CAPÍTULO 8 EL RASTRO DEL DINERO #4
—El Concierto no lo destruyen los fiscales que investigan el crimen, señor Mendieta —replicó Ainara, poniéndose en pie tras la mesa con los ojos relampagueando de indignación moral—.
El Concierto lo destruyen los próceres forales que perforaron la ley desde sus escaños parlamentarios para guardarse una ganzúa en el chaleco y comercializarla entre fondos buitre y mafias internacionales.
Si el autogobierno financiero de Bizkaia necesita de la impunidad de los asesinos de Iñigo Barandiarán y del encubrimiento de cuarenta y dos empresas pantalla para sostenerse en pie, entonces el Concierto no es una herramienta de libertad, sino el escudo de una oligarquía corrupta.
Y yo no juré mi cargo para proteger a los ladrones del dinero de mi pueblo.
Ainara respiró con una lentitud glacial, manteniendo la vista clavada en los papeles de su mesa:
—Viceconsejero, usted conoce el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal tan bien como yo.
El artículo veinticinco y el artículo veintiséis establecen que el fiscal instructor actúa bajo el principio de legalidad e imparcialidad, y que cualquier orden de avocación o instrucción particular de un superior jerárquico debe formularse por escrito, fundamentarse en derecho y notificarse al Consejo Fiscal.
Si el Fiscal Superior del País Vasco quiere retirar este expediente de mis manos para complacer al gabinete de crisis de Lakua, tendrá que firmar un decreto motivado explicando por qué ordena frenar la investigación de un asesinato con veneno y de un desfalco de trescientos millones de euros a la Hacienda pública.
Y le garantizo que ese decreto estará publicado en los periódicos y recurrido ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en menos de veinticuatro horas.
Mendieta dejó escapar una risa seca, desprovista de humor, cargada de una condescendencia venenosa:
—¿De verdad crees que la prensa te salvará, Ainara?
Mañana a las doce se reúnen en el Palacio Foral el Lehendakari, la cúpula de Confebask, los presidentes de las tres patronales territoriales y los directores de los principales bancos vascos para celebrar la estabilidad financiera de este país.
El gobierno de coalición depende de ese pacto.
Si tú lanzas a la policía judicial contra el bufete de Kepa Arostegui en mitad de los fastos, ningún magistrado del Supremo va a salir en tu defensa: te tratarán como a una iluminada procesal que antepuso su soberbia personal a la paz social y a la supervivencia económica de Euskadi.
Los jueces de la Audiencia Provincial almuerzan con Arostegui todos los jueves en la Sociedad Bilbaína; conocen a su familia, admiran su trayectoria y no van a permitir que una fiscal delegada de Durango manche el nombre de Bizkaia por unas diligencias basadas en sospechas de un auditor de Bruselas.
Ainara respiró con una lentitud glacial, manteniendo la vista clavada en los papeles de su mesa:
—Viceconsejero, usted conoce el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal tan bien como yo.
El artículo veinticinco y el artículo veintiséis establecen que el fiscal instructor actúa bajo el principio de legalidad e imparcialidad, y que cualquier orden de avocación o instrucción particular de un superior jerárquico debe formularse por escrito, fundamentarse en derecho y notificarse al Consejo Fiscal.
Si el Fiscal Superior del País Vasco quiere retirar este expediente de mis manos para complacer al gabinete de crisis de Lakua, tendrá que firmar un decreto motivado explicando por qué ordena frenar la investigación de un asesinato con veneno y de un desfalco de trescientos millones de euros a la Hacienda pública.
Y le garantizo que ese decreto estará publicado en los periódicos y recurrido ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en menos de veinticuatro horas.
Mendieta dejó escapar una risa seca, desprovista de humor, cargada de una condescendencia venenosa:
—¿De verdad crees que la prensa te salvará, Ainara?
Mañana a las doce se reúnen en el Palacio Foral el Lehendakari, la cúpula de Confebask, los presidentes de las tres patronales territoriales y los directores de los principales bancos vascos para celebrar la estabilidad financiera de este país.
El gobierno de coalición depende de ese pacto.
Si tú lanzas a la policía judicial contra el bufete de Kepa Arostegui en mitad de los fastos, ningún magistrado del Supremo va a salir en tu defensa: te tratarán como a una iluminada procesal que antepuso su soberbia personal a la paz social y a la supervivencia económica de Euskadi.
Los jueces de la Audiencia Provincial almuerzan con Arostegui todos los jueves en la Sociedad Bilbaína; conocen a su familia, admiran su trayectoria y no van a permitir que una fiscal delegada de Durango manche el nombre de Bizkaia por unas diligencias basadas en sospechas de un auditor de Bruselas.
Ainara se inclinó sobre el altavoz, y su voz adquirió un filo de hielo cortante:
—Y hay algo más que debería saber antes de firmar nada, señor Mendieta: sé que esta mañana a las nueve en punto la dirección general ha convocado una purga extraordinaria en el archivo de Capuchinos de Basurto para ordenar el borrado de los respaldos digitales de las cuarenta y dos ETVEs y la destrucción física de las auditorías que Iñigo Barandiarán dejó concluidas.
Si los técnicos informáticos tocan un solo byte o la trituradora destruye un solo legajo, imputaré a los responsables por infidelidad en la custodia de documentos y destrucción de pruebas del artículo cuatrocientos trece del Código Penal.
Y no dude de que su nombre figurará como cooperador necesario e inductor de la destrucción.
Al otro lado de la línea, la respiración de Mendieta se cortó de golpe. El viceconsejero titubeó durante dos segundos, completamente desarmado al descubrir que la fiscalía conocía el operativo clandestino de Capuchinos.
Un silencio espeso y gélido cayó sobre la línea telefónica. Mathieu contempló a Ainara con una admiración sobrecogedora: aquella mujer estaba dispuesta a inmolar su carrera profesional antes que claudicar ante la razón de Estado de su propio gobierno.
Cuando Mendieta volvió a hablar, su voz había perdido cualquier atisbo de familiaridad; sonaba como el filo de una guillotina descendiendo sobre el estrado:
—Te lo advierto por última vez, fiscal Zubiaga: el Fiscal Superior del País Vasco está reunido en este instante con el Consejero de Justicia en Vitoria.
Si no archivas de inmediato las actuaciones incoadas contra los despachos de la Gran Vía y circunscribes la muerte de Barandiarán a un homicidio común sin derivaciones mercantiles ni forales, a las tres de la tarde tendrás sobre tu mesa un decreto de avocación y relevación de la causa por orden jerárquica superior.
Te apartaremos formalmente del expediente y serás expedientada por falta muy grave de desobediencia y deslealtad institucional.
Y si dinamitas la firma del Cupo de mañana, Ainara...
te aseguro que no tendrás un solo rincón en este país donde esconderte.
La llamada se cortó con un chasquido seco y metálico que dejó el tono de línea comunicando en el silencio sepulcral del despacho.
♦ ♦ ♦
Ainara colgó el auricular con una lentitud glacial. Sus manos permanecieron apoyadas sobre el escritorio durante varios segundos, con los nudillos tensos y la respiración contenida, mientras asimilaba el ultimátum de Lakua.
Mathieu se levantó de la silla, rodeó la mesa y se colocó a su lado, proyectando una presencia sólida y tranquila que actuó como un bálsamo sobre la tormenta desatada por la llamada:
—Mendieta está aterrorizado, Ainara —dijo Mathieu en voz baja—.
Cuando un alto cargo del gobierno recurre a la amenaza directa de relevación procesal y de muerte civil, no está demostrando fuerza: está demostrando que sabe que las pruebas que tenéis entre manos son letales para su supervivencia política.
Saben que el archivo de Miren Uriarte existe y saben que si ese pendrive llega a un juzgado de guardia, ningún decreto de la Fiscalía Superior podrá frenar las órdenes de detención.
Ainara alzó la vista hacia los ojos oscuros del auditor francés, y en su mirada no había rastro de miedo ni de vacilación; solo una determinación implacable forjada en el fuego de la indignación:
—Tienen razón en una cosa, Mathieu: si el Fiscal Superior firma el decreto de avocación antes de que presentemos la querella criminal con el material intervenido, jurídicamente me quedo sin firma procesal en los tribunales españoles.
Necesitamos judicializar el vínculo internacional antes de que venza el plazo del viceconsejero.
Desencriptemos la carpeta de Barandiarán.
Mathieu abrió su ordenador blindado y conectó el monitor auxiliar de alta resolución que descansaba sobre la biblioteca jurídica. Introdujo el pendrive metálico de Barandiarán en el puerto USB protegido y ejecutó el software de desencriptación VeraCrypt .
En la pantalla apareció el cuadro de diálogo solicitando la clave alfanumérica de veinticuatro dígitos.
—Anoche en el puente de San Antón me dijiste que Barandiarán era un hombre obsesionado con la historia fundacional de las instituciones forales —recordó Mathieu, tecleando con precisión—.
Probé con las fechas de la abolición de los fueros de mil ochocientos setenta y seis y con la ley del Concierto de mil ochocientos setenta y ocho, pero el algoritmo las rechazó.
Fue al repasar las notas manuscritas que encontramos en el forro de su americana cuando me di cuenta: Barandiarán no miraba al pasado decimonónico; miraba al momento exacto en que la democracia recuperó el pacto fiscal.
Mathieu introdujo la fecha solemne de promulgación del Estatuto de Gernika: 25-10-1979-Gernika-Concierto .