Capítulo II #3

Y aún hoy, mientras millones de venezolanos sufren las consecuencias de esa historia mal cerrada, la mitología oficial sigue rindiendo culto a los símbolos vacíos de la independencia, sin atreverse a mirar de frente el precio real que se pagó —y se sigue pagando— por aquella supuesta libertad.

Nadie podía sentirse seguro en una nación donde la legalidad quedaba suspendida a la voluntad de caudillos que enarbolaban la libertad con una mano mientras empuñaban el hacha con la otra.

Y aquí surge una paradoja cruel: los revolucionarios que acusaban a España de tiranía instauraban un orden cien veces más arbitrario y brutal que el que jamás hubiera impuesto la monarquía.

Las confiscaciones de bienes no se limitaron a medidas políticas: se convirtieron en mecanismos sistemáticos de enriquecimiento para la nueva clase dominante.

No sólo eran despojados los peninsulares, sino también aquellos criollos leales o simplemente neutrales, cuyo crimen era no profesar con el debido fervor la nueva religión patriótica.

Esta rapiña institucionalizada desangró a los principales sectores productivos de Venezuela, arruinó las redes comerciales tradicionales y, lo que es peor, enseñó a generaciones enteras que el saqueo podía ser un instrumento legítimo de ascenso social.

La Revolución no regeneró las costumbres ni modernizó la economía: las descompuso hasta sus raíces.

Si la sangre vertida pretendía fertilizar una tierra de libertad, sólo logró sembrar odios que, década tras década, continuarían resurgiendo con otras máscaras: caudillos, demagogos, dictadores militares, redentores de república de opereta.

Porque cuando una nación nace bajo el signo de la sangre y el pillaje, ¿qué otro destino puede esperar sino repetir compulsivamente su tragedia fundacional ?

La misma herida originaria —hecha de traición, rencor y envidia— siguió supurando a lo largo del siglo XIX, impregnando los pronunciamientos militares, los motines de cuartel, las eternas guerras civiles.

Cada facción que tomaba el poder lo hacía no para restablecer el orden o reconstruir la legalidad, sino para cobrarse su parte en el saqueo iniciado por los héroes primigenios.

El modelo estaba servido: Bolívar y sus adláteres habían establecido que la violencia era no sólo un medio, sino un derecho natural del vencedor.

Lo que no se entendió —o no se quiso entender— es que la sangre fundacional no fecundó una patria libre, sino un campo estéril para la proliferación de resentimientos, liderazgos mesiánicos y servidumbres voluntarias.

El venezolano, desconectado de sus verdaderas raíces hispánicas, aprendió a amar su propia mutilación como un acto de orgullo nacional.

Pero esa mutilación fue doble: en unos se manifestó como soberbia armada, en otros —la mayoría— como docilidad dolida, como sumisión aprendida ante la violencia.

Porque no todo el país se volvió violento.

Una parte significativa de la población fue simple víctima del terror y sobrevivió como pudo, sin capacidad de resistencia ni deseo de venganza.

Esa parte fue amansada, no educada. Domesticada por el miedo, no liberada por la victoria.

La república no sólo exterminó a sus enemigos: doblegó a los tibios, silenció a los prudentes, disciplinó a los que no entendían el fervor.

Y de esa masa sobreviviente surgió un nuevo tipo humano: desconfiado, burlón, evasivo, habituado a transmutar la agresión en risa y la herida en chiste .

El entorno exuberante —el mar, los ríos, el sol, la selva— no hizo sino camuflar la profundidad del trauma.

La alegría popular fue, muchas veces, una forma de negar la muerte fundacional.

Y el humor, esa forma refinada de desesperación, se convirtió en válvula de escape frente a un orden caudillesco que nunca cesó.

Si el venezolano no se reconoce hoy como heredero de una violencia fundacional es porque esa violencia se fosilizó en su cultura, se volvió invisible, como el aire que respira sin saberlo.

Así, lo que en las proclamas se anunciaba como «libertad» y «emancipación» se transformó en la institucionalización del espanto.

La violencia fundacional de Venezuela no fue un accidente aislado ni una amarga necesidad coyuntural: fue una pedagogía sangrienta, un teatro de escarmiento que fijó en el inconsciente colectivo una relación entre poder y muerte.

Desde sus inicios, la nueva república aprendió a legitimarse mediante la sangre de sus propios hijos.

No bastaba con expulsar al español peninsular; había que arrasar a cualquier sospechoso de tibieza, neutralidad o simple prudencia.

Los saqueos, las matanzas y las confiscaciones sistemáticas dejaron un país roto, atomizado en facciones que nunca pudieron —ni quisieron— recomponerse en un proyecto común.

En vez de ciudadanos, surgieron camarillas.

En vez de leyes, surgió el capricho del caudillo.

Cada guerra civil, cada dictador que asoló a Venezuela en los siglos XIX y XX fue, en el fondo, una réplica lejana de aquel grito original que autorizaba todo crimen en nombre de la «libertad».

La tragedia cobra matices aún más oscuros cuando observamos que los verdaderos propósitos de aquellos revolucionarios no fueron —en la mayoría de los casos— ni la independencia genuina ni la libertad civil, sino la apropiación del poder y la riqueza que hasta entonces, en su percepción, había monopolizado —según ellos— una élite del régimen anterior.

La revolución no destruyó una aristocracia injusta para sustituirla por una república de iguales: simplemente cambió los nombres en la nómina del privilegio.

Se pasó de la nobleza tradicional a la aristocracia militar revolucionaria, de los escudos de armas a los grados en el uniforme.

Y todo esto se llevó a cabo sobre un campo de ruinas humanas: las decenas de miles de muertos, los expulsados, los empobrecidos, los desarraigados.

Familias enteras fueron condenadas a la indigencia, no por delitos reales, sino por la sospecha de no compartir el fervor revolucionario.

No había espacio para matices: era estar a favor, o ser condenado a la pérdida total.

Aquella orden de Bolívar, escrita con su propia mano, de ejecutar a todos los prisioneros en Caracas y La Guaira —de cuya matanza murieron 2.

400 seres humanos, según la carta de Ricaurte referida por Díaz—, no fue un error de juventud ni un exceso de circunstancias: fue el símbolo mismo de una mentalidad que sacralizaba la violencia como herramienta de construcción nacional.

De allí en adelante, la historia de Venezuela sería una sucesión de redentores armados que, al fracasar en redimir, se limitarían a repetir la carnicería inicial bajo nuevas formas y pretextos.

La destrucción institucional y el desorden estructural que se arrastran hasta hoy tienen su origen no en un error corregible, sino en un acto fundacional.

Lo que hoy llamamos Estado es apenas la prolongación descompuesta de aquella expropiación moral y económica inicial.

Y mientras no se rompa ese ciclo fundacional de saqueo y muerte, mientras no se entienda que no hay auténtica libertad donde hubo impunidad para la matanza y el robo, Venezuela seguirá girando en la noria de su desgracia, atada a la sombra terrible de sus propios libertadores.