Capítulo XII

La ley de la idolatría: Bolívar convertido en dogma de Estado

Era un paso lógico dentro del proceso de degradación política que el país vivía: había que blindar el mito con leyes, criminalizar la disidencia simbólica, consagrar jurídicamente la figura que ya ningún acto de historia auténtica podía sostener sin fisuras.

Bolívar, cuya vida real hemos empezado a deconstruir en estas páginas —a despecho de los altares—, pasaba ahora a ser propiedad del Estado, no sólo como referencia nacional, sino como ídolo vigilado.

Criticarlo, usar su efigie sin permiso, contradecir el relato épico oficial, implicaba un delito.

El contenido de esta ley revela su propio delirio: no sólo establece el uso «correcto» de su imagen y títulos, sino que además fija que cualquier desviación de la representación oficial será sancionada como una afrenta a la identidad nacional.

No hay espacio para matices, para relecturas históricas, para interpretaciones críticas.

Bolívar no puede ser visto como un hombre —con su miseria, su debilidad y su error—, sino únicamente como el semidiós consagrado en bronce, como la encarnación misma de la patria, como el origen y fin de la venezolanidad.

Este culto jurídico sobrevive, precisamente, porque Venezuela no ha logrado todavía liberarse de su mentira fundacional: la independencia, en su sentido histórico, no fue un acto de emancipación genuina, sino una dislocación trágica, una amputación cultural que dejó huérfana a una sociedad entera.

Huérfana de su madre España, y condenada a buscar refugio en una figura que nunca fue madre ni padre, sino un caudillo con la sangre de miles de inocentes en sus manos.

Es sintomático que el primer artículo de esta ley se refiera a Bolívar no sólo como «Libertador», sino como Padre de la Patria .

Esa paternidad forzada, impuesta a través de decretos, revela la necesidad patológica de encubrir el vacío identitario: un pueblo que no se atreve a mirar su pasado en los ojos busca un padre sustituto, una figura autoritaria que le permita narrarse a sí mismo una epopeya redentora .

Pero la historia no se edifica con mentiras que se vuelven leyes.

Ningún edificio puede mantenerse en pie si sus cimientos son la censura del pensamiento.

La promulgación de esta ley fue, en el fondo, la confesión de la debilidad del mito: si Bolívar tuviera la fuerza de la verdad histórica, no habría sido necesario blindarlo con artículos legales ni amenazas penales.

Su memoria sobreviviría sola, sostenida por su grandeza genuina.

Que haya debido protegerse a través de un texto jurídico, como a un fetiche de porcelana, prueba que su figura ha dejado de ser historia para convertirse en superstición.

Y, como toda superstición, no sólo encadena al creyente, sino que le roba su posibilidad de maduración.

Venezuela sigue atada a un fantasma, impidiendo a su pueblo afrontar su verdadera historia, que no empieza ni termina en la proclamación de una independencia violenta y malograda, sino en el proceso más hondo y largo de construcción civilizatoria hispánica que precedió a esa ruptura.

Bolívar como dogma, Bolívar como tótem legislado, Bolívar como el santo al que se le rinde culto obligatorio: esa es la señal más patética de que no hemos sabido ser libres, ni política ni espiritualmente.

¿Y qué ocurre, entonces, cuando un pueblo traumatizado, incapaz de ver en su pasado otra cosa que ruinas y grandezas inventadas, se aferra desesperadamente a un fantasma?

Se produce un curioso fenómeno de necrofilia política: se legisla no para proteger a los vivos de sus propios errores, sino para blindar la memoria de los muertos contra cualquier análisis lúcido.

Así nace esta ley venezolana de culto obligado, una norma no pensada para defender a Bolívar —quien, si alguna vez existió, lo hizo en su carne corruptible—, sino para encadenar aún más a los vivos a la estatua congelada de un pasado mitificado.

La Ley que Regula el Uso del Nombre, Títulos, Firma y Efigie de El Libertador y Padre de la Patria Simón Bolívar no es una pieza aislada, ni un capricho jurídico menor.

Es la manifestación tardía y desesperada de un sistema de creencias impuesto desde las élites, que ha tenido como finalidad fundacional hacer del venezolano no un ciudadano crítico, sino un devoto sin preguntas.

Porque toda mitología oficial necesita un dogma, y todo dogma necesita ser defendido por la fuerza cuando su credibilidad natural se agota.

Lo más perverso no es que se pretenda proteger el nombre de Bolívar de usos comerciales, burdos o frívolos —eso sería comprensible en cualquier civilización preocupada por preservar su dignidad histórica—.

Lo verdaderamente alarmante es que se prohíba, en la práctica, cualquier forma de cuestionamiento profundo.

El artículo 5 de esta ley es elocuente: «Es deber de todas las venezolanas y venezolanos formarse en el pensamiento y doctrina bolivariana, así como exaltar y honrar a El Libertador y Padre de la Patria Simón Bolívar su nombre, sus títulos, su firma y su efigie.

Todas las personas, incluyendo las de nacionalidad extranjera en el territorio nacional, tienen el deber de respetarlos, sin menoscabo de sus costumbres propias».

¿Y quién decide qué constituye un ultraje? El mismo aparato estatal que necesita mantener el mito. El mismo aparato que, incapaz de garantizar pan, justicia o libertad a sus ciudadanos, necesita venderles eternamente el retrato congelado de un héroe como último bien nacional.

Al amparo de esta ley, cualquier obra crítica, cualquier investigación que arroje luz sobre la brutalidad histórica de Bolívar —sus purgas, sus confiscaciones, sus masacres y su inconmensurable arrogancia— puede ser considerada un crimen contra la patria.

De facto, no contra Venezuela, que es un pueblo de carne y hueso, sino contra ese Bolívar de piedra, ese molde de yeso bajo cuyo peso se asfixian las verdaderas preguntas sobre el ser venezolano.

Este proceso de blindaje memorial no es único de Venezuela.

Toda revolución que fracasa en construir un futuro necesita consagrar sus cadáveres.

Como no pueden ofrecer nuevas victorias, ofrecen viejos héroes.

Como no pueden generar proyectos colectivos viables, ofrecen liturgias de adoración.

De ahí que en la Venezuela actual Bolívar haya dejado de ser un personaje histórico para convertirse en un dogma de Estado, de obligatoria veneración.

Incluso la propia terminología de la ley es reveladora: el uso de títulos como Padre de la Patria es obligatorio y reverencial, como si el país fuese una prole huérfana que necesita referirse a su único y sagrado progenitor.

La elección no es inocente: infantilizar la identidad colectiva garantiza que el ciudadano promedio no piense como adulto, sino como un hijo agradecido y sometido.

¿Puede haber algo más eficaz para neutralizar cualquier impulso crítico, cualquier brote de conciencia madura ?

Señalar los crímenes de Bolívar, examinar su política, contextualizar su conducta, analizar su colosal fracaso como gobernante, eso no sólo sería impopular: sería ilegal.

Como lo sería reconstruir las historias silenciadas de aquellos miles de hombres, mujeres y niños que su causa sacrificó en nombre de una libertad que nunca les fue devuelta.

Bolívar es el mito que no tolera preguntas porque su trono está construido sobre la sangre y el silencio.

Es irónico que una ley de esta naturaleza haya sido sancionada en el siglo XXI, época en la que, supuestamente, las democracias maduras se atreven a revisar su pasado, a revisar sus mitos fundacionales y, si es necesario, a desmontarlos.

Venezuela, sin embargo, dio un paso atrás: volvió a la Edad Media mental donde criticar al santo era pecado mortal, y donde el hereje —en este caso, el historiador crítico— debe ser moralmente apedreado.

Al final, el verdadero mensaje de esta ley no es la protección de Bolívar, sino la confesión de una impotencia: la de una sociedad incapaz de enfrentar la realidad, que necesita momificar a sus fantasmas y perseguir a quienes se atrevan a decir que el emperador estaba desnudo.

Nacida bajo los pliegues oscuros de una república supuestamente democrática, la idolátrica Ley representa uno de los ejemplos más obscenos de violación al principio republicano de libertad de pensamiento.

Bajo su aparente objetivo de proteger la «memoria» y el «honor» de Bolívar, lo que realmente se fraguó fue la construcción de un Estado emocional, en donde disentir de la versión oficial de la historia equivalía a un acto de herejía civil .

Esta ley, lejos de limitarse a preservar la imagen histórica del personaje, criminaliza toda revisión crítica, borrando la diferencia entre la historia y la religión.

Bolívar fue convertido no en un sujeto de estudio, sino en un dogma de fe, intangible, incuestionable, sacralizado en su versión más pueril y conveniente.

Así, la Venezuela naciente del siglo XXI selló su incapacidad para madurar políticamente: una nación de adultos obligados a jurar lealtad infantil a un héroe congelado en bronce.

Ojo, esta ley no es reductible al actual régimen chavista, es parte de una vieja moda: Venezuela ya había producido otra esencialmente similar en junio de 1968, a la cual esta deroga.

La perversidad de este mecanismo no consiste sólo en censurar la crítica, sino en intervenir la memoria colectiva, moldeando la historia no como verdad, sino como mandato intelectual.

No hay posibilidad de construir ciudadanía libre cuando la simple duda sobre Bolívar es automáticamente tachada de traición a la patria.

Se cimienta así una psicología social de la sumisión, una Venezuela domesticada en el culto a sus mitos fundantes.

El efecto es devastador. La inteligencia histórica queda aplastada bajo el peso del dogma, y el venezolano medio no sabe distinguir entre el Bolívar real y el Bolívar litúrgico.

Cualquier esfuerzo por señalar las zonas oscuras del personaje es recibido con la misma hostilidad visceral con que un creyente rechaza el insulto a su deidad.

La tragedia es profunda: una sociedad incapaz de revisar críticamente su historia está condenada a repetirla, a idolatrar sus errores, a permanecer atrapada en un eterno presente de frustración y resentimiento.

No hay posibilidad de auténtico progreso allí donde se exige veneración ciega, donde se penaliza el pensamiento libre y donde el poder invoca la memoria de los muertos para seguir gobernando a los vivos.

Desde el instante mismo en que la ley impide decir la verdad sobre Bolívar, el futuro de Venezuela queda hipotecado: su pasado secuestrado, su presente enclaustrado y su porvenir extraviado entre las ruinas de una mitología obligatoria.

Ahora, al mirar hacia atrás, se entiende mejor la dimensión del daño: no es sólo una ley sobre imágenes y nombres; es la consagración de un país incapaz de pensarse libremente, un país que paga con lágrimas el precio de su obediencia sentimental.

Hay leyes que son tristes, leyes que son injustas y leyes que son estúpidas.

Pero pocas veces en la historia una ley ha encarnado, de manera tan pura, la necesidad de una civilización de autoengañarse, de blindar el mito, de enterrar cualquier asomo de madurez histórica.

Tal es el caso de ésta , promulgada bajo el patrocinio de un régimen que, en su delirio, busca no sólo perpetuarse en el poder, sino justificar su existencia misma bajo la sombra de un héroe moldeado a la medida de sus traumas.

Por supuesto, el pretexto para tales disposiciones es «preservar el honor, la imagen y la dignidad» del padre postizo.

Como si la historia fuese un pedestal a prueba del tiempo, y no una arena de revisión, de crítica, de transformación constante.

La ley consagra, de manera explícita, que cualquier uso inadecuado, irónico o irreverente del nombre de Bolívar puede ser sancionado.

Y sancionado no sólo jurídicamente, sino moralmente: el disidente, el crítico, el que osa mirar al Libertador sin las gafas del culto oficial, es automáticamente declarado traidor, hereje, enemigo de la patria.

Nada de esto sorprende en un país donde el Estado se asume como propietario de la historia.

Pero sí resulta trágico que en pleno siglo XXI haya sido necesario legislar para proteger un mito, no de sus enemigos reales, sino de la descomposición natural del tiempo.

Porque si Bolívar fuese verdaderamente tan grande como lo pintan, no necesitaría ser defendido por una ley grotesca: su legado, real y humano, bastaría por sí solo para sostener su memoria.

En cambio, se ha optado por blindar su figura en una urna hermética, donde sólo se permite la repetición del relato épico, mientras toda discrepancia debe ser erradicada como un sacrilegio.

Venezuela no protege la verdad histórica: protege su necesidad de seguirla enterrando.

Y la Ley que Regula el Uso del Nombre, Títulos, Firma y Efigie de Bolívar no es más que un instrumento de esa necesidad.

Bolívar ha dejado de ser una inspiración fabricada para convertirse en una camisa de fuerza.

La imagen del Libertador no actúa ya como una fuente de cuestionamiento y renovación, sino como un muro que impide toda evolución.

Se consagra, así, no a Bolívar el hombre —ese ser contradictorio, brutal, brillante y a veces miserable—, sino a Bolívar como constructo inamovible.

Hemos dejado de ver la historia como una conversación viva, y la hemos reducido a una vitrina de taxidermia heroica. El país que alguna vez podría haber sido crítico, creativo, maduro, prefiere ser un museo de bronce y consignas.