Capítulo II

Del pretexto al cuchillo: no sin antes saquear el erario

Lo que sigue es uno de los testimonios más devastadores de la historia venezolana: el relato del desfalco sistemático que tuvo lugar apenas instaurada la llamada primera república.

A diferencia de lo que la retórica libertadora suele repetir, la revolución no fue víctima de un desorden posterior: fue, desde sus orígenes, una empresa de rapiña organizada para vaciar el erario y suplantar el orden jurídico heredado con el capricho de los conjurados.

Conviene aclarar que el régimen anterior se basaba en jerarquía legal y tradición, no en privilegio arbitrario.

«Con este orden de cosas, en poco más de un año habían desaparecido todos los fondos públicos y privados, aun los más piadosos y privilegiados; aquellos mismos que, teniendo dueños particulares, no pertenecían al Estado.

Las rentas corrientes de Hacienda y tabaco, la de correos, la de hospitales, la de diezmos, los novenos de los curas, los demás depósitos de este ramo, los de redención de cautivos, de ánimas, de la Casa Santa, de Inquisición, de fábricas de iglesia; aun los del Montepío Ministerial, los de testamentarías particulares, todo desapareció, e hizo necesaria la creación de papel moneda, de cuyas consecuencias debéis acordaros.

«Recordad las fábricas de pólvora, de naipes, de salitre, de becerrillos, y sobre todas la ridícula de fusiles, en la cual se gastaron algunos miles, sin más fundamento que la presentación que se hizo como nuevamente fabricado de un cañón de fusil viejo, en el que aún la marca de su verdadero fabricante no se había destruido.

«Habéis ya observado un exceso de 187.600 pesos anuales [18.760.000 a 22.512.000 euros] [excluyendo los del Estado Mayor y proyectos].

«Se habían gastado más de cuatro millones de pesos fuertes [400.000.000 a 480.000.000 euros] y no había recurso para cubrir las enormes erogaciones que se habían superfluamente formado.

«Podéis comprender su escandaloso tamaño, sabiendo que en julio, cuando el territorio no pacificado estaba reducido a un espacio de veinticinco leguas, y de muy pocos pueblos, salieron de la Tesorería de nuestra capital, para gastos de aquel mes, cuatrocientos setenta mil pesos en papel [47. 000.000 a 56.400.000 euros]».

La llamada independencia, a menudo representada en el imaginario venezolano como un amanecer limpio y glorioso, fue en realidad un parto de violencia, rapiña y exterminio.

No hubo una transición noble ni un despertar épico: hubo sangre, saqueo y el vaciamiento moral de una sociedad entera.

La «libertad» que los revolucionarios prometieron fue inaugurada con la resonancia siniestra de las arcas públicas saqueadas, los hogares vacíos por la confiscación brutal de bienes, y los patios de las cárceles anegados en sangre.

En los informes y testimonios recopilados por Díaz, el saqueo aparece con cifras escalofriantes.

El tesoro público, que había sido acumulado durante años con sacrificios de todos los sectores sociales, desapareció en meses.

Oficiales revolucionarios y caudillos locales, carentes de toda formación o propósito de Estado, se apoderaron de fondos destinados a obras públicas, defensa, y alimentación de la población.

La inflación se disparó, la moneda perdió valor, y el comercio —antes floreciente gracias a las redes imperiales— colapsó, sumiendo a vastas capas de la población en la miseria.

Pero no bastaba con robar los recursos de todos.

La revolución requería enemigos internos para justificar su violencia.

Así, los españoles nacidos en la Península y muchos criollos leales a la Corona fueron etiquetados como enemigos de la patria y condenados no sólo a la exclusión social, sino al despojo total de sus bienes.

Casas, haciendas, hatos, almacenes, mercancías, todo fue confiscado en nombre de una libertad que no era más que una excusa para el enriquecimiento rápido y brutal de los amos revolucionarios.

El proceso era simple y despiadado: bastaba con una acusación, casi siempre infundada, para que una familia perdiera en horas lo que había construido en generaciones.

Los bienes confiscados pasaban a ser repartidos entre las nuevas autoridades o vendidos a precios irrisorios a cómplices y testaferros.

Ni la edad, ni el sexo, ni la inocencia salvaban a los perseguidos.

En un giro cruel del destino, aquellos que habían contribuido al florecimiento económico de Venezuela bajo el orden hispánico fueron exterminados o reducidos a la indigencia en nombre de una supuesta emancipación.

El saqueo no fue sino el primer acto. El segundo vendría con la leva, la sangre y el miedo.

Wikipedia cifra en unos 1.200 los muertos.

Sin embargo, documentos más cercanos a los hechos, como la carta de Ricaurte a su padre, mencionada por Díaz, elevan la cifra a 2.

