CAPÍTULO 14 EL TESTIGO #6
Ainara se quedó petrificada. Sus ojos verdes devoraron con un vértigo asfixiante las líneas que se sucedían a una velocidad vertiginosa en los teletipos.
El despacho de la agencia Reuters citaba textualmente extractos literales de un memorando de ciento cuarenta páginas registrado formalmente esa misma tarde en la Dirección General de Competencia en Bruselas: la denuncia acusaba a la Diputación Foral de Bizkaia de haber tejido una estructura de ingeniería fiscal que permitía a multinacionales y sociedades pantalla eludir miles de millones de euros en impuestos mediante deducciones arbitrarias del setenta por ciento en propiedad intelectual y exenciones del noventa y nueve por ciento a holdings extranjeros amparados en el Concierto Económico.
La puerta del despacho se abrió de golpe sin llamar.
Mathieu Etcheverry entró cerrándola a su espalda con un movimiento firme.
El inspector de la OLAF se había despojado de la gabardina; vestía su jersey de lana gris marengo sobre la camisa blanca, con las facciones demudadas y una palidez cadavérica que Ainara jamás le había visto en los días más duros de la investigación.
—Ha sido Arostegui —dijo Mathieu con una voz sorda, hueca, cargada de una impotencia que parecía quebrarle el pecho—.
El portavoz de la Dirección General de Competencia acaba de comparecer en una rueda de prensa no programada en la sala de prensa del edificio Berlaymont en Bruselas.
Ha confirmado que la Comisión Europea ha admitido a trámite una denuncia formal con pruebas documentales bancarias y mercantiles, incoando formalmente el expediente de investigación bajo el artículo ciento ocho punto dos del Tratado de Funcionamiento de la Unión.
Ainara se levantó de la silla con las piernas temblorosas, apoyando las dos palmas abiertas sobre la superficie de roble de la mesa:
—¿El artículo ciento ocho punto dos? ¿Saben lo que significa eso, Mathieu?
Eso no es una simple auditoría técnica de la OLAF...
Es la activación del procedimiento sancionador de ayudas de Estado del Reglamento 2015/1589.
En virtud de ese artículo, la Comisión Europea tiene la potestad de ordenar la suspensión cautelar inmediata de todas las deducciones forales cuestionadas y emplaza al Estado español a presentar alegaciones en un plazo perentorio de veinte días hábiles, bajo apercibimiento de remitir el asunto al Tribunal de Justicia de Luxemburgo y ordenar la recuperación íntegra de las ayudas concedidas.
—Lo sé —respondió Mathieu, aproximándose a la mesa y bajando la vista hacia los teletipos que continuaban arrojando citas en inglés y francés—.
Arostegui ha calcado la estrategia jurídica de las Vacaciones Fiscales Vascas.
Ha utilizado las mismas sociedades que él creó para defraudar y las ha denunciado a través de intervinientes alemanes ante Bruselas, presentándolas como una ayuda de Estado incompatible con el mercado común.
Sabe que las autoridades europeas no entrarán a investigar si hubo o no blanqueo de dinero individual: para la DG COMP, cualquier incentivo fiscal territorial que reduzca selectivamente la cuota del Impuesto sobre Sociedades es una vulneración del principio de libre competencia.
En ese instante, la pantalla secundaria del ordenador de Ainara parpadeó con una nueva alerta: la edición digital de El Correo , rompiendo cualquier cautela, abría su cabecera con un titular a toda plana: «Terremoto institucional: Bruselas pone bajo sospecha el Concierto Económico por presunto fraude masivo en las deducciones de I+D» .
Detrás de ellos, las cabeceras de los diarios madrileños El Mundo y ABC ya lanzaban editoriales furibundos exigiendo al Gobierno de la nación la suspensión cautelar de la autonomía tributaria foral y la intervención directa de la Agencia Estatal de Administración Tributaria sobre las cuentas de Bizkaia.
El silencio del despacho se volvió irrespirable.
La atmósfera olía a ozono de monitores recalentados y a la derrota amarga que precede a las catástrofes históricas.
La trampa del «Plan B» que Kepa Arostegui había custodiado en su caja fuerte de tafilete negro había estallado con una precisión destructiva incalculable: no intentaba ganar el juicio penal en los tribunales ordinarios; había colocado al Estado español y a las instituciones vascas en un callejón sin salida geopolítico donde la supervivencia del autogobierno económico dependía de sepultar la instrucción penal.
En el rincón de la mesa, el teléfono fijo corporativo de la Fiscalía Provincial, conectado a la red de alta seguridad de las instituciones vascas, comenzó a repicar con un zumbido estridente, agudo y continuo.
En la pantalla de cristal líquido del terminal parpadeó en letras rojas la identificación de la llamada entrante:
«Presidencia del Gobierno Vasco — Lehendakaritza / Secretaría General — Vitoria-Gasteiz» .
Ainara y Mathieu se miraron en la penumbra azulada del despacho. En los ojos de la fiscal vizcaína, reflejando el parpadeo escarlata del teléfono que no dejaba de sonar, no había miedo al asedio, sino la certeza aterradora de que el poder político venía a cobrar la pieza más cara de la partida.