CAPÍTULO 14 EL TESTIGO #3

—El artículo treinta y siete de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades de Bizkaia establece un incentivo de reducción del setenta por ciento de las rentas netas procedentes de la cesión de activos intangibles creados en el territorio histórico.

Es una herramienta legislativa concebida originalmente con un propósito loable: fomentar que nuestras industrias manufactureras y de automoción inviertan en investigación y retengan las patentes en Euskadi.

Sin embargo, el despacho de Kepa Arostegui pervirtió esa norma de una manera sistemática y delictiva.

Arostegui, que formó parte de la ponencia redactora de las leyes forales a finales de los noventa, conocía las grietas del texto al milímetro.

Creó una estructura donde las cooperativas del grupo Mondragon a las que previamente habían asfixiado financieramente comprando sus pagarés de deuda vencida —a través del fondo luxemburgués Atalante Capital, dirigido por Sylvain Deschamps— eran obligadas a ceder sus patentes industriales a las sociedades pantalla de Mazarredo.

Acto seguido, esas patentes se refacturaban a precios inflados a las mercantiles de Chipre, generando un crédito fiscal ficticio de más de ciento cuarenta millones de euros que las empresas del entramado utilizaban para compensar cuotas tributarias o solicitar devoluciones directas en metálico a la Hacienda de Bizkaia.

—¿Qué ocurrió cuando su servicio levantó las actas de disconformidad contra esas operaciones?

La voz de Miren se volvió más densa, cargada de una amargura que ni el protocolo procesal podía maquillar:

—El doce de noviembre de dos mil veinticinco firmé las tres actas de liquidación provisional con propuesta de sanción por infracción tributaria muy grave, tipificada en el artículo ciento noventa y uno de la Norma Foral General Tributaria, reclamando una cuota defraudada superior a los noventa millones de euros y remisión inmediata del expediente a la Fiscalía Anticorrupción por delito contra la Hacienda Pública del artículo trescientos cinco del Código Penal.

Esas actas debían ser notificadas a los representantes legales de Arostegui and Partners en un plazo máximo de quince días.

Cuarenta y ocho horas después de que los expedientes subieran a la séptima planta del edificio de Capuchinos, recibí una orden interna reservada firmada por la Dirección General de Hacienda.

Se me ordenaba paralizar la tramitación de las liquidaciones alegando la necesidad de solicitar un informe pericial complementario al Consejo Asesor Tributario de Euskadi.

—¿Existía algún fundamento legal o procedimental para esa paralización?

—Ninguno. Era una maniobra de obstrucción flagrante.

El Consejo Asesor es un órgano consultivo, no jurisdiccional; jamás se suspende un acta de inspección por delito fiscal para consultar a un comité externo donde, para mayor escarnio, el propio Kepa Arostegui figuraba como vocal emérito.

Dejaron correr los plazos administrativos para que operara el silencio positivo administrativo sobre los recursos de reposición presentados por el bufete, consolidando las devoluciones de IVA y las exenciones de I+D por importe de treinta y dos millones de euros.

Cuando Iñigo Barandiarán descubrió la maniobra contable en la Dirección de Presupuestos, vino a mi despacho.

Los dos comprendimos que la cúpula política de Lakua y de la Diputación no solo conocía el entramado, sino que estaba aterrorizada ante la posibilidad de que el fraude saltara a la luz pública la víspera de la firma quinquenal del Cupo con el Ministerio de Hacienda en Madrid.

Iñigo decidió copiar los archivos en un soporte cifrado para entregárselos a la OLAF.

Y una semana más tarde, lo asesinaron en el Euskalduna con una dosis letal de digoxina.

Ainara permaneció en silencio durante unos segundos, permitiendo que la gravedad de las afirmaciones quedara grabada en la cinta de audio y en los folios que Maite Aranguren mecanografiaba con una concentración implacable.

Se levantó, tomó el maletín de cuero gastado de Miren y extrajo seis cuadernos de tapas duras con notas manuscritas, fechas de reuniones, números de expediente foral y copias selladas de las transferencias emitidas por el Banque de Luxembourg hacia cuentas numeradas de Zúrich.

—Doña Miren, le exhibo estos seis legajos documentales para que manifieste si reconoce en ellos su letra, sus anotaciones y las copias de las auditorías internas que usted custodió tras la muerte del señor Barandiarán.

Miren extendió sus manos pecosas y acarició el lomo desgastado del primer cuaderno. Sus ojos brillaron con una determinación limpia:

—Son mis notas indubitadas. Las redacté día a día, anotando cada llamada, cada presión recibida de los altos cargos del departamento y cada orden de paralización arbitraria.

Reconozco mi firma en todas y cada una de las páginas.

Las entrego en este acto a la Secretaria Judicial para que queden unidas a la diligencia de prueba preconstituida.

