Cap12 Plan B #3

—Los técnicos de la Ertzaintza han logrado recuperar los registros de comunicaciones cifradas de la memoria no volátil antes de que se ejecutara el script de autodestrucción —explicó el analista holandés—.

Entre el diez de enero y la noche de ayer, el teléfono personal de Arostegui registra diecisiete llamadas salientes dirigidas a un número institucional de Berlín.

No se trata de un abonado diplomático estándar de la embajada.

Las conexiones se realizaban mediante un protocolo de enrutamiento seguro de uso exclusivo del gobierno federal alemán, bajo el indicativo reservado KURIER-BND .

Ainara levantó la mirada hacia la pantalla, frunciendo el ceño con una alarma creciente:

—¿El BND? ¿El servicio federal de inteligencia exterior de Alemania? ¿Qué demonios hace un asesor fiscal de Bilbao hablando por una línea de alta seguridad con la inteligencia de Berlín?

—Ese protocolo no lo utiliza un agente de campo de los servicios secretos para espiar a turistas en la costa, Ainara —respondió Mathieu, girándose hacia ella con una lucidez implacable en la que se mezclaba la rabia y el rigor de analista—.

El canal KURIER-BND está reservado para comunicaciones estratégicas directas entre la dirección del Bundesnachrichtendienst en la Chausseestraße de Berlín y el gabinete de la Cancillería Federal.

Y en ese gabinete, la persona que coordina los expedientes de armonización fiscal comunitaria y supervisa las dependencias de comercio exterior es la secretaria de Estado Patricia Hagen.

Mathieu respiró hondo, expulsando el aire con lentitud:

—Arostegui no operaba en el vacío, Ainara.

Arostegui es un jurista foral soberbio y codicioso, pero carece del peso geopolítico necesario para sostener en solitario una red de blanqueo que mueve cientos de millones de euros desde Rusia hasta los Emiratos a través de la foralidad vasca.

Había una facción en Berlín que conocía perfectamente el flujo de capitales y que estaba utilizando a Arostegui como una pieza de recambio.

Si el negocio funcionaba, el dinero fluía sin despertar sospechas; si el entramado saltaba por los aires por culpa de un fiscal o de un inspector honesto como Barandiarán, Arostegui tenía instrucciones de activar la bomba de relojería que guardaba en su caja fuerte para hacer estallar el Concierto Económico ante las instituciones de Bruselas.

Y en la frontera pirenaica, el encargado de mover los hilos sobre el terreno es Sylvain Deschamps desde su base en Biarritz.

En la pantalla mural de La Haya, un aviso intermitente de color rojo carmesí comenzó a parpadear en la esquina superior del terminal de Van der Berg, acompañado de un tono acústico agudo. El analista holandés pulsó dos teclas con rapidez y leyó el mensaje entrante en su monitor secundario.

Su semblante, habitualmente flemático, se ensombreció por completo:

—Mathieu, fiscal Zubiaga... Acaba de saltar una alerta de transferencia de urgencia en el sistema bancario de compensación TARGET2.

Hace exactamente doce minutos, desde una terminal Bloomberg ubicada en Biarritz, Sylvain Deschamps ha autorizado una orden de traspaso de fondos por importe de doce millones de euros desde una cuenta puente de Atalante Capital en Luxemburgo hacia una cuenta corriente en Madrid.

El beneficiario es una sociedad instrumental denominada Iberian Strategic Communications .

Ainara y Mathieu intercambiaron una mirada fulminante. Era la misma agencia de relaciones públicas y fontanería política que había fabricado el memorando apócrifo del CNI para desviar la atención sobre la muerte de Barandiarán.

—Están moviendo los fondos para comprar silencio o para comprar voluntades políticas antes de que el juez Irazábal bloquee las cuentas —dijo Ainara, apretando los puños con rabia—. Deschamps sabe que hemos entrado en Mazarredo y está cerrando el cerco en Madrid.

—Y en Bruselas —añadió Mathieu, señalando el legajo de tafilete negro que aguardaba sobre la mesa—.

La mecha está encendida, Jan. Mantén el canal SIENA abierto en escucha pasiva.

Si Deschamps intenta mover un solo euro más hacia Suiza o los Emiratos, necesitamos que la unidad de delitos financieros de Europol curse una orden de inmovilización cautelar transfronteriza antes de que acabe la noche.

—Entendido, Mathieu. Ten cuidado en Bilbao. Quien paga ese nivel de inteligencia no duda en limpiar cabos sueltos con plomo o con veneno.

La pantalla de La Haya se fundió a negro, dejando la sala de Erandio en un silencio pétreo donde solo se escuchaba el zumbido de la refrigeración y la lluvia implacable golpeando el hormigón.

♦ ♦ ♦

De regreso a la sala de reuniones de Delitos Económicos, Mathieu tomó el legajo «CUPO — PLAN B» y lo depositó en el centro de la mesa, desgranando los folios uno a uno bajo la luz blanca de los fluorescentes.

Gorka Atxaga había cerrado la puerta corredera tras despedir a la secretaria judicial, que regresaba a los juzgados de la calle Buenos Aires escoltada por dos agentes de seguridad ciudadana para formalizar las actas en el libro de registro de la secretaría del Juzgado número cuatro.

—Ahora que estamos solos, vamos a examinar la anatomía exacta del chantaje —comenzó Mathieu, mirando fijamente a Ainara y a Gorka—.

Cuando incautamos esta carpeta esta mañana, la primera impresión era que se trataba de un fondo de contingencia, un dosier para presionar a jueces locales o para pagar fianzas multimillonarias en caso de detención.

Pero Arostegui no piensa como un delincuente común.

Arostegui piensa como un estratega constitucional que conoce las costuras más débiles del Estado.

Mathieu levantó el primer dictamen pericial del legajo, un documento de cincuenta folios encuadernado con canutillo de plástico negro y membrete de un prestigioso despacho internacional de arbitraje de la Avenue Louise en Bruselas.

—Esto que tenéis delante no es un escrito de defensa penal —explicó Mathieu con rigor pausado—.

Es una denuncia formal y pormenorizada, lista para ser registrada en el portal telemático de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea, la temida DG COMP.

Su objeto es abrir un procedimiento de infracción de oficio contra el Reino de España y las Diputaciones Forales al amparo de los artículos ciento siete y ciento ocho del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y del Reglamento dos mil quince barra mil quinientos ochenta y nueve sobre el control de las ayudas de Estado.

Ainara tomó el documento y leyó el encabezamiento en voz baja, con los ojos entrecerrados:

—«Denuncia sobre incompatibilidad sobrevenida del régimen foral del Impuesto sobre Sociedades del País Vasco con el mercado interior de la Unión Europea.

Calificación de las deducciones por I+D del setenta por ciento y del régimen de Patent Box del artículo treinta y siete de la Norma Foral de Bizkaia como ayudas de Estado selectivas, ilegales y distorsionadoras de la competencia comunitaria».

Ainara alzó la vista hacia Mathieu, con una mezcla de estupor técnico y repugnancia moral:

—Arostegui ha redactado la soga con la que ahorcar a su propio país.

—Exactamente —asintió Mathieu—. Y lo ha hecho basándose en un precedente que ningún jurista ni político en este país puede olvidar sin echarse a temblar: el litigio histórico de las «Vacaciones Fiscales Vascas».

Mathieu cruzó los brazos, proyectando su memoria de auditor europeo sobre el tablero:

—En mil novecientos noventa y tres, en plena reconversión industrial y con el desempleo devorando el norte peninsular, las tres Diputaciones Forales aprobaron unas normas tributarias que concedían un crédito fiscal del cuarenta y cinco por ciento para inversiones millonarias y una exención total del Impuesto sobre Sociedades durante diez años a las empresas de nueva creación.

La Comisión Europea consideró que aquellas medidas constituían ayudas de Estado ilegales porque falseaban la competencia frente a las empresas del resto de España y de la Unión.

Las instituciones forales y el Gobierno vasco batallaron en los tribunales durante más de una década, alegando la singularidad del Concierto Económico reconocido en la Disposición Adicional Primera de la Constitución española de mil novecientos setenta y ocho y el Estatuto de Autonomía de Gernika.

—Y perdimos —apostilló Ainara con amargura contenida—.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo dictó sentencias firmes y acumuladas en dos mil seis declarando que aquellas exenciones forales eran incompatibles con el mercado común y obligando a recuperar más de quinientos millones de euros concedidos a cientos de industrias.

—Pero la verdadera tragedia institucional no concluyó en dos mil seis, Ainara —prosiguió Mathieu, sosteniendo la mirada de la fiscal—.

La pesadilla culminó el trece de mayo de dos mil catorce.

Aquel día, la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia histórica en el asunto C-184/11, condenando al Reino de España a pagar una multa coercitiva de treinta millones de euros a las arcas comunitarias por la lentitud y las demoras de las Diputaciones Forales vascas en recuperar el dinero de las ayudas declaradas ilegales.

Treinta millones de euros de sanción directa a fondo perdido, la mayor multa por ayudas de Estado impuesta a España en toda su historia en la Unión Europea.

Aquella sentencia dejó una cicatriz abierta en Bruselas que jamás terminó de cerrar.

Mathieu golpeó suavemente el lomo de la carpeta de Arostegui: