CAPÍTULO 8 EL RASTRO DEL DINERO #3

El recuerdo de los muelles de Amberes volvió a cruzarle la mente como una ráfaga de aire helado.

En el distrito de los diamantes de Hoveniersstraat, Isabelle y él habían descubierto cómo las terminales de contenedores del río Escalda servían de pasarela para el tráfico ilegal de lingotes de vanadio y acero refractario procedente de los complejos metalúrgicos del Donbás.

Isabelle pasaba noches enteras cruzando los albaranes de carga marítima con los balances de las sociedades buzón de la City de Londres.

Tenía esa pasión juvenil e incorruptible de quien cree que la verdad matemática de los números es el único lenguaje capaz de someter a los tiranos.

Y cuando la embistieron en aquella carretera comarcal de Flandes, la Comisión Europea prefirió cerrar los ojos para no arruinar los acuerdos de suministro de gas y titanio con los consorcios del Este.

Comprendió entonces con aterradora lucidez por qué Iñigo Barandiarán había muerto en la fila siete de la platea del Palacio Euskalduna con catorce nanogramos de digoxina por mililitro de sangre.

Barandiarán no se había topado con una corruptela de funcionarios forales vizcaínos; se había topado con la máquina trituradora de Viktor Sorokin.

El director de política fiscal vasco había creído que bastaba con redactar un memorando de alerta y acudir a una cita clandestina con la OLAF para frenar el saqueo.

Y Sorokin, a través de sus gestores en Biarritz y sus sicarios de Europa del Este, le había parado el corazón con la misma frialdad quirúrgica con la que había mandado sacar de la carretera a Isabelle en Bélgica.

Sorokin operaba ahora desde sus áticos acristalados de Dubai Marina, a salvo de los tratados ordinarios de extradición de la Unión Europea y protegido por las leyes de opacidad fiduciaria de los emiratos.

Pero su mano ejecutora en el sur de Europa tenía nombre y apellidos: Sylvain Deschamps, el aristócrata de las finanzas que coordinaba las inversiones desde su villa de Biarritz, a escasos cuarenta minutos en coche de la frontera del Bidasoa.

Mathieu apuró el cigarrillo hasta el filtro, sintiendo la quemadura en las yemas de los dedos, y arrojó la colilla al cenicero metálico de la terraza. La fatiga se había disuelto, reemplazada por una rabia helada, lúcida y metódica.

No cometería el mismo error dos veces. En Bruselas, la lealtad burocrática hacia la jerarquía de la Comisión Europea había permitido que una filtración política avisara a los abogados de Sorokin antes de que el juez de instrucción belga firmara los autos de registro.

Su jefe de unidad, Marc Delvaux, era un diplomático de carrera obsesionado con no provocar crisis institucionales entre los Estados miembros y no perturbar las relaciones energéticas con los fondos de inversión internacionales.

Si Mathieu enviaba ahora un informe preliminar a la sede de la OLAF en la Rue Joseph II de Bruselas alertando de la implicación de Kepa Arostegui y de la conexión con el Concierto Económico vasco, la maquinaria política comunitaria tardaría menos de doce horas en ordenar la congelación del caso para no interferir en la firma del Cupo con el Gobierno de España.

Los diplomáticos volverían a pactar un cierre en falso, calificarían el asunto como un contencioso administrativo sobre ayudas de Estado y dejarían a Ainara Zubiaga sola frente al poder aplastante de Lakua y de la Audiencia Provincial.

Mathieu respiró el aire frío de la madrugada bilbaína y tomó una decisión irrevocable: no informaría a Delvaux hasta que el auto de entrada y registro en la sede central de Arostegui estuviera ejecutado y el pendrive maestro de Miren Uriarte estuviera judicializado bajo la fe pública de un letrado de la administración de justicia.

Esta vez, los señores del dinero no tendrían tiempo de enviar a una furgoneta a la carretera.

♦ ♦ ♦

A las nueve y diez de la mañana, la luz grisácea del día entraba por los grandes ventanales del despacho de Ainara Zubiaga en el número nueve de la calle Henao.

Sobre la mesa de trabajo reposaban las carpetas de las diligencias previas, un termo de café recién hecho y el dictamen toxicológico de la autopsia de Barandiarán.

Mathieu se encontraba sentado en una de las sillas confidentes frente a la fiscal, repasando las notas de su conversación nocturna con Europol, cuando el teléfono de baquelita negra de la línea directa institucional de la fiscalía comenzó a sonar con un timbrazo estridente y seco que rompió la calma tensa de la estancia.

Ainara alzó la vista de los autos y observó el número reflejado en la pequeña pantalla digital del aparato.

El prefijo cero uno correspondía a la red interna de la administración autonómica vasca; la extensión identificaba la centralita de Lehendakaritza en el complejo administrativo de Lakua, en Vitoria-Gasteiz.

