CAPÍTULO 10 EL CUPO #5
—Si la fiscal Zubiaga se atreve a formalizar una querella penal contra mi persona, activaremos de inmediato el Plan B en Bruselas a través de nuestro despacho de enlace en la Avenue Louise, Sylvain.
Esta carpeta contiene el dosier definitivo que hemos elaborado durante los últimos tres años.
Demuestra con peritajes económicos incontestables que todo el entramado de incentivos fiscales del Concierto Económico vasco, desde el Patent Box foral hasta las deducciones del Impuesto sobre Sociedades de Bizkaia, constituye un sistema generalizado de ayudas de Estado ilegales e incompatibles con el mercado común, conforme a los artículos ciento siete y ciento ocho del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Si pretenden sentarme en el banquillo, entregaré este expediente a la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea.
Forzaré a Bruselas a abrir un procedimiento de infracción masivo contra España, exactamente igual que ocurrió con el litigio de las «Vacaciones Fiscales Vascas» en dos mil seis, que culminó con la sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de Luxemburgo y una sanción histórica de treinta millones de euros contra el Estado español en dos mil catorce por no recuperar a tiempo las ayudas forales ilegales.
Al otro lado de la línea satelital, la respiración de Sylvain Deschamps se cortó en seco ante la magnitud colosal de la amenaza:
—Dios mío, Kepa... Estás hablando de una bomba nuclear institucional. Eso supondría la intervención directa de la Hacienda Foral por Bruselas y la reclamación forzosa de miles de millones de euros a las empresas vascas. El Gobierno de Vitoria caería en una quiebra financiera y política absoluta.
—Por eso mismo jamás permitirán que esa querella prospere, querido Sylvain —concluyó Arostegui con un tono aterradoramente seguro—.
Tanto el Lehendakari en Lakua como la Ministra de Hacienda en Madrid saben que si tocan a Kepa Arostegui, el Concierto Económico arde hasta los cimientos.
Y antes de permitir que la Unión Europea desmantele la foralidad fiscal y despoje a este país del control soberano de sus impuestos, el fiscal general del Estado y el presidente del Tribunal Superior le ordenarán a la fiscal Zubiaga que archive la causa por falta de indicios y se busque un destino plácido en un juzgado de familia en Barakaldo.
Arostegui cerró la caja fuerte con un chasquido metálico, apagó la consola satelital y alzó su vaso de whisky frente al fuego de la chimenea:
—Que vengan mañana a las ocho. La sal está en la norma foral, pero el fuego lo controlo yo.
♦ ♦ ♦
A las once y media de la noche, la base central de la División de Investigación Criminal de la Ertzaintza en Erandio, emplazada en el complejo policial de Larramendi sobre la vega del río Asúa, mantenía la actividad febril y silenciosa que precede a las grandes operaciones judiciales contra el crimen económico y corporativo.
Bajo los potentes reflectores halógenos del garaje táctico en el sótano dos, doce agentes pertenecientes a la Sección de Delitos Económicos y al Grupo de Apoyo Operativo permanecían congregados alrededor del capó de un furgón camuflado Mercedes Vito de color gris oscuro.
Los policías vestían indumentaria civil sobria —pantalones oscuros de loneta técnica, botas de asalto de perfil bajo y chaquetones o americanas amplias— bajo las cuales portaban chalecos antibalas ligeros de nivel tres A, homologados para detener impactos de proyectiles de alta velocidad sin delatar su presencia bajo la ropa exterior.
Sobre el capó metálico del vehículo, iluminado por un flexo de trabajo portátil, Ainara Zubiaga había desplegado el testimonio original del auto judicial emitido a última hora de la tarde por el magistrado Fernando Irazábal, titular del Juzgado de Instrucción número cuatro de Bilbao.
El documento, validado con las firmas electrónicas judiciales y el sello en tinta púrpura del juzgado, constaba de catorce folios sólidamente argumentados que ordenaban la entrada, registro, incautación de soportes telemáticos y clonado forense de servidores en la sede principal de Arostegui & Partners Abogados y Consultores Tributarios SL , sita en el número cuarenta y siete de la Gran Vía de Bilbao, señalando el inicio de la diligencia judicial para las ocho en punto de la mañana siguiente.
Ainara, de pie junto al capó con el semblante grave y los brazos cruzados, repasaba las directrices procesales ante los inspectores y peritos con una disciplina castrense: