Capítulo II #2

Las confiscaciones masivas, amparadas en leyes de excepción dictadas en nombre de la «seguridad de la patria», fueron el primer gran acto de expolio sistemático.

No se discriminó entre culpables e inocentes, entre enemigos armados y civiles indefensos: la sola condición de ser español o realista bastaba para ser despojado de haciendas, comercios, ganado, casas y talleres.

Familias enteras fueron arrojadas a la miseria en cuestión de días, mientras sus bienes eran repartidos entre los nuevos jerarcas revolucionarios como botín de guerra.

Los revolucionarios, sin embargo, no se contentaron con robar: necesitaban también justificar sus crímenes ante su propia conciencia y ante el pueblo.

De allí nació una retórica venenosa que presentaba a los saqueados y masacrados como «enemigos del pueblo», «traidores a la causa de la libertad» y «seres abyectos merecedores del exterminio».

No bastaba con arrebatarles todo: era necesario también despojarlos de su dignidad, convertirlos en villanos de la historia para que su ruina no suscitara compasión, sino alivio.

Pero si hubo una coartada especialmente eficaz, fue la invocación del humanitarismo ante la llamada «Leva de Vagos» de 1809, dirigida por el capitán general Vicente Emparan.

Ese episodio, convertido en símbolo fundacional de la «tiranía española»,  no fue otra cosa que una campaña de reclutamiento militar amparada por la legislación vigente, utilizada en todo el orbe hispánico como medida de orden público y refuerzo de defensa.

Años antes, campañas similares se habían desarrollado en México, en Perú y en otras regiones del imperio.

Emparan, nombrado por la Junta Suprema de Sevilla, buscaba fortalecer el ejército en medio de la amenaza napoleónica, modernizar la defensa local y, al mismo tiempo, responder a las presiones de las élites criollas que reclamaban contención frente al desorden social.

Fue justamente eso lo que hizo: ordenar la aprehensión de varones adultos sin ocupación conocida, según las normas establecidas.

Pero la medida, ejecutada de manera torpe y precipitada, fue aprovechada por la Real Audiencia y por los abogados locales como pretexto para acusarlo de despotismo.

La defensa de los pobres vagabundos, amplificada por escribanos y jurisconsultos, no respondió a un impulso compasivo, sino a una jugada política destinada a desgastar la autoridad del nuevo capitán general.

Los mismos sectores que un año después instaurarían un régimen basado en la persecución, el fusilamiento sumario y la confiscación masiva, se escandalizaban en 1809 porque unos centenares de hombres sin empleo ni residencia fija eran reclutados para el ejército o enviados a trabajar en obras públicas.

No fue una defensa de los humildes: fue una herramienta propagandística para preparar el derrocamiento del poder legítimo.

La mejor prueba de ello es que, apenas tomada la ciudad en 1810, la Junta Suprema de Caracas decretó una amnistía general para los vagabundos…

y acto seguido inició un proceso de depuración mucho más brutal, esta vez no contra ociosos, sino contra ciudadanos pacíficos, comerciantes, sacerdotes, familias enteras, cuya única falta era no adherir a la causa revolucionaria.

La leva de 1809 fue un exceso administrativo corregible; la revolución qu e usó esa leva como coartada se convirtió en un torrente de sangre, rapiña y exterminio.

Lo que este episodio revela, en realidad, no es una tiranía despótica del orden hispánico, sino la fragilidad institucional de una monarquía en guerra y el oportunismo de una aristocracia criolla ansiosa de poder.

La leva no fue un acto de barbarie fundacional, sino una medida correctiva dentro del margen legal de la monarquía, ejecutada torpemente, sí, pero sujeta a revisión, apelación y en muchos casos revertida.

No hubo ejecuciones, ni confiscaciones, ni juicios sumarísimos.

Lo que hubo fue una administración reformista que intentó reordenar la defensa militar sin contar con la astucia venenosa de los conjurados locales.

Ellos vieron en la impopularidad de la leva un instrumento útil para esmerilar la legitimidad del capitán general y desplazar el centro del poder.

Y lo hicieron con éxito, apropiándose del discurso jurídico, manipulando la sensibilidad popular y tiñendo de piedad una estrategia fría de desgaste institucional.

Una vez consumado el derrocamiento de Emparan, la supuesta defensa del pueblo fue abandonada sin reparos.

Quienes tanto clamaban contra la leva instauraron, sin transición ni pudor, un régimen de violencia desbocada: matanzas, persecuciones, confiscaciones en masa, leyes de excepción, degüellos públicos.

El humanismo fingido de 1809 fue el velo bajo el cual se fraguó la legitimación moral del crimen.

Porque para poder masacrar sin culpa, primero había que convencer a todos de que se estaba luchando contra un monstruo.

Y ese monstruo fue fabricado a partir de un episodio menor, una medida corregible, elevada artificialmente al rango de símbolo tiránico.

La propaganda revolucionaria construyó así su mito fundador: no sobre la verdad, sino sobre una distorsión útil.

Y cuando se instala el mito, ya no hay lugar para los matices.

Sólo queda la consigna, el odio, el derecho autoasignado a destruir al otro.

Ese fue, quizá, el primer ensayo exitoso de manipulación simbólica en la política venezolana: transformar una medida administrativa en monstruo moral, y usarlo para justificar lo injustificable. Desde entonces, la lógica de exclusión y aniquilación se volvería el molde permanente del nuevo régimen.

Este proceso, que recuerda las purgas ideológicas del siglo XX, dejó una huella profunda en el alma venezolana.

Se instaló una lógica en la que el adversario político no es un contrincante legítimo, sino un enemigo absoluto al que hay que destruir, no vencer.

Y esa mentalidad de exclusión, esa incapacidad de convivir con la diferencia, ha sido una constante trágica en toda la historia posterior del país.

Bolívar, lejos de ser un moderador de estas pasiones, fue su principal instigador.

La célebre orden del 8 de febrero de 1814 no fue un desliz momentáneo, sino la culminación lógica de una trayectoria de radicalización.

Ya antes había legitimado el uso ilimitado de la violencia como instrumento político, justificando las peores atrocidades en nombre de la causa revolucionaria.

Su famoso Decreto de Guerra a Muerte —otro monumento a la barbarie— había abierto la puerta a la aniquilación sistemática de todo aquel que no abrazara sin reservas la causa independentista .

Esta violencia fundacional tuvo consecuencias profundas. Sembró en la conciencia nacional la idea de que la política es, en última instancia, una guerra de exterminio, no un diálogo entre iguales. Y que la ley, lejos de ser un límite sagrado, es una herramienta maleable al servicio del poder.

Así, desde su mismo nacimiento, la república venezolana fue una criatura de la violencia, la corrupción y la arbitrariedad.

Y no podía ser de otro modo: ningún edificio político puede ser más sólido que sus cimientos morales.

Cuando esos cimientos son la rapiña y el asesinato, el colapso es sólo cuestión de tiempo.

El saqueo de los bienes de los vencidos y la masacre sistemática de los prisioneros no fueron errores de una revolución atolondrada: fueron su esencia misma.

La revolución americana no fue, en su origen, un proyecto de liberación ilustrada, sino un vasto proceso de redistribución de poder y riqueza al amparo del caos, legitimado por una retórica de emancipación que muy pocos creyeron de verdad.

Se suele hablar de la revolución como una respuesta a la opresión española.

Pero como ya hemos visto, la aristocracia criolla —incluido el propio Bolívar— no había sufrido sino privilegios a manos de la corona.

Lo que el movimiento secesionista puso en marcha no fue la emancipación del pueblo, sino el despojo de unos pocos para beneficio de otros pocos.

Sólo que ahora los nuevos beneficiarios, envueltos en la bandera de la independencia, tenían carta blanca para arrasar moralmente todo vestigio de legalidad anterior .

El mito de la «guerra justa» ha sido tan eficaz que incluso quienes reconocen los excesos de la revolución tienden a excusarlos como inevitables, como «errores de juventud» de un proceso que, en su conjunto, era moralmente superior a la opresión española.

Esta narrativa no sólo es falsa, sino profundamente tóxica: enseña que el fin justifica los medios, que la violencia puede ser noble si se adorna con palabras altisonantes, y que la historia pertenece a los vencedores, no a las víctimas.

Más grave aún: enseña al venezolano que su identidad se fundó en la traición, en la rapiña y en la masacre, pero que debe sentirse orgulloso de ello. Se le obliga a venerar a los asesinos como héroes, a considerar las ruinas de la moral como cimientos de una nación gloriosa.

No es de extrañar, entonces, que la política venezolana haya sido, desde el principio, un campo de batallas salvajes donde la ley y la ética valen menos que la astucia y la fuerza.

No podía ser de otra manera en una república cuyo acto de nacimiento fue la matanza de los vencidos y el saqueo de sus bienes.

Esta cadena de violencia fundacional no terminó con Bolívar.

Pasó de generación en generación, bajo distintas banderas y discursos, hasta desembocar en los desastres contemporáneos.

El chavismo, con toda su brutalidad, no es un accidente: es el hijo legítimo de una tradición de barbarie política que se remonta a los días en que la libertad se escribía con sangre inocente.