Maite Aranguren procedió a foliar los documentos, aplicando el sello judicial y solicitando a Miren que estampara su firma en el margen lateral de cada una de las cuarenta y siete hojas del acta extendida.

El reloj de pared del salón marcaba las doce y cuarenta cuando la funcionaria judicial pulsó el botón de parada de la cámara digital y retiró las dos tarjetas de memoria SD de grado industrial, introduciéndolas en un sobre estanco de polietileno transparente que lacró ante todos los presentes con cinta de seguridad numerada.

Miren soltó la pluma sobre la mesa. Dejó caer los hombros, apoyó la espalda contra el respaldo de plástico y respiró hondo, cerrando los párpados durante un instante interminable. Cuando volvió a abrirlos, miró a Ainara con una serenidad que parecía haber expulsado el terror animal de la madrugada:

—Ahora estoy tranquila, Ainara. Si me ocurre algo esta noche, si esos criminales vuelven a encontrarme o si mi corazón cede después de todo esto, mi firma ya está en el sumario judicial. Ya no pueden borrar la verdad.

♦ ♦ ♦

A la una y media de la tarde, la Cafetería Iruña de la calle Berástegui, en pleno corazón del Ensanche bilbaíno y a escasos pasos de la Gran Vía y de los Jardines de Albia, hervía con el murmullo denso y característico de la hora del almuerzo.

El local, inaugurado en mil novecientos tres y decorado con azulejería mudéjar, yeserías policromadas de inspiración hispanoárabe y artesonados de madera labrada, congregaba en sus mesas de sillería y en su monumental barra de zinc a una muestra heterogénea de la burguesía profesional de la villa: letrados con trajes de raya diplomática procedentes de los juzgados de la calle Buenos Aires, auditores de las consultoras del Ensanche, agentes de cambio y bolsa y funcionarios de la delegación de Hacienda que discutían expedientes entre cazuelas de bacalao al pil-pil y copas de crianza de Rioja Alavesa.

Ainara Zubiaga empujó la pesada puerta de cristal biselado y madera oscura.

El calor húmedo del interior, saturado por el aroma del café recién tostado, el humo discreto de la cocina y el tintineo continuo de tazas y cubiertos sobre el mármol, contrastaba con el frío plomizo que azotaba el Ensanche.

Caminó con paso firme hacia el fondo del establecimiento, cruzando el arco de herradura que conducía al salón comedor de estilo nazarí.

En un reservado esquinero, semioculto tras una columna decorada con mosaicos geométricos, la esperaba Joseba «Txiki» Larrañaga.

El veterano periodista de investigación de El Correo , con treinta y dos años de coberturas judiciales a sus espaldas, vestía su habitual gabardina beige deshilachada en los puños, una camisa de franela arrugada y una bufanda de lana oscura que no se había quitado del cuello.

Sus dedos huesudos, manchados de una pátina amarillenta de nicotina tras décadas fumando tabaco negro de contrabando, tamborileaban con impaciencia sobre la superficie pulida de la mesa, junto a una taza vacía de café cortado y un platillo con restos de azúcar moreno.

—Llegas tarde, fiscal —dijo Larrañaga en un carraspeo áspero, sin ofrecer saludo protocolario alguno mientras sus ojos hundidos y astutos examinaban el semblante de Ainara—.

Y cuando la fiscal delegada anticorrupción de Bizkaia llega tarde después de que media docena de furgones de la Ertzaintza hayan tomado la calle Telletxe de Algorta a primera hora de la mañana, en las redacciones empezamos a sospechar que el guion de la película se ha salido del carril oficial.

Ainara tomó asiento en la silla de madera curvada frente a él. Dejó su bolso de cuero en el suelo y colocó las manos entrelazadas sobre el mármol, sosteniendo la mirada del periodista con una frialdad impenetrable:

—Pídete otro café, Txiki. Y escucha con mucha atención antes de que se te ocurra mandar nada a la imprenta de Zamudio.

Larrañaga soltó una risa seca, desprovista de humor, que sonó como gravilla triturada en un fuelle viejo.

Metió la mano en el bolsillo interior de su gabardina y extrajo un fajo de folios impresos en papel térmico de fax, doblados en cuatro partes y engrapados en la esquina superior izquierda.

Los deslizó sobre la mesa hasta dejarlos frente al regazo de la fiscal.

—Esto ha entrado por debajo de la puerta de la delegación de El Correo en la calle Pintor Losada hace exactamente dos horas —dijo el periodista en un susurro áspero, inclinando el torso hacia ella—.

Y no solo en la mía. Mis fuentes en Madrid me confirman que copias idénticas han aterrizado en las bandejas de entrada de El País , El Mundo y la sección económica de la agencia EFE.

Está redactado con una precisión quirúrgica, Ainara.

Papel sin membrete oficial, pero con una jerga administrativa que solo conocen quienes redactan las circulares de la Diputación Foral.