CAPÍTULO 15 ALL IS LOST

A las nueve y media de la mañana, la lluvia de febrero caía con una violencia sorda y plomiza sobre el cauce del Nervión, golpeando las barandillas de hierro forjado del puente del Arenal y resbalando en regueros continuos por la fachada de sillería y cristal del Palacio de Justicia de Bilbao, en el número seis de la calle Buenos Aires.

El edificio, erigido a finales de los años noventa como un baluarte de la judicatura sobre el solar de los antiguos muelles comerciales, respiraba una atmósfera de sobriedad severa: suelos de terrazo pulido en tonos ceniza, columnas de hormigón visto que sostenían la bóveda del atrio central y un rumor amortiguado de togas negras, maletines de cuero húmedo y pisadas rápidas que resonaban contra las cristaleras enfrentadas a la ría.

Ainara Zubiaga cruzó el control de seguridad de la planta baja sin pronunciar palabra, mostrando el carné profesional con un gesto seco antes de enfilar la batería de ascensores que conducía a la cuarta planta, donde se ubicaban los despachos de la Fiscalía Provincial y la Fiscalía Superior del País Vasco.

En el bolsillo interior de su abrigo oscuro, el teléfono móvil vibraba cada cuatro minutos con avisos desordenados de agencias de prensa y correos cifrados que no se detuvo a consultar.

Apenas habían transcurrido quince horas desde que los teletipos de Bruselas y Fráncfort hubieran lanzado la primicia sobre la investigación preliminar abierta por la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea contra el Concierto Económico vasco.

El impacto mediático había adquirido la magnitud de un cataclismo de Estado: la prensa económica de Madrid abría sus portadas digitales exigiendo la intervención urgente de la Hacienda Foral de Bizkaia, los líderes de la oposición en el Congreso reclamaban la derogación inmediata de la Ley del Cupo y, en los pasillos de Lakua, el pánico institucional se había propagado con la velocidad del fuego en una nave de madera.

Al salir a la cuarta planta, la quietud del pasillo no tenía nada de la ebullición ordinaria de una mañana de instrucción.

La secretaria de guardia no levantó la vista del monitor al verla pasar; se limitó a indicar con una leve inclinación de cabeza la puerta de madera noble del despacho principal de la Fiscalía Superior.

Ainara empujó la hoja de roble sin llamar.

Tras la mesa de trabajo de tres metros de longitud, flanqueada por las banderas oficiales y un ventanal alto desde el que se divisaba la curva gris del cauce hacia el puente de San Antón, se encontraba el Fiscal Superior del País Vasco.

A sus sesenta y dos años, Gonzalo Arana mantenía la compostura distante de un magistrado que había superado cuatro décadas de convulsiones políticas en el norte, pero aquella mañana su tez cetrina y el temblor casi imperceptible con el que sostenía una estilográfica sobre el secante delataban una quiebra profunda.

Frente a él, sobre el cuero de la mesa, reposaba una carpeta de cartulina roja con el membrete en relieve de la Fiscalía General del Estado.

No le ofreció asiento.

—Cierra la puerta, Ainara —dijo con un tono de voz apagado, desprovisto de la cortesía protocolaria que solía presidir sus despachos semanales—. Y siéntate.

Ainara permaneció de pie, con las manos enguantadas en piel negra apoyadas en el respaldo de la silla de confidente.

—El equipo de Delitos Económicos de la Ertzaintza y el perito de la OLAF están terminando de procesar los volcados de los servidores de Mazarredo en la central de Erandio — comenzó ella con una cadencia firme, quirúrgica—.

La imagen forense del disco duro incautado en el sótano del bufete confirma que el script de borrado remoto lanzado desde Biarritz pretendía destruir la contabilidad de sesenta y cuatro mercantiles interpuestas en Chipre y Luxemburgo.

Además, tenemos el original de la carpeta negra: el documento «CUPO — PLAN B» redactado por Kepa Arostegui.

Ese legajo demuestra que el informe remitido ayer a la Comisión Europea no es una auditoría técnica independiente, sino un artefacto de extorsión institucional diseñado para paralizar la instrucción penal.

Necesito que firme el mandamiento para requerir a la Agencia Tributaria el auxilio pericial inmediato.

El Fiscal Superior levantó lentamente los ojos. Había en su mirada una compasión amarga, casi avergonzada, que caló en el estómago de Ainara con el frío de un mal presagio.

—No habrá mandamiento, Ainara. Ni auxilio pericial.

Gonzalo Arana deslizó con la yema del índice la carpeta roja hacia el borde de la mesa. La cartulina se abrió ligeramente, dejando al descubierto tres folios con membrete oficial del Palacio de Fontalba en Madrid, coronados por la firma digitalizada del Fiscal General del Estado.

—Léelo tú misma —añadió en un susurro—. Llegó por el canal de registro telemático reservado a las siete y diez de esta mañana.

Ainara dio un paso al frente y tomó el primer folio. Sus pupilas recorrieron las líneas con la velocidad entrenada del fiscal que busca la trampa oculta en el redactado:

«En el ejercicio de las facultades que a este Fiscal General del Estado confiere el artículo veinticinco de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y atendiendo a la extraordinaria trascendencia de las diligencias de investigación penal seguidas en relación con la mercantil Arostegui «...vengo en acordar la avocación inmediata del conocimiento de la causa y la asunción directa de las diligencias por parte de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de Madrid, designándose una comisión inspectora central que asumirá la custodia de la totalidad de las actuaciones.

En consecuencia, se ordena el cese fulminante de la Fiscal Delegada doña Ainara Zubiaga Martínez en las funciones de instrucción del expediente, quien procederá a la entrega íntegra y fehaciente de cuantos cuadernos, soportes digitales, memorias de almacenamiento y piezas de convicción obren en su poder en el plazo improrrogable de dos horas a contar desde la notificación de la presente resolución. »

—El artículo veinticinco —murmuró Ainara, alzando la mirada hacia su superior—. La cláusula de excepción. El botón nuclear del Estatuto para aplastar a un fiscal díscolo cuando molesta a quien no debe.

—Es una orden jerárquica directa y vinculante, Ainara —respondió Arana con pesadumbre—. No admite recurso ordinario ni trámite de suspensión cautelar. El fiscal general ha utilizado su potestad legal de avocación. Para el Ministerio Fiscal, tú ya no eres la instructora de este caso.

—¡Esto no es una avocación procesal, Gonzalo!

¡Esto es una operación de encubrimiento político de trescientos doce millones de euros lavados con la sangre de un inspector asesinado!

Iñigo Barandiarán murió envenenado con catorce nanogramos de digoxina en el Palacio Euskalduna porque descubrió este agujero.

Ayer intentaron reventar a tiros la puerta de Miren Uriarte en Algorta.

Si entregamos los discos clonados y el dosier del Plan B a una comisión designada desde Madrid, el sumario quedará enterrado en un cajón durante seis años hasta que los delitos prescriban y Bruselas firme un pacto de no agresión fiscal con el Gobierno central.

¿De verdad vas a prestar tu firma a esta infamia?

—Yo no he firmado esa orden, Ainara —repuso Arana con una aspereza defensiva—.

La ha firmado el Fiscal General del Estado tras reunirse anoche con el Ministro de Justicia y el Presidente del Gobierno en la Moncloa.

La Comisión Europea ha incoado un expediente bajo el artículo ciento ocho punto dos del Tratado de Funcionamiento de la Unión.

Si esa causa judicial sigue abierta en Bilbao y los medios continúan publicando los extractos del bufete de Arostegui, la Comisión declarará que el Concierto Económico entero es una ayuda de Estado incompatible con el mercado común.

¿Sabes lo que eso significa? Que Madrid tendrá que intervenir las Haciendas Forales para ejecutar la recuperación forzosa de miles de millones de euros.

Significa el fin del autogobierno económico de este país.

En ese instante, el teléfono de sobremesa de la Fiscalía Superior emitió un zumbido agudo. La pantalla digital del aparato mostraba una llamada procedente de la Presidencia del Gobierno Vasco en Lakua.

Arana vaciló un segundo antes de pulsar la tecla del altavoz.

—Fiscal Superior —dijo Arana.

—Gonzalo... ¿está Ainara contigo? —La voz que brotó del altavoz no pertenecía a un político triunfante ni a un conspirador arrogante; era la voz quebrada, ronca y consumida por el insomnio de Iñaki Mendieta, Viceconsejero de Hacienda del Gobierno Vasco.

—Está aquí, Iñaki —respondió Arana—. Acabo de notificarle la resolución de Madrid.

Se produjo un silencio pesado al otro lado de la línea, roto únicamente por el crujido de un papel arrugado y la respiración agitada del viceconsejero.

—Ainara... escúchame, por favor —suplicó Mendieta, y el timbre tembloroso de sus palabras reveló una desesperación que desarmaba cualquier pretensión de soberbia—.

Sé lo que estás pensando de mí. Sé que crees que formo parte de la trama de Kepa Arostegui, que cobré comisiones de Atalante Capital o que facilité las exenciones del Patent Box para llenarme los bolsillos.

Te juro por la memoria de tu padre, Josu, que jamás toqué un solo euro de esa podredumbre. Jamás.