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El escrito no le llegó a ella. Eso fue lo primero que entendió y lo único que importaba.

Se lo reenviaron a ella en pdf el viernes a las ocho y media de la mañana, sin texto en el cuerpo del correo.

Eran cinco páginas y no había una sola palabra desagradable.

Las tres primeras eran una exposición: qué es la Fundación, cuándo se constituyó, cuántas piezas tiene, qué procedimiento civil está en curso y desde cuándo, y con qué diligencia viene colaborando con la administración —incluida, decía, la aportación espontánea y por su propia iniciativa de la documentación de procedencia de las piezas reclamadas.

La cuarta página tenía dos párrafos.

Ha llegado a conocimiento de esta parte que, en el seno de la comisión científica celebrada el pasado mes de agosto, se han formulado hipótesis que ponen en cuestión la autenticidad de un documento de 1946 que constituye título de propiedad de mi mandante, y que se ha solicitado el amparo institucional del consorcio para la realización de análisis técnicos orientados a acreditar dicha hipótesis.

Sin prejuzgar el mérito científico de tales hipótesis, que a esta parte no le corresponde valorar, se requiere a ustedes para que, en el plazo de ocho días, confirmen si los trabajos de la Dra.

Aranguren se desarrollan en el marco del programa y bajo la responsabilidad del consorcio, y para que, en su caso, se abstengan de difundir por cualquier medio imputaciones relativas al origen ilícito de los bienes de mi mandante en tanto no exista pronunciamiento judicial.

La quinta página eran las citas legales y la fórmula de cortesía.

No pedía dinero. No pedía una rectificación. No la nombraba ni una sola vez como responsable de nada: la nombraba como una persona cuyo marco institucional había que aclarar.

Y ponía un plazo de ocho días, que es lo que convierte una carta en un problema.

La reunión fue el lunes a las diez, por vídeo, y duró cuarenta y un minutos.

El coordinador fue decente y fue inútil, que era exactamente lo que se podía esperar de él.

Dijo que nadie ponía en duda la calidad del trabajo.

Dijo que el consorcio no podía asumir una responsabilidad institucional sobre una línea que la propia investigadora había declarado, en agosto y ante la comisión, como investigación propia desde junio.

Dijo que la respuesta al requerimiento tenía que salir el jueves y que tenía que ser precisa.

El jurista del organismo financiador lo dijo más corto: que si contestaban que sí, la Fundación tenía a quién demandar, y que si contestaban que no, no había asunto.

Y explicó, porque se lo preguntaron, para qué sirve un escrito así.

Un requerimiento no es una demanda: lo que hace es poner una fecha.

A partir del acuse de recibo consta, por escrito y con sello, que a ustedes se les advirtió, y todo lo que hagan a partir de ese día lo hacen sabiendo.

Cuesta seiscientos euros y un sello, y funciona en el noventa por ciento de los casos.

Nadie dijo la palabra apartar.

Lo que se acordó, y consta en el correo que le llegó el martes con tres puntos numerados, fue esto:

Uno: que la línea de trabajo sobre el volumen quedaba suspendida en el marco del programa hasta que hubiera un informe externo, el mismo que se había encargado en agosto y que llegaría, con suerte, en febrero.

Dos: que la doctora Aranguren se abstuviera, entretanto, de solicitar en nombre del consorcio cualquier actuación relativa a ese volumen o a ese fondo.

Y tres: que, a fin de facilitar el trabajo del evaluador externo, depositara en la coordinación una copia del material de trabajo relativo a esa línea.

El punto tres se lo leyó cuatro veces.

Le pedían su material. Con una razón razonable, en un correo educado, y con el verbo facilitar .

Contestó el miércoles que depositaría copia de la tabla de colación y de las transcripciones, que era lo que había presentado en comisión, y que el resto era investigación propia y no lo iba a depositar.

Le contestaron el jueves que muy bien, que perfecto, y que quedaba pendiente el asunto del acceso a las bases del proyecto, que se estudiaría.

El acceso a las bases del proyecto se lo cortaron el 18 de septiembre, por caducidad de credenciales, con un correo automático.

A Rieutord la llamó ella.

Y Rieutord le cogió el teléfono a la primera y le dedicó veinticinco minutos, y no le dijo ni una sola cosa desagradable.

—Doctora. Me preguntaba cuándo llamaría.

—¿Cómo se ha enterado de lo de la comisión?

—Ah, no. Eso no. Eso no se lo voy a decir nunca, ni a usted ni a un juez, porque no tengo por qué.

—Once personas.

—Once personas y un acta —dijo Rieutord—.

Y no es un reproche a nadie: en una sala de once, alguien comenta lo que ha oído, en una cena, sin ninguna mala intención, y a las dos semanas está en tres sitios.

Yo trabajo con lo que me llega, y a mí me llega todo con retraso y por casualidad, como a todo el mundo.

—Usted no me ha demandado.

—No.

—Usted no me ha escrito a mí.

—No. —Una pausa muy corta—. Doctora, escribirle a usted habría sido un error de principiante, y yo se lo expliqué en marzo.

Si le escribo a usted, le doy un adversario, un plazo y una historia.

Y en el momento en que usted tenga una historia, la publica alguien, y entonces el asunto pasa de ser un pleito de restitución a ser un caso, y un caso no lo controla nadie.

—Y así no tengo nada.

—Así tiene usted exactamente lo que tenía en marzo, que era mucho, más ocho meses de trabajo. Lo que no tiene es una institución detrás, y eso, en su gremio, es la mesa. Yo no le he quitado a usted nada: le he preguntado a otros de quién es la mesa.

Inés se quedó un momento con eso.

—Le voy a hacer una pregunta y usted verá.

—Hágamela.

—El certificado de 1946. Se lo mandaron ustedes a la OCBC en junio, por su propia iniciativa, y en su escrito lo dicen dos veces.

—Lo digo dos veces porque el día de la vista lo va a decir el juez —dijo Rieutord, y lo dijo como quien explica una tabla de multiplicar—.

Un documento que aporta la parte vale el doble que uno que se requisa, y el que lo entrega elige el día.

Nosotros lo entregamos en junio, con una carta de dos páginas, y eso es lo primero que va a leer el tribunal en noviembre: que esta casa colabora desde hace seis años y que no ha ocultado un papel.

—Aunque ese papel sea falso.

—Aunque ese papel sea falso —dijo Rieutord—. Yo no defiendo la verdad de un certificado de 1946, doctora. Defiendo la buena fe de una fundación de 2026. Son dos cosas distintas y la segunda es la única que se juzga.

Se despidieron bien, como en marzo. Antes de colgar, Rieutord dijo una última cosa.

—Cuando llegue febrero y tenga usted el informe externo, si el informe le da la razón, llámeme. Y si le da la razón y además ha encontrado usted algo anterior a 1949, llámeme antes.

El 21 de septiembre, un lunes, Inés fue a su despacho de la calle Bayard a recoger cuatro cosas.

Le funcionaba la llave y no le funcionaba el carné del edificio, que es una manera muy suave de decirlo todo.

Metió en una caja de cartón las carpetas suyas, el jersey del respaldo, una taza y el calendario del año pasado, y dejó en la estantería las cuarenta y una carpetas de archivo del proyecto, con el lomo escrito de su puño.

La mesa de al lado seguía vacía desde 2023.