa: sabían que la señal satelital, aunque altamente resistente a la interceptación civil, emitiría un pulso de radiofrecuencia identificable por los sistemas de escucha de la estación militar francesa de Domme si la transmisión se prolongaba más de doce minutos.

El módem emitió un zumbido sordo y la pantalla de cristal líquido confirmó el enlace con cinco canales de sincronización: nivel de señal óptimo, encriptación de extremo a extremo validada mediante protocolo Diffie-Hellman de tres mil setenta y dos bits.

Mathieu marcó el número directo de la línea reservada de la Dirección General de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, en el complejo de la Rue Joseph II en Bruselas.

Era el canal rojo de contingencia, un número que no figuraba en las guías corporativas comunitarias y cuyo desvío solo sonaba en el despacho privado de la máxima autoridad de la institución.

El tono de llamada se repitió tres veces en el auricular, seco y distante como un eco metálico rebotando en un pasillo desierto.

Al cuarto tono, el canal conmutó con un chasquido sordo. La respiración al otro lado de la línea sonó densa, entrecortada por la aspereza de quien lleva horas despierto frente a un cenicero lleno y una montaña de expedientes oficiales.

—¿Quién autoriza esta llamada en el canal restringido?

—preguntó Bernard Marchand en francés, con ese acento seco y cortante de los altos funcionarios valones educados en la administración ministerial de Namur.

Su tono no traslucía sorpresa, sino una fatiga autoritaria que pretendía imponer jerarquía desde la primera sílaba.

Mathieu no vaciló. Apretó el plástico negro del microteléfono contra su oreja y fijó la mirada en la bruma que se deshacía sobre los sauces del río:

—Soy el inspector jefe Mathieu Etcheverry, señor Director General. Transmito desde un terminal seguro fuera de la red comunitaria.