Capítulo 20 — El delito uruguayo

El intento produjo una consecuencia jurídica decisiva.

Hasta entonces Alazari estaba detenido por requerimientos extranjeros mientras se discutía su extradición.

Después de la maniobra intervino la justicia ordinaria y se decidió enviarlo al Penal de Libertad, una cárcel considerada de máxima seguridad.

Hasta entonces, la presencia de Alazari en Uruguay estaba dominada por pedidos extranjeros.

El país lo retenía mientras otros Estados intentaban demostrar por qué debía entregarlo.

El intento de fuga introdujo una conducta cometida dentro del territorio y permitió que la justicia ordinaria interviniera con otro peso.

La solución elegida fue enviarlo al Penal de Libertad, el establecimiento al que Uruguay destinaba a delincuentes considerados de máxima peligrosidad.

Sobre el papel, la medida parecía cerrar el problema.

Más muros, más controles, más distancia respecto de la calle y una estructura acostumbrada a presos violentos.

Para Ferraro, el razonamiento contenía una falla. La peligrosidad de Alazari no dependía solamente de su fuerza física. Dependía de recursos que funcionaban mejor dentro de una prisión grande: dinero, contactos, intermediarios y tiempo para reconocer a quien podía ser presionado o comprado.

En Cárcel Central, Interpol podía visitar, advertir y mantener el caso cerca. En Libertad, Alazari pasaría a una institución con su propia cadena de mando. Cada información debería atravesar más personas y cada señal tardaría más en regresar.

Ferchu señaló que la decisión judicial debía cumplirse. El Mosquito recordó que podían transmitir el riesgo y mantener abiertas las comunicaciones. Pepe no discutió la lógica; preguntó cuánto sabían realmente sobre la red exterior.

—Sabemos que una mujer aceptó entrar —dijo—. Sabemos que alguien estaba dispuesto a esperarlo. Y sabemos cuánto ofreció en el blindado.

El Perro completó la idea.

—No va a dejar de intentar.

Ferraro miró el expediente. La oferta de millones, la visitante y la demora de la extradición formaban una conducta, no episodios separados. Alazari probaba soluciones hasta descubrir qué persona, documento o rutina podía sustituir la fuerza.

Cuarenta y nueve días parecían poco tiempo para organizar una evasión desde una cárcel de máxima seguridad.

La defensa continuó trabajando. Un intento fallido no eliminaba las garantías del detenido ni aceleraba automáticamente la extradición. Esa era una fortaleza del sistema y, al mismo tiempo, otra demora que Alazari podía utilizar.

Ferraro no deseaba una justicia que ignorara procedimientos para resolver un caso difícil. Había aprendido de su padre que la legalidad valía precisamente cuando resultaba incómoda. Pero también sabía que cada día de espera debía acompañarse con una evaluación realista de seguridad.

El traslado a Libertad resolvía la dimensión física de una manera comprensible.

El establecimiento tenía muros, módulos y personal preparado para delincuentes peligrosos.

Sin embargo, trasladaba el caso desde un entorno pequeño y cercano hacia una estructura mucho mayor, donde una orden podía llegar a la guardia sin que todos conocieran a quien la firmaba.

En las reuniones se habló de antecedentes, custodia y comunicaciones. Ferraro insistió en la capacidad económica. No buscaba convertir a todo funcionario en sospechoso. Quería que comprendieran la clase de presión que podía aparecer.

Un millón para cada uno había sido la primera cifra. Cien mil para la persona correcta sería suficiente.