CAPÍTULO 4 — LA AUTOPSIA
A las diez de la mañana del miércoles, el Palacio de Justicia de Bilbao, en el número seis de la calle Buenos Aires, parecía una fortaleza neoclásica sitiada por el agua turbia de la ría del Nervión.
Frente a la fachada monumental de sillería arenisca, justo enfrente del puente de San Agustín y de los tinglados portuarios del muelle de Ripa, la marea viva empujaba troncos flotantes, restos de plástico industrial y una espuma parda contra los contrafuertes de piedra.
El viento del noroeste bajaba del monte Artxanda encajonado en el cauce, arrastrando una llovizna densa que pegaba los faldones de las gabardinas a las piernas de los procuradores y empañaba los ventanales enrejados de los calabozos subterráneos.
En la dársena lateral de detenidos, tres furgonetas celulares de la Ertzaintza permanecían estacionadas en batería con los motores al ralentí, expulsando un humo denso de gasóleo que se mezclaba con el olor salobre del estuario.
Ainara Zubiaga subió la escalinata de mármol del vestíbulo central con el maletín de diligencias apretado con fuerza bajo el brazo.
Llevaba el mismo traje de lana gris marengo de la jornada anterior, con una camisa de popelín blanco de cuello duro que le rozaba la piel de la garganta.
En sus ojos verde oliva, enmarcados por sombras violáceas de insomnio acumulado y café recalentado, ardía una lucidez acerada que no admitía concesiones a la debilidad ni a la cortesía funcionarial.
En su muñeca izquierda, el reloj Certina DS de acero pulido que había pertenecido a su padre marcaba las diez y tres minutos; el segundero avanzaba con una cadencia mecánica imperturbable, recordándole que el tiempo procesal corría en contra de la verdad desde el instante en que el corazón de Iñigo Barandiarán había dejado de latir en la penumbra del Palacio Euskalduna.
En la segunda planta, al final del corredor del ala penal donde los letrados del turno de oficio aguardaban junto a las puertas de roble de las salas de vistas, la antesala del Juzgado de Instrucción número cuatro respiraba esa calma densa y agria de los juzgados sobrecargados de papel procesal.
El aire olía a tinta de sello, pegamento de encuadernar, tabaco rancio consumido a hurtadillas en las escaleras de incendios y desinfectante de pino barato.
Dos oficiales de justicia clasificaban legajos cosidos con hilo rojo en estanterías metálicas combadas por el peso de los autos.
Ainara empujó la puerta de madera maciza del despacho del magistrado sin esperar a que el ujier anunciara su llegada.
Tras una mesa señorial de caoba tallada cubierta de providencias y carpetas judiciales, el magistrado Fernando Irazábal sostenía una pluma estilográfica de émbolo sobre un auto judicial abierto.
Tenía cincuenta y dos años, el cabello gris cuidadosamente peinado hacia atrás con fijador suave, gafas de media luna con montura de titanio y la mirada escéptica y cansada de un juez de carrera que había ascendido en la judicatura vasca a base de no cometer errores de bulto en las apelaciones y de no incomodar jamás a las familias patricias de Neguri ni a los altos cargos del Gobierno Vasco en Lakua.
Frente a él reposaba una taza de porcelana con los restos de un cortado y una bandeja de plata con correspondencia oficial sellada esa misma mañana.
Al ver entrar a la fiscal anticorrupción con el abrigo húmedo goteando sobre la alfombra de lana, Irazábal no se levantó. Dejó la pluma en el tintero de cristal con un movimiento deliberadamente lento, se quitó las gafas y entrelazó los dedos sobre el secante de cuero verde.
—Ainara —dijo el juez con esa voz engolada, pastosa y paternalista que reservaba para los miembros más jóvenes del Ministerio Fiscal—.
Iba a ordenar que te pasaran una llamada dentro de unos minutos.
Tengo sobre la mesa el atestado preliminar de la comisaría de Abando de la Ertzaintza, el informe asistencial del médico de urgencias de Osakidetza y el primer parte de defunción sobre lo ocurrido anoche en el auditorio del Euskalduna.
Ainara se sentó en la silla de brazos de cuero marrón situada frente al escritorio sin esperar invitación previa, abrió el maletín y extrajo una copia compulsada del acta de levantamiento del cadáver que ella misma había firmado a las dos y veinte de la madrugada.
—Supongo que habrás leído con atención cada folio del acta judicial, Fernando —dijo ella, clavando la mirada en los ojos del magistrado con voz seca y pausada.
Irazábal suspiró, empujó las gafas hacia la coronilla y reclinó el respaldo del sillón, haciéndolo crujir con una familiaridad burocrática exasperante.
—He leído lo que importa, Ainara. Parada cardiorrespiratoria en un varón de cincuenta y cuatro años con antecedentes de hipercolesterolemia y un nivel de estrés laboral asfixiante como Director General de Recaudación de la Diputación Foral de Bizkaia.
Muerte súbita del adulto. Un colapso isquémico estándar.
Sucede tres o cuatro veces por semana en los polígonos y en los despachos de este territorio.
El médico forense de guardia que acudió al levantamiento certificó la ausencia total de traumatismos craneales, de heridas penetrantes, de marcas de estrangulación en el cuello o de hematomas submucosos en la cavidad oral.
El corazón se paró. Es una tragedia humana y familiar indiscutible, pero desde el punto de vista del derecho penal, no hay causa.
El juez extendió el brazo y dio un golpecito con la uña sobre un pliego mecanografiado que descansaba a su derecha:
—A primera hora de la mañana he recibido una comunicación formal de la secretaría general de la Presidencia del Gobierno Vasco en Vitoria y una llamada de cortesía del gabinete del Diputado General.
No es una presión procesal, Ainara; es la constatación de una realidad institucional de máxima gravedad.
Mañana por la tarde se celebra la recepción de gala previa al nuevo Cupo en el Palacio Foral de la Gran Vía, y el viernes a mediodía se estampa la firma definitiva del acuerdo quinquenal entre el ministro de Hacienda y las instituciones vascas.
Nos estamos jugando la financiación básica de Euskadi para los próximos cinco años, un flujo presupuestario que supera los siete mil millones de euros en el conjunto del periodo.
No podemos permitirnos el escándalo grotesco de mantener precintada la Dirección General de Recaudación en Capuchinos de Basurto, ni de alimentar teorías de la conspiración en la prensa económica madrileña y europea por una muerte natural que ha sobrevenido en vísperas de un acto de Estado.
Irazábal deslizó el documento sobre la madera hacia el borde de la mesa:
—Voy a dictar auto de sobreseimiento provisional de las diligencias conforme al artículo 641, apartado primero, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por no resultar debidamente justificada la perpetración de delito alguno.
La viuda y los hermanos de Barandiarán han presentado un escrito solicitando la entrega inmediata del cuerpo para organizar las exequias fúnebres esta misma tarde en la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes de Las Arenas, con la dignidad y la reserva que corresponden a su posición pública.
No hay motivos procesales fundados para retener el cadáver en una cámara de congelación.
Ainara no pestañeó. Apoyó ambas manos sobre el borde de caoba y se inclinó ligeramente hacia adelante, con una tensión en la mandíbula que convirtió su tono en una cuchilla.
—Si firmas ese auto de sobreseimiento esta mañana, Fernando, vas a cometer una prevaricación judicial de libro —soltó la fiscal con una serenidad tan gélida que el magistrado se quedó rígido en el asiento—.
Y antes de que el féretro de Barandiarán salga por la rampa del depósito de Basurto, presentaré una querella criminal directa contra ti ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por delito contra la administración de justicia y obstrucción deliberada a la investigación penal.
Irazábal se incorporó de golpe, plantando las palmas sobre la mesa con tanta violencia que el tintero de cristal tintineó contra la base de madera.
—¡Modera el tono, Zubiaga! —bramó el juez, con el rostro enrojecido por la indignación—.
Estás en la sede de un órgano jurisdiccional del Estado.
No voy a consentir que una fiscal delegada, por muy protegida que se sienta por la Fiscalía Especial contra la Corrupción, venga a mi despacho a amenazarme con querellas por aplicar el sentido común y la ley procesal.
¿Quién demonios te crees que eres? ¿La vestal de la pureza jurídica de Bizkaia?
—Soy la fiscal de guardia que bajó al patio de butacas del Euskalduna anoche mientras tú dormías plácidamente en tu chalé de Neguri, Fernando —replicó Ainara sin alzar la voz, pero con una contundencia milimétrica—.
Y el artículo 343 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es un mandato imperativo indiscutible: en las muertes violentas o en aquellas cuya causa fundamental sea dudosa o sospechosa de criminalidad, es preceptiva la práctica de la autopsia judicial completa con análisis toxicológico y anatomopatológico de los órganos vitales.
Y las sospechas no son conjeturas mías ni habladurías de cafetería; son evidencias objetivas documentadas bajo fe pública de la letrada de la administración de justicia.
Ainara abrió la carpeta de diligencias previas y fue señalando los folios con el índice enguantado: