CAPÍTULO 2 — LA HACIENDA #3

—Fiscal Zubiaga —dijo Miren con una voz baja, modulada en ese registro susurrado y exacto de quien está acostumbrado a que sus palabras decidan liquidaciones tributarias de ocho cifras sin levantar el tono—.

Tengo entendido que la Ertzaintza ha entrado en esta sede con una comisión judicial autorizada por el juzgado de guardia.

Supongo que no necesita que le recuerde que el artículo 95 de la Norma Foral General Tributaria prohíbe taxativamente la injerencia en expedientes de inspección sin una motivación penal específica y justificada.

Ainara avanzó hasta el borde de la mesa, pero no se sentó en las dos sillas de cuero negro dispuestas para las visitas. Se mantuvo de pie, con los brazos caídos a los costados y la mirada fija en los ojos de la directora.

—Iñigo Barandiarán murió anoche en el Palacio Euskalduna, directora —dijo Ainara con frialdad—.

Y la causa de su muerte no está en su tensión arterial ni en los triglicéridos de su último examen de salud laboral.

Alguien le abrió el forro de su chaqueta a la fuerza después de que dejara de respirar en la butaca de la platea baja para quitarle los documentos que llevaba consigo.

Miren no pestañeó. Ni un solo músculo de su rostro se alteró, pero Ainara, entrenada en cientos de interrogatorios a delincuentes de cuello blanco en las salas de vistas de la Audiencia Provincial, observó cómo los nudillos de la mano izquierda de Uriarte blanqueaban al aferrar con excesiva fuerza el borde biselado del tablero de arce.

—La muerte de un compañero de carrera siempre es una tragedia institucional, Ainara —respondió Miren con una lentitud calculada—.

Pero Iñigo arrastraba una sobrecarga de trabajo inasumible.

Este jueves se reúne la Comisión Mixta del Concierto Económico para la fijación definitiva de la metodología del Cupo quinquenal conforme a la Ley 10/2023.

La fijación del índice de imputación del seis con veinticuatro por ciento sobre las cargas no asumidas por el Estado exige cuadrar hasta el último céntimo de la recaudación tributaria de los tres territorios forales.

Iñigo estaba agotado. Preparaba las auditorías de control sobre incentivos tecnológicos y proyectos de I+D para la comparecencia de la Diputada General en las Juntas Generales de Gernika.

—¿Y para preparar esa comparecencia necesitaba bajar a las siete de la tarde al almacén central de Lamiako, cargar cuatro cajas de expedientes de inspección de los años 2018 a 2022 en una carretilla y meterlas en el maletero de su coche en el sótano menos dos eludiendo el registro telemático de la Diputación?

—inquirió Ainara, acortando la distancia entre ambas con un paso firme.

Miren respiró hondo. El silencio en la estancia se volvió tan espeso que el chasquido del sistema de climatización contra las rejillas del techo sonó como un disparo apagado.

—En esta dirección general aplicamos criterios de máxima discreción cuando se auditan sectores estratégicos, fiscal.

El artículo 37 de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades regula el tratamiento de las rentas procedentes de activos intangibles, lo que en el ámbito financiero se conoce como el Patent Box vasco.

Si una multinacional biotecnológica o un grupo de ingeniería con sede en la Gran Vía aplica una reducción del setenta por ciento en su base imponible por la cesión de patentes industriales, la inspección tributaria debe comprobar la realidad del activo sin que la competencia internacional o los inspectores de la Agencia Estatal en Madrid utilicen esa información confidencial para torpedear nuestras empresas.

Iñigo conocía los riesgos de una filtración y trabajaba bajo su estricta responsabilidad.

Ainara apoyó la palma de la mano sobre el borde de la mesa de Miren, inclinando el torso hacia adelante.

—No me trate como a una opositora bisoña de la judicatura, señora Uriarte.

Barandiarán no estaba protegiendo patentes industriales vizcaínas frente a Madrid.

Acabamos de intervenir en el cajón inferior de su despacho un albarán marítimo de un contenedor ficticio de componentes electrónicos llegado supuestamente de Róterdam al puerto de Bilbao.

Un contenedor que nunca existió, consignado a una sociedad instrumental domiciliada en la Gran Vía que generó un crédito fiscal fraudulento de casi cuatro millones de euros, cobrado en una cuenta corriente de Limassol.

Y en ese mismo documento, de puño y letra de Barandiarán, consta que la naviera es una tapadera fantasma.

Por primera vez desde que la fiscal había entrado en el despacho, la armadura de autocontrol de Miren Uriarte se resquebrajó.

La directora de inspección tragó saliva con dificultad.

Su mirada osciló durante una fracción de segundo hacia la ventana, hacia los cargueros lejanos amarrados en los muelles de Zorrotza, antes de regresar a la fiscal.

