CAPÍTULO 2 — LA HACIENDA #5

Según el memorándum de la inteligencia estatal, la División de Contrainteligencia Económica mantenía a Iñigo Barandiarán bajo vigilancia operativa encubierta desde hacía aproximadamente seis meses.

El documento sostenía que el Director General de Recaudación de la Hacienda Foral de Bizkaia estaba siendo investigado por un presunto delito de traición económica y revelación continuada de secretos de Estado, consistente en la filtración masiva de matrices tributarias confidenciales, algoritmos de cruce de datos fiscales y expedientes reservados de inspección de corporaciones estratégicas vascas y españolas a firmas internacionales de consultoría vinculadas a servicios de información de una potencia extracomunitaria.

El informe describía con profusión de detalles técnicos la operativa supuestamente empleada por Barandiarán: el funcionario extraía los expedientes físicos de las sedes forales, los digitalizaba en terminales aisladas y transfería los archivos cifrados a cambio de compensaciones económicas multimillonarias.

Dichos pagos, aseguraba el CNI con frialdad contable, se canalizaban a través de dos sociedades fiduciarias pantalla registradas en el paraíso fiscal de George Town, en las Islas Caimán, con cuentas corrientes puente en bancos privados de Zúrich y Limassol que acumulaban un saldo superior a los seis millones y medio de dólares estadounidenses.

La nota concluía con una recomendación institucional redactada con una sutileza venenosa:

«Habida cuenta de las implicaciones directas para la seguridad nacional, las relaciones exteriores del Reino de España y la preservación de la estabilidad financiera en vísperas de la renovación quinquenal del Concierto Económico, se sugiere a los órganos judiciales competentes la máxima prudencia en la incoación de procedimientos ordinarios de homicidio, toda vez que no puede descartarse que el deceso del sujeto responda a un ajuste de cuentas interno entre redes de espionaje industrial transfronterizo o a una descompensación cardíaca sobrevenida por el estrés operativo derivado de la inminencia de su detención judicial. »

Ainara dejó caer el informe sobre el escritorio. La sangre le hervía en las sienes.

Era una jugada maestra de intoxicación de Estado.

Una siembra de desinformación calculada al milímetro para manchar la memoria de un funcionario muerto, destruir su credibilidad testimonial ante la opinión pública y ofrecer al juez Fernando Irazábal una coartada de oro para declarar el sobreseimiento provisional de la causa o inhibirse a favor de la Audiencia Nacional por razones de seguridad nacional.

Tomó el auricular del teléfono seguro de línea fija conectado directamente con la centralita operativa de la Ertzaintza en Erandio y marcó la extensión directa de Delitos Económicos.

Al tercer tono, la voz profunda de Gorka Atxaga respondió al otro lado.

—Atxaga.

—Gorka, soy Ainara —dijo la fiscal con una voz cortante—. Estoy en mi despacho de Henao. Acabo de recibir un sobre sellado en mano del Centro Nacional de Inteligencia.

Se produjo un silencio de dos segundos en la línea, roto únicamente por el tecleo de un ordenador en la comisaría de Erandio.

—¿El CNI? —la voz del inspector sonó áspera y desconfiada—. ¿Qué demonios pinta la inteligencia militar en un levantamiento de cadáver en el Euskalduna?

—Nos han fabricado un espía industrial a medida, Gorka —explicó Ainara, releyendo párrafos del informe con desprecio visceral—.

Aseguran que llevaban seis meses vigilando a Barandiarán.

Dicen que vendía secretos tributarios y algoritmos de recaudación foral a potencias extranjeras a cambio de sobornos en las Islas Caimán y cuentas en Suiza.

Lo pintan como a un traidor que vendía su país por seis millones de dólares y sugieren que su muerte es un ajuste de cuentas entre mercenarios de la información o un síncope provocado por el miedo a que lo detuvieran.

Gorka soltó una carcajada seca, amarga y colérica que retumbó en el auricular.

—¡Menuda sarta de basura infecta! —estalló el policía vasco—. Esa patraña no se sostiene ni cinco minutos en un tribunal de instrucción ordinario. ¿Sabes lo que acabo de terminar de revisar en mi terminal de Erandio hace diez minutos, Ainara?

—Dímelo tú.

—El barrido patrimonial completo de Iñigo Barandiarán en la base de datos de la Seguridad Social, el catastro foral y la central de riesgos del Banco de España —detalló Gorka con la contundencia de un auditor forense—.

El Director General de Recaudación vivía en un piso de noventa metros cuadrados en Algorta, en una tercera planta sin ascensor construida en 1982.

Le quedan todavía ocho años de hipoteca en Kutxabank por valor de sesenta y dos mil euros.

Su coche particular, el que usó para sacar las cajas de Capuchinos, es un utilitario diésel de siete años que duerme en el garaje comunitario y marca ciento ochenta mil kilómetros en el cuentakilómetros.

No tiene fondos de inversión, no tiene tarjetas de crédito corporativas opacas y sus únicos ahorros son catorce mil euros en una libreta a plazo fijo compartida con su hermana viuda.

Gorka golpeó con los nudillos sobre su mesa en Erandio.

—Un hombre que vende secretos de Estado a los rusos o a los chinos por seis millones de pavos en las Caimán no vive con una hipoteca de seiscientos euros al mes en Algorta ni conduce un coche con el embrague a punto de reventar, Ainara.

Lo están ensuciando. Alguien desde Madrid, o los mismos hijos de puta que le apretaron el corazón en la butaca del Euskalduna, ha soltado este informe para darle una salida airosa a Lakua y al juzgado de instrucción.

Quieren que Irazábal archive la causa por muerte natural de un corrupto antes de que la prensa empiece a hacer preguntas incómodas sobre el Cupo.

—Lo sé —asintió Ainara apretando los labios—.

Pero esta nota demuestra algo todavía más importante, Gorka.

Demuestra que tienen un miedo atroz a lo que Barandiarán iba a entregar en Bruselas.

Tienen tanto pánico que han tenido que recurrir a los resortes de la inteligencia militar para desacreditarlo antes de que el forense abra el cuerpo.

—Pues prepárate, fiscal —dijo Gorka bajando repentinamente la voz a un registro de máxima urgencia—. Porque el tablero acaba de saltar por los aires hace veinte minutos.

Ainara se enderezó en el sillón de cuero.

—¿Qué ha pasado?

—Tengo un aviso urgente de nuestro enlace policial en el aeropuerto de Loiu —informó Gorka—.

A las doce y diez ha aterrizado el vuelo regular de Brussels Airlines procedente de Zaventem.

A bordo viajaba un pasajero que no figuraba en las listas protocolarias del Ministerio de Asuntos Exteriores ni en los registros de la Delegación del Gobierno en Vitoria.

Ha cruzado la terminal con pasaporte oficial de la Comisión Europea y acreditación de alta dirección.

Ainara contuvo la respiración.

—¿Quién es?

—Mathieu Etcheverry —respondió Gorka, pronunciando el apellido con la gravedad de quien anuncia una tormenta perfecta—.

Investigador Principal de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.

Ha tomado un taxi en la parada de llegadas y viene directo hacia el centro de Bilbao.

Y según nuestro enlace en el aeropuerto, ha solicitado formalmente entrevistarse con la fiscal delegada anticorrupción en el número nueve de la calle Henao esta misma tarde.