CAPÍTULO 9 EL ARCHIVO DE MIREN #4
—Y precisamente por eso, la trampa de Kepa Arostegui resulta tan devastadora, señor Arrieta —observó Mathieu—.
Arostegui no cometió una ilegalidad burda fuera del sistema; utilizó la propia legitimidad democrática de las Juntas Generales para introducir una enmienda técnica que modificaba la base de cálculo de las deducciones del Patent Box en el artículo treinta y siete de la Norma Foral.
Defendió la enmienda en la tribuna asegurando que la armonización con los convenios de doble imposición de la OCDE exigiría reconocer los certificados de homologación emitidos por cualquier Estado miembro de la Unión Europea.
Los procuradores de la oposición, que no eran especialistas en fiscalidad transfronteriza ni conocían los entresijos de las sociedades fiduciarias de Limassol, creyeron que estaban votando una cláusula estándar de modernización europea.
Arostegui los engañó a todos con la prestidigitación de un tahúr que viste toga de letrado.
Mathieu extrajo su terminal forense y fotografió en alta resolución el acta de votación, los textos manuscritos de la enmienda y el diario de sesiones oficial:
—Tenemos la prueba material directa del dolo legislativo, Ainara.
Kepa Arostegui redactó deliberadamente la grieta legal desde su escaño parlamentario en Hurtado de Amézaga y fundó su bufete en la Gran Vía dos años después para explotarla.
Ningún tribunal penal podrá calificar esto de mera negligencia o interpretación tributaria discrepante: es un delito consumado de prevaricación legislativa, fraude a la hacienda pública y falsedad en documento público continuado.
♦ ♦ ♦
A las dos y media de la tarde, el despacho de Ainara en el número nueve de la calle Henao se había transformado en el centro neurálgico de la ofensiva judicial.
Sobre la gran mesa de nogal descansaban el pendrive IronKey desencriptado por los especialistas informáticos de la Ertzaintza, las fotografías de las actas de las Juntas Generales y los expedientes incautados en Mazarredo.
Gorka Atxaga conectó la pantalla del monitor mural al sistema de videoconferencia encriptada punto a punto con la sede central del Banco de España en la calle Alcalá de Madrid.
Tras unos segundos de sincronización de claves criptográficas, la imagen de alta definición de la Inspectora Jefa Olga Prat llenó la pantalla.
Prat, analista principal del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), tenía cuarenta y cuatro años, el pelo castaño cortado a media melena, facciones afiladas y una mirada penetrante y gélida curtida en dos décadas de persecución de redes fiduciarias internacionales.
—Buenas tardes, fiscal Zubiaga, suboficial Atxaga —saludó Prat con su voz metálica y directa, ajustándose las gafas de lectura—. Tenemos novedades de máxima urgencia desde la unidad de inteligencia financiera de Madrid.
—Le escuchamos, inspectora —respondió Ainara, colocándose de pie junto a Mathieu ante la cámara.
Olga Prat abrió una carpeta electrónica en su terminal y proyectó un informe sellado por la división de supervisión bancaria:
—En primer lugar, hemos concluido la trazabilidad telemática del supuesto memorando del Centro Nacional de Inteligencia que la semana pasada fue filtrado a determinados medios de comunicación económicos acusando a Iñigo Barandiarán de filtrar secretos industriales de la automoción vasca a corporaciones chinas.
El documento era una intoxicación mediática fabricada al cien por cien.
Rastreamos la dirección IP de origen y el código fuente de los metadatos del archivo PDF: fue redactado y distribuido desde una consultora de comunicación estratégica y gestión de crisis con sede en el paseo de la Castellana de Madrid, contratada y pagada mediante una transferencia de cincuenta mil euros emitida desde una cuenta fiduciaria del bufete Arostegui & Partners de Bilbao.
Ainara miró de reojo a Mathieu, asintiendo con gravedad. El Red Herring número tres —la infame acusación de que Barandiarán era un topo del espionaje industrial— quedaba formalmente dinamitado y desenmascarado como una maniobra de intoxicación defensiva orquestada por Arostegui.
—Esa mentira ya no podrá resucitar en ningún sumario penal, inspectora —afirmó Ainara—. Pero díganos qué han detectado en las cuentas bancarias de la trama en las últimas horas.
El semblante de Olga Prat se tensó de forma ostensible:
—Hace exactamente dos horas, a las doce y cuarenta y cinco del mediodía, los sistemas de monitorización en tiempo real del Banco de España han interceptado una orden de transferencia bancaria urgente y prioritaria emitida desde la cuenta principal de tesorería de Arostegui & Partners Tax & Legal Advisers en la sucursal del Banco Santander de la Gran Vía de Bilbao.
Importe: dieciocho millones doscientos mil euros .
Destino: una cuenta omnibus en la banca privada Pictet & Cie de Ginebra, Suiza, a nombre de una fundación patrimonial panameña.
Mathieu dio un paso hacia el micrófono de la videoconferencia:
—Están descapitalizando la firma. Arostegui sabe que la fiscalía estuvo en Mazarredo y en Urquijo y sabe que Miren Uriarte no ha aparecido en su puesto de Capuchinos. Está vaciando las cuentas operativas en España antes de que el juzgado ordene el embargo preventivo.
—Exactamente, señor Etcheverry —confirmó la inspectora del SEPBLAC—.
La transferencia está retenida provisionalmente en el sistema de compensación interbancario bajo mi firma de suspensión cautelar de emergencia amparada en la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales.
Pero la ley española es taxativa: la retención administrativa del SEPBLAC tiene una vigencia máxima e improrrogable de veinticuatro horas .
Si mañana a las doce y cuarenta y cinco del mediodía no tengo sobre mi mesa un auto judicial firme de embargo preventivo e incautación dictado por un juzgado de instrucción penal, el dinero saldrá automáticamente hacia Suiza y quedará fuera de la jurisdicción comunitaria.
La Inspectora Olga Prat bebió un sorbo de agua de un vaso de cristal en su despacho de la calle Alcalá de Madrid antes de continuar desgranando el informe de inteligencia financiera:
—La agencia de gestión de crisis que redactó y distribuyó el falso memorando del CNI es Iberian Strategic Communications SL , con domicilio social en el Paseo de la Castellana número ciento cuarenta de Madrid —precisó Prat con sequedad quirúrgica—.
Está dirigida por un antiguo director de gabinete ministerial y se dedica al diseño de campañas de intoxicación mediática, desinformación corporativa y destrucción de reputación de testigos en causas de corrupción financiera.
La minuta de cincuenta mil euros fue abonada bajo el concepto ficticio de «Auditoría de reputación institucional y análisis de riesgos regulatorios».
La orden de pago salió de la cuenta matriz de Arostegui & Partners y llevaba la firma digital mancomunada del propio Kepa Arostegui y de su socio fiduciario en Biarritz, Sylvain Deschamps.
Ya hemos remitido el atestado policial completo a la Fiscalía General del Estado para la apertura inmediata de diligencias por calumnias graves a funcionario público y falsificación de documento reservado.
Prat tecleó en su consola de supervisión interbancaria del Banco de España, mostrando los códigos de bloqueo temporal:
—Respecto a la orden de transferencia internacional de dieciocho millones doscientos mil euros hacia el banco Pictet de Ginebra, la operación está formalmente inmovilizada en la pasarela TARGET2 bajo la referencia de suspensión administrativa preventiva número 847/2026.
Pero les repito la advertencia procesal con absoluta crudeza, fiscal Zubiaga: el artículo veintiséis de la Ley 10/2010 solo faculta al SEPBLAC a suspender la ejecución de una transferencia por un plazo perentorio de veinticuatro horas hábiles para permitir la intervención de la autoridad judicial penal.
Ese plazo expira mañana exactamente a las doce y cuarenta y cinco del mediodía.
Si para esa hora no obra en mi poder un auto judicial firme de embargo y aseguramiento de saldo dictado por el Juzgado de Instrucción número Cuatro de Bilbao, el sistema informático del Banco de España liberará automáticamente la orden y los dieciocho millones se esfumarán en el secreto bancario helvético en cuestión de segundos.
La Inspectora Olga Prat bebió un sorbo de agua de un vaso de cristal en su despacho de la calle Alcalá de Madrid antes de continuar desgranando el informe de inteligencia financiera:
—La agencia de gestión de crisis que redactó y distribuyó el falso memorando del CNI es Iberian Strategic Communications SL , con domicilio social en el Paseo de la Castellana número ciento cuarenta de Madrid —precisó Prat con sequedad quirúrgica—.
Está dirigida por un antiguo director de gabinete ministerial y se dedica al diseño de campañas de intoxicación mediática, desinformación corporativa y destrucción de reputación de testigos en causas de corrupción financiera.
La minuta de cincuenta mil euros fue abonada bajo el concepto ficticio de «Auditoría de reputación institucional y análisis de riesgos regulatorios».
La orden de pago salió de la cuenta matriz de Arostegui & Partners y llevaba la firma digital mancomunada del propio Kepa Arostegui y de su socio fiduciario en Biarritz, Sylvain Deschamps.
Ya hemos remitido el atestado policial completo a la Fiscalía General del Estado para la apertura inmediata de diligencias por calumnias graves a funcionario público y falsificación de documento reservado.
Prat tecleó en su consola de supervisión interbancaria del Banco de España, mostrando los códigos de bloqueo temporal: