Cap11 La Entrada

A las seis y cuarto de una mañana glacial de febrero, el sirimiri caía sobre Bilbao con una obstinación cenicienta que convertía las farolas de la calle Henao en halos borrosos de vapor húmedo.

Desde el ventanal del tercer piso de la Fiscalía Provincial, los adoquines empapados parecían una piel de plomo oscuro surcada por las rodadas brillantes de los primeros taxis de guardia.

El aire dentro del despacho olía al amargor denso del café de cafetera de goteo, a papel timbrado frío y al olor punzante de los impermeables de loneta técnica tendidos sobre el radiador de hierro, cuyo murmullo de vapor no alcanzaba a templar la habitación.

Ainara Zubiaga permanecía inmóvil tras su mesa de roble, con los brazos cruzados y la mirada clavada en los cuatro legajos de cartulina crema que ocupaban el centro del secante.

No había encendido la lámpara fluorescente del techo para no forzar la vista antes de tiempo; bastaba el cono de luz ámbar del flexo articulado, que recortaba con nitidez los sellos en tinta púrpura y las firmas estampadas la noche anterior por el magistrado Fernando Irazábal, titular del Juzgado de Instrucción número cuatro de Bilbao.

Eran catorce folios de auto judicial motivado.

Catorce folios que ordenaban la entrada, registro, incautación de soportes telemáticos y clonado forense de servidores en la sede principal de Arostegui atacaban la pulcritud del procedimiento, buscando una coma desplazada, una notificación defectuosa o una vulneración del derecho a la intimidad para activar la doctrina del fruto del árbol envenenado y provocar la nulidad radical de las actuaciones conforme al artículo once punto uno de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

—No toleraré un solo error formal, Maite —respondió Ainara, y su tono de voz, bajo y firme, cortó el zumbido del radiador—.

Arostegui no es un contribuyente común ni un gestor que maquilla facturas de talleres en Arratia.

Es el hombre que redactó la arquitectura normativa del Impuesto sobre Sociedades de Bizkaia cuando ocupaba la presidencia de la Comisión de Hacienda.

Conoce las tripas de la administración foral mejor que los inspectores que le revisan las cuentas.

Si dejamos un resquicio para que sus abogados invoquen indefensión, tardarán menos de cuarenta y ocho horas en recusarnos a todos y llevar la causa a un laberinto competencial ante el Tribunal Superior de Justicia.

A su izquierda, el Inspector Jefe Gorka Atxaga apuraba un vaso de plástico con café negro mientras sostenía con la otra mano un plano catastral ampliado de la manzana comprendida entre la Alameda Mazarredo y la Gran Vía.

Atxaga vestía una cazadora oscura de cuero gastado sobre una camisa de franela gris, pantalones rectos y botas de suela de caucho silencioso.

Su complexión maciza y las ojeras profundas que enmarcaban sus ojos pardos delataban las noches en vela acumuladas en la central de Erandio, coordinando el despliegue encubierto.

—El cerco perimetral está desplegado desde las cinco y cuarenta y cinco de la mañana, fiscal —intervino el inspector de la Ertzaintza, señalando con el extremo romo de un bolígrafo los puntos de control marcados con rotulador rojo—.

Doce inspectores de Delitos Económicos y cuatro agentes del Grupo de Apoyo Operativo están sobre el terreno.

Dos vehículos camuflados bloquean visualmente la rampa de salida del aparcamiento subterráneo que conecta con la calle Lersundi; nadie va a sacar un maletín, un disco duro portátil ni una caja de archivo en el maletero de un coche oficial.

Otros cuatro compañeros vestidos de paisano cubren las dos esquinas de Mazarredo para controlar los accesos peatonales de empleados de limpieza y mantenimiento.

Nadie entra ni sale sin nuestra autorización previa.

Ainara deslizó el dedo índice sobre el plano, deteniéndose en el chaflán acristalado del edificio.

—¿Y qué ocurre con las líneas de datos, Gorka?

Barandiarán nos dejó muy claro en sus notas que Arostegui cuenta con un enlace dedicado de fibra oscura que conecta la sede con los servidores de respaldo de su consultora en Zamudio y con terminales en el extranjero.

Si alguien pulsa una tecla de pánico en la centralita, pueden vaciar las particiones virtuales antes de que pongamos un pie en el sótano.

—Eso está previsto —respondió Atxaga con sequedad—.

Patxi Goikoetxea y dos técnicos de la Sección de Informática Forense van en el primer furgón.

En cuanto la letrada de la administración de justicia notifique el auto en la recepción, el primer paso no será interrogar a los socios, sino bajar al cuarto de comunicaciones y desconectar físicamente los conmutadores de fibra del operador y los encaminadores perimetrales.

Cortamos el tráfico exterior en el segundo cero.

Si tienen scripts de borrado programados desde fuera, se quedarán sin ruta de enlace.

Ainara alzó la vista hacia el extremo opuesto del despacho, donde Mathieu Etcheverry permanecía de pie junto a la estantería de jurisprudencia foral.

El investigador de la OLAF vestía un traje de lana marengo impecable bajo una gabardina clásica de color grafito, sin corbata, con el cuello de la camisa blanca abierto en una elegancia sobria que contrastaba con la aspereza policial de Atxaga.

Sostenía entre las manos un cuaderno de tapas de hule negro y escuchaba el intercambio con esa atención silenciosa, quirúrgica y paciente que Ainara había aprendido a descifrar durante los últimos días.

No había en él rastro de nerviosismo; solo la gravedad reflexiva de quien ha participado en docenas de allanamientos corporativos en Luxemburgo, Fráncfort o Bruselas y sabe que la soberbia financiera se derrumba siempre de la misma forma: con documentos incontestables y actas rigurosas.

—Quiero que el marco competencial de Mathieu quede meridianamente claro en el acta de entrada, Maite —indicó Ainara, girándose hacia la secretaria judicial—.

Mathieu actúa en esta diligencia en calidad de perito técnico internacional designado judicialmente en auxilio de la fe pública española, conforme al artículo cuatro del Reglamento europeo ochocientos ochenta y tres de dos mil trece.

No tiene potestad coercitiva propia, no porta arma ni practicará requerimientos directos a los letrados del bufete.

Su labor se circunscribe a garantizar que la fijación, extracción y hash criptográfico de la evidencia informática cumpla con el estándar forense internacional ISO/IEC veintisiete mil treinta y siete, de forma que las pruebas sean admitidas sin tacha tanto en el sumario de Bilbao como ante las instituciones de la Unión Europea y el Tribunal de Cuentas comunitario.

Mathieu dio un paso al frente, con un leve asentimiento de cabeza:

—Así constará, fiscal. Mis credenciales diplomáticas de la Comisión Europea y mi designación por el juez Irazábal están selladas junto al testimonio del auto.

Si los abogados de Arostegui pretenden denunciar injerencia de Bruselas o vulneración de soberanía foral, recordaremos que el fraude investigado afecta a fondos de cohesión y a deducciones que minoran las bases imponibles comunes del mercado interior europeo.

Pero sobre el terreno, la voz y el mando corresponden en exclusiva a la fiscalía y a la policía vasca.

Los ojos de Mathieu buscaron los de Ainara a través de la penumbra del despacho.

No hubo palabras añadidas, pero en el cruce de miradas vibró el eco del balcón del Palacio Foral la mañana anterior, el pacto silencioso de mantener la mente fría hasta que los servidores estuvieran bajo custodia y la promesa de no dar un paso en falso.

Ainara sintió un calor repentino en la boca del estómago que sofocó de inmediato, refugiándose en la coraza de los expedientes.

—Hay un elemento más que condiciona cada minuto de esta mañana —dijo Ainara, apoyando las palmas de las manos sobre el borde de la mesa—. El reloj del SEPBLAC.

Gorka y Maite levantaron la cabeza al unísono.