La fiscal sostuvo la mirada de Mathieu durante un segundo, respiró hondo y descolgó el auricular, pulsando a continuación el botón del altavoz integrado para que el investigador pudiera escuchar la comunicación:

—Fiscalía Delegada Anticorrupción de Bizkaia. Le atiende la fiscal Zubiaga.

Al otro lado de la línea, la respuesta no tardó ni medio segundo en resonar por el altavoz con un tono grave, pausado y revestido de esa autoridad paternalista y severa que los altos cargos del gobierno reservaban para los subordinados que se salían del guion oficial:

—Buenos días, Ainara. Soy Iñaki Mendieta.

Mathieu permaneció inmóvil, reconociendo el nombre del Viceconsejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco, el hombre de aparato que llevaba cuatro décadas gestionando las finanzas públicas autonómicas y que en el Capítulo Dos había intentado persuadir a Ainara en Capuchinos de Basurto para archivar la muerte de Barandiarán como un infarto de miocardio natural.

—Buenos días, señor viceconsejero —respondió Ainara con un tono gélido, neutral y perfectamente protocolario—. ¿En qué puedo ayudarle desde esta fiscalía?

Se escuchó el crujido de un sillón de piel al bascular en el despacho de Vitoria y el carraspeo medido de quien va a formular una advertencia terminal:

—Te llamo directamente desde el gabinete de crisis de Lakua, Ainara, porque la situación ha alcanzado un nivel de gravedad extrema que trasciende con mucho el ámbito de unas diligencias penales ordinarias.

Esta madrugada, la Comisión Mixta del Concierto Económico ha cerrado definitivamente los flecos técnicos del preacuerdo quinquenal de la Ley del Cupo con la Secretaría de Estado de Hacienda en Madrid.

Mañana a las doce del mediodía está convocada la firma solemne en el Palacio de la Diputación Foral de Bizkaia, con la presencia del Lehendakari, del Diputado General y de la Ministra de Hacienda del Gobierno de España.

Son mil cuatrocientos setenta y dos millones de euros anuales que garantizan la viabilidad de los servicios públicos de este país para los próximos cinco años.

Mendieta hizo una pausa deliberada, dejando que el peso de las cifras flotara en el silencio del despacho de Bilbao antes de continuar con una dureza implacable:

—Y en este preciso momento, mientras los redactores institucionales están imprimiendo los pliegos oficiales del acuerdo, me llega a la mesa un informe de seguridad de la Ertzaintza notificando que ayer por la mañana te personaste en la Alameda de Mazarredo y en el bufete Urquijo en la Gran Vía, acompañada por un suboficial armado de la policía judicial y por un supuesto perito extranjero de la OLAF, precintando mercantiles domiciliadas y amenazando a letrados colegiados con detenciones por delito fiscal.

¿Se puede saber qué demencia procesal estás ejecutando a veinticuatro horas del acto más importante de la legislatura?

Ainara apretó el borde de la mesa con los dedos, manteniendo la voz firme como una roca:

—Estoy cumpliendo con la obligación que me imponen el artículo ciento veinticuatro de la Constitución y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, viceconsejero: perseguir los delitos públicos de los que tengo noticia en el ejercicio de mis funciones.

En Mazarredo hemos intervenido la sede de una red de sociedades buzón que ha drenado decenas de millones de euros de la Hacienda Foral mediante créditos fiscales de I+D fraudulentos.

Y en el Instituto Vasco de Medicina Legal tenemos la confirmación pericial categórica de que el Director General de Política Fiscal, Iñigo Barandiarán, fue asesinado con catorce coma dos nanogramos de digoxina por mililitro de sangre para impedir que denunciara este saqueo.

Mi deber es investigar un delito de asesinato con alevosía y una defraudación tributaria continuada, no coordinar mi agenda procesal con los actos protocolarios de la Diputación.

La respiración de Mendieta se aceleró por el altavoz, transformando la frialdad inicial en una cólera sorda y amenazante:

—¡No seas ingenua, Ainara! ¿De verdad crees que la política y la justicia operan en compartimentos estancos en este país?

¿Quién te crees que eres? Los sectores más reaccionarios y recentralizadores de Madrid, la prensa económica conservadora y los halcones de la Dirección General de Competencia en Bruselas llevan diez años buscando cualquier resquicio para llevar el Concierto Económico y las normas forales vascas ante el Tribunal Constitucional y ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, acusándonos de competencia fiscal desleal y de paraíso tributario encubierto.

Si tú judicializas públicamente una causa criminal vinculando los incentivos forales de I+D y el Patent Box con tramas de blanqueo internacional a veinticuatro horas de la firma del Cupo, estarás regalándole a los enemigos del autogobierno el argumento definitivo para dinamitar el pacto financiero que costó cien años de luchas conseguir.

Destruirás el Concierto, Ainara. ¿Entiendes lo que significa eso?