CAPÍTULO 6 LA NORMA Y LA GRIETA #4

—Por supuesto que lo es cuando la inversión es real —replicó Mathieu, mirándola fijamente a los ojos verde oliva—.

Pero observe cómo operaba Biscay BioTech y las otras cuarenta y una mercantiles de la red.

Cada una de ellas emitía anualmente contratos de desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial aplicada suscritos con consultoras radicadas en Limassol, Chipre.

Consultoras que, en realidad, son meras entidades interpuestas administradas por testaferros chipriotas vinculados a Atalante Capital en Luxemburgo.

Facturas de seis, ocho o diez millones de euros por servicios intangibles de consultoría de software que nadie puede medir físicamente.

En la Unión Europea, el precedente de las vacaciones fiscales vascas de dos mil uno ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo obligó a extremar el control sobre las ayudas de Estado ilícitas.

Pero este esquema estaba pensado para burlar a la Dirección General de Competencia de la Comisión: no utilizaba exenciones generales, sino deducciones universales aplicadas a través de contratos mercantiles transfronterizos privados.

Mathieu pasó la página con precisión de cirujano, mostrando el cuadro de compensación de bases imponibles negativas:

—La sociedad pantalla en Bilbao contabilizaba la factura de Chipre como gasto corriente de I+D.

Al aplicar el artículo sesenta y cuatro de su Norma Foral, ese gasto generaba un crédito fiscal inmediato del setenta por ciento.

Pero como la sociedad buzón de Mazarredo no tenía actividad mercantil ordinaria ni beneficios sobre los que aplicar la deducción, activaba el mecanismo de monetización anticipada previsto en la norma: solicitaba a la Hacienda Foral de Bizkaia el reintegro directo en metálico de la deducción no aplicada por insuficiencia de cuota.

Ainara palideció bajo la luz blanca de los fluorescentes. Sus dedos se cerraron sobre el borde de la carpeta con tal intensidad que los nudillos se tornaron blanquecinos:

—La Diputación les ingresaba el setenta por ciento del valor de las facturas falsas directamente en sus cuentas bancarias. Fondos públicos de los contribuyentes de Bizkaia transferidos en transferencias limpias de cuatro y cinco millones de euros cada año.

—Exactamente —confirmó Mathieu con gravedad implacable—.

Y una vez que el dinero de la Hacienda Foral entraba en la cuenta del banco de la Gran Vía, la sociedad bilbaína transfería los fondos a Chipre en concepto de pago de la factura original.

El dinero quedaba blanqueado, certificado por una administración tributaria europea con máxima calificación crediticia y disuelto en la banca fiduciaria internacional.

Es el esquema de fraude fiscal más depurado y elegante que he visto en quince años de carrera en la OLAF.

—Pero ese mecanismo tiene un control preceptivo inviolable —objetó Ainara, resistiéndose instintivamente a la demolición moral del sistema que había jurado proteger—.

La ley foral exige que, para monetizar deducciones por I+D de más de un millón de euros, es preceptivo un informe técnico vinculante emitido por el Departamento de Desarrollo Económico e Innovación del Gobierno Vasco que certifique la realidad material del proyecto tecnológico.

Sin ese informe pericial de Industria, la Hacienda Foral no puede autorizar la transferencia.

Mathieu sonrió con una melancolía amarga, tomó el tomo encuadernado en piel que contenía las actas parlamentarias de las Juntas Generales de Bizkaia del año dos mil seis y lo abrió por la sección de enmiendas transaccionales:

—Eso pensaba yo hasta que anoche leí el diario de sesiones de las Juntas Generales, Ainara. Pase a la página trescientos cuarenta y dos.

Ainara bajó la vista hacia el texto mecanografiado. Sus ojos recorrieron la enmienda técnica número cuarenta y siete introducida a última hora en el trámite de aprobación de la reforma fiscal foral. El párrafo rezaba con una precisión quirúrgica demoledora:

«Se eximirá con carácter excepcional de la exigencia del informe técnico vinculante de la administración autonómica a aquellas entidades mercantiles que acrediten contratos de transferencia tecnológica con entidades domiciliadas en estados miembros de la Unión Europea, bastando a tales efectos la aportación de una declaración jurada del administrador único de la entidad receptora».

Ainara leyó el texto tres veces. La respiración se le cortó en la garganta.

La grieta jurídica no era un descuido de redacción, ni una laguna procesal involuntaria provocada por la complejidad de la técnica legislativa.

Había sido incrustada deliberadamente en el corazón de la norma foral para desactivar el único control pericial independiente del sistema y permitir que las sociedades buzón drenaran cientos de millones de euros con una simple firma notarial estampada por un pasante como Urquijo.

