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El burofax entra en la productora el veintiséis de octubre, tres días después de la emisión del uno, y lo primero que hace jurídico es no contestar deprisa.

Hay reunión el jueves. Media hora, ocho personas y una abogada que se llama Marta Espallargas y que lleva quince años haciendo esto para televisión.

—Va a pedir cautelares —dice—. Lo pide todo el mundo y lo va a pedir él.

—¿Y las va a conseguir? —pregunta Óscar.

—No.

—¿Seguro?

—En este país se secuestra antes un libro que una serie —dice Espallargas—.

Eso no lo digo yo: eso lo dice la práctica de los últimos treinta años.

Un juez para una edición impresa porque es un objeto que se puede recoger de una mesa.

Una emisión no la para nadie, porque pararla es censura previa y eso está prohibido de forma absoluta en el veinte punto dos.

—¿Entonces por qué lo pide?

—Porque tiene que pedirlo —dice ella—. Si no lo pide ahora, dentro de dos años, cuando reclame daños, le van a decir que no le importaba tanto.

Irene levanta la mano dos centímetros.

—¿Y nosotros qué hemos hecho mal?

Espallargas la mira.

—Nada. Ese es el problema.

La vista dura cuarenta minutos y Fernando Sardá Ibarra no abre la boca ni una vez.

Está sentado en la segunda fila con un traje azul marino y unas gafas de leer colgadas del cuello con un cordón fino, y en cuarenta minutos no toma una nota, no se inclina hacia su abogada, no mira el móvil y no mira a nadie que no esté hablando en ese momento.

Es un hombre de cincuenta y dos años acostumbrado a que las cosas que le importan las diga otro por él.

Las dice Nuria Baldellou, que ha venido de Zaragoza, que tiene su edad y que es muy buena.

Pide dos cosas: la suspensión cautelar de la emisión de la serie y la retirada de los episodios ya disponibles.

Y las argumenta en tres bloques.

Uno. Que su representado no ha sido citado, ni investigado, ni denunciado, ni imputado por nadie en ningún procedimiento, ni en 2009 ni ahora; y que en unas diligencias abiertas contra persona no identificada, la única persona identificada de este país es la que está sentada en esa fila.

Dos. Que el pueblo entero ha entendido de quién se habla. Aporta cuatro capturas de pantalla de una red social, un pantallazo de un grupo de mensajería de sesenta y ocho miembros y una fotografía de una pared del frontón con un apellido escrito con espray, sin verbo, sin adjetivo y sin nada más.

Tres. Y en el minuto veintiséis, dice esto:

—Consta además, señoría, que a mi representado se le remitió por la productora un burofax en el mes de septiembre requiriéndole para que ofreciera su versión de unos hechos que en aquel momento no se le habían atribuido en ninguna parte.

Es decir: sabían perfectamente a quién le estaban preparando el sitio antes de emitir un solo minuto.

Irene, en la quinta fila, no se mueve.

Un burofax de derecho de réplica lo manda jurídico en todas las producciones de este país, sobre todo el que salga aludido de cualquier manera, y se manda pronto porque la aseguradora exige la constancia antes de la entrega y porque sin esa constancia no hay póliza y sin póliza no hay serie.

Irene ha visto docenas. Ha firmado dos.

Baldellou sigue con el tercer bloque. Irene vuelve a mirarla y toma nota de una frase que le ha gustado para el episodio cuatro.

El auto llega el mismo día a las siete de la tarde y desestima la medida cautelar.

Dice, en dos páginas y media, cuatro cosas.

Que el artículo 20.2 de la Constitución prohíbe la censura previa de forma absoluta y sin excepciones.

Que el secuestro de grabaciones solo cabe por resolución judicial y con carácter excepcionalísimo, y que el estándar es altísimo por razones que el juez se molesta en explicar durante un párrafo entero.

Que los episodios emitidos no contienen la identificación del actor, ni por su nombre, ni por su imagen, ni por perífrasis.

Y que la existencia de un procedimiento penal abierto contra persona no identificada no convierte en ilícito el ejercicio de la libertad de información sobre hechos de indudable relevancia pública.

Y añade una última línea que Nuria Baldellou seguramente se esperaba, y que no por eso le va a doler menos a su cliente:

Las conclusiones que el público extraiga por su cuenta no son imputables al medio.

Se cruza con él en el pasillo, saliendo.

Fernando Sardá está esperando el ascensor con su abogada y con un hombre joven que le lleva la cartera. Se gira porque se gira todo el mundo cuando se abre una puerta a la espalda.

La mira dos segundos.

—Usted es la del montaje.

Lo dice sin subir la voz y sin ninguna carga, como se identifica a alguien en un pasillo, y luego entra en el ascensor y le cede el paso a su abogada con la mano.

Irene se queda mirando la puerta cerrada.

Tarda cuatro pisos en darse cuenta de que ese hombre sabía quién era ella, cómo se llamaba y a qué se dedicaba, y que alguien se lo había dicho, y que en la lista que alguien le ha pasado a Fernando Sardá Ibarra ella no figura como la montadora.

Figura como la del montaje .

A las siete y media, en el coche, camino de Ardal, Irene llama a Clara y le cuenta el auto.

Clara la escucha entera. Y luego dice tres frases en este orden.

—Vale.

—Es una noticia buenísima.

—¿Tú tienes el plano de la puerta del juzgado de esta mañana?

—Lo tiene la unidad A.

—Que me lo suban.

Y cuelga.

A las nueve y cuarto, la plataforma sube la pieza de promoción del episodio dos.

El tráiler dura cincuenta y dos segundos y tiene dos planos nuevos.

Uno es la puerta del juzgado.

Irene lo ve en el móvil, sentada en el coche, en la báscula, sin haber subido todavía a la casa.

Lo ve cuatro veces.

Está bien montado, y eso es lo que más le fastidia: quien lo haya hecho ha metido el plano de la puerta en el segundo cuarenta y uno, después de una frase de Escuín y antes del negro, y ahí no dice nada y lo dice todo. Ella lo habría puesto exactamente ahí.

Y hay una cosa más.

En el tráiler no aparece Fernando Sardá Ibarra. No aparece su casa, ni su nombre, ni su apellido, ni una fotografía suya, ni una perífrasis.

Solo aparece una puerta de juzgado a la que fue esta mañana un hombre que ha perdido.

Y con eso basta.