—Ainara... hay mecanismos de compensación que escapan al entendimiento procesal de un tribunal ordinario.

—¿Mecanismos de compensación? —la voz de Ainara destilaba un desprecio quirúrgico—.

Se llama falsedad documental en documento mercantil y delito agravado contra la Hacienda Pública según el artículo 305 del Código Penal, con la agravante añadida de prevaricación administrativa cometida por funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo.

Ainara hizo una pausa deliberada, midiendo el momento exacto para asestar el golpe definitivo.

—Anoche, en el bolsillo interior de Barandiarán, la policía judicial recuperó una nota manuscrita.

Un recordatorio con una dirección y una hora: Joseph II, 30.

21:30 . Barandiarán tenía cita en Bruselas esta misma noche.

En la sede central de la OLAF. Con un inspector principal de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.

El efecto de las palabras fue fulminante.

El poco color que quedaba en las mejillas de Miren Uriarte desapareció por completo, dejando su piel de una palidez marmórea y cerúlea.

La mano de la directora se alzó hacia el borde de su chaqueta de espiga como si buscara aire para los pulmones.

Sus ojos grises perdieron la soberbia funcionarial para llenarse de una alarma pura, salvaje y desprovista de disfraces.

Miren se puso en pie con una lentitud angustiosa, rodeó la mesa y caminó con pasos silenciosos hacia la puerta de su despacho.

Se cercioró de que la hoja estaba firmemente cerrada contra el quicio de madera, accionó el pestillo interior de seguridad y regresó junto a Ainara.

Cuando habló, su voz era apenas un soplo imperceptible, un susurro cargado de pavor que obligó a la fiscal a inclinar la cabeza para escucharla.

—¿Tú eres consciente de lo que acabas de decir en esta habitación, Ainara?

—murmuró Miren con los labios temblorosos—.

Si la OLAF abre una investigación formal sobre las liquidaciones forales del IVA aduanero y las deducciones por I+D en Bizkaia, Bruselas no va a limitarse a enviar una carta de apercibimiento al Gobierno de España.

Aplicarán la directiva europea contra la elusión fiscal con carácter retroactivo.

Exigirán la devolución íntegra de las deducciones a medio centenar de grupos corporativos vascos y suspenderán cautelarmente la firma de la Ley del Cupo en las Cortes Generales.

Miren clavó sus pupilas en las de Ainara con una intensidad desesperada.

—En esta casa hay dos tipos de leyes, Ainara: las que se publican en el Boletín Oficial de Bizkaia y las que permiten que el país siga funcionando sin que Madrid intervenga.

Iñigo empezó a confundir ambas cosas. Creyó que podía actuar como un justiciero solitario, recopilando asientos contables para negociar una salida limpia con los auditores comunitarios a espaldas de los que sostienen este sistema.

Y cuando alguien mete la mano en los engranajes maestros, la máquina no se detiene; te arranca el brazo.

—La máquina es un entramado criminal que acaba de asesinar al Director General de Recaudación —replicó Ainara sin bajar el tono—.

Y si usted sabe quién diseñó esos engranajes y sigue callando, pasará de testigo protegida a investigada por encubrimiento de homicidio y pertenencia a organización delictiva en el auto que redactaré esta misma tarde.

Miren cerró los ojos con pesadumbre durante tres largos segundos. Cuando volvió a abrirlos, la frialdad de la superviviente había sustituido al pánico.

Abrió con su mano temblorosa el primer cajón de su mesa, extrajo una tarjeta de cartulina blanca, gruesa y satinada, desprovista de logotipo, nombre o membrete impreso, y la deslizó con lentitud sobre el cristal pulido del escritorio hasta que se detuvo frente a las manos enguantadas de la fiscal.

En el centro de la cartulina figuraba únicamente un número de teléfono móvil de doce dígitos con prefijo internacional suizo (+41) y una anotación mecanografiada en tinta negra con una tipografía antigua de máquina mecánica:

«TEAF/Exp-Res/2024-88»

—No me vuelvas a amenazar con el Código Penal en este despacho, fiscal —susurró Miren, dando un paso atrás y recuperando la compostura de su traje gris—.

Porque tú no tienes la menor idea de la hondura del pozo en el que te estás tirando de cabeza.

Si de verdad quieres entender por qué murió Iñigo Barandiarán, no mires a quién le cobraba los impuestos; mira a quién le perdonaba las multas.

Ainara tomó la tarjeta entre dos dedos enguantados, la introdujo en el bolsillo interior de su traje sastre sin apartar la mirada del rostro marmóreo de Miren Uriarte y se dio la vuelta hacia la puerta.

—Nos volveremos a ver en el juzgado de guardia, directora. Con una citación oficial en la mano.

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