Su mirada descendió hasta el pie del pliego parlamentario, donde figuraba la rúbrica del ponente que había redactado y defendido la enmienda en la tribuna de la asamblea foral:

Kepa Arostegui y Mendizabal. Presidente de la Comisión de Hacienda y Finanzas de las Juntas Generales de Bizkaia .

Ainara se apartó de la mesa como si el papel despidiera un calor insoportable. Se apoyó contra uno de los armarios metálicos rodantes, cerrando los ojos durante unos segundos mientras el peso de la revelación caía sobre sus hombros con la fuerza de un derrumbe.

—Arostegui redactó la grieta en dos mil seis cuando presidía la comisión parlamentaria —susurró Ainara con un hilo de voz—.

Creó la trampa legislativa desde el corazón del poder público de Bizkaia, abandonó la política dos años después para fundar su propio bufete fiduciario en la Gran Vía y lleva quince años cobrando comisiones millonarias por explotar el agujero legal que él mismo perforó en el Concierto Económico.

Mathieu cerró la carpeta con un golpe seco que resonó en el sótano como un disparo amortiguado:

—Y cuando Iñigo Barandiarán descubrió la magnitud del drenaje y se negó a validar las liquidaciones de dos mil veintitrés, amenazando con entregar este mismo expediente a la OLAF en Bruselas antes de la ratificación del Cupo...

le pararon el corazón en la platea del Euskalduna con una inyección de digoxina.

Ainara abrió los ojos. La fragilidad del impacto había desaparecido de su semblante; en su lugar, una determinación fría, implacable y peligrosa encendió sus facciones:

—Recojamos todo esto, Mathieu. Nos vamos a la fiscalía. Es hora de cruzar los números de Arostegui con las patentes de la industria del Deba.

♦ ♦ ♦

Eran las nueve de la noche cuando las luces de la calle Henao comenzaron a reflejarse en los charcos formados sobre el asfalto. En la segunda planta del número nueve, el despacho de Ainara Zubiaga parecía el puesto de mando de una unidad de operaciones especiales en tiempo de guerra.

Sobre la gran mesa de juntas se acumulaban las carpetas incautadas en Mazarredo, las copias cotejadas del archivo de Capuchinos y los discos duros externos donde el perito informático de la Ertzaintza había volcado los servidores intervenidos en el despacho de Urquijo.

En la pared testera, junto a la biblioteca jurídica, Gorka Atxaga había fijado con cinta adhesiva un esquema de flujos mercantiles trazado con rotulador permanente negro.

Mathieu Etcheverry tecleaba con rapidez en su terminal cifrado de la Comisión Europea, conectado mediante una pasarela satelital protegida a las bases de datos de Europol y del Registro Mercantil Central de Luxemburgo.

El zumbido del ventilador del equipo acompañaba el tecleo regular del investigador.

Ainara se encontraba de pie junto a él, con una taza de café solo en la mano izquierda y un fajo de notas registrales en la derecha.

Su abrigo descansaba sobre una silla y vestía un jersey de cuello alto de lana verde botella que acentuaba la palidez de su rostro fatigado y la intensidad de su mirada.

—He terminado de cruzar los números de protocolo notarial de las cuarenta y dos mercantiles de la red que figuraban en el pendrive de Barandiarán —anunció Gorka, dando un paso atrás y señalando el esquema mural con el rotulador—.

El cien por cien de las escrituras de constitución fueron elevadas a público por el mismo notario de la calle Rodríguez Arias y visadas con el sello de asesoría jurídica de Arostegui & Partners .

Pero lo verdaderamente alarmante no es el fraude de las deducciones por I+D de Mazarredo.

Lo verdaderamente letal está en el uso del Patent Box foral.

Mathieu alzó la vista de la pantalla, asintiendo con la gravedad del especialista:

—El artículo treinta y siete de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades. La reducción de la base imponible de hasta un setenta por ciento de las rentas procedentes de la cesión de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales. Cuéntanos qué has encontrado, Gorka.

El suboficial de la Ertzaintza descolgó una ficha registral encuadernada en cartulina roja:

—Entre las mercantiles domiciliadas en la red fiduciaria de Arostegui destaca una entidad constituida hace apenas catorce meses: Vandamme Metals Sociedad Anónima .

Domicilio fiscal en Bilbao, pero con un objeto social muy específico: «Tenencia, adquisición y explotación internacional de derechos de propiedad industrial y patentes sobre aleaciones metálicas de alta temperatura, componentes de fundición avanzada y pulvimetalurgia de wolframio» .

Ainara dio un respingo. La taza de café tembló ligeramente en su mano antes de depositarla sobre la mesa: