CAPÍTULO 2 — LA HACIENDA #2

—Trabajaba de noche —respondió la mujer en un susurro, bajando la vista hacia la alfombra—.

Se quedaba hasta las dos o las tres de la madrugada.

Yo me marchaba a las cinco de la tarde, que es mi horario de plantilla, pero a la mañana siguiente, al llegar a las siete y media, encontraba la papelera llena de tazas de café para llevar y las persianas bajadas a cal y canto.

Y lo más extraño de todo eran los pedidos al almacén central.

Ainara se detuvo junto a la silla ergonómica de cuero giratoria del difunto.

—¿Qué pedidos?

—Nuestra sede de Capuchinos solo conserva físicamente la documentación viva de los dos últimos ejercicios fiscales —aclaró Nekane con la precisión burocrática adquirida tras tres lustros de oficio—.

Toda la documentación anterior a 2023 se envía digitalizada al búnker documental foral que la Diputación mantiene en Lamiako.

Para solicitar un legajo físico antiguo hay que cursar una petición motivada por intranet, con firma digital del jefe de servicio y código de control presupuestario.

Pues bien, hace diez días, don Iñigo me pidió las llaves maestras del montacargas del garaje y bajó él mismo a los archivos de reserva del sótano menos tres.

Pidió en mano, sin dejar rastro telemático en el sistema gestor documental, las carpetas físicas de inspección y recaudación de los ejercicios 2018 a 2022 de varias decenas de sociedades radicadas en el Ensanche y en la zona franca del puerto.

—¿Sin registro informático? —intervino Ainara con el ceño fruncido—.

El artículo 95 de la Norma Foral General Tributaria de Bizkaia establece el deber más estricto de reserva sobre los datos tributarios con trascendencia económica.

Todo acceso a expedientes protegidos debe quedar grabado en los registros de auditoría interna de la Diputación Foral para evitar filtraciones y garantizar la cadena de custodia ante los tribunales.

—Don Iñigo era el Director General de Recaudación, señora fiscal —dijo Nekane encogiéndose de hombros con amarga impotencia—.

Los guardias del archivo central y los auxiliares de administración le deben su plaza en la escala foral.

Nadie le pide explicaciones al hombre que firma las liquidaciones provisionales del territorio. Pero hubo algo peor.

Gorka se acercó al escritorio, apoyando los puños sobre el castaño.

—Continúe, Nekane.

—El jueves pasado por la tarde, sobre las siete, volví a la oficina porque había olvidado las llaves de mi casa en el cajón de la recepción —relató la secretaria, cuya respiración se aceleraba por momentos—.

El pasillo estaba a oscuras. Escuché un ruido de ruedas en el distribuidor que da al montacargas de servicio.

Me asomé sin hacer ruido. Vi a don Iñigo empujando una carretilla plegable de reparto.

Llevaba encima cuatro cajas de cartón reforzado, de esas que se usan en las mudanzas oficiales con cinta de precinto marrón.

Pesaban muchísimo, porque tuvo que apoyarse contra el marco metálico del montacargas para empujarlas hacia el interior de la cabina.

—¿Hacia dónde bajaba el ascensor? —preguntó Ainara.

—Al sótano menos dos. Directo al aparcamiento subterráneo reservado para los vehículos del cuadro directivo.

Don Iñigo aparcaba su coche en la plaza cuarenta y cuatro, justo al lado de la puerta de servicio que sale a la rampa de Capuchinos, una salida que no pasa por la cancela de seguridad principal ni tiene lector óptico de chips RFID para bultos.

Metió las cajas en el maletero de su automóvil particular y se marchó. Lo hizo dos veces en la misma semana.

Ainara asintió despacio, anotando en su cuaderno cada frase mientras su mente conectaba las piezas procesales.

Iñigo Barandiarán no estaba preparando un informe técnico rutinario para las Juntas Generales de Gernika.

Estaba saqueando físicamente los archivos tributarios de la Hacienda Foral de Bizkaia.

Estaba desmantelando los expedientes originales de las grandes corporaciones para que no quedara rastro documental cuando la inspección europea cruzara los Pirineos.

Y lo estaba haciendo a mano, legajo a legajo, eludiendo la red informática que la Ertzaintza y los auditores podían rastrear en cuestión de segundos.

—Gorka —dijo la fiscal con frialdad—. Comencemos por el escritorio. Cajón por cajón.

El inspector de la policía autonómica se inclinó sobre la cajonera lateral derecha con unos guantes de nitrilo.

En el cajón superior solo había grapas, sellos oficiales de caucho de la Dirección General de Recaudación y blocs con el escudo heráldico de Bizkaia.

En el segundo cajón descansaban copias de resoluciones sobre fraccionamientos de pago del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales del valle del Cadagua.

En el cajón inferior, diseñado para carpetas colgantes y cubierto por normativas de riesgos laborales, los dedos de Gorka toparon con una resistencia anómala: bajo una pila de folletos descansaba una funda de plástico grueso, sellada con cinta adhesiva en los cuatro bordes.

Gorka la extrajo sujetándola exclusivamente por los extremos del plástico y la colocó sobre la mesa de castaño.

Ainara se inclinó sobre el documento.

No era una resolución foral ni una circular presupuestaria.

Se trataba de una copia carbón de un conocimiento de embarque marítimo internacional —un Bill of Lading emitido bajo las reglas de La Haya-Visby— correspondiente a un contenedor de cuarenta pies de acero corten transportado desde el puerto de Róterdam hasta la terminal marítima de contenedores del muelle Reina Sofía, en el puerto exterior de Bilbao, en Zierbena.

La carga declarada en la casilla número dieciséis consistía en «componentes microelectrónicos de precisión y equipos modulares de refrigeración para centros de proceso de datos», amparados bajo una exención arancelaria por cesión temporal de tecnología de doble uso y un crédito de IVA a la importación por valor de tres millones ochocientos mil euros.

El consignatario de la mercancía en Bilbao era una sociedad mercantil limitada con domicilio fiscal en el número cuarenta y ocho de la Gran Vía de Bilbao: Nervión Green Dynamics S.L.

Pero lo que heló la sangre de Ainara no fue la descripción de la carga ni la cuantía del crédito fiscal.

En el margen derecho del formulario, sobre la casilla reservada a la firma de la naviera transportista con sede social supuesta en el puerto de Róterdam, Iñigo Barandiarán había trazado una línea diagonal con bolígrafo de tinta roja y había escrito, con su caligrafía picuda y apretada de funcionario contable, una única frase demoledora:

«La naviera no existe. El buque nunca atracó en Zierbena. El crédito de IVA ya se cobró en la cuenta de Limassol.»

Ainara y Gorka cruzaron una mirada muda en la penumbra del despacho.

El fraude no era una elusión fiscal técnica de manual foral; era una factoría industrial de certificados falsos para expoliar la caja pública del IVA comunitario, con la firma de una naviera fantasma holandesa y un destino final en Chipre.

—Recoge el documento en una bolsa de evidencias numerada, Gorka —ordenó Ainara con un susurro gélido—. Y quédate custodiando el despacho con el perito informático. Voy a hacerle una visita a Miren Uriarte.

♦ ♦ ♦

El ala este de la cuarta planta albergaba la Dirección General de Inspección Tributaria.

A diferencia del trasiego de Recaudación, aquí reinaba el sosiego de un santuario contable.

En estos despachos no se tramitaban aplazamientos ciudadanos: se analizaban las contabilidades secretas de las grandes fortunas, las deducciones del Impuesto sobre Sociedades y los entramados corporativos amparados en la Norma Foral 11/2013.

Ainara atravesó el corredor acristalado con el paso medido, escuchando el sordo zumbido de los servidores climatizados que custodiaban las bases de datos de la hacienda vizcaína tras mamparas de seguridad blindadas.

Al fondo del pasillo, flanqueada por dos ficus cuidados con esmero y una reproducción enmarcada del Fuero Viejo de Bizkaia de 1452, se alzaba la puerta del despacho de Miren Uriarte.

Sin llamar a la puerta de la secretaría de apoyo, Ainara golpeó dos veces con los nudillos sobre el cristal traslúcido y empujó el pomo sin esperar respuesta.

Miren Uriarte estaba sentada tras una mesa minimalista de madera de arce y perfiles de acero inoxidable pulido.

A sus cincuenta y cuatro años, la Directora General de Inspección Tributaria era una de las figuras más respetadas y temidas de la administración vasca: inspectora de finanzas por oposición pura desde 1996, había redactado personalmente parte de las disposiciones transitorias de las sucesivas reformas fiscales forales y conocía cada recoveco de las liquidaciones empresariales del territorio con la precisión de un cirujano vascular.

Su cabello, de un blanco níveo y cortado al bies a navaja con un rigor casi geométrico, contrastaba con la severidad de un traje sastre de espiga gris y una blusa de seda azul plomizo cerrada hasta la garganta.

Sobre el escritorio no había pantallas de ordenador encendidas ni bandejas con legajos desordenados.

Solo reposaba un secante de piel verde oscuro, una estilográfica de émbolo con el plumín de oro apoyada en su soporte y una carpeta de cartulina roja con una etiqueta manuscrita que la funcionaria cerró de un movimiento suave y continuo en cuanto la fiscal franqueó la entrada.

Miren se ajustó las gafas redondas de carey sobre el puente de la nariz con un dedo índice de uñas cortas y limpias, clavando en Ainara una mirada gris, analítica y desprovista de cualquier concesión a la cordialidad.