400 asesinados. No fueron soldados en combate: fueron prisioneros, personas desarmadas, en muchos casos ancianos, mujeres y niños.

La consigna era clara: no debía quedar ningún español vivo tras las rejas.

Pero la sangre no trajo estabilidad. Cada crimen, cada confiscación injusta, cada matanza sembraba nuevas semillas de odio, desconfianza y descomposición social.

Y así, la libertad, proclamada entre discursos grandilocuentes, nació huérfana de justicia, prostituida por la codicia, y teñida de la sangre de sus propios hijos.

La revolución, lejos de sanar las heridas de un conflicto prolongado, profundizó la división social hasta extremos antes inimaginables.

No sólo destruyó el tejido económico tradicional —ese que, pese a sus inequidades, había mantenido una relativa prosperidad en la provincia—, sino que envenenó la vida comunitaria con una desconfianza que aún hoy reverbera en el alma venezolana.

Cada acto de saqueo y de matanza dejó una cicatriz no sólo material, sino moral, y los efectos de esa degradación todavía se sienten como un eco amargo.

El saqueo, en efecto, no fue un error circunstancial: fue una política deliberada de sostenimiento del poder revolucionario.

Los nuevos caudillos no tenían una visión de Estado ni un proyecto de nación: tenían, en cambio, la urgencia de alimentar su aparato militar, de comprar lealtades y de asegurarse privilegios en medio del caos.

Era mucho más sencillo apoderarse de los recursos ajenos que construir nuevos.

Y más aún cuando la propaganda había sembrado en las masas la idea de que todo español — y todo criollo acusado de «realista»— era un enemigo natural, una bestia a la que había que despojar y exterminar para asegurar la nueva era de libertad.

Los revolucionarios destruyeron no sólo las fortunas, sino las estructuras económicas que hacían posible el crecimiento.

Finqueros, comerciantes, mineros y artesanos fueron barridos de un plumazo, y en su lugar quedaron tierras baldías, talleres cerrados y puertos en ruina.

La joven república no heredó una economía vibrante: creó, en cambio, una vasta zona de pobreza crónica, en la que sólo florecían el contrabando, la rapiña y el caudillismo armado.

En este paisaje desolado, el decreto de Bolívar del 8 de febrero de 1814 actúa como un emblema siniestro: la revolución no sólo aniquilaba al enemigo, sino que institucionalizaba la venganza como principio político.

El crimen no era un desvío, sino un medio para cimentar el poder.

Y cuando el crimen se vuelve política, la barbarie deja de ser un accidente: se convierte en programa.

Se llevaron a cabo registros minuciosos para asegurarse de que no quedaran españoles vivos en las cárceles.

La matanza fue tan minuciosa, tan sistemática, que incluso los revolucionarios más curtidos quedaron espantados ante la magnitud del horror.

Los bienes confiscados a los españoles no fueron reinvertidos en el bien común ni en la reconstrucción del país: se dilapidaron en fiestas, en compras inútiles, en mantener ejércitos de mercenarios y en la corrupción desenfrenada de la burocracia naciente.

No hubo ahorro, ni planificación, ni visión de futuro: sólo un presente de voracidad sin freno .

Y así, sobre la base de la rapiña y el exterminio, se fundó la república.

No fue la razón, ni la justicia, ni la libertad lo que dio nacimiento al nuevo Estado, sino la violencia brutal y la codicia de los improvisados próceres.

La narrativa posterior —esa que todavía persiste como mito fundacional— oculta deliberadamente este origen sangriento, sustituyéndolo por una epopeya falsificada en la que los verdugos son presentados como libertadores y las víctimas como traidores indignos de piedad.

En el fondo, la independencia no resolvió ninguno de los problemas que aquejaban a la sociedad provincial bajo el Imperio: los agravó todos.

Creó nuevas castas de poder basadas no en el mérito ni en la tradición de servicio, sino en la capacidad de ejercer violencia y robar sin escrúpulos.

La pobreza se expandió como una plaga, la corrupción se institucionalizó como forma natural de gestión, y la cultura del odio —sembrada entonces— germinó en un país condenado a guerras civiles interminables, dictaduras militares y, dos siglos después, a nuevas revoluciones igualmente destructivas.

La libertad, aquella palabra sagrada que justificaba todas las atrocidades, terminó convertida en un sonido hueco, en una promesa cínica, en un derecho reservado para unos pocos y negado a la inmensa mayoría.

El saqueo y las matanzas no fueron sólo actos de violencia puntual: fueron el origen de una cultura política basada en la rapiña y el exterminio del adversario.

La república que emergió de esas cenizas estaba condenada desde su nacimiento, porque su arquitectura moral se había construido sobre el desprecio absoluto a la vida y a la propiedad del otro.